La Argentina aún no refleja una vocación exportadora

La liberación del mercado de cambios y la casi total eliminación de las retenciones parecen escasos atributos para provocar un rápido impulso de las exportaciones de manufacturas industriales no agropecuarias, pese a que, por los efectos de los ajustes de precios y salarios, el mercado interno perdió vitalidad en el primer cuatrimestre y de ese modo dejó más capacidad ociosa disponible para cubrir con operaciones de ventas al resto del mundo.

Más allá del receso que afecta a Brasil, principal socio en el Mercosur, a quien van dirigidas actualmente un 17% del valor total de las ventas externas de la producción nacional, la sustancial mejora del tipo de cambio y la recuperación de los precios internacionales de las materias primas no han significado un impulso en la estructura de las exportaciones, salvo casos aislados de algunas empresas automotrices que han logrado calidad y costo de producción de clase mundial, lo que les ha permitido, a su vez, penetrar en otros países, incluidos los Estados Unidos, y algunas firmas del sector de productos químicos y agroquímicos.

Al menos eso es lo que mostraron los últimos datos del comercio exterior argentino al cierre del primer cuatrimestre, donde, a excepción de los productos primarios y en menor medida sus manufacturas, la mayor parte de los rubros acusaron apreciables bajas en comparación con los ya débiles niveles del año anterior, superior a la que cabría esperar por la disminución de los precios internacionales en un promedio de 13%, por la incapacidad de reacción del sector industrial. Continuar leyendo

Descuido del Indec reveló la chatura del mercado laboral

Los economistas definen como mercado al lugar físico o virtual al que concurren los oferentes y demandantes de un producto o servicio y buscan cerrar trato por un precio libre, administrado, regulado o fijo, pagadero en moneda o con mercancías o servicios.

Para conocer el pulso del mercado de trabajo el Indec dispone de varios índices: uno es el que intenta reflejar la variación mes a mes del precio en los tres segmentos de la franja asalariada: privada en blanco, privada no registrada, y en el sector público, el cual siempre sube más que la inflación; otro es el de la Encuesta Permanente de Hogares que difunde trimestralmente, la cual en el último dato mostró una baja récord del desempleo, pese a que volvió a contraerse la oferta de trabajadores y mantenerse virtualmente estancada la demanda; y el tercero es el Índice de Demanda Laboral Insatisfecha, el cual da cuenta de qué proporción de empresas, privadas y del Estado, buscan cubrir puestos y qué porcentaje de insatisfacción registran.

A diferencia de los dos primeros índices mencionados, en el caso de la DLI el organismo oficial detectó para el segundo trimestre 2015 un comportamiento casi alineado a las mediciones privadas de actividad económica que coinciden en estimar un virtual estancamiento, después de haber alcanzado un nivel pico en el segundo trimestre de 2011, esto es antes de que se impusiera el cepo cambiario para las importaciones, el mercado inmobiliario, el giro de dividendos al exterior por parte de las empresas de capital extranjero, y parcialmente para ahorro de las personas físicas.

Por eso puede decirse sin temor a equivocarse que “un descuido del Indec reveló la chatura del mercado laboral”, porque en otros muchos indicadores da cuenta de datos que no se comprueban en la realidad.

Son los casos de la tasa de inflación, que insiste en que se ubica en la mitad de la que miden las consultoras privadas, pese a que es fácilmente comprobable, como arrojó una contundente investigación de precios que hizo Infobae en las propias bocas de supermercados; y que se puede replicar con los servicios públicos y privados; del intercambio comercial con el resto del mundo, porque mantiene en el informe abierto a la prensa un debilitado superávit, esto es un nivel de exportaciones que todavía supera al de importaciones, pero en la “base de usuarios” que se accede por suscripción paga, da cuenta de que ya hace varios meses que el resultado del capricho de atrasar el tipo de cambio y encarecer notablemente el valor de la producción nacional de bienes y servicios arroja un saldo deficitario: salen más divisas que las que ingresan; o con el saldo de la balanza del turismo internacional, el cual el déficit mensual se ubica en la quinta parte del que informa trimestralmente el Banco Central de la República Argentina a través del Balance Cambiario; y también en las Encuestas de Supermercados y Centros de Compras, las cuales registran mes a mes crecimiento a tasas de dos dígitos porcentuales en la serie ajustada por inflación, a partir del artilugio recurrente de ampliar la cantidad de establecimientos que le aportan sus datos de facturación y de la subestimación de la variación de los precios, para tornarlos congruentes con los que utiliza para el cálculo de la inflación.

