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Fuerte lobby por Ganancias, muy pobre por salarios y los desempleados

La decisión del Gobierno de Mauricio Macri de comenzar a “normalizar” el sistema tributario, primero vía la eliminación generalizada de las retenciones sobre las exportaciones y baja parcial para el complejo oleaginoso, y ahora con la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la extensión del alcance a los trabajadores autónomos, y se proyecta avanzar con la revisión del mínimo no imponible sobre los bienes personales y también con la aplicación de un IVA diferenciado para la compra de alimentos para jubilados y sectores de bajos ingresos, probablemente a través de un sistema de devoluciones hasta cierto nivel de compra, parece haber generado más rechazos que adhesiones, tanto de altos dirigentes sindicales, como Hugo Moyano, hasta encumbrados economistas y periodistas supuestamente especializados.

Semejante reacción, al punto de que se insiste en que “con la suba del mínimo no imponible, pero sin cambiar las escalas, se sigue cobrando el impuesto al trabajo”, dijo Hugo Moyano, pero también lo sostuvo una amplia legión de comunicadores, analistas, políticos de oposición y encumbrados artistas y personalidades de la televisión abierta, parece exagerada si se tiene en cuenta que en la Argentina los asalariados alcanzados por Ganancias representan menos de 7% del total de los trabajadores, o dicho de otro modo, 1 por cada 15 ocupados en una tarea rentada, en blanco y negro. Continuar leyendo →

La recaudación de la AFIP plantea interrogantes

Una vez más, en agosto el aumento de la recaudación tributaria superó con creces a la tasa de inflación y a la variación promedio de los salarios en una magnitud que no se corresponde con ningún indicador genuino de la actividad agregada.

En la habitual conferencia de prensa, el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, justificaron la brecha de más de seis puntos porcentuales entre el crecimiento de los recursos tributarios y cualquier índice de precios, en el dinamismo de la actividad, y mencionaron el impulso de la construcción que alcanzó récord en julio, según el Indec.

Sin embargo, curiosamente, los funcionarios no hicieron mención ni explicaron por qué si la construcción está en apogeo, como suele ocurrir en los años de elecciones nacionales, el relevamiento de expectativas del Indec para agosto arrojó como resultado un predominio de empresas que reducirían el empleo por sobre las que lo incrementaría, habida cuenta de que nadie destruye empleos en plena bonanza, y menos aún, como ocurre en la obra pública aún, cuando quedan meses en que debería sostenerse el impulso.

Tampoco atinaron a explicar, y confieso que tampoco fue motivo de inquietud por parte de colegas periodistas, por qué si la actividad está tan pujante, dado que de la brecha entre la variación de la recaudación y la inflación se desprende una expansión del PBI del 5%, el consumo real promedio por establecimiento en supermercados volvió a bajar, y el patentamiento de automotores acusó caída en agosto de más de seis por ciento.

Pero no sólo eso. Un análisis de la serie histórica por año desde 2005 a 2014 de las variaciones del cobro total de IVA y del impuesto al cheque revela una brecha promedio entre esos dos tributos de más / menos cuatro puntos porcentuales, pero en agosto último ese gap se amplió a casi 20 puntos porcentuales y en los primeros ocho meses fue de once puntos.

De ahí se desprende, a primera vista, que en el desempeño del IVA habría gravitado un vencimiento de pago más que un año antes, dado que no se liquida diariamente, como ocurre con los débitos y créditos bancarios; o se le pidió a alguna mano amiga un anticipo a cuenta; o bien la economía está atravesando por un período de auge fenomenal que las estadísticas del Indec no llegan a captar en plenitud porque parte del crecimiento se generaría en la economía informal -aunque sí percibe el organismo ese efecto cuando elabora el Índice de Salarios- para eludir los insoportables controles de precios y tipo de cambio oficial administrado; o alguna falla en el sistema informático que suma algo más que la recaudación del mes calendario.

