10 factores que debería contemplar la discusión paritaria

Daniel Sticco

¿Quién puede asegurar hoy que la tasa de inflación de todo 2016, entre extremos, se ubicará en el rango de 20% a 25% que anticipó como meta objetivo el Gobierno o entre 32 y 38% como como comenzaron a estimar economistas de bancos de inversión internacional?

No se trata de antemano de desacreditar cualquier estimación, una siempre optimista por parte de las autoridades nacionales, y otras basadas en criterios que se asumen realistas a la luz del ritmo de expansión histórico de la cantidad de dinero o de los efectos del sinceramiento de algunas variables, singularmente atrasadas respecto de cualquier comparación histórica o internacional, como las tarifas. Sino simplemente de advertir que, a priori, se está frente a un cambio sustancial, tanto en lo político como en lo económico respecto de los doce años precedentes que no debieran ser desestimados.

Si realmente empresarios, trabajadores y Gobierno aspiran a un país que avance hacia una rápida desaceleración virtuosa de la inflación, esto es que no sea a costa de provocar mayor recesión, aumento de la pobreza y aislamiento del mundo, sino con crecimiento y mejora de la calidad de vida general de sus habitantes, la perspectiva de negociación no deberá ignorar el pasado, pero tampoco subestimar el futuro. La posibilidad de revertir una historia pendular y de crisis cada siete a 10 años, con un primer año malo de fuerte ajuste, como pasó en 1990 o 2002, para no ir más lejos, siempre es viable, aunque no necesariamente probable que se repita.

Una incompleta lista de factores que las partes participantes en las negociaciones paritarias de salarios, sea entre trabajadores dependientes del estado y sus empleados, como los docentes, o entre privados, para aumentar la posibilidad de un escenario de ganar- ganar, cada una de las partes, debería contemplar:

1. El cambio de signo político de Gobierno, pero fundamentalmente de estilo, claramente abierto al diálogo, dispuesto a comenzar a revertir los severos desequilibrios monetario, cambiario, fiscal y la realidad social, y fundamentalmente el objetivo de exterminar las decisiones discrecionales y por tanto arbitrarias;

2. Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno, previo a la supresión del cepo cambiario, fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, economías regionales, y leve baja para el complejo sojero. A partir de ahí, algunos analistas, pero principalmente sindicalistas, alertaron por la inmediata transferencia de ingresos al sector más poderoso de la economía, el cual representa dos de cada tres dólares que generan las ventas totales de la producción nacional al resto del mundo, pero menos de 10 dólares por cada 100 dólares de riqueza que genera el conjunto de residentes en un año: trabajadores, empresarios y Gobierno. Sin embargo, si bien muchos precios al consumo se han elevado en respuesta a esos cambios, la transferencia de ingresos no se produce de una vez, sino que de ocurrir lo hará gradualmente, en la medida que se vendan primero los productos que estaban retenidos en los campos, menos de 10% de la producción total, y luego gradualmente al ritmo que madure el ciclo productivo que según los casos va de seis meses a tres años como la actividad ganadera; luego de las severas pérdidas que provocó en el último cuatrienio el atraso cambiario y la baja de las cotizaciones internacionales, con la excepción de los combustibles;

3. Lo mismo puede decirse del efecto del sinceramiento cambiario que implicó el fin del cepo. Para algunos dirigentes interesados en llevar agua para su molino, como ciertos líderes sindicales que buscan validar sus pergaminos, hablan de un salto de más de 40% respecto del nivel que tenía la paridad oficial entre el peso y el dólar antes del 17 de diciembre. Pero no sólo a aquella paridad de referencia accedían los que participaban del comercio exterior, entre exportaciones e importaciones no más de un cuarto de los que generan riqueza; más unos 7 de cada 100 trabajadores que la AFIP validó hasta el 16 de diciembre para comprar divisas para ahorro y otro tanto que recibían un reintegro del pago a cuenta del 35% de sus gastos con tarjeta en el resto del mundo. El resto, entre el 70% de los generadores de riqueza y más de 90% de los trabajadores que querían o necesitaban comprar un dólar deberían acudir al sofisticado sistema de compra por el canal bursátil (dólar liqui y MEP), en su amplia mayoría al circuito libre, marginal o blue a valores superiores a los actuales. De ahí que para la mayoría de la sociedad la devaluación del peso, o lo que es lo mismo, la caída de los salarios en dólares se produjo a lo largo de los pasados cuatro años. Por tanto, si se consideraba que con los ajustes en paritarias y la movilidad jubilatoria en ese período se compensaba ese efecto, queda invalidado el argumento de la necesidad de recuperar poder adquisitivo por una devaluación que no fue tal;

4. Aún no se definieron las correcciones que tendrán las tarifas de los servicios de gas, agua y del transporte público de pasajeros, además de los movimientos estacionales de los precios de los artículos y servicios escolares y la ropa de la nueva temporada, los cuales como la energía eléctrica, absorberán una parte creciente del salario de los trabajadores, porque en los últimos años fueron aumentados muy por debajo de cualquier pauta salarial y de inflación, y sólo se sostuvieron con la transferencia de subsidios de la Nación, los cuales a la postre alimentaban la inflación, porque el déficit de las finanzas públicas requería del auxilio de la emisión de dinero por parte del Banco Central. Esa política no sólo derivó en estancamiento del PBI, sino peor aún en la escalada de la pobreza, que ahora se aspira a extinguir en cuatro años;

