Después de 25 años, nuevo intento de erradicar viejos vicios

Como en 1991, con un Gobierno peronista, ahora con una coalición amplia, luego de un ordenamiento inicial de parte de los grandes desequilibrios heredados, se vuelve a poner el norte en solucionar una histórica deuda social, como es el caso con gran parte de los jubilados y pensionados, pese a que todos la conocían pero muy pocos se ocuparon no sólo de ponerle fin, sino de evitar generar situaciones de reincidencia en semejante flagelo.

Las diferencias no son menores. Entonces la solución propuesta fue la entrega a los jubilados afectados por el recurrente vicio de subestimar el cálculo del haber mensual, y más aún en el caso de los pensionados, y se pagó una pequeña parte en efectivo y el saldo en un bono de la deuda pública a 16 años de plazo, con seis de gracia y se buscó estabilizar los precios con un régimen de cambio fijo.

De ahí surgió en los 90 una singular ganancia financiera para los inversores de largo plazo y un perjuicio singular para quienes no tenían espaldas y años de vida, para cobrar la totalidad de la reparación propuesta por el Poder Ejecutivo y avalada por el Congreso de entonces.

Ahora, las nuevas autoridades optaron por proponer a los legisladores una solución integral a favor exclusivamente de los jubilados y pensionados , ya que comprende no sólo a quienes lograron sentencia en firme a su favor en contra del estado nacional, sino a todos los que legítimamente tienen derecho a cobrar sus haberes conforme a sus aportes y contribuciones patronales al sistema previsional; y además con una compensación inicial de la mitad de la deuda reconocida judicialmente y la estimada para los beneficiarios que iniciaron un reclamo por esa vía pero aún no lograron sentencia, y el saldo en 48 cuotas mensuales ajustables por el índice de movilidad jubilatoria, sin períodos de gracia; y un reajuste de haberes para el resto de modo inmediato.

Otra diferencia sustancial en lo que se considera puede constituir un paso fundamental hacia la “normalización de la economía” es que se comenzó con la unificación del sistema cambiario, y se pasó a un régimen flotante, como predomina en el mundo, con metas de inflación descendente, junto con la cancelación de la deuda pública con los holdouts y el regreso al mercado internacional de financiamiento para emprendimientos del sector público y privado, y el rebalanceo tarifario junto a un sistema de tarifa social para los servicios de consumo de energía, gas, agua y transporte, que apunta a depurar el destino de los recursos tributarios.

Sobre esa base algunos economistas comienzan a proyectar para el fin del segundo semestre una alta probabilidad de punto de giro en la inercia recesiva que dejaron las abultadas hipotecas del gobierno anterior, a partir de una nueva corriente de capitales fomentada por el cambio de las reglas internacionales sobre secreto bancario de activos de residentes en otros países, y por el reimpulso al consumo que generaría la reactivación y el mayor ingreso disponible para más de uno de cada cuatro jubilados, si se aprueba el proyecto de ley ómnibus de Sinceramiento Fiscal y el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.

Las jubilaciones se mantendrán alejadas del 82 por ciento móvil

Tras el decimotercer ajuste semestral de las jubilaciones y pensiones, que surge de la fórmula polinómica que toma en cuenta dos variables: el índice del aumento general de salarios del último semestre publicado por el Indec y el aumento de la recaudación tributaria per cápita de la Anses, el haber mínimo se elevará a partir del 1 de marzo a 3.821,73 pesos. Se aproximará al objetivo largamente demandado y emblemático del 82% del salario mínimo vital y móvil, el cual desde enero es de 4.716 pesos.

Sin embargo, la realidad mostrará que no sólo esa referencia es antojadiza sino que, peor aún, es irreal, porque el salario promedio de los trabajadores es actualmente de poco más de 10.570 pesos y sube a 11.100 pesos si se excluye el efecto de los jornales de los empleados en negro, porque no hacen aporte para el sistema previsional. Sobre ese parámetro el haber medio de las jubilaciones, que la Presidente anunció que pasará a ser de 6.806 pesos a partir de marzo, apenas superará el 61 por ciento.

Pero no sólo eso, en una economía altamente inflacionaria, donde el promedio de precios sube a una tasa de 2% por mes, y los salarios, según el Indec, tienden a acompañar esa referencia, al momento de percibir los jubilados el haber actualizado pasará a representar menos del 57% del sueldo de un activo.

