El Gobierno nacional sigue pagando los costos de haber elegido el gradualismo para disciplinar las finanzas públicas y ordenar la cataratas de regulaciones y subsidios que afectan a muchos y benefician a pocos, mientras que en algunos casos ha optado por reforzar prácticas nocivas, como dar preferencias a inversiones de unos en detrimento de otros, y en extender un régimen de “precios cuidados” que dice exitoso, pero que no está probado haber contribuido a bajar la inflación y reducir la pobreza, cuando las causas de la inflación pasan por otro costado.

Ya a cinco meses de Gobierno no hay excusas para no hacer un balance claro de las hipotecas recibidas, no tanto para liberarse de culpas, sino para explicar a la sociedad en su conjunto el por qué de algunas decisiones “antipáticas” pero necesarias para poder iniciar el esperado camino de la reactivación, las inversiones generadoras de empleos y conducir a una drástica baja de la inflación, con políticas propias de países exitosos, incluidas la cobertura de ingresos a casi la mitad de la población que no tiene resto para esperar a que maduren esas iniciativas.

Confiar en que con el anuncio cada mes de medidas que ponen más el acento en los aumentos autorizados de precios de bienes y servicios, públicos y privados, que en la reducción de los costos laborales y la disminución de la presión tributaria sobre la aún baja proporción de la economía formal, al tiempo que se emiten señales contradictorias en la regulación de las tasas de interés, cobrarán impulso las inversiones productivas, es desestimar el efecto negativo sobre las expectativas de que “todo aumenta y seguirá aumentando”, mientras crece el descontento en parte de la sociedad no menor que aún no ha visto recompuesto sus salarios, y más aún de los trabajadores informales, autónomos y monotributistas, que casi siempre se los deja afuera, y cuando se los intenta incorporar para aliviar su situación de ingresos se aclara que deberán esperar la sanción de proyectos de ley que no se sabe cuánto tiempo demorará su tratamiento en las cámaras legislativas, como el paquete de medidas anunciado para las pymes.

Finanzas públicas poco claras
Aún la sociedad no conoce casi nada sobre la realidad fiscal, más allá de datos agregados que poco aportan a brindar transparencia en el manejo de las finanzas públicas, como cuántos empleados tiene hoy la administración pública en condición de personal efectivo en relación de dependencia y el registro de asistencia a sus tareas habituales; total de contratados y casos que aparecen en la nómina pero que nunca asistieron a una partición pública.

Tampoco se conoce cómo ha evolucionado la nómina de proveedores y concentración de los contratos de obra pública; y ni que hablar sobre la evolución mensual de la estadística de perceptores de los innumerables planes de asistencia social y los giros discrecionales de fondos a las provincias “amigas”.

Muy pocos discuten la influencia del déficit de 7% del PBI que arrastran las finanzas públicas en la determinación de una alta tasa de inflación, porque provoca enormes necesidades de financiamiento del Banco Central con emisión. Sin embargo, aún el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato, no ha brindado un conferencia de prensa para explicar qué encontró en su área, y qué políticas decidió instrumentar para explicar cuáles son los lineamientos y metas cuantitativas para reducir el rojo fiscal a la meta cercana a 5% del PBI que anunció el ministro Alfonso Prat-Gay.

Mantenerse a la defensiva, y esperar a que se manifiesten desvíos negativos, porque la economía se demora en reactivar, y por eso se tienen que instrumentar concesiones que deriven en incremento del gasto social, y aumentar la presión tributaria, como ocurrió con el caso de los cigarrillos a comienzo de mayo, sólo contribuirá a perder puntos, como en estos días ocurre con el mercado laboral, pese a que parecía de manual que un gobierno no peronista iba a enfrentar su primer embate en ese frente.

Así le ocurrió al presidente Raúl Alfonsín en 1984, a poco de asumir, cuando su proyecto de ley de reordenamiento sindical (mejor conocido como “Ley Mucci” debido a que su impulsor fue el entonces Ministro de Trabajo, Antonio Mucci) no fue aprobado; y luego sufrió algo parecido el presidente Fernando de la Rúa con su Ley de Flexibilización Laboral, aprobada en 2000 en la Cámara de Diputados con apoyo de la Alianza y el rechazo del PJ, y en abril de ese año el Senado la convirtió en ley con el apoyo de algunos senadores peronistas, porque tras la sanción de la norma, Hugo Moyano, entonces jefe de la CGT disidente, denunció que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le había dicho que para los senadores del PJ tenía “la Banelco”, en alusión al pago de supuestas coimas.