La iniciativa del Poder Ejecutivo de avanzar hacia lo que eufemísticamente denominó la “democratización de la justicia”, ya que sin debate avanza a ritmo sospechosamente vertiginoso en el Congreso de la Nación, ya se ha cobrado innumerables víctimas en términos de calidad de vida de la población, porque conspira contra los emprendimientos privados y la consecuente creación de empleos y mejora de la participación de los asalariados en la distribución de la riqueza que se genera cada año.
