Entre la realidad y los pronósticos de los economistas

El cambio que propuso y propone el Gobierno no sólo se manifiesta en el estilo de comunicación sobre la herencia, o mejor dicho las hipotecas recibidas, y sobre los reaseguros que fue tomando para atenuar el impacto de las medidas de “normalización” de la economía, sino también en la gestión de las grandes empresas y bancos.

Ya no seguimos tanto a pie juntillas los pronósticos y escenarios que plantean los economistas externos, aunque no prescindimos de ellos, sino que ponemos más el acento en mirar los datos de la realidad, tanto de nuestros números como de los clientes”, destacaron en un encuentro privado banqueros de fuste, y en otro hicieron lo propio encumbrados empresarios. Continuar leyendo

El camino lento encontró un obstáculo que persistirá después de Davos

La autoridad monetaria no pudo avanzar el último martes en la reducción del índice de confianza que refleja el curso de las tasas de interés de corto plazo, vía la colocación de Lebac, la debió sostener en 31% anual y retirar del mercado apenas $2.548 millones de un excedente que se mantiene elevado (más de 50 veces ese monto) y presiona sobre la inflación.

Se puede asumir que la competencia de instrumentos de absorción monetaria y, a la vez fuente de financiamiento del sector público en su conjunto, como la emisión de Bonar 2020 por USD 5.000 millones, unos $70.000 millones, pudo haber contribuido a ese resultado. Pero como la licitación fue declarada desierta porque el rendimiento que buscaron los inversores superó con creces las expectativas de Hacienda, aún restarían esterilizar más de $110.000 millones.

La cuenta parece sencilla: para equilibrar la cantidad de dinero primario con las reservas en divisas a un cambio en torno de $14 por dólar la base monetaria no debería superar los $350.000 millones, esto es $250.000 menos que el nivel actual. De ese total, unos $75.000 millones pueden sostenerse porque el plan para salir rápido del cepo cambiario logró disipar la demanda de los importadores; mientras que otros $60.000 millones se requieren para las transacciones en una economía que entre diciembre y enero acumuló casi 10% de inflación. Continuar leyendo

Mini ciclo virtuoso que requiere maduración

Las primeras dos semanas del fin del cepo cambiario transitaron por el sendero ideal: bajaron el dólar y las tasas de interés de referencia del Banco Central en simultáneo, al ir cumpliendo el Gobierno con varias de las promesas de campaña: eliminación generalizada de las retenciones; extinción de las DJAI; rebaja sustancial del Impuesto Adicional a los Autos de Alta Gama; refuerzo parcial del subsidio a los perceptores de Asignación Universal por Hijo; exención de Ganancias sobre el medio aguinaldo de fin de año; y el levantamiento de otras restricciones previas al cepo cambiario, junto con la prórroga de los programas Ahora 12 y Precios Cuidados y diversos impuestos que vencían hoy, pero que se prevé modificar íntegramente con proyectos de ley que se presentarán al Congreso en la apertura de las sesiones ordinarias, el 1 de marzo.

Claramente, tres semanas de Gobierno, con una herencia que trajo una mochila de deudas financieras y principalmente de obras de infraestructura demoradas, no sólo de la Nación, sino también de la provincias que reclaman asistencia de fondos para pagar sueldos y atender coberturas sociales impostergables, y carencias que se potencian en el verano con el pico estacional de consumo de energía, o la temporada largamente anticipada de exceso de lluvias, principalmente en las áreas ribereñas del Litoral, y ninguna joyas para rematar, es muy poco tiempo para hacer un balance.

Sin embargo, la ansiedad de unos, las urgencias de otros y las inevitables críticas de los afectados por el cambio de rumbo de política económica y social, echan a la luz la sensación de un desbalance entre las medidas que a primera vista favorecen más a los que más tienen o pueden generar riqueza, que a aquellos que tienen menos espaldas para soportar un nuevo impulso de los precios de los alimentos, en las franjas de menores recursos y también de las tarifas de los servicios que ya son básicos, como el abono del celular, la cuota de la medicina prepaga para el caso de los trabajadores autónomos, el alquiler de una cochera, o el cable, entre otros, para el segmento con ingresos promedio de $15.000 por mes para el jefe de hogar.

