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Deuda pública y salario mínimo, una relación desafortunada de la Presidente

En su mensaje a los legisladores y al pueblo argentino en la apertura de la sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1 de marzo, la presidente Cristina Kirchner hizo referencia a la relación entre el total de la deuda pública externa y la cantidad de salarios mínimos vital y móvil por habitante “para que podamos tener una idea de cómo estamos posicionados”.

La relación no parece muy afortunada, por diferentes motivos:

En primer lugar, porque el acceso al salario mínimo vital y móvil no es para toda la población, sino, en el mejor de los casos, para el total de los trabajadores, los cuales según los últimos números del Indec ascienden a unos 17,85 millones de personas.

En segundo lugar, porque los números que desde el Ministerio de Economía o de Trabajo le acercaron a la Presidente están muy alejados de la realidad, porque, en el mejor de los casos se limitaría a los trabajadores registrados, sean asalariados o independientes, los cuales representan menos del 60% del total de los ocupados.

Cristina Kirchner dijo que en “el año 99, cada argentino debía 10,6 salarios mínimos, vitales y móviles de deuda externa. En 2003, eso había llegado a 25,6 salarios mínimos, vitales y móviles por argentino. A junio de 2013, estábamos en 1,9 salarios mínimos, vitales y móviles; no alcanzábamos a dos salarios mínimos, vitales y móviles luego de la reestructuración de deuda externa más exitosa de la que se tenga memoria”.

Sin embargo, si a los 58.400 millones de dólares de deuda externa pública que se registraba a fines de junio de 2013 se los convierte a pesos al “cambio oficial de equilibrio de convergencia macroeconómica” de ocho pesos y se lo divide por 42,3 millones de habitantes se obtiene una carga por persona de 11.055 pesos, la cual comparada con el salario mínimo vital y móvil actual de 3.600 pesos determina una proporción de 3,1 veces. Mientras que se eleva a 7,3 veces por cada trabajador (en blanco y en negro).

Desendeudamiento relativo y SMVM inalcanzable
No obstante, allí no se cierra la discusión sobre cuánto realmente debe cada argentino, por los compromisos a plazo del sector público en su conjunto, como si ya no contribuyera con el pago de sus impuestos sobre los consumos y ganancias. Es que una característica de la última década fue que el Gobierno siguió una “política de desendeudamiento” con el resto del mundo, a cambio de un abultado endeudamiento con el mercado interno, principalmente con el Banco Central, la Anses, el PAMI y también bancos privados, al punto de acumular el equivalente a 196.100 millones de dólares a fines de junio de 2013 (último dato oficial) y una proyección conservadora a hoy de unos 205.000 millones de dólares.

De ahí que si se repite el ejercicio anterior de convertir el total de la deuda del sector público a pesos al cambio de ocho pesos y se lo divide primero por habitante y luego por el SMVM surge una relación de 10,6 veces y trepa a 25,2 veces por trabajador.

En tercer lugar, y más importante, porque de la última información del Indec sobre distribución del ingreso surge que más de 42% de los jefes de hogar no llega a cobrar por todo concepto (salario y asistencia social) el equivalente a un salario mínimo vital y móvil. El cuadro es aún más inquietante, cuando de la misma fuente se desprende que más de 48% de las familias argentinas no logra reunir ingresos equivalentes a dos SMVM, pese a que su consumo es estimado por el propio organismo oficial de estadística en el equivalente a 3,09 adultos.

Por tanto, más que contentarse la Presidente por la indiscutida actualización del nivel del salario mínimo vital y móvil en la última década, debiera preocuparse porque sus ministros no logran que los actores del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario: dirigentes sindicales, empresarios y el propio Poder Ejecutivo Nacional, hagan cumplir aguas abajo el dictado de la Constitución Nacional: “el SMVM es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral, para asegurarle la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional”.

El Baade, un símil del Bono Patriótico 2001

En los primeros días de agosto de 2001, como uno de los últimos recursos para salvar el régimen de convertibilidad fijo de un peso por dólar, en lo que finalmente fueron los meses finales del gobierno de la Alianza, el ministro de Economía Domingo Cavallo y el viceministro Daniel Marx ofrecieron a un grupo de empresarios en el Palacio de Hacienda la suscripción de un Bono Patriótico por un total de u$s1.000 millones, con una tasa de 7,5% anual por adelantado.

