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Otra vez una ley laboral desgasta a un gobierno no peronista

El Gobierno nacional sigue pagando los costos de haber elegido el gradualismo para disciplinar las finanzas públicas y ordenar la cataratas de regulaciones y subsidios que afectan a muchos y benefician a pocos, mientras que en algunos casos ha optado por reforzar prácticas nocivas, como dar preferencias a inversiones de unos en detrimento de otros, y en extender un régimen de “precios cuidados” que dice exitoso, pero que no está probado haber contribuido a bajar la inflación y reducir la pobreza, cuando las causas de la inflación pasan por otro costado.

Ya a cinco meses de Gobierno no hay excusas para no hacer un balance claro de las hipotecas recibidas, no tanto para liberarse de culpas, sino para explicar a la sociedad en su conjunto el por qué de algunas decisiones “antipáticas” pero necesarias para poder iniciar el esperado camino de la reactivación, las inversiones generadoras de empleos y conducir a una drástica baja de la inflación, con políticas propias de países exitosos, incluidas la cobertura de ingresos a casi la mitad de la población que no tiene resto para esperar a que maduren esas iniciativas.

Confiar en que con el anuncio cada mes de medidas que ponen más el acento en los aumentos autorizados de precios de bienes y servicios, públicos y privados, que en la reducción de los costos laborales y la disminución de la presión tributaria sobre la aún baja proporción de la economía formal, al tiempo que se emiten señales contradictorias en la regulación de las tasas de interés, cobrarán impulso las inversiones productivas, es desestimar el efecto negativo sobre las expectativas de que “todo aumenta y seguirá aumentando”, mientras crece el descontento en parte de la sociedad no menor que aún no ha visto recompuesto sus salarios, y más aún de los trabajadores informales, autónomos y monotributistas, que casi siempre se los deja afuera, y cuando se los intenta incorporar para aliviar su situación de ingresos se aclara que deberán esperar la sanción de proyectos de ley que no se sabe cuánto tiempo demorará su tratamiento en las cámaras legislativas, como el paquete de medidas anunciado para las pymes.

Finanzas públicas poco claras
Aún la sociedad no conoce casi nada sobre la realidad fiscal, más allá de datos agregados que poco aportan a brindar transparencia en el manejo de las finanzas públicas, como cuántos empleados tiene hoy la administración pública en condición de personal efectivo en relación de dependencia y el registro de asistencia a sus tareas habituales; total de contratados y casos que aparecen en la nómina pero que nunca asistieron a una partición pública.

Tampoco se conoce cómo ha evolucionado la nómina de proveedores y concentración de los contratos de obra pública; y ni que hablar sobre la evolución mensual de la estadística de perceptores de los innumerables planes de asistencia social y los giros discrecionales de fondos a las provincias “amigas”.

Muy pocos discuten la influencia del déficit de 7% del PBI que arrastran las finanzas públicas en la determinación de una alta tasa de inflación, porque provoca enormes necesidades de financiamiento del Banco Central con emisión. Sin embargo, aún el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato, no ha brindado un conferencia de prensa para explicar qué encontró en su área, y qué políticas decidió instrumentar para explicar cuáles son los lineamientos y metas cuantitativas para reducir el rojo fiscal a la meta cercana a 5% del PBI que anunció el ministro Alfonso Prat-Gay.

Mantenerse a la defensiva, y esperar a que se manifiesten desvíos negativos, porque la economía se demora en reactivar, y por eso se tienen que instrumentar concesiones que deriven en incremento del gasto social, y aumentar la presión tributaria, como ocurrió con el caso de los cigarrillos a comienzo de mayo, sólo contribuirá a perder puntos, como en estos días ocurre con el mercado laboral, pese a que parecía de manual que un gobierno no peronista iba a enfrentar su primer embate en ese frente.

Así le ocurrió al presidente Raúl Alfonsín en 1984, a poco de asumir, cuando su proyecto de ley de reordenamiento sindical (mejor conocido como “Ley Mucci” debido a que su impulsor fue el entonces Ministro de Trabajo, Antonio Mucci) no fue aprobado; y luego sufrió algo parecido el presidente Fernando de la Rúa con su Ley de Flexibilización Laboral, aprobada en 2000 en la Cámara de Diputados con apoyo de la Alianza y el rechazo del PJ, y en abril de ese año el Senado la convirtió en ley con el apoyo de algunos senadores peronistas, porque tras la sanción de la norma, Hugo Moyano, entonces jefe de la CGT disidente, denunció que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le había dicho que para los senadores del PJ tenía “la Banelco”, en alusión al pago de supuestas coimas.

