Comisiones de paz: no hay un solo relato

Las comisiones de la verdad en el marco de situaciones de extrema violencia estatal o de enfrentamientos asimétricos entre fuerzas estatales y grupos subversivos, conformadas bajo el criterio de víctimas y victimarios o culpables e inocentes, no siempre han arrojado resultados satisfactorios e incluso, se han dado casos en los que en vez de conducir al perdón y a la reconciliación han generado cadenas de venganza, reclamos sin fin y odios incrementados.

Lo primero que se puede decir a este respecto es que no existe una fórmula universal aplicable a todos los casos. No todos los conflictos sociales o políticos o guerras civiles que concluyen con la firma de la paz han acordado la formación de comisiones de la verdad y no siempre las que se han establecido han alcanzado sus objetivos.

¿Por qué es tan difícil lograr una visión consensuada sobre este asunto? Podemos ensayar varias respuestas. Una tiene que ver con el juego de roles e intereses de quienes han sido protagonistas de una confrontación violenta. Nadie quiere correr el riesgo de ser señalado culpable y algunos quieren figurar como víctimas. Otra alude a la falta de rigurosidad y claridad sobre lo que significa la verdad histórica y la verdad jurídica. Continuar leyendo

Hay capitulación en los acuerdos de La Habana

Con la publicación de los “Acuerdos de La Habana” el gobierno quiere hacernos creer que se trata de un acto de transparencia, para que se vea que no hay nada oculto, que no se ha negociado la propiedad privada ni la Constitución ni la Fuerza Pública y que lo hace para disipar rumores, desinformación y campaña negra. En realidad lo hizo, si nos atenemos a la versión del periodista Álvaro Sierra (ET 26/09/2014), para no quedarse atrás de las FARC que ya los habían publicado.

El ministro del Interior quiere reducir todas las voces críticas a una operación de “campaña negra” de los guerreristas, negando en los hechos el derecho al disenso. Piensa el señor Cristo, cuota del samperismo en el Ejecutivo, que basta con decir que no hay nada grave ni comprometedor en los acuerdos para que todos vayamos a dormir tranquilos. Continuar leyendo

Reconciliación sí, pero con condiciones

Tan socorrida como la paz circula ahora la palabra “reconciliación”. El jurista Rodrigo Uprimny invita a pensar y debatir el significado de esta noción clave en la resolución de numerosos conflictos en la historia mundial.

Parte el columnista de una pregunta bastante controversial: “¿Podremos los colombianos reconciliarnos después de décadas de Guerra, polarización y atrocidades?” Su pregunta da por sentado que el país está en Guerra hace muchos años, caracterización compartida en amplios círculos académicos de izquierda y liberales “progres”. Que hemos sufrido arbitrariedades y atrocidades no genera gran polémica, pero, usar la categoría de guerra para referirse a unas “partes” tan disímiles como un estado y un gobierno legítimos de un lado y un grupo de criminales de Guerra, sí que amerita un buen debate.

Uprimny otorga, sin presentar un debido y mínimo soporte, a un proyecto de revolución comunista fracasado nacido en el apogeo de la Guerra Fría en la America Latina de los años sesenta, una calificación que tiene más de ideológico que de histórico y político. No se puede negar que hay un conflicto armado, porque las guerrillas no disparan flores ni divulgan ideales democráticos. Tampoco se puede desconocer que su pretensión de levantar al pueblo colombiano contra la “dictadura oligárquica” no tuvo eco, las cifras de favorabilidad para ellas nunca han superado el 3 o 4 por ciento. Los movimientos sociales y políticos de corte revolucionario y reformista se han visto más perjudicados que favorecidos por el accionar de las guerrillas.

Ahora bien, es válido preguntarnos ¿por qué los defensores del proceso entreguista de paz del gobierno Santos, en contravía de la rigurosidad que se requiere en el lenguaje político, utilizan esa retórica generalizadora sobre la violencia, las víctimas y las atrocidades que nos convierte a todos, por igual en victimarios y violentos? ¿Por qué plantean el problema como un asunto de reconciliacion?  Nos tendrían que demostrar que las FARC, el ELN y otros grupos ilegales, igual de terroristas, crueles e irrepresentativos han surgido como fruto de la persecución, la discriminación y la represión política y no de proyectos ideológicos revolucionarios comunistas.

