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Se acepta el ajuste privado pero no el público

Cada semana aparecen nuevos indicadores que dan cuenta de una agudización del cuadro recesivo, con alta inflación, destrucción de empleos en el sector privado y sostenida expansión del gasto público asistido por el financiamiento sin límite por parte del Banco Central de la República Argentina.

Tanto la serie de despidos y suspensiones de la consultora Tendencias Económicas, como el relevamiento mensual de SEL Consultores, revelaron que en los últimos meses se intensificó la destrucción de empleos, principalmente en las empresas privadas, y que las proyecciones de las compañías líderes para el próximo año anticipan que ese proceso se extenderá.

Además, el proceso de destrucción de puestos de trabajo en la producción, el comercio, las inmobiliarias y en otros servicios, como los que ofrecen las concesionarias de automotores, las compañías de salud, las casas de cambio y sociedades de Bolsa, entre otras, se da en un escenario de baja de los salarios en términos reales, porque las empresas buscan mostrarse “amarretes” en las concesiones de ajustes a la tasa de inflación, a cambio de mostrarse también conservadoras a la hora de reducir la nómina de personal.

Claramente, la severa contracción de la actividad productiva y comercial que provoca la continuidad y agudización del cepo cambiario, pese a las probadas consecuencias negativas, y que se agravó con la decisión de las nuevas autoridades del Banco Central de acentuar el atraso cambiario respecto del aumento de los costos de las empresas, porque profundizó la pérdida de competitividad de la producción nacional, explica la política laboral que siguen las empresas privadas.

Por el contrario, no se perciben esas tendencias en el sector público, donde el gasto crece a una tasa que supera en más de siete puntos porcentuales a la tasa de inflación que miden las consultoras privadas y duplica en exceso a la suba de precios que reconoce el Indec, el empleo se expande a una tasa de 2,7% por año y acumula más de 6 por ciento en el trienio y por tanto la masa salarial crece más que en el ámbito privado.

Hay que destacar que pese a que el empleo del sector público representa menos de un cuarto del total de los puestos de trabajo en el sector privado y que la población crece a un ritmo inferior a uno por ciento al año, entre 2011 y 2014 se elevó en una proporción de casi uno a (90.000 nuevos puestos netos versus 110.000 fuera de ese ámbito).

Más recesión o reactivación de calidad
Frente a esa realidad, los economistas referentes de los partidos políticos que con más chances de ganar en las próximas elecciones presidenciales, aseguran que sus programas económicos se caracterizarán por el gradualismo más que por ajuste de shock, porque “encarar un plan de severo ajuste fiscal no será soportado socialmente, sería un caos, afirman”. Aquí cabe recordar una vieja reflexión del líder radical Ricardo Balbín: “Los argumentos que usan los políticos para llegar, no sirven luego para sostenerse”.

Pero la pregunta que surge de inmediato es ¿no están viviendo en los agentes económicos del sector privado un caos creciente desde hace tres años, por no ir más lejos, -aunque sin llegar al extremo de la crisis del verano de 2002- soportando no sólo exceso de regulaciones, precios administrados y “cuidados”, aumento de la presión tributaria, sea por suba de alícuotas en los impuestos y tasas provinciales y municipales, sea por el empecinamiento del Poder Ejecutivo de no autorizar los ajustes por inflación de los balances y en el caso de las personas físicas la actualización de las escalas y mínimos no imponibles de Ganancias, tanto para asalariados como más aún para trabajadores autónomos; la discrecionalidad en la forma y tiempo de autorización de los pagos de importaciones, aún de insumos y partes esenciales para la salud; los cupos o directamente prohibiciones de exportar y ahora las denuncias de supuestas maniobras de evasión, lavado de dinero y sobre y subfacturación de importaciones y exportaciones; así como sanciones a casas de Bolsa, de cambio y también bancos por no haber cumplido en tiempo y forma con algunas formalidades menores; además de la discrecionalidad en el manejo de la política cambiaria, centrada en cerrar cada vez más la economía, porque aleja la competitividad de la producción nacional con la del resto del planeta?

Por el contrario, en el sector público nacional reconocen que se asiste a la profundización de la política fiscal expansiva, entendida por el aumento sin techo del gasto público, con brecha creciente sobre lo que posibilita la dinámica de la recaudación de impuestos y los pedidos de anticipación de liquidación de exportaciones a las cerealeras y sojeras, como el señalado impuesto inflacionario por no ajustar los mínimos no imponible. Y que esa brecha neta negativa entre ingresos y gastos es la responsable no sólo del exceso de emisión por parte del Banco Central, sino también de la sostenida pérdida de reservas de divisas porque el Poder Ejecutivo ha decidido desde 2007 usar esa caja para pagar gastos corrientes, como importaciones de energía, gas y petróleo, además de los crecientes servicios de la deuda pública.