Es hora de que Prat-Gay encare una enérgica disciplina fiscal

El éxito del fin del cepo cambiario, porque no se dieron ninguna de las catastróficas profecías de los timoratos de siempre, así como el rápido acuerdo alcanzado con los holdouts más duros -sólo resta la aprobación del Congreso- debieran ser fuertes motivadores para avanzar aceleradamente hacia la búsqueda de la disciplina fiscal, condición sine qua non para atacar de cuajo el flagelo de la inflación y con ello comenzar a exterminar la pobreza.

Ya se ha dicho, y no parece ocioso reiterarlo, el destacado esfuerzo que está haciendo el Banco Central por sacar del circuito financiero el enorme excedente de pesos que dejó el Gobierno anterior, estimado en más de 30% de la cantidad de dinero en circulación al 9 de diciembre. Sin embargo, se sabe que la respuesta de los mercados a esa política de esterilización es lenta, entre 12 y 18 meses, y siempre y cuando se puedan cerrar todos los grifos que alimentaron semejante inyección de pesos.

Pero la pesada hipoteca que recibió el Gobierno, con muy pocos activos y una enorme carga de pasivos, como las compensaciones por la irresponsable y hasta supuestamente delictiva de venta de USD 17.000 millones de reservas a precios de liquidación, según se desprende del llamado a indagatoria por el juez Claudio Bonadío a la ex presidente Cristina Kirchner, al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central, por esa acción que se estimó implicará una inyección adicional al mercado de más de $100.000 millones, equivalente a otro 20% de la base monetaria, exige un esfuerzo adicional del Banco Central, el cual se manifestó en el salto de las tasas de interés de las Lebac a 37% anual.

Si bien se puede argumentar que el aumento del costo del dinero tendrá un carácter transitorio y que no debería trasladarse rápidamente a las tasas de interés de las colocaciones a plazo fijo y menos aún al costo del dinero para las empresas y familias, no se podrá evitar que una suba de casi seis puntos porcentuales anuales en una licitación para absorber apenas poco más del 2% de la cantidad de dinero en circulación, sea interpretada por los mercados como una señal clara de las restricciones para desacelerar la inflación y con ello todo lo que viene asociado: alza del dólar, caída de los salarios, aumento de la pobreza, demora de las inversiones productivas, etc., etc.

De ahí que pareciera que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, debiera ya abandonar su vocación gradualista para poner en caja las finanzas públicas, como se interpreta el objetivo que anunció de reducir el déficit fiscal antes del pago de intereses del corriente año de 5,9% del PBI heredado a 4,9%, y presentar un plan integral de disciplina fiscal, severo recorte y hasta eliminación de los subsidios económicos, esto es a empresas y familias con ingresos muy superiores al promedio nacional, acompañando por otros Ministerios con un rápido encuadramiento de las tarifas de gas, agua, transporte y telefonía, y la equivalente compensación a los sectores más desprotegidos con un refuerzo adicional de los subsidios sociales y hasta la recomendación de un aumento salarial, a modo de anticipo de lo que finalmente cada sector negocie en paritarias, luego de que se niveles todas las variables que habían quedado desfasadas .

Sólo así, y con un Banco Central que está obligado a compensar las pérdidas de las operaciones de venta de dólares a futuro a precio de remate por la anterior administración con una expansión adicional de base de hasta $70.000 millones hasta junio, pero al mismo tiempo a no abandonar su objetivo de desacelerar la creación primaria de dinero, las expectativas de inflación empezarán a ceder, clave para preparar el terreno para la llegada de inversiones, tanto del exterior, como más aún de los residentes que, como pocos en el mundo guardan parte de sus ahorros en moneda en cajas de seguridad bancaria.

Cambios de precios relativos versus inflación
Claramente, una estrategia de ese tipo es temida por el efecto inmediato sobre la suba de las tasas de interés y su supuesto impacto sobre una actividad económica que no crece, pese a que el estancamiento con alta inflación, destrucción de empleos y creciente pobreza tuvo lugar en un escenario de singular excedente de pesos y tasas de interés reales negativas, esto es que no le compensaba al ahorrista el efecto de la suba de los precios de los bienes y servicios que intentaba postergar su consumo.