La bonanza de la Anses
Y así como la variación que mes a mes viene mostrando el cobro de impuestos vinculados con la actividad productiva y comercial crece mucho más que lo justificable por cualquier indicador oficial, y más aún privado, también aparece como incongruente el singular aumento de más del 35% de lo ingresado a la Anses por aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, con la suba del 29% que midió el Indec en el Indice de Salarios, porque la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec dio cuenta de un virtual estancamiento de la tasa de empleo.

No obstante, de las declaraciones a la prensa de Ricardo Echegaray se desprendió que la Anses debería haber cobrado aún más por aportes y contribuciones porque “del análisis de la variación de los pagos de algunas empresas surge que estarían liquidando menos salarios de lo que informaban en otros meses”. Al parecer, los asesores del funcionario no atinaron a comunicarle que por la retracción de la actividad productiva y comercial muchas empresas se vieron forzadas a disponer suspensiones transitorias de personal, previa supresión de las horas extras, como son los casos de la industria terminal automotriz, el sector siderometalúrgico, el comercio y también en algunas constructoras e inmobiliarias, pese a que no se manifiesta en los resultados informados del desempeño del total de los recursos tributarios.

En el caso de Ganancias, si bien mantiene una suba sostenida muy superior a la inflación y al promedio del resto de los tributos, porque impacta en pleno el impuesto inflacionario por la caprichosa decisión del Gobierno de no autorizar actualizaciones generales, para asalariados, autónomos y monotributistas, de las escalas y deducciones al ritmo de la inflación, y tampoco permitir a las empresas el ajuste de sus balances, empezó a desacelerar la tasa de expansión.

Con todo, la mala noticia es que pese a la singular ingeniería del sistema tributario que permite mostrar mes a mes como crece la presión tributaria sobre los contribuyentes, los recursos continúan resultando insuficientes para cubrir la explosiva política de gasto público, la cual pese a determinar un déficit proyectado para el año de más de 7% del PBI, comenzó septiembre con un agregado de 841 millones de pesos, por la decisión unilateral de los ministros Axel Kicillof y Aníbal Fernández.

Paritarias e ilusión monetaria

A la luz del comienzo de las negociaciones salariales entre empresarios y trabajadores, con la intermediación del Ministerio de Trabajo para homologar lo que se convenga, muchos economistas y políticos se esperanzan en que ese proceso derive en la mejora del clima de negocios y consecuentemente del humor de las familias, porque inmediatamente proyectan una resurrección del consumo.

Claramente, que es el mejor deseo que esas expectativas no se vean defraudadas y que la economía empiece a salir más temprano que tarde de la faz recesiva que ya acumula más de 18 meses y cuya tendencia afianza su divorcio de lo que se prevé para el promedio mundial.

Sin embargo, pensar que el escenario puede cambiar de un día para otro por el mero hecho de que comenzará a cerrarse otra ronda de paritarias en los diferentes gremios, porque asumen que muchos trabajadores (los convencionados) van a recuperar capacidad de consumo, parece subestimar la magnitud del deterioro de los presupuestos personales, en forma generalizada por el efecto de la inflación diaria, y agravada en muchos casos por la vuelta de las suspensiones y despidos, y la acumulación de deudas, no necesariamente con el sistema financiero.

De ahí que en muchos casos, a medida que mejoren los haberes, los cuales como es práctica no tendrá lugar de “una vez”, sino en dos y hasta tres cuotas hasta fin de año e incluso principios del siguiente, sólo podrán cancelar compromisos pendientes, al tiempo que parte del aumento volverá a diluirse con una inflación que no sólo se manifiesta firme en el rango de 2% mensual, sino que además en muchos casos una porción variable de la suba nominal será absorbida inmediatamente por la AFIP porque considera a salarios que superan en más de dos veces al promedio como Ganancias, pese a que esa referencia no asegura esa condición, y menos aún capacidad de ahorro.

Sólo la ilusión monetaria que genera la nominalidad en una economía altamente inflacionaria, que mantiene a la Argentina en los primeros puestos del ránking mundial, como acaba de mostrar el Fondo Monetario Internacional con estimaciones tomadas de los organismos oficiales de cada país, puede hacer creer que el mero aumento de los salarios posibilitará elevar el poder de compra. Pero la realidad está muy lejos de avalar esa probabilidad.