Naturalmente, no se puede generar riqueza de la nada y menos aún después de cuatro años de estancamiento y esperar rápidas respuestas de la economía real, para que las transferencias de ingresos de la nación a las empresas y familias, que significaron las medidas señaladas, redunden inmediatamente en la tonificación de la capacidad de compra de toda la población y disminuya la pobreza.

Pero sin duda se achican los tiempos de espera de la explicitación del plan integral de política económica y social que permitan desarmar las expectativas iniciales de muchas consultoras y de bancos de inversión de que la inflación se perfila para 2016 con un salto de unos 10 puntos porcentuales respecto del 25 a 26% que terminaría este año y que la economía deberá esperar al 2017 para volver a crecer a tasas mayores a un dos por ciento.

Una pesada y aún incierta herencia
Han transcurrido apenas tres semanas del cambio de Gobierno y para muchos parece una eternidad y por eso aparecen voces opositoras de queja y reclamos, por temores a estar peor de lo que estaban, porque consideran que el sinceramiento del mercado cambiario con una paridad única y sin cepos, acompañada de la eliminación de las retenciones, implicó una brutal devaluación del peso (50%), cuando en realidad se trató de un sinceramiento cambiario, dado que la paridad del contado con liqui ni se movió y frente a esa referencia el cambio único cayó un 3%; y que la bajo estudio disminución de los subsidios a los consumos de energía, gas y agua, significará un tarifazo, pese a que abarcaría a menos del 30% de los hogares y en proporciones seguramente progresivas.

Otros, en cambio, comienzan a percibir que se está frente a un cambio de estilo, con más diálogo y cercanía con los referentes políticos de todos los partidos y también con el sector real de la economía y de la sociedad que en los pasados doce años, y lo manifiestan con menos tensiones en el mercado de cambios y mayor predisposición a entregar sus excedentes de pesos al Banco Central a tasas menores que la semana previa.

Sin embargo, la maduración del mini ciclo virtuoso requiere de algo más que anuncios diarios de política económica, como la presentación de las nuevas pautas macroeconómicas de inflación, crecimiento, comercio y reducción del déficit fiscal; junto con un programa monetario consistente con esos objetivos y el plan financiero.

Pero la principal restricción que enfrenta el Gobierno para avanzar en la elaboración de esas guías relevantes es la corta y negada transición, porque impidió aún hoy conocer con exactitud la situación de partida.

De ahí que el Presidente de la nación debió conceder un plazo de seis meses para que cada ministerio revise las contrataciones y designaciones de personal permanente de los últimos dos años y los organismos descentralizados y empresas públicas los pasados tres, con el explícito propósito de analizar la legalidad y en particular el cumplimiento y pertinencia de los requisitos de idoneidad e igualdad de oportunidades de los postulantes, pero con la clara intención de comprobar los casos de sobrepoblación de puestos en esos períodos. Eso se advierte en el aumento de la masa salarial en la administración pública en más de 10 puntos porcentuales respecto de la variación del gasto total en los primeros once meses del corriente año.

Por tanto, para evitar mayores demoras que puedan llevar a generar incertidumbre y con ello debilitar la confianza inicial que de advierte de modo mayoritario, no pleno, es de esperar que el rediseño del Presupuesto 2016 tenga una base cero, consistente con los postulados de reducir la inflación, generar empleos y exterminar la pobreza, y que se explicite en las próximas semanas.

De lo contrario, será muy difícil mantener el voto de confianza que parecen depositar los mercados, los cuales tienen por costumbre adelantarse, y que se manifiestan no sólo en la baja del dólar, la baja en cinco puntos porcentuales de las tasas de las Lebac en dos semanas, previa suba de 10 puntos, y la consecuente disminución del índice de riesgo país que representa la menor brecha entre los rendimientos de los bonos del tesoro de los EEUU y los títulos de la deuda pública local, a un rango inferior a los 450 puntos básicos y ubicarse en unos 80 pb menos del correspondiente a Brasil.