Se sabe también que el uso del crédito ha sido muy escaso en los últimos cinco años, al punto que el Presidente dijo en su mensaje a la Asamblea Legislativa que en ese lustro “la Argentina dejó de recibir USD 100.000 millones y con eso se impidió que se generaran unos dos millones de puestos de trabajo”. De ahí que como estrategia antiinflacionaria y por corto plazo, subir drásticamente los encajes para retirar del mercado todo el excedente de pesos de una vez a costo cero para el BCRA, pareciera la medida recomendada para enfriar las expectativas de inflación e ingresar en serio en la etapa de normalización de las finanzas públicas, clave para recuperar la senda del crecimiento y atacar de cuajo la inflación y la pobreza.

Eso requiere que el gasto se concentre en lo relevante, y los ahorros que se obtengan con la limpieza de los focos de corrupción, de la eliminación de los sobreprecios en las contrataciones de bienes, servicios y obra pública y se prescinda del pago de salarios a quien no trabaja (ñoqui), se destinen tanto a exterminar el agobiante déficit fiscal heredado, como a encarar las tareas imprescindibles en materia de obras de infraestructura no hechas en la última década.

De ahí que no se comprende como el ministro de Hacienda y Finanzas que tuvo la convicción y la firmeza para enfrentar sin titubeos el fin del cepo cambiario y de la mayor parte de las retenciones, y haber logrado en tres meses lo que otros no pudieron, no quisieron o no supieron lograr en 15 años, estar próximo al fin del default de la deuda pública, se muestre tan cauteloso en impulsar una rápida disciplina fiscal y acompañar la ardua tarea que le compete al Banco Central, para transmitir a la sociedad civil y a las empresas la convicción de que ese es plan antiinflacionario, clave para acelerar las inversiones; primero serán las financieras para enfrentar los vencimientos de deuda; luego llegarán los créditos de organismos internacionales para reactivar las obras de infraestructura y finalmente las productivas en ampliaciones de plantas, renovación tecnológica y llegada de nuevas empresas.

Fuerte lobby por Ganancias, muy pobre por salarios y los desempleados

La decisión del Gobierno de Mauricio Macri de comenzar a “normalizar” el sistema tributario, primero vía la eliminación generalizada de las retenciones sobre las exportaciones y baja parcial para el complejo oleaginoso, y ahora con la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la extensión del alcance a los trabajadores autónomos, y se proyecta avanzar con la revisión del mínimo no imponible sobre los bienes personales y también con la aplicación de un IVA diferenciado para la compra de alimentos para jubilados y sectores de bajos ingresos, probablemente a través de un sistema de devoluciones hasta cierto nivel de compra, parece haber generado más rechazos que adhesiones, tanto de altos dirigentes sindicales, como Hugo Moyano, hasta encumbrados economistas y periodistas supuestamente especializados.

Semejante reacción, al punto de que se insiste en que “con la suba del mínimo no imponible, pero sin cambiar las escalas, se sigue cobrando el impuesto al trabajo”, dijo Hugo Moyano, pero también lo sostuvo una amplia legión de comunicadores, analistas, políticos de oposición y encumbrados artistas y personalidades de la televisión abierta, parece exagerada si se tiene en cuenta que en la Argentina los asalariados alcanzados por Ganancias representan menos de 7% del total de los trabajadores, o dicho de otro modo, 1 por cada 15 ocupados en una tarea rentada, en blanco y negro. Continuar leyendo →

La urgencia social y la oportunidad política para atacar la inflación

Cada vez más se escuchan declaraciones de políticos, analistas y peor aún de ministros y responsables de área, decir que “el presidente Mauricio Macri está esperando la oportunidad política para presentar un plan antiinflacionario”, pero poco o no nada se dice de una realidad social que ya no tolera vivir con alta inflación y con el consecuente deterioro de su calidad de vida, al punto de que desde hace un par de años casi un tercio de la población cayó en estado de pobreza.

Curiosamente, ese escenario se utiliza para argumentar la necesidad de seguir una política de baja gradual de la inflación, del 28 al 25 o a lo sumo 20% al año, porque provocar un poda sustancial del déficit fiscal, que es la causa de todos los males derivados que afectan a la economía argentina, en general y a las finanzas de las familias en particular, provocaría un tremendo ajuste con un alto costo social. Al menos eso es lo que dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay: “Si quisiéramos terminar con la inflación en dos meses, la única receta sería el ajuste, con la pérdida de fuentes de empleo y una menor actividad económica, pero nosotros no vamos a adoptar medidas que afecten a los humildes”.

