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Los excesos y defectos del fin de ciclo

Cualquiera que sea el resultado final de las elecciones presidenciales pareciera que no hay grandes dudas sobre los grandes desequilibrios que afectan a la economía en su conjunto, los cuales se ven con clara nitidez en la sociedad civil y empresaria. En todo caso, las diferencias profundas entre los candidatos se localizan en las convicciones, prioridades y formas de nivelación de las principales variables, ya que nadie desconoce su existencia y consecuencias.

Entre esos grandes desequilibrios se advierten la presencia de enormes excesos, y también de notables defectos, que han conducido a un estado de estancamiento o moderada recesión con alta inflación, creciente aislamiento del mundo financiero y comercial, con un resultado intolerable de destrucción de empleos y aumento de la pobreza.

Entre los excesos sobresale la dinámica de un gasto público improductivo e ineficiente, porque no ha resultado funcional al crecimiento del empleo agregado. En el mejor de los casos sólo se verifica incremento en el segmento de los trabajadores aportantes al Sistema Integrado Provisional Argentino, pero no en el resto de la casi mitad de las provincias excluidas de ese régimen, ni de los ocupados como cuentapropistas y en negro. Por el contrario, ha sido uno de los principales responsables de haber derivado en abultado déficit fiscal y alta inflación.

Junto a estas dos últimas variables que se han disparado largamente de los estándares internacionales, se agrega el desborde de las tasas de interés que tanto Economía como el Banco Central deben convalidar para cubrir las necesidades de financiamiento del desequilibrio fiscal y la parcial esterilización del consecuente exceso de emisión monetaria, con el costo equivalente a no haber desendeudado el país y pagar tasas internacionales. Lo que supuestamente se ganó por un lado (último dato de deuda pública es a junio de 2014) se perdió por el otro.

El regreso al viejo camino de la colocación de deuda pública para pagar gasto corriente (aunque muchas veces se lo asocie a inversiones en infraestructura ferroviaria o energética), principalmente en el mercado interno y con tasas cada vez más elevadas, ahora en términos reales, es una de las consecuencias del capricho de decidir no honrar los fallos internacionales. La consecuencia es el retiro de liquidez del sector privado, con el consecuente impacto contractivo sobre el consumo y la inversión privada.

Otro exceso es la presión tributaria sobre los contribuyentes activos. Y pese a haberse tornado en muchos casos insoportable no da muestras de detenerse, sino por el contrario de profundizarse con la persistente alta inflación, mientras no se aplica la movilidad al mínimo no imponible de los trabajadores, sean asalariados, o más aún autónomos, ni se permite a las empresas ajustar sus balances por la variación de los precios mayoristas. Y ahora se suma un proyecto de crear impuestos al consumo para asistir al deporte amateur.

Mientras que entre los grandes defectos o atrasos de las variables macroeconómicas se destacan en primer lugar el cuadro social, con más del 40% de los jefes de hogar que no logran reunir en un mes recursos monetarios equiparables a un salario mínimo, vital y móvil de $4.716, sumando el fruto de un trabajo precario con las diversas asistencias sociales, como salario familiar; y otros complementos, mientras que más del 20% de los hogares “vive” con recursos menores a ese umbral, porque les resulta insuficiente la cobertura de la Asignación Universal por Hijo, el Plan la Madre y el Niño, y otras que se otorgan en los ámbitos provinciales.

Una de las causas de ese escenario es la baja prioridad que en los últimos años se ha dado a la inversión en infraestructura, como energética, vial, portuaria, de telecomunicaciones, con regulaciones tarifarias que no cubren siquiera el pago de los salarios en muchas empresas, y en otras las necesarias inversiones en mantenimiento.

De ahí el colapso energético ni bien aparecen las primeras altas o bajas temperaturas, como ocurre en la actualidad. El escenario no es parejo en el orden nacional, habida cuenta de que en el caso de las tarifas eléctricas se registran diferencias de hasta 10 veces entre provincias, donde es más bajo en alguna de las más ricas, o al menos donde se genera la mayor parte del PBI.

Otro rezago insostenible es el del tipo de cambio oficial, porque su utilización como ancla inflacionaria ha erosionado la competitividad de la producción nacional, más aún en los casos de la agrícola y economías regionales castigadas con retenciones sobre las exportaciones. Un estudio de IERAL de Fundación Mediterránea muestra que mientras por efecto de la baja de los precios internacionales de las materias primas el promedio de la región registró desde 2011 caída de sus ventas al resto del mundo del orden de 15% en dólares, en la Argentina la baja superó el 32 por ciento.

El cuadro se intensifica porque la consecuencia del desaliento a la inversión y las exportaciones ha sido el freno a las importaciones con cepos, DJAI y autorizaciones de pago a proveedores discrecionales, aún de insumos y partes esenciales para fabricar productos de posterior exportación, generando un círculo vicioso que conspira contra el crecimiento y el empleo y alimenta la pobreza en la población. Se estima que el atraso de pagos al exterior se ubica en torno a u$s6.800 millones.

También, por el cepo cambiario, se acumulan demoras en la autorización para el giro de dividendos al exterior por parte de las empresas de capital extranjero. La consecuencia de esa política llevó a la virtual extinción de la inversión extranjera directa, otra fuente generadora de empleos y mayores salarios.

Finalmente y no menos importante, otro gran retraso que acusa la economía argentina es el de la capacidad de compra del promedio de los trabajadores, pese a que ha alcanzado una participación récord en el reparto del PBI entre los factores de producción, con algo más de 52 por ciento. Algunos analistas estiman que el ingreso medio por habitante por año en torno a u$s13.000 que calcula Economía podría triplicarse en el mediano plazo si los grandes desvíos descriptos precedentemente, en una apretada síntesis, tendieran a alinearse a los parámetros que predominan entre más de 200 países.