Ahora parece asistirse al mismo escenario, tras el fracaso de la suscripción de Cedines en el primer tramo del blanqueo, que está vigente, pero al que muy pocos adhieren, con el propósito de “sostener el modelo y compensar la sostenida pérdida de reservas en divisas del Banco Central”, justifican en el Gobierno. Se advierte que tanto de Economía como de Comercio se “invita” a los empresarios a ingresar dólares del exterior, por la vía de prefinanciación de exportaciones o para encarar proyectos de inversión en infraestructura, como las energéticas.

Primero fue a las cerealeras, luego a petroleras y bancos, también a cadenas de supermercados, ahora a las mineras y automotrices, pero la respuesta no ha sido auspiciosa, más allá del compromiso formal de análisis para no aparecer como descorteses frente a las presiones de Guillermo Moreno.

Facilidad insuficiente
La Secretaría de Finanzas volvió a destacar en la convocatoria a una nueva recepción de solicitudes de suscripción (la octava) del “Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade)”, que no será limitada al programa de exteriorización, como originalmente surgía de la Ley 26.860 de Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el País y en el Exterior, así como del decreto 1.503/2013 y la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 256/2013.

De este modo, se habilitó la suscripción registrable o al portador, en dólares billete o con transferencias del exterior, a quienes ingresen fondos propios en blanco o incluso tomen deuda en el exterior, pero con la condición de que suscriban Baade y lo mantengan en su poder hasta el vencimiento en 2016, a cambio de una renta fija de 4% anual.

La oferta no luce atractiva, habida cuenta de que no se trata de la habilitación de ingresos de capitales para reanimar la producción productiva, en particular en el área energética, sino lisa y llanamente de inducir al endeudamiento en el exterior de las empresas privadas, ante la imposibilidad del Gobierno nacional mientras no cierre el capítulo del default con los holdouts, y en especial con el Club de París -que requiere, para destrabarlo, aceptar la auditoría del artículo IV del FMI-, a un costo elevado.

Hoy, por ese escenario de cierre al mercado internacional de capitales y la pérdida de los superávit gemelos, comercial y fiscal, el índice de riesgo país se ubica en 860 puntos básicos. Esto significa que quien tome un crédito en el exterior deberá afrontar un costo mínimo cercano a 9% anual en dólares (860 pb de riesgo país sobre una tasa del Bono del Tesoro de los EEUU de 0,6% anual a tres años), para obtener una renta interna prometida de apenas 4% anual. No parece un negocio atractivo.

Incluso, en el caso de las grandes compañías exportadoras, en particular las que tienen casas matrices en el exterior, es posible que puedan acceder a endeudamiento directo a un costo sensiblemente menor, en comparación al que pagarían si lo tomaran con una entidad bancaria, pero salvo un compromiso “patriótico” no hay razones para desviar fondos a un país que se ha mostrado en los últimos tiempos hostil con el capital, y en particular con la inversión extranjera directa y los acuerdos comerciales con las principales potencias, al virtualmente prohibirse el pago de dividendos a no residentes.

De ahí que la compra de un “bono patriótico”, como en 2001, está llamado al fracaso, porque en simultáneo el Gobierno no toma las medidas correctivas de su mal llamado modelo económico, tanto en lo que respecta a acciones de política económica, como de sus ejecutores.

Por tanto, en la medida en que, agravado por el cuadro de convalecencia de la presidente Cristina Kirchner, se persista en buscar paliativos de las consecuencias del deterioro que sufre la economía y en especial gran parte de la sociedad, como ocurre desde fines de 2007, cuando se decidió intensificar los controles, exacerbar el consumo en detrimento del ahorro y la inversión, aislarse del mundo con la apertura de conflictos comerciales en varios frentes, e imponer cepos y restricciones a cualquier demanda de moneda extranjera, sea para ahorro, viajes o incluso para compra de insumos para la producción, se asegurará agravar los desequilibrios, antes que reducirlos. Eso es lo que parece reflejar la escalada del dólar libre en las últimas semanas.