5. Desde la crisis de 2001, los datos informados por el Indec hasta noviembre 2015, el promedio de salarios de los trabajadores registrados en el sector privado aumentó 1.450%, mucho más que el 922% que experimentó la nómina del sector público en su conjunto, y también, aunque con menor brecha, que el 1.390% de la inflación que midió el Indec hasta diciembre de 2006 y el empalme con el consenso de las estimaciones de las consultoras privadas hasta el cierre de 2015. En ese tramo, la jubilación mínima se incrementó 2.766%, aunque se mantiene en un nivel absoluto indudablemente bajo: 4.299 pesos. De ahí que, en promedio, no se está frente a un singular desfase en la relación precios y salarios, al menos respecto de la situación prevaleciente en los últimos 15 años;

6. Las finanzas de las empresas, en particular de las medianas y pequeñas no pasan por un buen momento, porque si bien nominalmente, en promedio, subieron sus precios y actualizaron los salarios de la nómina para minimizar la conflictividad laboral, enfrentan los efectos del estancamiento del mercado interno en los últimos cuatro años, contracción del negocio de exportación por el atraso cambiario en ese período; más la pérdida de productividad que provocó la discrecional política de aprobación de importaciones, tanto de insumos básicos, como de máquinas y repuestos que no se fabrican localmente. Ese cuadro luce congruente con el anuncio de la AFIP de que decidió diseñar un plan de financiación permanente de deudas que reglamentará en los próximos días;

7. Diferencia entre el cambio del nivel de precios de un bien o servicio y la inflación. Esta última se define como “el aumento persistente y generalizado de los precios de la economía”, mientras que la corrección de una vez del valor de las tarifas de luz, o gas, o agua, que según dijo el ministro Juan José Aranguren, será por única vez en el corriente año; no puede proyectarse como la tasa de inflación a un año vista;

8. Expectativas y realidad. Uno de los reaseguros que tomó el Banco Central de la República Argentina como parte de su objetivo de reducir la inflación a un dígito en cuatro años y contribuir a la recreación del ahorro y el crédito en moneda nacional fue subir la tasa de interés de las Lebac de 28 a 38% anual. A poco más de 50 días de esa medida, la renta que ofrece por esos títulos bajó a 30,5% anual, y se aproximó al nivel previo. La otra, fue iniciar un proceso de sacar del mercado el excedente de pesos que presiona sobre la inflación: la base monetaria que acusaba un ritmo de aumento de más de 45% anual hasta el 9 de diciembre, ahora se atenuó a 32%. Y en la medida en que las autoridades de Hacienda decidan actuar con mayor ímpetu en la reducción del abultado déficit fiscal, la tasa de emisión podrá converger más temprano que tarde a la zona de 20 por ciento;

9. Un rápido encuadramiento de las finanzas públicas permitiría una mayor velocidad de desaceleración de la expansión monetaria y con ello de las expectativas de inflación, fenómeno que se considera clave para reanimar la inversión productiva, local y extranjera, y de ese modo impulsar el empleo privado y absorber la destrucción de puestos improductivos e incluso no comprobados pero altamente remunerados que ya comenzó en el sector público nacional; de ahí la importancia de no sólo mostrar audacia y fortaleza para recuperar la disciplina fiscal, sino fundamentalmente de apoyarla desde todos los sectores;

10. Suba del mínimo no imponible de Ganancias a un salario de bolsillo de $29.266, se argumenta como un factor de compensación de una menor tasa de negociación de suba salarial por parte de las empresas. Sin embargo, ese beneficio recaerá sobre no más del 10% de los asalariados registrados y menos del 5% del total de los trabajadores, de ahí que si ese fuera el criterio para calmar las demandas de los gremios más poderosos y de altas remuneraciones relativas como petroleros, camioneros y bancarios; también debiera pensarse en una medida compensatoria para el resto de los trabajadores, ocupados y más aún desempleados, como suba de las asignaciones familiares y de los planes asistenciales.

Cambio de estrategia
Frente a semejante escenario, de arrastre y proyectado, bien podría plantearse que las partes, empresas y sindicatos, pero también el Gobierno, evalúen la posibilidad de definir un criterio de pauta anual para las negociaciones de salarios en paritarias, pero sin fijar ni montos ni tasas de ajuste.

Claramente, en un ambiente de alta inflación por más de ocho años, pero que también se proyecta para 2016, algunos con desaceleración, otros con intensificación, es impensable, encontrar un punto de acuerdo para fijar una tasa de referencia, aunque luego se la dividida en dos o tres partes. Pero existe una alternativa que ya han comenzado a seguir algunos sectores, como el del mercado de venta de automotores: acordar un aumento de salarios cada tres meses sobre la base de la tasa de inflación real de los últimos tres meses.

Un avance lo dio el Ministerio de Hacienda y Finanzas, al reconocer como factor de actualización del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para los títulos de la deuda pública ajustables por inflación, las mediciones que hacen las Direcciones de Estadística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis, las cuales determina mes a mes.

Si esa referencia fuese aceptada y el período de ajuste pactarlo de modo trimestral, aunque para la primera actualización podría partirse de la última suba de los salarios, en algunos gremios fue en julio, en otros agosto, septiembre u octubre, y en los siguientes cada tres meses, se podría contribuir al objetivo de converger a una menor tasa de inflación sin que nadie pierda.

Y dado que se está frente a una situación excepcional de cambio de Gobierno y de políticas, también se podría acordar que la actualización de los salarios se pacte para todos a partir del corriente mes o a lo sumo del próximo, para equiparar las aguas con las medidas que favorecieron a algunas empresas productoras de bienes y servicios.