Corregir semejantes distorsiones en las finanzas públicas, que, como se dijo, arrastran a desequilibrios en lo monetario y cambiario, porque terminan afectando la balanza de pagos por la cuenta comercial y también capital, al desalentar la llegada de inversiones de largo plazo y su financiamiento, más allá del conflicto con los holdouts, no pareciera que se pueda hacer en forma efectiva con políticas gradualistas. Requieren acciones de shock como en su momento fueron el Plan Austral en 1985, o la Convertibilidad en 1991, para no ir más lejos, pero a diferencia de esas experiencias fallidas, en lugar de abortarlos a mitad de camino, se requiere sostenerlo con el norte puesto en el saneamiento de las cuentas públicas y la liberación de las ataduras que se le fueron imponiendo al sector privado.

Se suele argumentar que hacer eso hoy implicaría profundizar la recesión y generar un caos social, con una tasa de desempleo que se podría desbocar a más de 20% de la población económicamente activa. Sin embargo, quienes así piensan están subestimando el caos que enfrenta gran parte de la actividad privada que reconoce que los empleados están perdiendo poder de compra y a muchos de ellos se les envía el telegrama de despido, además de que no repone las vacantes que se producen, porque por el aumento de los costos y la pérdida de competitividad cambiaria, ve caer los niveles de ventas y las ganancias, que sólo crecen nominalmente y son transferidas en proporciones crecientes a la AFIP, pero no vuelven en mejores servicios e infraestructura para la sociedad.

Está claramente demostrado que la empresa privada es sensiblemente más eficiente que la pública, y por tanto bajar el gasto en la administración, despidiendo a punteros políticos y aplicando una política racional de remuneraciones, en particular para los nuevos puestos para “jóvenes sobresalientes” que no encontraban una ocupación en la actividad privada productiva, y reduciendo la presión tributaria a empresas y trabajadores; junto con la eliminación de los cepos, cupos y toda la maraña de prohibiciones que afectan el clima de negocios, y reducción de la presión tributaria, redundarán en una singular tonificación de la actividad productiva y comercial que con la generación de empleos de calidad compensará con creces aquella destrucción de empleos improductivos.

Para no tener grandes problemas hay que gestionar

Después de doce años de una de las peores crisis que afectó a la Argentina, las máximas autoridades de Gobierno no hacen más que minimizar el caos actual, en lo social, en las finanzas públicas, lo monetario y en el orden cambiario, y para eso lo comparan con la situación que predominaba en los últimos días de 2001 y primeros meses de 2002.

Desde entonces, no sólo ha gobernado un mismo signo político, sino que más del 90% del tiempo estuvo bajo el dominio de supuestas ideas progresistas que levantaron las banderas de la inclusión social, la igualdad de oportunidades y generación de millones de empleos, pero siempre los errores y desaciertos fueron atribuidos al otro y, en el mejor de los casos, compartidos, nunca propios.

Sin embargo, se insiste en el relato más que en la realidad. El Jefe de Gabinete repite en sus ya habituales conferencias de prensa matutinas que “en los últimos diez años se generaron más de 6 millones de empleos”, pero no hay estadística oficial, incluso del devaluadísimo Indec, que avalen esa cifra. En el mejor de los casos se crearon en términos netos 4,6 millones de puestos desde fines de 2001, de los cuales 900 mil se originaron en el miniciclo de Eduardo Duhalde.

Los saqueos, la injustificable sublevación de fuerzas policiales en las provincias en reclamo de ajustes de salarios, los apagones, el persistente deterioro de la calidad educativa, la pérdida del excedente energético, la hemorragia de las reservas del Banco Central (ahora controlada con medidas de poco alcance), por citar hechos dominantes en las últimas semanas, son las consecuencias de la negación de la realidad, de vivir de un relato que no puede ser avalado por las propias cuentas públicas.

Las innumerables pérdidas de vidas humanas por las incapacidades manifiestas del Gobierno, aunque siempre se encarga de minimizar las responsabilidades cargando con la culpa del otro: las provincias, la oposición, los empresarios, los sindicatos no afines y, por supuesto, la prensa independiente, exigen ya un Nunca Más al relato, a esquivarle el pecho a los problemas, más aún cuando claramente la mayoría han sido auto infligidos.