Esa visión de la realidad fiscal, que ha sido la impulsora de la inflación reprimida durante más de ocho años, con una artificial paridad cambiaria; atraso en el valor de las tarifas de los servicios públicos respecto de los costos de producción, transporte y distribución y hasta la destrucción del Indec, me provoca escozor, porque implica desconocer que la principal fuente que alimentó y seguirá alimentando la inflación es un singular déficit fiscal que casi triplica al promedio mundial, porque sólo se puede financiar con emisión de pesos o endeudamiento improductivo.

Y pensar que generar ahorros impresionantes a partir de dejar de convalidar la corrupción en el gasto público que descubren a diario los diferentes Ministerios y reparticiones públicas; junto al exterminio de la real monto que se destina mes a mes a salarios ñoqui de gentes acomodadas y sin idoneidad alguna, como se va detectando en varios casos de beneficiarios que ni siquiera pisaron una oficina pública para cumplir una tarea, y otros lo hacían sólo para tomar mate porque no tenían ni escritorio, ni una silla, puede generar desempleo cuando claramente le han quitado con su accionar posibilidades de ocupación a más de un millón de personas en el sector privado, porque forman parte del engranaje de la crisis que se requiere revertir, es no tener un diagnóstico certero de la realidad sociomacroeconómica que ese cuadro provocó.

Acumulación de atrasos en el escenario internacional
Un reciente análisis retrospectivo de la economía argentina de los últimos 35 años y su comparación con el resto del mundo permitió comprobar que en ese período el país redujo en un tercio su contribución a la generación de riqueza mundial, en contraste con Chile y Colombia que lograron avanzar, o Paraguay y Perú que apenas sufrieron alguna merma, en un escenario donde China e India le quitaron una tajada a la mayor parte del planeta, aunque pocos como padeció la Argentina.

La explicación es clara y contundente, en esos 35 años el país transitó más de dos tercios con elevadísimas tasas de inflación, producto del desborde fiscal y monetario y pérdida el tiempo con controles de precios y anclas inflacionarias que lejos de proteger a los humildes los condenó a un estado recurrente de insatisfacción.

La crisis del Indec
Pese a semejantes antecedentes, en menos de 70 días de Gobierno las autoridades económicas se dejaron dominar por las repercusiones periodísticas que reflejaron las preocupaciones de altos dirigentes sindicales, analistas políticos y varios economistas por el impacto en precios del fin del cepo cambiario; la eliminación de algunas retenciones y bajas en otras, y la revisión del cuadro tarifario para el consumo de luz y pasos por puestos de peaje, mientras se anuncian autorizaciones periódicas de aumentos de la nafta pese a la baja del petrróleo, subas en cigarrillos, medicina prepaga y pedidos de otros, como las comisiones bancarias, y se esperan los nuevos cuadros tarifarios para el gas, agua y el transporte público de pasajeros, y decidieron el sorpresivo desplazamiento de la directora técnica del organismo oficial de estadística, Graciela Bevacqua.

Esa decisión de Jorge Todesca, quien responde a las directivas del ministro Alfonso Prat-Gay, no hizo más que dar a luz el estado de confusión y de prioridades invertidas que reina en una parte del gabinete económico, porque coronó una semana previa en la que muchos ministros se vieron en la necesidad de hablar de inflación y de pautas para las paritarias, sin advertir que con ello contribuían a alterar las expectativas del resto de los agentes económicos y a aumentar la ansiedad para que vuelva a funcionar el termómetro de la economía, mientras poco avanzaron con acciones concretas para bajar la alta temperatura de la enferma burocracia estatal, la cual se manifiesta en el desmadre de las finanzas públicas.

Se había avanzado en la dirección correcta con la declaración de la Emergencia Estadística y también con el reconocimiento formal de los índices de precios del Gobierno de la Ciudad y de San Luis, como sustitutos transitorios del IPCNu del Indec, porque no sólo se trata de oficinas públicas que siguen criterios internacionales, sino que en los últimos años mostraron variaciones consistentes tanto con el promedio de las mediciones privadas, sino también otros parámetros de la economía, como el índice de salarios y la recaudación tributaria. Pero una vez más, la política intervino sobre la ortodoxia económica, y su costo será convivir un rato largo con alta pobreza, a la espera de la oportunidad política de hacer el ajuste, o mejor dicho de imponer la disciplina fiscal de gastar mejor y acorde a los ya abultados recursos que recibe del conjunto de la ciudadanía.