A partir de ahí, y dado el régimen de Movilidad Jubilatoria, que establece un ajuste de a escalones cada seis meses, esas referencias se irán achicando mes a mes, hasta proyectarse para agosto un piso inferior al 53 por ciento y promediar en el semestre un 55 por ciento.

Y si bien la utilización del salario mínimo vital y móvil como umbral objetivo de la jubilación mínima es funcional al objetivo político de terminar el ciclo con el logro del anhelado 82 por ciento móvil de un salario en actividad, las autoridades económicas, y en especial del área de Trabajo y de la Seguridad Social, saben muy bien que en la Argentina son muy pocos los trabajadores que reciben esa remuneración mínima, excepto por la vía de subsidios y programas asistenciales, por una jornada inferior a las 40 semanales.

Pérdida de oportunidades
Si realmente es intención del Gobierno mejorar en términos reales la relación del haber jubilatorio y el salario medio de la economía, hasta alcanzar el 82 por ciento, lo primero que debiera hacer es ocuparse y preocuparse por abandonar una política que en los últimos tres años se concentró en generar alta inflación, para poder cobrar el impuesto inflacionario a los asalariados y empresas, y destinar los recursos excedentes que pueda acumular la Anses a subir los haberes de los jubilados y pensionados por sobre el límite mínimo que surja de la fórmula polinómica, hasta alcanzar esa emblemática meta.

Hoy, con el ritmo desenfrenado de crecimiento del déficit fiscal, la Secretaría de Hacienda depende cada vez más de las transferencias de utilidades de Banco Central y de la Anses. En este último caso en el último año superaron los 39.000 millones de pesos: representaron el 11 por ciento del total de las jubilaciones y pensiones, más juicios perdidos, abonadas en ese período.

Si esos recursos se hubiesen destinado a elevar los haberes del sector pasivo, el nivel promedio hubiera ascendido al equivalente a 63 por ciento del salario promedio de la economía.

La brecha resultante con el punto inicial proyectado para marzo de más de seis puntos porcentuales es el efecto del impacto inflacionario, la recesión y la consecuente destrucción de empleos, sólo en el último año, porque se tradujo en conjunto en menores aportes reales al Sistema de la Seguridad Social por parte de trabajadores y empresas.

Grandes ausentes en el Aniversario de la Bolsa

La conmemoración de los 159 años de la fundación de la Bolsa de Buenos Aires, el pasado 31 de julio, estuvo muy lejos de los que fueron los festejos durante los 29 años previos desde la vuelta de la democracia al sistema de gobierno en la Argentina.

Es que la sanción de la ley 26.831 que establece los lineamientos del nuevo régimen para el Mercado de Capitales, y cuya reglamentación parcial por parte del Poder Ejecutivo Nacional a través de un improvisado decreto 1023, cuando se esperaba que lo hiciera la Comisión Nacional de Valores, como se esperaba dejó muchos puntos oscuros.

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Ni desendeudamiento, ni superávit gemelos

Por cuarto año consecutivo las finanzas públicas estuvieron en 2012 otra vez más lejos de honrar el relato de la solvencia fiscal, y consecuentemente de reflejar una disminución de la deuda en valores absolutos.

Por el contrario, pese a que desde 2010, para no ir más atrás, el Banco Central a cargo de Mercedes Marcó del Pont aprobó el destino de poco más de u$s30.000 millones para pagar deuda pública, provocando una sangría no despreciable de reservas, la deuda pública consolidada se elevó hasta fines de 2012 en poco más de u$s50.000 millones.

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El Estado no es un buen administrador

No se trata de una muletilla extraída de los anales de los economistas liberales y de los movimientos libertarios que creen más en la fuerza del mercado como el mejor optimizador de los recursos escasos, por oposición a los estatitas que creen que el Gobierno central es el único capaz de asegurar una eficiente transferencia de ingresos de los que más tienen a los más carenciados.

Mucho más simple. Esa es la conclusión que, a menos en el caso argentino, surge de los datos oficiales, no sólo elaborados por un devaluado Instituto Nacional de Estadística y Censos, sino también por la Secretaría de Hacienda de la Nación.

