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Perpetuar los subsidios no es buena idea

En la 24 cadena nacional del año, en plena campaña electoral, cuando quedan apenas seis meses para terminar su ciclo de ocho años, la Presidente anunció el aumento del 30% de las asignaciones familiares, por embarazo y también la universal por hijo. Pero dio un paso más, que constituye una trampa para los partidos de oposición: anunció que enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que buscará fijar la movilidad de la AUH, con el objetivo de que no se licue en las futuras gestiones.

Claramente se trata de una trampa de campaña, porque fuerza al conjunto de los legisladores a aprobar rápidamente el proyecto y ser funcionales al objetivo del oficialismo de seducir al electorado, bajo el riesgo de quedar como insensible quién se atreviera a plantear un análisis más profundo de la medida, en busca de proponer acciones legislativas y ejecutivas que posibiliten asegurar empleos de calidad para todos los residentes, antes que quedarse en el tardío pedido de ajuste automático por un índice que asegure la estabilidad de poder de compra del beneficio social. Continuar leyendo →

La clase media, un sector en extinción

La catarata de bytes y derroche de tinta que generó el anuncio de la Presidente en la FAO de que la Argentina había reducido los índices de pobreza y de hambre a menos de 5% de la población permitieron abrir los ojos sobre la realidad que afecta al país, porque llevó a cotejar con otras naciones, en particular con las más desarrolladas, las cuales aparecen como cada vez más lejanas, los indicadores que hacen referencia a la calidad de vida del conjunto de los habitantes.

No hay duda de que en comparación con el escenario recesivo que disparó la crisis institucional de 2001 y que derivó en una singular depresión el año siguiente con una salida traumática de la convertibilidad fija entre el peso y el dólar, porque careció de plan integral y sustentable y se basó en el default con acreedores internacionales que aún no se quiere cerrar plenamente pese a un fallo judicial adverso, cualquier indicador económico o social es hoy mejor que entonces.

Pero la mala noticia es que hace cuatro años que la economía, bien medida, dejó de crecer, porque el exagerado incentivo al consumo interno, sin un correlato con incentivos similares a los otros componentes de la demanda agregada como las exportaciones y la inversión bruta interna, derivó no sólo en la destrucción de empleos, sino también cerró oportunidades laborales a centenares de miles de jóvenes. Esos indicadores de por sí impiden mejorar indicadores claves como los de estado de pobreza e indigencia.

Más cantidad, por menos calidad
De ahí que pese a los esfuerzos que hizo el Gobierno inicialmente con los subsidios sociales y la movilidad jubilatoria, incorporando a miles de personas que nunca aportaron como amas de casa, y otras con pocos años laborales declarados, sólo pudo reducir en los últimos años el estado de indigencia, pero a costa de incrementar sensiblemente el segmento que revista como pobre y de ingresos medios bajo, según demostró un nuevo trabajo del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales.

Es que uno de los determinantes del escenario recesivo de los últimos años, coincidente con la imposición del cepo cambiario a fines de 2011, tras agotarse los efectos de la intervención del Indec desde 2007 para subestimar la inflación y los índices sociales vinculados como la pobreza e indigencia, fueron la aceleración del alza de los precios que provocó el financiamiento del abultado déficit fiscal con emisión del Banco Central y ahora se agregó la colocación de deuda entre bancos, empresas y algunos particulares, y también el cierre de la economía.

Esas restricciones, junto a las crecientes necesidades de importación de energía, por el agotamiento de las reservas comprobadas, impidieron al Gobierno mantener el poder de compra de los subsidios sociales, como las Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo, Plan Familias, y otros, porque sus preferencias presupuestarias se concentraron en otras áreas, como promover el empleo en la administración pública para una minúscula proporción de la población, para atenuar el impacto de la destrucción de empleos privados.

El resultado final que se desprende de la estadística del Indec de Distribución del Ingreso de los Hogares y su relación con el salario mínimo vital y móvil, es que en los últimos siete años el sector que reunió recursos monetarios medio y medio alto apenas representó el 11% del total; el de ingreso medio bajo se elevó de 29 a 33%, y también se incrementó la proporción de pobres de 30 a 32% del total. Por el contrario declinaron las posiciones extremas: dos puntos porcentuales la de altos ingresos a 1% del total y 4 puntos porcentuales la franja de indigencia que pasó de 27 a 23% de los hogares.

La continuidad por espacio de más de 13 años de los planes asistenciales, con menos presupuesto relativo, pero mayor cantidad de beneficiarios, por espacio de más de 13 años, no hace más que certificar que la buscada inclusión social constituye un objetivo inalcanzable con políticas que se apoyan en la intervención del organismo oficial de estadísticas; cierre de la economía; persistencia del default selectivo, y desequilibrio fiscal que erosiona las reservas del Banco Central y alimenta el impuesto inflacionario, porque perpetúan la estanflación, y con ello alimentan la pobreza, sostienen elevada la indigencia y destruye lo que una vez fue la clásica clase media de la población, que comprendía a una nutrida porción de la población.

¿Cuán lejos estamos de las tasas de desempleo de Croacia y Portugal?

Una nueva Encuesta Permanente de Hogares del Indec volvió a dar cuenta de que en el peor trimestre desde la depresión de los primeros meses de 2002, porque desde entonces no se veía una continuidad de más de cuatro meses con tasas de caída del PBI intermensual como se registran ahora, o bajas de dos dígitos en la producción y ventas de autos, maquinaria de uso agrícola, en el transporte de carga, o en la actividad inmobiliaria, y retracción real de la construcción superior a 4% o del consumo privado de más de 7%, la tasa de desempleo volvió a bajar respecto de un año atrás.