Nuevo indicador de confianza inversa

Con el cambio de gobierno el 10 de diciembre, pero principalmente desde “el fin del fin” del cepo cambiario, en la Argentina los agentes económicos y financieros comienzan a seguir un nuevo indicador de “confianza inverso” del humor de los mercados, tanto locales como principalmente del exterior.

En los 80 y hasta fines de los 90 el indicador inverso de confianza fue el movimiento del índice de riesgo país que describía el EMBI del banco JP Morgan, que no era otra cosa que la brecha de rendimiento de bonos de la deuda pública del gobierno argentino con un papel similar del Tesoro de los EEUU. Digo “indicador inverso” porque cuando sube refleja desconfianza, descrédito para tomar decisiones de inversión en el país, y cuando baja, todo lo contrario.

Luego, desde la salida traumática de la convertibilidad fija del peso con el dólar, esa referencia fue prácticamente reemplazada por la cotización de la divisa en el mercado libre, paralelo o ya popularizado “blue”, el cual replicaba el concepto anterior. Continuar leyendo

¿Devaluación o sinceramiento?

La salida anunciada del cepo cambiario, tras poco más de cuatro años de vigencia, junto a un régimen de tipos de cambios múltiples, generó interpretaciones dispares sobre si implica una drástica devaluación del peso, con su consecuente efecto propagador sobre la inflación, o si simplemente constituye el reconocimiento del valor del mercado, sobre el cuál deberá determinarse si la moneda nacional se aprecia o se debilita.

Claramente, sobre una paridad oficial que hasta ayer el consenso de mercado fijaba en $9,92, un tipo de cambio libre y único que se ubicó en la apertura entre 13,5 y 14,50 pesos por dólar, implica a priori una devaluación del 36 a 46%, que es la brecha entre esas paridades. Aunque técnicamente, con esas referencias la depreciación del peso sería de 27 a 32%, en cada caso, porque con $992 se podía comprar USD 100, más el anticipo de impuestos, y ahora se reduce la capacidad de compra a 73 o 68 dólares, respectivamente según la nueva banda de cotizaciones libres.

Sin embargo, en el caso particular de los trabajadores, en especial los que hasta ayer calificaban en la AFIP para comprar dólares a la paridad oficial, más un pago a cuenta de impuestos si optaba por retirar los billetes, representaban menos del 5% del total de los ocupados, y subía a 10% de los que estaban registrados, y sólo con un límite máximo de USD 2.000 por mes.

Pero el resto de los mortales, estaba vedado de acceder a ese subsidio y por tanto sólo podía acceder a la compra de dólares en forma legal por la vía de la compra y venta de títulos públicos y acciones que cotizan en simultáneo en pesos y dólares, a una paridad en torno a 14 pesos.

De ahí que si se toma en cuenta que el salario promedio de la economía que se estima en $14.000, según los últimos datos de distribución del ingreso que midió el viejo INDEC, el sueldo equivalente en dólares era USD 1.411 a la paridad oficial, antes del pago cuenta de impuesto. Pero de USD 1.000 al equivalente al contado con liqui. En ese caso, el nuevo precio de la divisa no implica devaluación del poder de compra de moneda extranjera.

El impacto sobre la inflación
Una economía que depende en un 20% de los insumos y bienes importados, y más aún en los casos de los productos de exportación del agro que ahora no deben sufrir la confiscación de las retenciones, en particular para el trigo país y maíz, que era de más de 20%, la liberación del mercado de cambios significa una mejora de precios neto de más de 60 por ciento.

Pero muchos precios de mercado se habían anticipado al prenunciado fin del cepo cambiario por las autoridades electas el 22 de noviembre, con ajustes de precios sobre los ya aumentados en los meses precedentes. De ahí que el impacto final sería parcial y no generalizado a todos los bienes y servicios que consumen los hogares.

Al respecto, cabe notar que desde la salida de la convertibilidad, a fines de 2001, el promedio de suba de precios de la economía que midieron las consultoras privadas fue de 1.245%, esto es $100 de entonces equivalen hoy a $13,45, que, casualmente, es muy próximo al precio comprador del dólar que marcó en la reapertura del mercado libre y único de cambios sin restricciones.