Sólo 3 de 21 sectores aumentaron la búsqueda laboral en cuatro años
El indicador del Indec de demanda laboral insatisfecha en la Argentina, correspondiente al segundo trimestre, reveló que casi exactamente un tercio de las “empresas, organismos públicos o cualquier otra organización que actúe como demandante de sus servicios, expresado mediante avisos en los diarios o internet, carteles en la vía pública, búsquedas de boca en boca, etc.”, que “se obtiene de la muestra de empresas utilizada en la encuesta del Índice de Salarios”, realizó búsqueda de personal y sólo 5,9% no cubrieron las necesidades. Cuatro años antes, previo a la imposición del cepo cambiario, la proporción de empleadores que intentó cubrir vacantes o o incorporar trabajadores netos había alcanzado a 40,1%, el más alto desde que debutó el indicador, en 2011.

El retroceso fue generalizado, habida cuenta de que de 21 grandes sectores clasificados por actividad sólo tres superaron el récord previo para el segundo trimestre: fueron los casos de los servicios financieros que ampliaron la proporción en siete puntos porcentuales a 61,2% del total; el agro en seis pp, a 24,2% de las empresas y los servicios de correos y telecomunicaciones en tres pp, a 39,3 por ciento de las firmas del rubro.

En el resto de los casos, el Indec detectó un severo repliegue en la cantidad de empresas que salieron a buscar personal, a contramano de lo que cabría esperar en un escenario de bonanza como muestran la mayoría de los indicadores oficiales y los discursos de los ministros de Economía e Industria. En el caso de la construcción, que el organismo informó poco más de una semana atrás que alcanzó niveles récord, ahora reveló que sólo una de cada cuatro empresas hizo búsquedas de trabajadores, cuando en el anterior pico de actividad, en el segundo trimestre de 2011 lo hacían poco menos de una de cada tres desarrolladores.

Esa revelación es congruente con la encuesta que hizo EY entre 110 ejecutivos de empresas, que se presentó en la 36 Convención Anual de Ejecutivos de Finanzas, en Bariloche, la cual determinó que por la incertidumbre política y la inseguridad jurídica que provoca una economía excesivamente regulada y con varios cepos sólo se ejecutan uno de cada cinco proyectos de inversión, y están limitados a montos en torno a 50 millones de dólares, el resto se mantiene en carpeta a la espera de mejores vientos incentiven la generación de empleos productivos, sin retenciones ni cupos a las exportaciones; precios administrados; atraso cambiario y creciente presión tributaria.

Si bien constituye una mala noticia dar cuenta de la cruda realidad que afecta a muchas familias argentinas que ven obstaculizadas las posibilidades de cubrir sus expectativas de acceder a un empleo remunerado, al menos aparece como positivo que el Indec revele una fotografía sin retoques para mejorar la imagen, porque debiera impulsar a los decisores de políticas económicas y de empleo, actuales o futuros, a revisar sus programas y estrategias, para contribuir a revertir ese proceso de postergación de las oportunidades laborales.

La recaudación de la AFIP plantea interrogantes

Una vez más, en agosto el aumento de la recaudación tributaria superó con creces a la tasa de inflación y a la variación promedio de los salarios en una magnitud que no se corresponde con ningún indicador genuino de la actividad agregada.

En la habitual conferencia de prensa, el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, justificaron la brecha de más de seis puntos porcentuales entre el crecimiento de los recursos tributarios y cualquier índice de precios, en el dinamismo de la actividad, y mencionaron el impulso de la construcción que alcanzó récord en julio, según el Indec.