Lo curioso para muchos fue que la disminución de la desocupación en casi un punto porcentual del total de la oferta laboral tuvo lugar pese a que se asistió a una destrucción neta de más de 40 mil empleos y que la oferta de trabajadores se redujo en 163 mil personas, pese a que la población total del país creció en casi 400 mil, según la proyección de la tasa intercensal.

Sin embargo, aquel resultado respondió a un simple ejercicio estadístico que contrasta con la penuria que invade a cada vez más familias argentinas que no encuentran oportunidades para generar ingreso con sus capacidades y deben depender cada vez de la ayuda asistencial del Gobierno nacional.

Pese a esos datos, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, resaltó el logro de haber bajado la tasa de desempleo a 7,1% de la PEA. Y un día después de que el ministro de Economía, Axel Kicillof, dijera que “a Europa le costará un siglo lo que a la Argentina le tomó 10 años”, el ex gobernador de Chaco comparó las tasas de desempleo del país con algunas naciones europeas: “en España la desocupación es de 25,3 por ciento debido a los efectos de un ‘ajuste ortodoxo’ que se realizó en ese país y en otras naciones europeas. Países como los de América latina prácticamente no aportaron los niveles de desempleo, sino muy por el contrario, tuvieron políticas activas, casi son 50 mil desempleados los que participaron en el esquema global”, explicó el ministro coordinador.

Y luego contrastó: “los que sí han sufrido de un modo dramático, a través de un mecanismo de ajuste ortodoxo, tienen que ver con los países europeos, 11,8 por ciento de tasa de desempleo en 17 países del Eurozona y tenemos casos como España, el 25,3 por ciento; Portugal del 15,2 por ciento; o de Croacia, con 17,3 por ciento”.

No sólo eso, Capitanich destacó que “de las cifras dadas a conocer el lunes por el Indec se obtienen tres conclusiones: una caída en la tasa de desempleo comparativamente respecto al (primer trimestre de) 2013, de 7,9 a 7,1 por ciento; segundo, no existe una destrucción de empleo y, tercero, que efectivamente no ha habido en este sentido ningún incremento en la tasa de actividad, esto es más personas que hayan buscado empleo”.

Los números cantan la realidad
Sin embargo, lejos de asistirse a un escenario virtuoso donde la desocupación declina gracias a una economía pujante capaz de absorber el crecimiento natural del total de la oferta de trabajadores porque se generan puestos adicionales, lo ocurrido en el último trimestre, que replica en gran parte lo sucedido desde 2007, respondió a un efecto malicioso porque la baja del desempleo se originó en que la oferta de trabajadores disminuyó mucho más que la caída del empleo neto, como consecuencia a la pérdida de oportunidades.

Hoy la Argentina retrocedió a las tasas de participación de la población en el mercado de trabajo que registraba siete años atrás y la proporción de ocupados fue la menor de los últimos ocho años. Una prueba ácida para determinar lo que se ha bautizado “efecto desaliento” es comparar para los diferentes aglomerados la tasa de empleo del primer trimestre de 2014 con la tasa de actividad promedio nacional de igual período de siete años. Ese ejercicio determinó que el nivel de desempleo para el total país sería de 10,2% y sube a 16,6% si se agrega el efecto de los 1,5 millones de jóvenes que no estudian, no trabajan y ni buscan trabajo y que ahora se los quiere seducir con el plan Progresar.

Y si se avanzara un poco más y se replicara la tasa promedio de actividad del primer trimestre de 2007 a cada una de las 31 jurisdicciones se comprobaría que la tasa cero de desempleo en Gran Resistencia, Chaco, la provincia que fue gobernada hasta noviembre último por el Jefe de Gabinete, tiene una tasa de desempleo oculta de 33% de la población: una vez y media la que tiene España y duplica virtualmente a las de Portugal y Croacia.

Podrá argumentarse que Chaco tiene una proporción de menores de 14 años y mayores de 65, que es lo que técnicamente se define como población económicamente activa, superior al promedio nacional, y por tanto registra una tasa de participación inferior a la media nacional. Sin embargo, esa brecha no es de 15 puntos porcentuales como surge de la Encuesta Permanente de Hogares, la cual toma en cuenta quiénes tienen un empleo más lo que lo buscan y los coteja con los ocupados, sea en blanco o en la informalidad, sin límites de edades.

Fenómenos similares se observarían en Formosa, donde el 2,1% se transformaría en 26,8%; el 1,5% de San Luis pasaría a 16,1%; el 1,2% de Santa Rosa-Toay en 16,3% y también anotarían tasas de desocupación superiores a las de Portugal y Croacia y en algunos casos mayores a las de España San Nicolás-Villa Constitución 24%; Concordia 24%; Corrientes 20%; Jujuy-Palpalá 19,1%; Gran San Juan 17%; Posadas 16,5%; Nequén-Plottier 15,5%; Salta 15,5%; Comodoro Rivadavia-Rada Tilly 15% y La Rioja 15 por ciento.

De ahí que en lugar de compararse con los males y penurias ajenas, y en particular con casos aislados de una reducida selección del resto del mundo, sería bueno que en este fin de ciclo los funcionarios que tienen cargos que los habilitan para contribuir a mejorar en serio la calidad de vida de cada uno de todos los argentinos, miren con más detenimiento lo que ocurre en “el interior profundo” y también las múltiples experiencias exitosas que se registran en el mundo en general y en el vecindario en particular, en materia de empleo, oferta laboral, inflación, apertura al mundo y desempeño del PBI, entre otras variables socioeconómicas, que son tan relevantes para el objetivo de la inclusión social como los planes asistenciales para los sectores más relegados de la sociedad.