Ahora bien, las guerras y los conflictos armados no terminan todos de la misma manera. Quiero decir que la idea de reconciliación no siempre es pertinente ni siempre significa lo mismo. Me imagino que nadie les enrostraría a los Aliados el no haber buscado la reconciliación con los Nazis, o a los pueblos que sufrieron el yugo soviético estalinista que no se reconciliaran con los invasores o a los que sufrieron a dictadores estilo Ferdinand Marcos, Anastasio Somoza o Nicolae Ceasescu que no los hubiesen perdonado. Y no es solo por un asunto de la correlación de fuerzas, de que en esas experiencias hubo un final de derrota, sino también por la existencia de unas abismales diferencias y heridas tan profundas que la única opción era la derrota o abatimiento del opresor o la expulsión del invasor.  Con esas ideologías y regímenes la humanidad democrática no podía desear la reconciliación. Agresores de esa clase fueron condenados a reparar a sus víctimas a pagar multas enormes a pedir perdón y a expiar sus crímenes en la cárcel y en algunos casos hasta con sus vidas.

La lucha contra el fascismo el nazismo y el comunismo, teorías y sistemas totalitarios, antidemocráticos y criminales que exterminaron y oprimieron a millones de personas en nombre de una raza, clase o nación superior, no clasifica como conflicto de exclusión o discriminación en los que sí se justifica pensar en términos de reconciliación. Más allá, la historia mundial registra casos de reconciliación después de guerras devastadoras como la de secesión norteamericana o la que se registró entre negros y blancos en Surafrica con el derrumbamiento del Apartheid.

En el caso colombiano la idea de reconciliación de sentido religioso que supone el retorno a un ideal mundo fraterno, no aplica, como bien lo reconoce Uprimny. Pero, de allí no se desprende que solo queden dos alternativas, la negación de su posibilidad alegando diferencias insalvables como ocurrió con el nazismo, el fascismo y el comunismo en algunos países, que supone la derrota total, el arrasamiento sin piedad de los enemigos del estado y de la institucionalidad, que algunos atribuyen perversamente, como la opción que propone el uribismo. Ni tampoco la de la impunidad que impulsa el gobierno Santos y sus adláteres en la academia, que significa pensar a los criminales de guerra y a genocidas como iguales al estado, que no expiarían sus culpas en prisión y que podrían ocupar cargos públicos y en organismos de representación popular.

Hay un camino realista que no se ubica en ninguna de las anteriores. Me refiero a una opción que atraviesa casi todos los discursos, pero, sobre la que hace falta observar mayor constancia, precisión y decisión. Se trata de la consabida justicia transicional que conlleva al reconocimiento y reparación de las víctimas por parte de las guerrillas, el estado ya lo está haciendo, a la petición pública de perdón, a la refrendación del compromiso de no repetición y de contribuir al esclarecimiento de verdades judiciales y a la entrega de las armas por parte de quienes, infructuosamente, pretendieron cambiar el orden de cosas a través de la lucha armada. Sería como tragar sapos en vez de los cocodrilos que pretende Santos.

Cacería al Senador Uribe

En su cacería contra el ahora senador Álvaro Uribe, Iván Cepeda ha utilizado todo tipo de argucias, hasta la de acercarse a los enemigos históricos del comunismo fariano. Su consigna parece ser llevar a Uribe a la cárcel y ayudar a que Timochenko llegue al Congreso.

En su empeño lo acompaña una jauría de reconocidos escribidores y un variopinto elenco de políticos en el que juega, ya más de frente, el presidente, Juan Manuel Santos, que predican la paz y la reconciliación mientras le declaran la guerra al uribismo.

Su salida más reciente es hacerle un debate al senador Uribe por su responsabilidad en los crímenes del paramilitarismo con el apoyo de Claudia López, la Juana de Arco colombiana. En la bancada del Centro Democrático nadie se asustó y los retaron a realizarlo en un nivel más profundo de tal forma que se consideren todas las variables del fenómeno paramilitar, la parapolítica y por supuesto el de las guerrillas terroristas, sus crímenes de lesa humanidad y su entorno o periferia civil.

Habría que empezar por destapar los amplios nexos que las guerrillas han forjado hace muchísimos años con sectores y personalidades políticas de todas las tendencias, activistas de organizaciones gremiales, cooperativistas, funcionarios públicos, académicos e intelectuales.

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Una democracia burlada

Son demasiadas y contundentes las señales de peligro para la democracia colombiana emitidas por el actual gobierno. Pudimos apreciar algunas de ellas durante las elecciones presidenciales con la abrumadora publicidad oficial y la compra de votos a favor del presidente-candidato.

Es evidente que el curso de maniobra del presidente Santos se está expresando cada vez con más claridad hacia la cooptación del Estado. La influencia que tiene el presidente en las altas cortes comenzó con el cambio de la terna para la elección del Fiscal General de la Nación. Tumbar de una patada la que había dejado Uribe, mal-enquistado en especial con la Corte Suprema, le granjeó un acercamiento en asuntos que tienen que ver con la judicialización de funcionarios uribistas. Santos también ganó, y mucho, al nombrar un personaje incondicional que ha preconizado la legitimidad de una paz con impunidad y que además le colaboró a todo vapor en su campaña por la reelección.