Sobre esa base, queda claro que el nuevo nivel del precio de la divisa implica una equiparación a la inflación acumulada, con precios de bienes y servicios que subieron hasta 2.000%, pero con otros que no llegaron a multiplicarse por diez.

Por tanto, para los salarios e ingresos de los trabajadores y jubilados, el nuevo tipo de cambio no implica una pérdida de poder de compra en pesos respecto de la que tenían hasta el último día del cepo cambiario, al menos de magnitud relevante, más allá de la inercia inflacionaria que arrastraba la economía en su conjunto.

Ahora queda esperar los planes monetario, fiscal y financiero que den previsibilidad a los agentes económicos de que desde ahora el Gobierno se encamina a un sendero de reducción sostenida y persistente del desequilibrio de las finanzas públicas y también el financiamiento vía emisión del Banco Central, porque se considera clave para desactivar las expectativas de inflación.

El cepo cambiario impidió generar 1,5 millones de empleos

Un INDEC nada confiable registró en el tercer trimestre de 2015 la menor tasa de desempleo en 28 años, con un muy sospechado 5,9% de la oferta laboral de casi 19 millones de personas, sobre todo por qué se sustentó en el estancamiento de la participación de la población en el mercado de trabajo, por la generalizada ausencia de las oportunidades de obtener una ocupación rentada en el ámbito privado.

Las excepciones fueron gran parte de las administraciones públicas nacionales, provinciales y municipales que amparadas en el paraguas de “gobiernos populistas”, justificaron su rol de convertirse en bolsa de trabajo, como ocurría en los 70, pese a que sus finanzas hacían agua, esto es acumulaban crecientes déficit fiscales: gastaban mucho más de lo que podían recaudar con, impuestos, tasas y contribuciones y con las altas tasas de inflación.

Curiosamente, la última vez que el INDEC midió un desempleo menor a 5,9% de la oferta laboral fue en 1987, cuando comenzó a gestarse el camino a la hiperinflación en menos de dos años, porque el Gobierno de turno se resistió a validar las generalizadas recomendaciones de los economistas externos de encarar el encuadramiento de las finanzas públicas, esto es hacer una racionalización del empleo ocioso, y generar, paralelamente, condiciones de incentivos a la inversión productiva, para crear puestos productivos de calidad.

Un fenómeno similar parece asistirse en estos días previo a la definición de quién conducirá los destinos del país en los próximos cuatro años con los temores infundados, de propios y extraños, a levantar de una vez el cepo cambiario y con ello a sincerar el mercado de cambios, volver a encuadrar las finanzas públicas y con ello reducir fuertemente la inflación, con un plan integral que orientado a recuperar la solvencia macroeconómica y social, y por tanto a favor de la empresa y de los trabajadores, permita retomar la senda del crecimiento sustentable y, por tanto, sostenido, con fuerte aliento al aumento de la participación de la población en el mercado de trabajo de menos del 45% al 55%, como promedia en el mundo.

La contundencia de la historia reciente
Claramente, no se puede asegurar qué puede ocurrir si se toman medidas de shock, en lugar de adoptar políticas gradualistas que puedan sonar como música grata para los oídos de quienes quieren disfrutar de un escenario insostenible, como los que acceden a puestos públicos altamente remunerados sin una correspondiente prestación de servicios acorde; los empresarios que reciben beneficios de producir en condiciones cuasi prebendarias y protegidas, y los que con políticas ad hoc quedaron exentos de la creciente confiscación de los salarios que provoca un régimen de Impuesto a las Ganancias que grava de modo desigual a quienes tienen un ingreso y estructura familiar similar, porque se determina según cuánto ganaba antes de agosto de 2013, entre otros.

