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En las puertas de otro default por disfrazar la realidad

Una semana atrás el ministro de Economía, junto a los técnicos del Indec, se presentó a la prensa para dar a conocer una apretada síntesis de la nueva forma de cálculo del PBI, que determinó que en lugar de crecer 4,9% en 2013 se había expandido 3%. Los mercados entendieron que se trató de una salida desesperada para ahorrarle al país más de 3.000 millones de dólares que debía destinar al pago de cupones que recibieron gran parte de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, por un nivel de crecimiento inexistente, en un escenario donde las reservas del Banco Central ya perforaron el piso de 27.000 millones de dólares.

Sin embargo, de la lectura de la letra chica de los prospectos de canje de la deuda que fue declarada en cesación de pagos en los últimos días de 2001, surge con aparente claridad que el cambio de base de cálculo del PBI con una nueva estructura de precios, fenómeno que se prevé se repetirá una o dos veces antes de 2034, determinará una revisión de los parámetros disparadores del pago de una renta condicional a los tenedores de los nuevos bonos.

Así, para el caso actual, el principal mentor de los términos del canje, Guillermo Nielsen, estimó que con la nueva metodología de cálculo del PBI de 2013 el disparador de pago del cupón se reduce de 3,22% que se había establecido en base a los precios de 1993, a 1,75% a precios de 2004, mientras que bancos de inversión de Wall Street achican aún más esa referencia a 1,29 por ciento.

El Gobierno aún no ha dicho nada sobre este punto. Sólo hablaron los mercados, a través de singulares órdenes de venta de cupones, en la convicción de que hasta 2017 no verán un peso, por el receso actual y estancamiento proyectado con alta inflación, al menos hasta el año próximo.

A este grado de confusión se llegó por el estado de hipocresía en el manejo de las estadísticas públicas y en la falta de nobleza para reconocer los errores y enmendarlos sin apelar a mecanismos que pueden derivar en mayores costos a los que se pretende evitar.

Claramente, en 2014 no se puede seguir calculando la capacidad de generación de riqueza del conjunto de la población y empresas a los precios de 1993, porque no sólo se pasó de un escenario de incipiente estabilidad de precios y expectativas de crecimiento, tras haber pasado por dos episodios de hiperinflación, a otro de alta inflación con tendencia recesiva, sino porque también en los últimos 20 años cambiaron los hábitos de consumo, a la luz de las nuevas tecnologías.

Pero previamente hubiera sido más recomendable revaluar las estadísticas base del Indec, tanto de precios y de cantidades, sin cambios metodológicos, tras las denunciadas irregularidades que se cometieron desde 2007, las cuales hubieran arrojado un crecimiento de la economía inferior a tres por ciento, como estimó el consenso de las consultoras privadas con la metodología tradicional a precios de 1993.

La diferencia no es menor, porque haber llegado un número similar, pero por diferentes caminos, puede llevar a caer en un nuevo default, con el consecuente impacto negativo sobre la economía en términos de pérdida de oportunidades de empleo y mejora de la calidad de vida, si Economía decide aferrarse al umbral de 3,22% y comunicar formalmente el no pago del cupon del PBI, ahora o el 19 de septiembre próximo.

Se generaliza la caída de las variables reales
Mientras tanto, hoy se observa que desde que el Gobierno decidió comenzar a sincerar las estadísticas oficiales, aunque lo hace a ritmo lento y desprolijo, todos los indicadores básicos vinculados con la actividad se alinearon en la senda negativa.

El primero fue el reconocimiento del aumento de la inflación, el cual arrastró en sentido inverso a la estimación de crecimiento del PBI, más allá del comentado impacto sobre el no pago del cupón PBI y el ahorro posible de más de 3.000 millones de dólares.

Luego vino el efecto negativo sobre la mejora del poder de compra de los salarios de la aceptación de la escalada de los precios, aunque aún no se acepta el fracaso de los sistemas de controles, porque desde junio de 2013 el promedio de suba nominal de los salarios que calcula el Indec se ubica por debajo del alza real de los precios al consumidor, y se agravó en el primer trimestre del nuevo año.

Pese a ese desagio que sufren los presupuestos de las familias, el Gobierno, que dice que no quiere ser hipócrita, según manifestó la Presidente en uno de sus cuatro mensajes en cadena nacional en una semana, se opone al ajuste de los mínimos no imponibles de Ganancias, para asalariados y más aún para los trabajadores independientes, y menos aún de permitir el ajuste por inflación de las utilidades de las empresas, pese al impacto contractivo que esa decisión ejerce sobre el consumo y la inversión productiva.

Mientras que frente las incapacidades para generar confianza a través de la generación de un clima de negocios saludable, el Gobierno no encontró otra salida para reducir las tensiones cambiarias que endurecer severamente la política monetaria y dejar que las tasas de interés escalaran a niveles de asfixia financiera a las PyME y golpeara a un más las decisiones de consumo a crédito por parte de las familias.

De ahí que la recaudación de impuestos si bien volvió a superar en marzo la pauta presupuestaria de 25,5% de crecimiento interanual, no pudo equiparar a la tasa de aumento de los precios.

De ese modo se alejan las posibilidades de reducción del déficit fiscal, que no sólo es el principal factor de presión inflacionaria, por su financiamiento con emisión espuria del Banco Central, sino también de aumento de la deuda pública: 14.000 millones de dólares en el último año, pese a que el Gobierno usó unos u$s7.000 millones de reservas para pagar vencimiento y que por la devaluación de la moneda licuó otros 14.000 millones de dólares de deuda nominada en pesos.