Mucho esfuerzo que se decidió no coronar

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de los EEUU de no aceptar tomar el caso argentino tras los fallos adversos en el estado de Nueva York y en la Cámara de Apelaciones impuso un baño de realismo y cordura que desdibujó las expectativas en contrario que durante la última semana corrieron como un reguero de pólvora.

Frente a ese cuadro, la primera reacción de la presidente Cristina Kirchner fue acudir a su hombre de confianza, Juan Carlos Fábrega, por su responsabilidad para administrar las muy debilitadas reservas de divisas en el Banco Central, y decidió anunciar que “no va a ceder frente a la extorsión de los bonistas y que garantizará los pagos al 92% que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010”.

De este modo, lejos de avanzar hacia la resolución definitiva de lo que constituye el último capítulo del default de la deuda pública, la Presidente eligió mantenerse en la línea de la confrontación no sólo con los holdouts sino, peor aun, con los Tribunales de Nueva York, y echar por tierra los últimos avances hacia la normalización de las relaciones internacionales, requisito imprescindible para poder aspirar a la obtención de financiamiento de largo plazo y divisas para financiar el crecimiento de la economía.

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El Baade, un símil del Bono Patriótico 2001

En los primeros días de agosto de 2001, como uno de los últimos recursos para salvar el régimen de convertibilidad fijo de un peso por dólar, en lo que finalmente fueron los meses finales del gobierno de la Alianza, el ministro de Economía Domingo Cavallo y el viceministro Daniel Marx ofrecieron a un grupo de empresarios en el Palacio de Hacienda la suscripción de un Bono Patriótico por un total de u$s1.000 millones, con una tasa de 7,5% anual por adelantado.

Ahora parece asistirse al mismo escenario, tras el fracaso de la suscripción de Cedines en el primer tramo del blanqueo, que está vigente, pero al que muy pocos adhieren, con el propósito de “sostener el modelo y compensar la sostenida pérdida de reservas en divisas del Banco Central”, justifican en el Gobierno. Se advierte que tanto de Economía como de Comercio se “invita” a los empresarios a ingresar dólares del exterior, por la vía de prefinanciación de exportaciones o para encarar proyectos de inversión en infraestructura, como las energéticas.

Primero fue a las cerealeras, luego a petroleras y bancos, también a cadenas de supermercados, ahora a las mineras y automotrices, pero la respuesta no ha sido auspiciosa, más allá del compromiso formal de análisis para no aparecer como descorteses frente a las presiones de Guillermo Moreno.

Facilidad insuficiente
La Secretaría de Finanzas volvió a destacar en la convocatoria a una nueva recepción de solicitudes de suscripción (la octava) del “Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade)”, que no será limitada al programa de exteriorización, como originalmente surgía de la Ley 26.860 de Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el País y en el Exterior, así como del decreto 1.503/2013 y la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 256/2013.

De este modo, se habilitó la suscripción registrable o al portador, en dólares billete o con transferencias del exterior, a quienes ingresen fondos propios en blanco o incluso tomen deuda en el exterior, pero con la condición de que suscriban Baade y lo mantengan en su poder hasta el vencimiento en 2016, a cambio de una renta fija de 4% anual.

La oferta no luce atractiva, habida cuenta de que no se trata de la habilitación de ingresos de capitales para reanimar la producción productiva, en particular en el área energética, sino lisa y llanamente de inducir al endeudamiento en el exterior de las empresas privadas, ante la imposibilidad del Gobierno nacional mientras no cierre el capítulo del default con los holdouts, y en especial con el Club de París -que requiere, para destrabarlo, aceptar la auditoría del artículo IV del FMI-, a un costo elevado.

Hoy, por ese escenario de cierre al mercado internacional de capitales y la pérdida de los superávit gemelos, comercial y fiscal, el índice de riesgo país se ubica en 860 puntos básicos. Esto significa que quien tome un crédito en el exterior deberá afrontar un costo mínimo cercano a 9% anual en dólares (860 pb de riesgo país sobre una tasa del Bono del Tesoro de los EEUU de 0,6% anual a tres años), para obtener una renta interna prometida de apenas 4% anual. No parece un negocio atractivo.

Incluso, en el caso de las grandes compañías exportadoras, en particular las que tienen casas matrices en el exterior, es posible que puedan acceder a endeudamiento directo a un costo sensiblemente menor, en comparación al que pagarían si lo tomaran con una entidad bancaria, pero salvo un compromiso “patriótico” no hay razones para desviar fondos a un país que se ha mostrado en los últimos tiempos hostil con el capital, y en particular con la inversión extranjera directa y los acuerdos comerciales con las principales potencias, al virtualmente prohibirse el pago de dividendos a no residentes.

De ahí que la compra de un “bono patriótico”, como en 2001, está llamado al fracaso, porque en simultáneo el Gobierno no toma las medidas correctivas de su mal llamado modelo económico, tanto en lo que respecta a acciones de política económica, como de sus ejecutores.

Por tanto, en la medida en que, agravado por el cuadro de convalecencia de la presidente Cristina Kirchner, se persista en buscar paliativos de las consecuencias del deterioro que sufre la economía y en especial gran parte de la sociedad, como ocurre desde fines de 2007, cuando se decidió intensificar los controles, exacerbar el consumo en detrimento del ahorro y la inversión, aislarse del mundo con la apertura de conflictos comerciales en varios frentes, e imponer cepos y restricciones a cualquier demanda de moneda extranjera, sea para ahorro, viajes o incluso para compra de insumos para la producción, se asegurará agravar los desequilibrios, antes que reducirlos. Eso es lo que parece reflejar la escalada del dólar libre en las últimas semanas.