Pero, por el contrario, de las propias estadísticas devaluadas del INDEC se puede comprobar que desde que se instrumentó el cepo cambiario, a fines de octubre de 2011, con la exigencia de aprobaciones discrecionales de las Declaraciones Juradas de Necesidades de Importación; límites para acceder a la compra de dólar ahorro a precio subsidiado; cupos a las exportaciones de alimentos; y reducción acelerada de los límites para pagar importaciones por día de USD 500 mil hasta 2013; USD 300 mil desde 2014; se achicó a USD 150 mil a fines de octubre, 15 días después se contrajo a USD 75 mil y ahora a sólo USD 50 mil diarios, la economía perdió vitalidad y con ello la posibilidad de generar empleos privados.

Así, un Gobierno que se dice “populista” tomó medidas para evitar la sostenida fuga de capitales, por desaprobación de los agentes económicos de sus crecientes políticas regulatorias y de aumento de la presión tributaria, que derivaron en una brusca desaceleración de la creación de riqueza y con ello de empleos productivos, en lugar de otras que atendieran a los genuinos reclamos para recrear la confianza interna y externa.

El PBI que tras la depresión de 2002 registró tasas de incremento promedio cercanas a 7% por año, incluido el freno que impuso la crisis financiera internacional en 2008 y 2009, acumuló desde 2012 una suba agregada de 6,4%, siempre según el INDEC, porque para el consenso de las consultoras privadas literalmente se estancó.

Mientras que el empleo pasó de crecer en 3,5 millones de puestos netos desde el tercer trimestre de 2003 hasta similar período de 2011, con un promedio acumulado por año de 292 mil personas; en el último cuatrienio se atenuó a sólo 256 mil, con una media por año de 64 mil puestos netos, principalmente en el sector público.

Y frente a los temores, también infundados, sobre que la salida del cepo cambiario provocará una fuerte depreciación de los salarios en dólares, como si en la Argentina esa fuera la moneda que domina las transacciones por más de 900 mil millones de pesos por mes, no parece ocioso insistir con que los ingresos ya fueron devaluados por un Banco Central que llevó en pocos meses la relación de convertibilidad de la base monetaria por cada dólar en las reservas informadas de 15 a más de 21 pesos, esto es el doble de la artificial paridad administrada de $9,70 por dólar; y que la mejor manera de elevar los ingresos reales de trabajadores y jubilados, es con la generación genuina de empleos productivos y aumento de la productividad en el uso de los recursos humanos y de capital.

Singular potencial para superar la crisis
Un simple ejercicio de simulación determinó que si en lugar de haberse puesto el cepo cambiario e intensificado las medidas regulatorias y fomentado la vuelta a tasas de inflación de dos dígitos, se hubiesen seguido políticas acordes con las que aplican en la mayoría de los 220 países, el PBI podría haber adquirido un curso crucero en torno a 4% crecimiento, que para las potencialidades y grados de capacidad ociosa que registraba la Argentina en 2011 y que se intensificaron desde entonces en la puesta en valor de los recursos naturales, humanos y financieros, es muy austero.

Con esa tasa de crecimiento, y estimando una elasticidad empleo/PBI de 0,6, esto significa que por cada punto porcentual de aumento de la generación de riqueza los puestos de trabajo se elevan a ritmo de 0,6 puntos porcentuales, la economía habría abierto oportunidades laborales efectivas a casi 1,8 millones de personas, en lugar de las apenas 300 mil que efectivamente se lograron, según surge de la proyección al total país de los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares.

Es decir, el cepo vedó la posibilidad de trabajar a unas 1,5 millones de personas, y con provocó la irrupción de la pobreza y la exclusión social a niveles alarmantes, más aún en una nación que tiene una singular potencialidad para producir alimentos, pero también de otros bienes y servicios diversos.

Caer en la trampa de demorar la salida del cepo, como de los tremendos desbarajustes fiscales, tarifarios, monetarios, y del tremendo deterioro de la infraestructura socioeconómica básica, tomando todos los recaudos de medidas paliativas plenas para los sectores más afectados de la sociedad, un 60% de la población total, sólo asegura negar oportunidades laborales a muchos argentinos y también a extranjeros que aún hoy vienen a esta tierra a recibir educación especializada y atención médica gratuitas y disparar la tasa de desempleo a niveles de dos dígitos.