Se sabe que con un Gobierno que ha hecho de la política de precios administrados y contención de la suba de las tarifas públicas para las familias, con algunas excepciones “sólo un tonto o un vivo cree que el Gobierno aumenta precios”, de acuerdo a lo dicho por la Presidente a comienzo de semana.

Pero también cada trimestre el Indec difunde el comportamiento de los principales sectores de producción de bienes y de servicios, así como del consumo público y privado, junto con el del índice de precios implícitos en cada uno de ellos.
Década Liderazgo

Este no es un dato menor, porque permite advertir cuál ha sido la tasa real de inflación que afectó al proceso productivo y comercial y quién ha sido más tolerante, al convalidarla.

Del lado de la oferta, la estadística correspondiente al primer trimestre indicó que el promedio de la economía acusó en doce meses una suba del IPI de 18% con 17,3% en el caso de los productores de bienes y 15,2% en el de los productores de servicios. Los parciales fueron menores a la media, porque estuvieron atenuados por un alza de sólo 13,5% en el componente importado.

Ahora bien, cuando se profundiza el análisis al interior de cada uno de esos dos grandes desagregados se observa que el mayor aumento del IPI se localizó en las actividades comunitarias y de servicio doméstico 26,6% y en la administración pública, defensa y organizaciones extraterritoriales 22,2%. Mientras que del lado de la demanda en el consumo privado el IPI se elevó 15,6% y en el consumo público 22,2 por ciento.

No se trata de una brecha circunstancial entre la variación de precios más alta tolerada por el sector público que la convalida por las familias y empresas privadas, sino que, por el contrario es una constante. En una serie de 20 años el fenómeno se verificó en 14 y en los últimos 11 años en nueve.

De ahí que en una serie de tiempos se advierte que en los últimos 20 años frente a una inflación implícita en el PBI de 445%, en el caso del consumo privado fue de 350% y en el sector público 600%, en contraste con apenas 255% que difundió el Indec en el caso del Índice de Precios al Consumidor.

En tanto que la brecha se acentuó en contra del IPI aceptado en los gastos del gobierno, en el agregado de sus tres niveles: nacional, provincial y municipal en los pasados 10 años, ya que mientras en ese caso el aumento fue de poco más de 459%, en los privados se limitó a 218%, determinando un promedio para el PBI de 271%, aunque el Indec reconoció en el IPC un incremento de 135 por ciento.

Sector Público Lidera Precios

Desequilibrios de las empresas públicas
Otra forma de ponderar la calidad de la administración pública, además de la señalada tolerancia de una tasa de inflación superior al promedio de la economía, es observar el comportamiento del resultado final de las empresas a cargo del Estado, según muestra mes a mes la Secretaría de Hacienda en la base caja.

Después de 13 años, entre 1993 y 2005 de resultados virtualmente equilibrados, es decir las empresas públicas no acusaban ni grandes pérdidas ni grandes ganancias, comienza un ciclo de creciente déficit, pese a que desde 2007 el Gobierno nacional elevó en forma singular los subsidios para evitar el alza de las tarifas y financiar un insuficiente programa de inversiones.

Así, de apenas $387 millones de rojo acumulado en los doce meses de 2007 saltó al cierre del primer cuatrimestre del corriente año a una proyección anualizada de más de $11.700 millones, mientras que la masa de subsidios se extrapola a más de $100.000 millones en el corriente año, fuertemente localizado en la deficitaria matriz energética.

Resultado Empresas Estatales
De ahí que si bien podría aceptarse, con gran esfuerzo intelectual, que el Gobierno no es el que aumenta los precios, pese a que fija las pautas de alza de salarios en las convenciones paritarias, y también fija la política cambiaria y regula el costo del dinero, no podrá sostenerse lo mismo cuando se advierte el creciente uso del poder de emisión del Banco Central para cubrir el abultado rojo fiscal y se abusa en el uso del financiamiento a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.

Es justamente a través de ese manejo discrecional de la cantidad de dinero, con una inyección al mercado superior al deseado por las empresas privadas y las familias, como se presiona al alza de los precios, esto es se exacerba la tasa de inflación a un rango que ya comienza a ser intolerable por parte de los agentes económicos y afecta la capacidad de generación de riqueza.