Los primeros datos de actividad del primer trimestre, sea de recaudación, como de estimaciones privadas de la actividad manufacturera, revelan una recesión que ya acumula entre 13 y 18 meses, según el sector que se tome, mientras no se advierten señales de modificación de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, que justifiquen esperar un cambio de tendencia.

Incluso, en los mercados financiero y cambiario, que como es costumbre operan con la mira en el futuro, también se percibe un punto de giro, porque las perspectivas de cambio que percibían hasta una semana atrás se vieron alcanzadas por la incertidumbre que prevalece en la economía real.

Por tanto es deseable que ocurra un cambio y que la inversión, el consumo, la producción y el comercio exterior retomen la senda del crecimiento, pero eso no podrá ocurrir de modo sustentable y por tanto sostenido, sino viene acompañado de un giro hacia la disciplina fiscal y monetaria y desanudar las ataduras que afectan a la economía real, es decir tanto a la producción, como al empleo y consecuentemente al real poder de compra de los salarios.

De gravar Ganancias se pasó a gravar el trabajo

Entre los principios básicos de la política impositiva universalmente aceptados se destacan el de equidad y el de capacidad de pago del contribuyente. Esas dos premisas fueron desdibujadas en la Argentina post convertibilidad, en particular en los últimos siete años, donde se lo utilizó para capturar el impuesto inflacionario.

El principio de equidad indica que a condiciones de igual ingreso y características para generarlo, junto a una estructura del hogar similar, el pago del tributo por cada contribuyente no debe ser diferente. Sin embargo, desde 2013, tras el dictado del decreto 1.242, se estableció caprichosamente que quienes tuvieron entre enero y agosto de ese año un ingreso “normal y habitual” de hasta $15.000 en términos brutos quedaba exento del pago del Impuesto a las Ganancias a futuro, independientemente de que por efecto de la inflación y progreso laboral, hoy gane 20, 50 o 100 mil pesos al mes. Por el contrario, quien perdió un empleo y lo pudo recuperar con un ingreso de $15.000 o más hoy debe tributar. Continuar leyendo →

Nada rompe el silencio de la oposición

La crisis se acentúa trimestre a trimestre, mes a mes y día a día, pero los principales referentes de los partidos de la oposición al Gobierno nacional, en particular del área económica, parecen anestesiados e incapaces para hacer oír sus voces de preocupación y buscar consensos, para lograr cambios de políticas que posibiliten que ese proceso primero se frene y luego se revierta.

La semana comenzó con la confirmación de la suba del desempleo por tercer trimestre consecutivo, aunque atenuada por dos fenómenos: el aumento del efecto desaliento que se manifestó en el retiro del mercado de trabajo de más de 340 mil trabajadores en términos simples, pero en casi 540 mil en términos reales, por el crecimiento vegetativo de la población; y las inconsistencias a las que nos tienen acostumbrados las estadísticas del Indec: la Encuesta Permanente de Hogares no constituye la excepción.

Luego apareció la primera estimación seria de variación de la producción del conjunto de las manufacturas, la cual para la consultora Orlando Ferreres arrojó una caída de 6,1% con amplia mayoría de sectores en receso, por efecto de la contracción simultánea y creciente del consumo interno y también de las exportaciones.

Y el martes, sorpresivamente por la fecha, aunque esperado por las tendencias de corto plazo, apareció en el Boletín Oficial el decreto 2129 del 13 de noviembre, con la firma de la Presidente, al parecer en el sanatorio donde estaba internada, que dispuso el aumento del gasto público en unos 57.000 millones de pesos y un salto del déficit fiscal aceptado para el corriente año equivalente a 5% del PBI.

Estos indicadores fueron precedidos por la aceleración de la inflación respecto de un año atrás a un rango firme de más de 40% en doce meses, no obstante que la actividad en su conjunto se afirma en una recesión que para el tercer y cuarto trimestre por arriba del cuatro por ciento.

Y sin embargo, del lado del Gobierno niegan de diversas formas la magnitud de la crisis, y por tanto sus efectos sociales que se manifiestan abiertamente en despidos, suspensiones, vacancias de locales y el reimpulso de la informalidad. Sólo se atina a culpar al escenario internacional, aunque premios nobel que en el pasado avalaban la política económica de la última década ahora la cuestionan abiertamente en seminarios organizados por funcionarios del propio gobierno, como hizo Paul Krugman.