A su vez, el Fiscal colocó una de sus fichas en la Corte Constitucional. Los últimos cambios que se han producido en esta corporación le permiten a Santos allanar el camino hacia la aprobación de una paz con elegibilidad política para las guerrillas, muy poca cárcel (¿días, semanas, abonando jardines o cuidando albergues de la tercera edad?), reconocimiento retórico de víctimas y sin dejación de armas, para que experimenten su ingreso a la vida civil.

Tal es el sentido del fallo que tiene entre manos el magistrado Rojas, que apunta a eliminar, por vía constitucional, la obligación de castigar los crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad cometidos por los jefes guerrilleros.

El presidente tiene entre sus manos dos platos de jugosa y abundante mermelada para distribuir entre los partidos de la Unidad Nacional. De una parte la Contraloría por vencimiento del periodo de la actual directora. De otro lado, la Procuraduría General que debe quedar a la orden cuando fructifique la maniobra de declarar nula la reelección del actual director, piedra en el zapato de la impune política de paz de Santos. Se apoyaron en un principio, que no ley, según el cual en el servicio público solo se puede hacer lo que esté expresamente autorizado y como la reelección del Procurador no está reconocida por ley entonces es ilegal la del Procurador Ordoñez. Se les olvida la reelección del anterior procurador, Edgardo Maya. Y si fueran consecuentes con ese principio, pues tendrían que pedir su aplicación a los congresistas reelectos ya que la ley no estipula en parte alguna su reelección.

La verdad monda y lironda es que Santos necesita nombrar un procurador manipulable, títere de su política de paz. Y tiene a su favor a la intelectualidad “liberal” e izquierdista, que vive aterrada con las posiciones conservadoras de Ordoñez y ven ahí la oportunidad de librarse del “oscurantista”, no importa que sea al precio que sea, así sea violando “legalmente” la ley, cosa que ha hecho posible este gobierno que se ha acomodado al criticado “todo se vale”.

Santos está ad portas de controlar directamente y a través de intercambios clientelares a las Cortes, a los organismos de control: Procuraduría, Contraloría y Fiscalía y al legislativo buscando las dos terceras partes del Congreso de la República a costa de reventar el partido conservador. Al paso que lleva, no reconocerá al Centro Democrático como el partido de oposición ni dejará aprobar el Estatuto Orgánico de la Oposición.

En suma, lo que tenemos es una situación de control y cooptación de los poderes públicos por parte del presidente de la república y eso significa, aquí y en cualquier país, una afrenta a la democracia, casi que un golpe de estado sin disparar un tiro y sin sacar un tanque a las calles, con elegancia y con sutil aprobación de casi todos los poderes de la sociedad.

Santos, ha logrado “amansar” a militares y de policía con mano de hierro. Ya cuenta a su haber con tres cúpulas sacrificadas porque no compartían sus tesis, decenas de generales y oficiales de alto rango, experimentados en el oficio de combatir el terrorismo y muy claros en cuanto a que estas conversaciones de paz igualan el estado y a la Fuerza Pública con los terroristas, fueron llamados a calificar servicios, humillados al cabo de años de sacrificios para darle seguridad a la sociedad.

Pero, la concentración de poderes no se limita a los otros dos poderes ni a las instituciones del Estado. También se observa en la fuerte influencia en los grandes medios nacionales cuya línea editorial está al servicio de las políticas oficiales. Durante la campaña reeleccionista terciaron francamente a su favor, al precio de herir de muerte la independencia y la función crítica de los medios y de los periodistas, tal como se los reclamó en momento oportuno Juan Gossaín, cuya voz no fue escuchada.

Para cerrar el círculo, Santos interviene con su dedo nominador en las decisiones de los gremios, impuso el nuevo director de la ANDI, regañó al de FENALCO, le parece inadmisible que el de FEDEGAN le haga críticas y asustó a los demás con dejarlos por fuera de las políticas públicas.

De modo pues que, hay razones de peso para estar alertas ante la manipulación de los poderes del estado y de la sociedad y el cercenamiento de la democracia. Nos están clavando el puñal con toda la legalidad del caso y no nos damos por enterados.