Sin embargo, curiosamente, los funcionarios no hicieron mención ni explicaron por qué si la construcción está en apogeo, como suele ocurrir en los años de elecciones nacionales, el relevamiento de expectativas del Indec para agosto arrojó como resultado un predominio de empresas que reducirían el empleo por sobre las que lo incrementaría, habida cuenta de que nadie destruye empleos en plena bonanza, y menos aún, como ocurre en la obra pública aún, cuando quedan meses en que debería sostenerse el impulso.

Tampoco atinaron a explicar, y confieso que tampoco fue motivo de inquietud por parte de colegas periodistas, por qué si la actividad está tan pujante, dado que de la brecha entre la variación de la recaudación y la inflación se desprende una expansión del PBI del 5%, el consumo real promedio por establecimiento en supermercados volvió a bajar, y el patentamiento de automotores acusó caída en agosto de más de seis por ciento.

Pero no sólo eso. Un análisis de la serie histórica por año desde 2005 a 2014 de las variaciones del cobro total de IVA y del impuesto al cheque revela una brecha promedio entre esos dos tributos de más / menos cuatro puntos porcentuales, pero en agosto último ese gap se amplió a casi 20 puntos porcentuales y en los primeros ocho meses fue de once puntos.

De ahí se desprende, a primera vista, que en el desempeño del IVA habría gravitado un vencimiento de pago más que un año antes, dado que no se liquida diariamente, como ocurre con los débitos y créditos bancarios; o se le pidió a alguna mano amiga un anticipo a cuenta; o bien la economía está atravesando por un período de auge fenomenal que las estadísticas del Indec no llegan a captar en plenitud porque parte del crecimiento se generaría en la economía informal -aunque sí percibe el organismo ese efecto cuando elabora el Índice de Salarios- para eludir los insoportables controles de precios y tipo de cambio oficial administrado; o alguna falla en el sistema informático que suma algo más que la recaudación del mes calendario.

La bonanza de la Anses
Y así como la variación que mes a mes viene mostrando el cobro de impuestos vinculados con la actividad productiva y comercial crece mucho más que lo justificable por cualquier indicador oficial, y más aún privado, también aparece como incongruente el singular aumento de más del 35% de lo ingresado a la Anses por aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, con la suba del 29% que midió el Indec en el Indice de Salarios, porque la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec dio cuenta de un virtual estancamiento de la tasa de empleo.

No obstante, de las declaraciones a la prensa de Ricardo Echegaray se desprendió que la Anses debería haber cobrado aún más por aportes y contribuciones porque “del análisis de la variación de los pagos de algunas empresas surge que estarían liquidando menos salarios de lo que informaban en otros meses”. Al parecer, los asesores del funcionario no atinaron a comunicarle que por la retracción de la actividad productiva y comercial muchas empresas se vieron forzadas a disponer suspensiones transitorias de personal, previa supresión de las horas extras, como son los casos de la industria terminal automotriz, el sector siderometalúrgico, el comercio y también en algunas constructoras e inmobiliarias, pese a que no se manifiesta en los resultados informados del desempeño del total de los recursos tributarios.

En el caso de Ganancias, si bien mantiene una suba sostenida muy superior a la inflación y al promedio del resto de los tributos, porque impacta en pleno el impuesto inflacionario por la caprichosa decisión del Gobierno de no autorizar actualizaciones generales, para asalariados, autónomos y monotributistas, de las escalas y deducciones al ritmo de la inflación, y tampoco permitir a las empresas el ajuste de sus balances, empezó a desacelerar la tasa de expansión.

Con todo, la mala noticia es que pese a la singular ingeniería del sistema tributario que permite mostrar mes a mes como crece la presión tributaria sobre los contribuyentes, los recursos continúan resultando insuficientes para cubrir la explosiva política de gasto público, la cual pese a determinar un déficit proyectado para el año de más de 7% del PBI, comenzó septiembre con un agregado de 841 millones de pesos, por la decisión unilateral de los ministros Axel Kicillof y Aníbal Fernández.