Estrategia que no atiende las necesidades del presente

Por el contrario, los máximos referentes de los partidos que aspiran a competir por la sucesión del gobierno a partir del 10 de diciembre de 2015 sólo se concentran en tejer alianzas y pelear para que un puñado de trabajadores sean eximidos del Impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo, para que no lo pierdan en forma plena antes de fin del año, pese a que semejante confiscación del fruto del trabajo y justo reclamo sólo comprende a menos del 10% de la masa de trabajadores registrados y a menos del 7% del total de los ocupados.

Del restante 93%, como de casi el 15% de desocupados o más que surge del reprocesamiento de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, no se habla, y se los mantiene en el olvido, pese a que en algún momento se los irá a buscar para captar su voto.

El momento es ahora. Trece meses, hasta el cambio de gobierno, es mucho tiempo, para dejarlo al libre albedrío, bajo la convicción de que cuánto en peor estado se llegue en el plano económico y social a las elecciones mayor será la contundencia del triunfo opositor, con probabilidad de lograrlo, incluso, en primera vuelta.

Quienes así piensan, que a juzgar por los hechos, hoy no parecen ser pocos, estarían subestimando que un mayor deterioro del escenario económico y social les impedirá imponer giros de política que posibiliten superar rápidamente los efectos inerciales de la crisis y consecuentemente aliviar la carga de los que hoy ya padecen de angustias y privaciones. Basta con recordar el tiempo que le llevó a Carlos Menem preparar la economía para dejar atrás la hiperinflación y Néstor Kirchner para revertir la depresión de 2002.

La salida traumática de la crisis de 2001 derivó en una depresión en 2002 y sólo por la tonificación de los precios de la soja y de otras materias primas que vende la Argentina se pudo pasar de la etapa de la recuperación a la del crecimiento a partir del sexto año, aunque rápidamente se interrumpió, porque la Argentina de los últimos 60 años se especializó en crisis y sus salidas, pero nunca en lograr dar el paso siguiente al del crecimiento genuino, entendido por la superación del pico previo a la recesión y menos aún pensar en estadios de desarrollo, sin uso de contabilidades creativas y atraso cambiario, para mostrar una potencialidad y solvencia superior a la real.

Mantener el silencio, y guardar las recetas para reordenar la economía hasta cuando les toque gobernar, con la esperanza de que el sólo cambio de presidente y equipo atraerá masivamente capitales de riesgo, es desconocer la historia argentina y sobreestimar el apetito de los inversores.

Es cierto que las autoridades del gobierno se muestran cerradas a abrirse al diálogo y, más aún reacias a validar iniciativas de la oposición. Pero no por eso se debe abandonar el intento y menos aún renunciar a la prédica y búsqueda del respaldo popular para lograr consensos que lleven a la vuelta de la racionalidad y la institucionalidad, por sobre la discrecionalidad y el abuso de autoridad para controlar los mercados.

Trabajadores y jubilados cobrarán $1.100 millones más pero les sacarán $12.300 millones

A través del decreto 1.242 el Poder Ejecutivo resolvió unilateralmente, usurpando una potestad del Poder Legislativo Nacional otorgada por el artículo 99 de la Constitución Nacional, inyectar en el bolsillo de una pequeña franja de asalariados y jubilados unos $1.100 millones por mes, hasta diciembre, a través de la suba arbitraria y selectiva de las exenciones del Impuesto a las Ganancias.

Sin duda que la iniciativa recogió una clara expresión de las urnas en las PASO, dado que la mayoría de los candidatos enarbolaron la bandera de la actualización del mínimo no imponible, para corregir el efecto del impuesto inflacionario sobre Ganancias en debate en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

Pero el Gobierno nacional no sólo se hizo propia esa propuesta, sino que llegó al extremo de introducir cambios discrecionales y parciales, violando facultades constitucionales, según advierten expertos tributaristas como Raúl Cuello.