No se trata de llevar agua para el molino de los economistas estudiosos, a los que muchas veces se los busca devaluar calificándolos de ortodoxos, esto es que siguen a pie juntillas las recomendaciones de los libros para corregir desequilibrios, más aún cuando se está frente a un diagnóstico claro, contundente y generalmente aceptado, pero no hay duda de que pretender buscar atajos y demorar la puesta en orden las finanzas públicas, con medidas antipáticas en muchos casos, como el del decidir el fin de los subsidios a los servicios públicos esenciales para los sectores de mayores ingresos, aunque para los “humildes” como definió Prat-Gay se estableció una tarifa social con costo cero peso para un consumo base, pese a que ni funcionarios y menos aún analistas y muchos periodistas rescatan el valor de esa excepción, sólo condenará al país a seguir transitando por el camino de la mediocridad, y al Gobierno a perder más rápido que tarde el respaldo que le brindó la mayoría de la ciudadanía en los primeros 70 días de Gobierno.

Las urgencias por comenzar a resolver las necesidades sociales no deben definirse en términos de conveniencias y oportunidades políticas, sino de acciones concretas e integrales de una vez, para que la ciudadanía se adapte a una nueva realidad, con otro nivel de precios, pero que inicie el franco camino hacia la estabilidad inmediata. El gradualismo no era recomendado para salir del cepo cambiario, tampoco lo es para encarar la disciplina fiscal. En el primer caso el shock funcionó y no generó tensiones sociales ni crisis como vaticinaban todos los economistas de la oposición, no se explica por qué se teme que ocurra lo contrario en el segundo.

Tomar decisiones aisladas, primero la baja de las retenciones, luego el sinceramiento cambiario, a posteriori la eliminación de los subsidios a los servicios públicos, más tarde la discusión salarial en paritarias y nada se dice de medidas efectivas y metas ambiciosas de disciplina fiscal, pese a que diario se descubren actos de corrupción, sabotajes y un singular ausentismo de personal, no solucionará los problemas de fondo. Peor aún, aumentará las necesidades de ajuste de quienes han sido los más afectados en los últimos años: los que cayeron en la pobreza, los que desde hace cuatro años se encuentran con un mercado laboral cerrado para el primer empleo, los que por pagar el impuesto inflacionario perdieron mercados de exportación y no pudieron encontrar plazas sustitutas a la menor demanda de Brasil. Nada cambiará porque por urgencias políticas el Indec acelere la elaboración de un índice de precios.

Otra vez los ineficientes controles de precios

El Gobierno nacional, impulsado por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, que considera que el precio de la carne está aún alto y que no ha bajado lo suficiente (“A nuestro entender todavía sigue siendo alto, porque el precio salida de industria de la costilla es de $65”, dijo al inicio de los feriados de Carnaval) se abocó a salir a la calle para controlar los precios.

No era la primera vez que funcionarios del Gobierno nacional alertaban a empresarios industriales y del comercio que si es necesario aplicar las normas vigentes y hasta abrir la competencia de las importaciones lo iban a hacer para que no haya abusos en la remarcación de precios.

Era sabido que entre los costos de la herencia recibida estaban la salida del cepo cambiario, por el consecuente atraso deliberado de la paridad entre el peso y el dólar, y el fin para gran parte de las retenciones que terminaron por deprimir las exportaciones de todo tipo, y la inflación contenida, porque levantar esos obstáculos iba a provocar un natural cambio de precios de los bienes que estaban constreñidos. No se escapó la cotización del dólar, pero sí la de muchos alimentos, no sólo la de la carne, la harina o la leche. Continuar leyendo →

El shock a cuenta gotas es enemigo de las expectativas

El Gobierno experimentó exitosamente la salida del cepo cambiario sin que hasta ahora se cumplieran los vaticinios de muchos economistas que recomendaban el gradualismo, al menos para los primeros 100 días, porque de lo contrario se corría el riesgo de caer en una espiral inflacionaria provocada por una violenta depreciación del peso.