Mejor que lo previsto, no significa estar mejor

La tasa de inflación continúa dando muestras de desaceleración, tanto respecto de los últimos meses como más aún en comparación con el desborde que tuvo lugar en la primera mitad de 2014. Eso puede llamar a engaño de creer que se está mejor.

Pero la realidad social que acaba de difundir el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina reveló que el cuadro de pobreza e indigencia a fines de 2014 resultó sustancialmente peor que el estimado para el año anterior, y nada indica que en el primer semestre de 2015 se verificó un punto de inflexión.

Una de las causas de ese deterioro no es otra que la persistencia de una elevada tasa de aumento de los precios al consumo, provocada por el creciente déficit fiscal que se financia con emisión de dinero por parte del Banco Central.

Aún así hay quienes creen ver entre los empresarios de compañías líderes que “el pesimismo mostrado en la medición de fines de 2014 no se vio convalidado en la realidad de este período”, según una de las conclusiones que surgieron de la Encuesta de Expectativas de Ejecutivos que realiza D´Alessio IROL para IDEA.

Sin embargo, a la hora de hacer una evaluación de la situación económica del primer semestre sólo 17% de los ejecutivos, esto es uno de cada seis, dijo que su empresa estaba mejor o moderadamente mejor, en contraste con 53%, poco más de uno cada dos, que estaba moderadamente peor o mucho peor. De ahí surgió un saldo de respuesta negativo de 36% de los 182 consultados.

Y si bien las previsiones para la segunda mitad del corriente año se interpretaron como mejores, el sondeo de marras también dejó un resultado neto de nuevo deterioro de 12% de los casos, habida cuenta de que frente a 29% de respuestas positivas se contrapuso 41% que indicaron que presupuestan nuevo retroceso, se agrega al arrastre desfavorable de los últimos años.

Frente a ese cuadro, que ha llevado a un sostenido debilitamiento de la inversión productiva, por inquietante aumento de la capacidad ociosa en las fábricas, pero también en el mercado laboral y en el sistema financiero en su conjunto, no parece descabellado pensar que “ya finalizando el actual mandato, los empresarios prevén que no habrá mayores sobresaltos”, concluye el trabajo de D´Alessio IROL para IDEA.

Esa reflexión no implica que “lo peor ya pasó”. Por el contrario, el sondeo de expectativas determinó que “se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible, como consecuencia de la retracción de las ventas y sólo una de cada cuatro empresas opera por sobre el 85% de su potencial, cuando antes del cepo cambiario esa proporción se daba en la mitad de las compañías consultadas”.

Demasiado sesgo economicista

Un punto que parece inquietante es que según el citado relevamiento de D´Alessio IROL para IDEA es que muchos empresarios “requieren de los candidatos presidenciales definiciones sobre cuatro puntos: educación, justicia, seguridad y política impositiva”, y agregan que “la competitividad cambiaria está más determinada por el tipo de cambio que por factores estructurales”.

Sin negar la relevancia de esos cuatro puntos, parece necesario resaltar la importancia de recuperar las instituciones básicas de respeto a la división de poderes; velar por preservar el valor de la moneda con un Banco Central que cumpla con su rol de regulador en lugar de actuar como un prestramista de útima instancia del Gobierno nacional; la solvencia fiscal; honrar los fallos judiciales, tanto nacionales como internacionales; fomentar la innovación y desarrollo como prerrequisito para impulsar el emprendedorismo y con ello la generación de empleos de calidad, con apertura de la economía. Sólo así se podrá llegar a una genuina política inclusiva, que potencie el mercado interno, la inversión y el comercio exterior.

Un nuevo informe del Foro Económico Mundial (WEF, en sus sigas en inglés) observa que “en general el país sigue enfrentando condiciones macroeconómicas adversas”, que lo ubican en el puesto 102 sobre 144 naciones evaluadas, y que afectan su acceso al crédito (134); padece de débiles instituciones (137), y se ubica negativamente en el ránking de corrupción (139). También calificó al gobierno de ineficiente, con un puntaje que lo encasilló en el lugar 142, casi al final de la tabla. Con ese escenario, no sorprende que también catalogue a la Argentina como altamente ineficiente en los mercados de bienes (141), laboral (143), y en el financiero (129).