Medidas que probaron su fracaso
La inflación no se combate negándola y menos aún con congelamientos prolongados de precios de una canasta básica, análisis de la cadena de valor, la matriz de insumo-producto o con la crítica pública a los empresarios a los cuales se los tilda de inescrupulosos con abuso de posición dominante, etc. Es mucho más sencillo, al menos para encauzarla a niveles tolerables: equilibrar las finanzas públicas y prescindir del financiamiento espurio del Banco Central, o usando recursos de jubilados en fines no productivos.

El Gobierno ha encontrado una singular respuesta positiva de los agentes económicos a los sostenidos aumentos de impuestos, pero no ha cumplido su rol de asegurar la eficiencia en el destino de esos fondos para honrar los objetivos que les dieron origen, y por el contrario se ha excedido a niveles que ya se tornan insoportables y perjudiciales para la sociedad en su conjunto.

La liquidación de divisas de los exportadores, como el ingreso para inversión, sea de residentes, como también del resto del mundo, no se logrará con atajos, como la emisión de Letras dolarizadas del Banco Central, o con mini ajustes diario del tipo de cambio que superan largamente el nivel de las tasas de interés. Se requiere una política de competitividad integral, que incluya estabilizar los precios de la economía, alentar el comercio internacional con igual énfasis que el mercado interno (fue un error tornarlos antagónicos), y no apropiarse de la renta con impuestos ad hoc y políticas discrecionales, tanto para exportar como para importar.

El impulso de la inversión extranjera no se logrará con misiones puntuales y desesperadas de un par de funcionarios a Angola, China o Rusia, sino con acciones más simples: garantizar el respeto de la propiedad privada, la retribución del capital, sea nacional o externo y con la vuelta a un tipo de cambio único y flotación con intervención del Banco Central.

Los subsidios se admiten como políticas de corto plazo, para enfrentar situaciones de crisis, o deficiencias estructurales, mientras se adoptan las acciones tendientes a revertir esas carencias, pero nunca son recomendables sostenerlos por tiempo prolongado, porque pierden efectividad al comenzar a revelar la incapacidad del gobernante para cumplir con sus promesas de una efectiva inclusión social.

Volver a las fuentes
Los libros de economía, finanzas públicas y sobre el comercio internacional que se han escrito en los últimos 200 años no son novelas y ensayos destinados a una lectura efímera en las vacaciones de verano, sino que constituyen enseñanzas de quienes se ocuparon y ocupan de analizar el comportamiento de las personas, las empresas y gobiernos (la economía es una ciencia social), para luego poder diseñar políticas que conduzcan de modo eficiente al mejor manejo de los recursos escasos para poder elevar la calidad de vida del conjunto de la sociedad, no de un simple promedio, con distribuciones crecientemente desiguales.

Desestimarlos, al punto de creer que “la seguridad jurídica es un concepto horrible”, como declarara el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, durante su monólogo en el Senado al día siguiente de desalojar a los empujones de YPF a sus directores y gerentes, en los primeros días de abril de 2012, llevó a la crisis actual, pese a que el relato lo niegue.

Empresarios, banqueros, economistas y un amplio espectro de la dirigencia política, se manifiestan convencidos de que el país mantiene condiciones estructurales y coyunturales para poder volver rápidamente a un sendero de estabilidad de precios, captar inversiones singulares y superar la crisis social. Sólo falta que el Gobierno diga Nunca Más al relato, despeje el velo que durante los últimos años ha usado para no ver la realidad, y acepte que la estabilidad de las reglas, el respeto de las instituciones y el verdadero debate en el Congreso, donde las buenas ideas y propuestas de opositores sean incorporadas, posibiliten una transición ordenada hacia una saludable alternancia política, de personas y también de partidos

Cuidado con gastar a cuenta de la cosechas y de la inflación

Ya próximo a iniciarse el año legislativo, a nivel Gobierno, y escolar de planificación para todo el año, para las familias, comienzan a hacerse los primeros ajustes de presupuestos, tras la suba estacional en los primeros meses por las fiestas, vacaciones y nuevos feriados de carnaval y otros.

Del lado del Gobierno se especula con la disponibilidad de unos u$s3.500 millones que adrede se habían pautado en el Presupuesto 2013, aprobado a ojos cerrados por el oficialismo, al no cumplirse la meta de un crecimiento del PBI en 2012 superior a 3,26% para disparar el pago del cupón PBI que incluye gran parte de la deuda ingresada al canje.

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