A poco más de 40 días de la acertada decisión de comenzar a normalizar la economía, eliminando restricciones que causaron sólo daños a la mayoría de los argentinos, sea por la destrucción de las reservas del Banco Central, al erosionar groseramente la competitividad de la producción nacional, sea por la destrucción de las oportunidades laborales, sea por haber resultado un ancla fallida contra el control de la inflación, aquellos temores virtualmente desaparecieron.

Sin embargo, en materia fiscal, el Gobierno sigue respondiendo a las recetas de quienes aconsejan un avance gradual hacia el encuadramiento del desmadre que recibió en las finanzas públicas, con anuncios parciales y resoluciones confusas sobre los cambios en los cuadros tarifarios y asignaciones discrecionales en el reparto de los fondos coparticipables con las provincias, pese a que de ese modo en poco contribuye a corregir los singulares problemas de fondo.

De ahí que no sorprendió que en el primer mes de Gobierno la confianza de los consumidores se haya mostrado mezquina en su evolución, con una modesta baja 1,6%, atenuada por una leve mejora en la Capital Federal y en menor medida en la Provincia de Buenos Aires, donde ganó el actual oficialismo, dada la brusca caída que un informe para la Universidad Torcuato Di Tella detectó en el resto del país.

Ese escenario determinó que por segunda semana consecutiva el Banco Central tuviera que limitar al mínimo en la última licitación de Lebac la política de absorción del abultado excedente monetario que recibió en herencia, más los $40.000 millones que debió inyectar al mercado en compensación por la irresponsable venta de dólares a futuro a una paridad singularmente subsidiada por el equipo que respondía a las decisiones e iniciativas de Alejandro Vanoli en el último mes de la presidencia de la Nación de Cristina Kirchner.

Inflación, recesión y algo más
Uno de los grandes costos que está enfrentando el presidente Mauricio Macri es que el gradualismo en la corrección de los grandes frentes abiertos en el plano fiscal, que ha dejado un arrastre de déficit de más de 7% del PBI, es que en lugar de haber provocado un cambio de una vez en el nivel de precios relativos de la economía, con la eliminación de las retenciones, con la excepción del complejo sojero, el sinceramiento cambiario; la supresión de los subsidios a los consumos de luz y gas para los sectores de altos ingresos; congelamiento nominal del gasto público -dado el colchón que tiene incluido en sobreprecios en las contrataciones, empleados ñoquis, y superposición de tareas y asignaciones de gastos, en particular en publicidad y propaganda, y asesorías externas-, está provocando una espiral inflacionaria que sólo en las expectativas de todos los bien intencionados se espera que se corte hacia el comienzo del segundo semestre, aunque a costa de una nueva recesión del consumo y la producción.

Los índices de inflación reconocidos oficialmente hasta que el Indec vuelva a publicar el Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano, arrojó en diciembre 3,9% en el caso de la medición de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires y 6,5% en la estimación de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de San Luis; y se proyecta otro tanto, para enero, y también para febrero con los aumentos que comenzarán a regir para los cuadros tarifarios de luz, pese a que se atenuarán con el establecimiento de una tarifa social, y para los pasos por los puestos de peajes, y marzo con la estacionalidad de los productos y servicios escolares, el cambio de temporada para la ropa y los servicios de turismo para la temprana Semana Santa.

Este no es el mejor escenario para evitar tensiones y reclamos de los gremios de recomposición salarial muy superiores a las metas objetivo que anunció el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prar-Gay, del 20 a 25%, y menos aún respecto de la banda más cercana al extremo que anticipo Mauricio Macri en Davos.

Todavía se está a tiempo para anunciar un plan concreto de reordenamiento fuerte de las finanzas públicas, que facilite la tarea del Banco Central de tender a la estabilidad monetaria y de los precios, clave para poder reimpulsar el crédito hipotecario, como se han fijado como objetivos relevantes los nuevos presidentes del Banco Nación, Carlos Melconian y del Provincia de Buenos Aires, Juan Curutchet, y dejar para presentar al Congreso el 1 de marzo las discusiones también relevantes de cambios en la coparticipación federal de impuestos; reforma tributaria, Asignación Universal por Hijo y prioridades en el plan de obras públicas, entre otras iniciativas.

De lo contrario, los anuncios y decisiones casi diarias de política económico-social lejos de contribuir a mejorar el escenario para volver a crecer y reconstruir la confianza, pueden llevar a realimentar un estado de incertidumbre que podría tornase creciente a medida que se diluye la clásica “luna de miel” que acompaña inicialmente a todo nuevo gobierno.