Por: Daniel Sticco
Se sabe desde que comenzó su gestión el nuevo Gobierno que la Argentina está en Emergencia Estadística, porque el Indec que recibió de la gestión anterior se encontró con más máquinas trituradoras de documentos que números confiables sobre la situación socioeconómica del país.
Sin embargo, eso no debiera habilitar para el uso discrecional de los índices oficiales de precios al consumidor alternativos considerados por el Poder Ejecutivo confiables, como son los que elaboran las direcciones de estadísticas y precios de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis, para no dejar un vacío en la actualización cada mes del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el cual no sólo se utiliza para determinar los valores técnicos de los bonos de la deuda pública ajustables por inflación, sino también muchos contratos entre privados.
A primera vista puede resultar comprensible la intención de las autoridades económicas de que la variación de los precios que se utilice para actualizar el CER no esté contaminado por factores puntuales y circunstanciales, como fue el caso en los últimos meses de los aumentos de tarifas de servicios públicos a un ámbito geográfico limitado, como la Ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires. Al menos esa fue la justificación para que el Ministerio de Hacienda y Finanzas decidiera tomar el Índice de San Luis para determinar los valores del CER para el período marzo a abril, después de dos meses que se había inclinado por el de la Ciudad.
Casualmente, en los tres casos de usos alternativos a los del Indec, a la espera de que el organismo oficial de estadística vuelva a calcular el Indice de Precios al Consumidor, Alfonso Prat-Gay decidió elegir el que menos aumentó, el de la Ciudad de Buenos Aires, pero para el nuevo período del 26 de marzo al 25 de abril, optó por tomar el de San Luis, que aumentó 2,7% en contraste con 4% que volvió a registrar el índice para CABA.
Sin embargo, optar para un coeficiente que legalmente se diseñó para ajustar documentos contractuales y compromisos de pago, como son las emisiones de títulos públicos, la discrecionalidad de un organismo del Estado no parece una buena contribución hacia la “normalización de las estadísticas”, en particular por el alcance de la medida.
Es que, si bien es comprensible la preocupación de Hacienda por no afectar un coeficiente de relevancia con factores de carácter coyuntural, no lo es que se lo excluya totalmente, dada la relevancia de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires como generadora de riqueza y concentración de población que ya fue ampliamente subsidiada con tarifas públicas muy inferiores al promedio nacional, y ahora se la beneficia, aunque seguramente sin esa intención, con un coeficiente de estabilización de referencia de contratos y deudas menor al que hubiese resultado con la inflación del distrito.
De ahí que para evitar esa situación cuestionable, tal vez hubiese sido recomendable, como una alternativa que despeje cualquier sospecha de discrecionalidad, actualizar el CER por la variación de los promedios generales de los índices de precios de CABA y de San Luis, y no con el que resulte menor en cada mes, al menos eso es lo que ha sucedido hasta ahora.
Nuevo IPC
Mientras tanto habrá que esperar que el Indec difunda el nuevo IPC, el cual está previsto para junio, con la variación de mayo respecto de abril, en lugar de agosto o septiembre como había propuesto la nuevamente desplazada Directora Técnica de Precios, Graciela Bevacqua, que era el tiempo mínimo que consideraba necesario para reconstruir una medición a prueba de críticas de expertos.
Mientras tanto cabe esperar la “presentación del proceso de elaboración del Índice de Precios al Consumidor (IPC)” que algún técnico del Indec hará el próximo martes 12 de abril, según el calendario del organismo de difusión a la prensa.