Salvedades de las FARC para llegar al paraíso

En uno de sus portales, las Farc dieron a conocer un documento que contiene sus “Salvedades” al texto sobre narcotráfico firmado en La Habana días antes de la segunda ronda electoral por la presidencia. Sobre el tema de tierras y de víctimas también formularon salvedades a granel lo que da para pensar que lo que falta por “acordar” es muchísimo más que lo que le hicieron creer a los colombianos con bombos y platillos. Con el pomposo título “Política anti-droga para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo” presentan cincuenta propuestas. Haré mención a algunas de ellas sin pretender, por problemas de espacio, hacer un análisis detenido de las mismas.

Varios de esos puntos nos recuerdan un viejo proceder y un enfoque tradicional de las guerrillas comunistas cuando abordan cualquier tema social, político o económico, consistente en relacionar la parte con el todo de tal forma que quedamos ante un enorme incremento de los problemas.

En el capítulo quinto (salvedades 21 a 24) se exige al Estado el reconocimiento de las víctimas de la política antidrogas y la “suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con agentes químicos y de los programas de erradicación forzada”, que significaría de bulto la paralización de la acción estatal. Las FARC no se consideran victimarias ni responsables del fenómeno. En el capítulo sexto (25 a 28) se plantea la “desmilitarización de la política anti-drogas, no intervención imperialista y descriminalización de los pobres del campo”. Las guerrillas no se mencionan a sí mismas en esa desmilitarización.

El capítulo séptimo (salvedades 29 a 36) contiene aquellas que consideran el problema del consumo y la adicción como un asunto de salud pública. Lo interesante es que no se quedan en esa particularidad sino que plantean algo más de fondo (“reforma estructural al régimen de seguridad social en salud”). Contundente demostración de su habilidad para ampliar los contenidos de la agenda hacia campos que no estaban consignados. De esa forma, los cinco puntos del Acuerdo Inicial se convierten en decenas y hasta centenas, porque lo que ellos pretenden, en realidad, es una transformación “estructural” de la sociedad colombiana para la que se precisa la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

En el capítulo octavo (37 a 42) las FARC exigen que la política antidrogas esté “centrada en el desmonte de las estructuras narcoparamilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado”. Ellas se liberan de responsabilidad en el negocio y de la degradación y la violencia criminal que han propiciado. Proponen una Comisión para la “identificación del poder paramilitar” fieles a su concepción de que la violencia en Colombia ha sido y es propiciada por las clases dominantes, el imperialismo y un Estado aliado con grupos paramilitares. Exigen, además, la “depuración de las ramas del Estado…de los órganos de control y la organización electoral” y, para desmentir al presidente que afirma que el tema no ha sido ni será tocado en La Habana, la “Depuración de las fuerzas militares y de policía y de los servicios de inteligencia”.

En su desbordamiento propositivo, y para no dejar dudas sobre sus intenciones en esta negociación, abundan en exigencias de todo tipo, como la de que se conforme “una Comisión especializada de la verdad sobre la empresa capitalista transnacional del narcotráfico”, una “nueva institucionalidad democrática de la política antidrogas”, y, proporcional a sus sueños delirantes de grandeza la “reforma sustancial al sistema internacional de control de drogas de Naciones Unidas”.

La guerrilla fariana no es, por tanto, un interlocutor que busca la firma de la paz, sino la aprobación de sus programas y de sus propuestas, ya no solo sobre el país sino sobre el mundo. Y como el gobierno colombiano perdió toda autoridad moral para centrarlos y cerrarles la puerta, pues ahí los tenemos, igualados y crecidos ante el Estado colombiano. Intentan cobrar a nuestras elites y negociadores haber reconocido que la paz no es solo el fin de la lucha armada sino la realización del paraíso terrenal.

A pesar de todo lo que se ha dicho y de los textos firmados, un acuerdo de paz se ve en el horizonte si entendemos por tal, ese punto imaginario en el que se juntan el cielo y la tierra y que tiene la particularidad que se aleja de nosotros en la misma medida en que nos acercamos a él.

El presidente Santos nos abruma con su discurso de paz y trata el asunto como si de los colombianos de a pie dependiera su logro. Invita a mandatarios para que nos den lecciones de paz mientras las guerrillas siguen dando demostraciones de insensatez, aunque firman textos farragosos e insustanciales que hasta el demonio firmaría. Felipe González no hizo la paz con ETA y fue acusado de organizar grupos paraestatales para combatirla. Carece de autoridad para darnos lecciones de cómo hacer la paz. Tony Blair, que involucró a Inglaterra en la guerra del Golfo, tampoco tiene méritos para darnos ejemplo. Y un premio Nobel de Paz es invitado por Colciencias a un evento de científicos a hablar de la paz en Irlanda, la que más les gusta a las FARC puesto que no hubo ni cárcel ni entrega de armas.