El Gobierno en un brete

En el comienzo del undécimo año de Gobierno de un mismo signo político y continuidad estratégica, aunque con algunas modificaciones no menores entre la primera mitad y la segunda, se advierte que un largo período de crecimiento, inédito en 200 años, según afirma la Presidente, no ha sido suficiente para no depender del día a día.

Las familias no saben si podrán llegar a fin de mes con sus presupuestos, porque la aceleración brusca del ritmo inflacionario, a una tasa anualizada cercana a 50% en el primer bimestre, licuó las mejoras salariales y de jubilaciones anunciadas, pero aún no plenamente efectivizadas. Y para peor las posibilidades de que los miembros activos del hogar puedan hacer horas extras no sólo se han esfumado, sino que en varios casos, principalmente en la industria automotriz padecen los efectos del recorte de la semana laboral por suspensiones transitorias.

Y los datos del Indec sobre el desempeño de la actividad industrial en enero y febrero revelaron un proceso recesivo que se habría sostenido en marzo, según las expectativas empresarias que recogió el organismo oficial de estadística, con su consecuente impacto negativo sobre la generación de empleos.

Afortunadamente, el Gobierno, decidió abandonar su afán de mostrar un crecimiento irreal exagerado de 4,9% en todo 2013, dos puntos más que el estimado por el consenso de las consultoras privadas, y desistió avalar el trascendido de que honrará el 15 de diciembre el pago del cupón PBI que tienen incorporado los bonos de los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Se trataba de unos 2.500 a 3.500 millones de dólares, equivalente a 28.000 millones de pesos al cambio oficial. Ahora con semejante ahorro podría destinar una pequeña parte de esos fondos a auxiliar a las provincias, principalmente de Buenos Aires, para que puedan acercar posiciones en las negociaciones para destrabar el conflicto docente, en beneficio de los chicos.

Aunque acá el Gobierno se metió en el brete: porque al sincerar el crecimiento menor a 3,22% no pagará el cupón, y por tanto no dilapidará recursos escasos por haber sobre estimado por mucho tiempo el crecimiento, por efecto de haber subestimado la inflación en 2013 , generará un singular malestar en los mercados financieros, porque se devalúa aún más la seguridad jurídica. Mientras que si no lo hacía, alimentaba tensiones cambiarias, porque agravaría la posición de reservas en divisas, ya que aún con toda la ingeniería financiera y cambiaria del Banco Central no logran subir en el período de estacionalidad favorable del comercio exterior.

En el orden social, se percibe que la denominada década ganada fue insuficiente para sacar del estado de pobreza a más de 40% de los jefes de hogar y 50% de las familias que según el Indec terminaron el último año con ingresos inferiores a uno y tres salarios mínimo vital y móvil, respectivamente. El escenario se agravará con el sorpresivo recorte de los subsidios al gas y agua para todos los consumidores, cuando lo recomendable era avanzar más agresivamente sobre los sectores menores vulnerables.

Sólo control monetario y cambiario
Después de la devaluación del peso, para borrar las expectativas de futuros mega ajustes, y detener la escalada del dólar en el mercado libre, el Banco Central se abocó a retirar en forma acelerada los pesos excedentes en la economía y dejar que escalaran las tasas de interés a niveles más cercanos a la inflación, y más altas aún para el financiamiento del consumo privado por la vía del uso de tarjeta de crédito.

Pero el costo de esa estrategia fue el citado enfriamiento de la actividad productiva y comercial, con su consecuente impacto negativo sobre la recaudación de impuestos, sólo sostenida por el efecto de la inflación, no mucho más.

Y pese a que los precios internacionales se mantuvieron en niveles superiores al promedio histórico, el receso interno no se tradujo en un repunte de los excedentes exportables, por el contrario declinaron en el primer bimestre y el superávit comercial se redujo a la mínima expresión en comparación con un año antes.

Mientras que el frente fiscal siguió desbordado con una dinámica del aumento del gasto que amplió la brecha respecto del curso que siguieron los ingresos tributarios, y acentuó el rojo fiscal, que fue el principal disparador de las tensiones inflacionarias y cambiarias desde que se impuso el cepo cambiario a fines de 2011. Y ahora con la rebaja de los subsidios no hay certeza de que cambie la tendencia, porque el ahorro que se logre se destinará a intensificar las asistencias a las familias de bajos ingresos y a jóvenes que no estudian, no trabajan y ni buscan trabajan, para alentarlos a que se capaciten.

Dada la estacionalidad favorable de la balanza comercial en el segundo trimestre, junto a la estrategia del Banco Central de forzar a los bancos a que se desprendieran de su posición en moneda extranjera excedente, el Gobierno cuenta con tres meses más para intentar reducir el déficit fiscal, fomentar el comercio exterior, sin restricciones al pago de importaciones, y bajar las presiones inflacionarias, no ya a través de fracasados y repetidos controles de precios, sino de una austera política de gasto que despeje temores de aumento de la presión tributaria.

Esto aparece así, porque al haber utilizado el Banco Central toda una batería de astringencia monetaria y de anticipo de liquidación de divisas por parte de los exportadores de los complejos de cereales y oleaginoso, desde julio comenzarán a reaparecer las tensiones cambiarias y financieras, cuya magnitud dependerá de lo que ahora hagan las secretarías de Hacienda y Comercio, con el respaldo de los ministerios de Planificación y de Industria.