Estos indicadores que revelan los obstáculos para el desarrollo del país y la consecuente reducción del strong>elevado núcleo duro de pobreza y de economía informal, no parece que sólo se puedan corregir con una revisión de la política tributaria y cambiaria, como surge del informe de expectativas de los ejecutivos que hizo D´Alessio IROL para IDEA.

Y tampoco pareciera que se pueda lograr con acciones gradualistas, en particular en lo que respecta al objetivo de volver a la tasa de inflación de un dígito anual abajo, como proponen muchos economistas que temen hablar de políticas de disciplina fiscal de shock para reimpulsar la actividad productiva con el énfasis puesto en la inversión productiva y en infraestructura, junto con las exportaciones, que incentiven el empleo privado para absorber no sólo a los desocupados sino también a los activos ociosos en el sector público.

En medio de un desbarajuste no se puede ganar competitividad

“Para que una economía crezca y pague sus compromisos debe crecer, ser competitiva y evitar ajustes que deterioren su capacidad de pago”, escribió el lunes último Alejandro Vanoli en Twitter, utilizando un canal de comunicación poco común en el mundo para un presidente del Banco Central.

Dicho así parece una receta muy sencilla, casi de sentido común, que no requiere haber pasado por los claustros universitarios y mucho menos haber hecho cursos de especialización y masters en economía, microfinanzas y managment, para comprender por qué es así, y no hay otro modo.

Pero estamos en la Argentina, y la autoridad monetaria que se hace tiempo para comunicarse por la red social con sus seguidores, no necesariamente con sus pares, y probablemente menos con sus vecinos de Economía, no se ha dedicado a analizar por qué hace ya varios años, como mínimo cuatro, que las empresas radicadas en el país no logran crecer y el propio Gobierno no les deja pagar la totalidad de sus compromisos, porque la política así lo ha decidido unilateral y discrecionalmente.

A eso y no a otra cosa han contribuido en primer lugar el cepo cambiario, las DJAI y otras restricciones que desde fines de 2011 se dispusieron para el movimiento de divisas por parte de la economía real, y la continuidad de la no actualización de los balances por inflación, mientras que en los últimos tiempos se sumaron mayor flexibilidad para la venta de dólares para tenencia o ahorro de las familias, el atraso cambiario y tarifario, y la consecuente destrucción de oportunidades laborales.

Además, se fueron agregando otros factores que día a día contribuyen a ahondar la pérdida de competitividad de la producción nacional, tanto de los sectores con mayores ventajas comparativas con el resto del mundo, como el agro, en particular de explotación extensiva como la producción de cereales, oleaginosas y la ganadería, como más aún de la industria manufacturera, como la inflación en un rango de dos dígitos altos; consecuente suba de los salarios en una proporción similar, junto a la creciente presión tributaria, también a tasa de dos dígitos porcentuales, en tanto que el tipo de cambio sube a la mitad y hasta la tercera parte de esas variables.

Eso no es todo. La restricción energética lleva en este invierno en el que por el atraso tarifario y manejo discrecional, ya que gran parte de los sectores de mayores ingresos pagan por sus consumos mucho menos que los que están limitados por no tener acceso al sistema interconectado de luz y gas natural, y a los que se les corta el suministro, como a industrias, porque se las fuerza a operar con generación alternativa con mayor costo.

La lista podría ampliarse, pero creo que la descripción es suficientemente extensa y comprueba que ese coctel de discrecionalidad y la persistencia en varios rubros de precios administrados, han erosionado al extremo la competitividad y rentabilidad de la producción nacional, la cual se manifiesta no sólo en una sostenida aceleración del ritmo de caída de las exportaciones, y también de las importaciones, sin que eviten esos movimientos la extinción del superávit de la balanza comercial con el resto del mundo, sino también en la contracción del consumo de bienes durables y también no durables.