Son discrecionales, porque la suba de las exenciones para reducir el universo de los asalariados y jubilados alcanzados por Ganancias es plena hasta el umbral de $15.000 de remuneración bruta mensual, esto es, antes de cualquier descuento legal que se haya aplicado en algún momento de los pasados ocho meses, de 20% para la franja siguente, hasta $25.000, mientras que no se movieron los mínimos no imponibles y las escalas fijas de alícuotas, en este caso en los últimos trece años.

Además, es discrecional porque el cambio no se hizo extensivo a los trabajadores autónomos, ni se actualizaron las escalas para los monotributistas, y se excluyó a los asalariados que perciben ingresos superiores a $25.000 brutos por mes, pero que en términos netos se licuan singularmente por la aplicación de tasas de imposición superiores, en términos relativos, a la que pagan las empresas.

Y es parcial, porque también viola una vez más una característica propia del Impuesto a las Ganancias, que es de base anual. La suba de las exenciones se aplica a partir de los ingresos de salarios y jubilaciones que se liquiden desde el 1° de septiembre, y por tanto no se habilita la restitución de las retenciones que los empleadores hicieron en los ocho meses previos.

Financiamiento inflacionario
También, recogiendo iniciativas de los candidatos a sumarse al cuerpo legislativo a partir del 10 de diciembre de 2013, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación el 27 de agosto el proyecto de ley que gravará con 10% el pago de dividendos por parte de las empresas que no cotizan en Bolsa y con 15% la renta por la transferencia de acciones y títulos valores de empresas no cotizantes.

La propuesta no hace referencia a la coparticipación con las provincias de los eventuales ingresos estimados con esos impuestos, $2.056 millones para el último cuatrimestre de 2013, pese a que surgieron como fuente de compensación de la renuncia al cobro parcial de un gravamen que cobra la Nación pero que luego comparte las 24 grandes jurisdicciones.

Además, no existen antecedentes y registros que avalen la previsión de cobro de esos impuestos, más aún en una economía inflacionaria en la que no se actualizan los valores de los balances de las empresas.

No sólo eso, el Gobierno nacional ha desalentado al extremo la práctica del pago de dividendos, en particular a las empresas con accionistas radicados fuera del país. Por tanto se busca imponer un cargo a una política empresaria que previamente prácticamente se la prohíbe o restringe.

El Poder Ejecutivo Nacional niega la relevancia del impuesto inflacionario, pero surge de gravar valores nominales en ascenso, como ocurre tanto con los salarios, como las jubilaciones y las ganancias de las empresas, amén del pasaje de monotributistas al régimen general de Ganancias e IVA, pese a que en la mayoría de los casos se pierde capacidad de compra de bienes y servicios por la suba del promedio de precios de la economía.

El Estado nacional ha podido sortear parte de ese efecto acudiendo al senoriaje, que es la capacidad de emisión de dinero sin respaldo por parte del Banco Central para financiar la escalada del gasto público.

Sólo en agosto los adelantos transitorios del Banco Central al Gobierno Nacional se elevaron en $12.300 millones, en contraste con apenas $5.074 millones que lo hizo la base monetaria. Totalizan más de $152.000 millones y equivalen a 47% del total de la base monetaria y casi 67% del total de billetes y monedas en manos de toda la población y de las empresas.

Semejante inyección de pesos explica que la Argentina haya recaído en un estadio inflacionario a ritmo de dos dígitos altos al año, más de 20% según el consenso de las mediciones privadas que difunden mes a mes legisladores de la oposición al Gobierno y más de 30% en las expectativas de la población.

De ahí que si bien es aplaudible y saludable que se actualicen las exenciones de Ganancias, para que surtan efecto y no violen principios básicos de equidad de la tributación es necesario que no sólo se actualice en forma automática el mínimo no imponible y las escalas de imposición, sino que, previamente, o al menos simultáneamente, se cambien las políticas que han llevado a la Argentina a los primeros puestos en materia de inflación, desalentado la inversión productiva y la creación de puestos en el sector privado, fenómenos que han llevado a la vuelta de los denominados déficit gemelos de las finanzas públicas y de las cuentas externas.