Desde el 10 de diciembre se viven en la Argentina tiempos de cambios profundos, tanto en lo referente a las políticas que apuntan a la normalización de la economía, como a dar respuesta a viejos reclamos sociales en pos de una mejor distribución de los recursos en la sociedad.
Sin embargo, en esta primera etapa aparecieron los antagonismos, como River-Boca, optimistas-pesimistas, radicales-peronistas, populistas-liberales, y así la lista puede ser interminable, hasta llegar a otro extremos como hacer pronósticos sobre la base de mirar para atrás (espejo retrovisor) o hacia adelante (catalejo).
Claramente, la generalización del estado de emergencia, pese a haberse instalado en la crisis de 2001 y nunca se levantó, a las estadísticas públicas, la situación energética y ahora se propone al Congreso que también la declare para el sistema previsional, junto a más de cuatro años de virtual estancamiento de la economía y acumulación de severos vicios y alteraciones de las reglas de juego que derivaron en una singular indisciplina fiscal, con un exceso de gastos sobre un récord de recursos equivalente a más del 7% del PBI, un 20% de los ingresos corrientes, torna nada sencillo predecir el ciclo de los negocios y de la realidad social para el segundo semestre, y el arrastre para la elección de medio término, en 2017.
Más aún cuando se advierte a diario un claro conflicto de intereses entre quienes por un lado reclaman urgentes medidas para erradicar la pobreza y revertir la destrucción de empleos, y al mismo tiempo se oponen a que se aplique una política monetaria austera para atacar la inflación y se ajusten las tarifas que durante más de una década estuvieron casi congeladas para un selecto grupo de la población, como camino para reducir el abultado rojo fiscal, fuente generadora de pobreza, como si los precios y salarios de la economía no se hubiesen multiplicado, en promedio, por 15 en ese período.
Lo mismo puede decirse de quienes en el último lustro estuvieron alertando sobre los riesgos que implicaba fomentar el consumo a niveles muy superiores a las reales posibilidades de la sociedad en su conjunto, por la vía del atraso cambiario, la administración de los precios y el congelamiento de las tarifas con subsidios que sólo aseguraban el descalabro de las finanzas públicas y el agotamiento de las reservas energéticas, porque en paralelo no se incentivaba genuinamente la inversión y menos aún las exportaciones; ya que se conmueven al ver que la demanda interna se contrae, más de los sectores de medios ingresos que los más rezagados, porque estos recibieron diversas fuentes de compensación de las medidas adoptadas.
Los pronósticos empiezan a mostrar una singular brecha
Ese escenario comienza a percibirse en la brecha entre las estimaciones de los economistas, por cuanto muchos, al parecer guiados por extrapolar al futuro las experiencias del pasado, y los datos de actividad del primer cuatrimestre, ya se animan a considerar que en el primer año de Gobierno no se podrán cumplir con las metas fundamentales de bajar la inflación, reducir el déficit fiscal y recuperar la senda del crecimiento que anunciaron el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. E incluso arriesgan un arrastre negativo que podría afectar el resultado electoral para el oficialismo.
Para eso se valen de poner en el haber las medidas que tienden a sumar ingresos o restar gastos al Tesoro nacional, como la reducción de los subsidios económicos, tarifas de los servicios públicos, baja de la tasa de interés del crédito externo y en el debe las pérdidas de recursos con la baja de las retenciones a los granos, industrias y minería; la restitución de coparticipación a provincias y el aumento de las erogaciones con la ampliación de los subsidios familiares, tarifa social y a las tasas de interés de los sectores afectados por las inundaciones, más los nuevos para reimpulsar el mercado automotor e inmobiliario; y la devolución de impuestos a los asalariados con ingresos superiores al promedio, con la suba del máximo no imponible retroactivo a enero, entre otras medidas.
Por el contrario, otros, más apegados a la ortodoxia y que saben que las medidas de política monetaria se manifiestan en un plazo no menor a 8 a 10 meses, como corrobora que la aceleración de la inflación a un rango del 40% tuvo tanto que ver por la expansión un año antes de la cantidad de dinero a ese ritmo, y de ese modo alimentó un atraso cambiario que no se pudo sostener; advierten que el aparente equilibrio, o incluso desbalance negativo entre las medidas adoptadas de transferencias de ingresos a la producción y los sectores más postergados, redundarán en unos casos más rápidos que otros en aumento del consumo, la inversión y también las exportaciones, que contribuirán a generar beneficios fiscales netos.
Además, presuponen, que un ordenamiento de las finanzas públicas, con eliminación de focos de corrupción, despilfarros e incompetencias, redundará en singulares eficiencias que harán un significativo aporte a la baja del déficit fiscal. Eso ya se puede ver con nitidez en la ejecución presupuestaria de los primeros cinco meses por parte de la Administración Central. Naturalmente, en este grupo se inscriben los economistas del amplio gabinete de Gobierno, pero también muchos de los respetados analistas de la City, de jerarquía similar a los que, por ahora, no creen en un punto de giro saludable en el segundo semestre.
En menos de seis meses se podrá comprobar quiénes estuvieron más acertados en sus pronósticos, los que no se pudieron despegar del espejo retrovisor, o quienes se arriesgaron a utilizar el catalejo para descubrir la luz al final del túnel de la economía.