El Indec emite señales de alerta pero no se las toman en cuenta

La consecuencia de esa política ya no la puede ocultar ni el Indec, porque en la última Encuesta Anual de Hogares Urbanos, correspondiente al tercer trimestre de 2014, reveló que no sólo en el último año se destruyeron 409.000 empleos netos y sino también que hay más de 43% de los desocupados que llevan más de seis meses parados, según el último análisis del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES, y otra porción importante de ex ocupados que no aparecen en la estadística por haber abandonado la búsqueda de una nueva oportunidad laboral, al verse desalentandos por el continúo fracaso que provoca una economía cerrada y con baja inversión en capital físico.

Es más, expertos internacionales mostraron en un seminario organizado por el Banco Ciudad y el IAE que “una economía aislada del mundo y que desalienta la competitividad no permite promover el emprendedorismo, para generar empleos y mejores salarios, en base a la innovación e incorporación de tecnología de punta”.

Para peor, sin anuncios ni publicidad, la Secretaría de Finanzas actualizó la serie de la deuda pública que estaba limitada al primer semestre de 2014 al total del año, y mostró que a tono con el desequilibrio creciente de las finanzas públicas, creció en sólo seis meses en u$s22.800 millones, a un ritmo de casi 20% por año, sin que se observen en contrapartida mejoras relevantes en la infraestructura.

Por el contrario, el fuerte aumento de la deuda pública proyecta más necesidades financieras para su repago, con sus consecuentes efectos sobre las finanzas del sector privado, y consecuentemente sobre las posibilidades competitivas de las empresas, en particular las PyME que fueron las más afectadas desde que se impuso el cepo cambiario y las restricciones comerciales y financieras a fines de 2011, y se sostienen en la actualidad.

Pese a ese cuadro, hay algunos economistas, no sólo del oficialismo, sino incluso de algunas consultoras privadas, como Elypsis, que consideran que “el aumento de la pérdida de competitividad ya no es tal, porque la diferencia entre la tasa de inflación real y la de devaluación nominal del peso comenzó a ser neutralizada con la depreciación del dólar en el mundo”.

Y no sólo eso, sostienen que “los desequilibrios que enfrenta la economía, principalmente la falta de dólares, podrá corregirse a partir de 2016 con políticas gradualistas, a partir de la solución del financiamiento internacional con un acuerdo del próximo Gobierno con los holdouts, cualquiera sea el signo que triunfe en las elecciones presidenciales, dado el poder del presidente sobre cualquier aparato partidario”. Incluso, afirman que “el abultado desequilibrio fiscal, del orden de 5,5% del PBI, no genera impacto inflacionario, porque en la actualidad tiene efecto monetario neutro”.

Sin embargo, los mismos analistas observan que “la desaceleración de la inflación habría encontrado un piso en torno a 1,5 a 1,7% al mes, con 0,5% en los precios controlados y administrados y 1,8 a 2% en el resto”, mientras que el tipo de cambio oficial sube 1%. De ahí surge una brecha negativa de competitividad cambiaria cercana a 1% nominal y 0,5% real por mes, que se agrega a la que se arrastra en forma acumulativa desde hace cuatro años, con magnitudes elevadas y variables según los sectores de actividad.

Habrá que esperar al 2017 para volver a crecer

El 2014 terminó de la peor manera: alta inflación, acentuada recesión, creciente endeudamiento del sector público, destrucción de empleos, merma del poder de compra de los salarios y jubilaciones, y arrastre negativos en todas las variables, en particular las sociales.

No se trata de predicciones personales, ni de previsiones de las consultoras privadas, sino de la simple lectura de la catarata de indicadores que en los dos últimos días del año difundió el Indec, con la pasividad que lo caracteriza y sin ameritar explicación alguna por el ministro de Economía, o de Trabajo y menos aún de los secretarios de Estado de cada área. Es lógico, ¿qué podrían haber argumentado?, que sus recetas y recomendaciones de política fracasaron, o que eso era lo que buscaban negando las enseñanzas más básicas de la ciencia económica, la cual muchos ignoran que es una ciencia social y que por tanto los desaciertos afectan severamente a las personas, más a las físicas que a las jurídicas (empresas). Continuar leyendo