El mal momento de las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC que se adelantan en La Habana está relacionado con muchos factores. Una agenda más amplia de lo que se cree. Vamos para ocho meses de trajín y ni siquiera se ha podido evacuar el primer punto, si el tema agrario ha sido duro, qué decir del que trata de la participación política que muchos “gestores de paz” despachan como si el gobierno estuviera conversando con los integrantes del coro de niños cantores de Viena. Una actitud insolente de los delegados de la guerrilla que va desde su desafiante discurso de Oslo hasta la negación de víctimas a resarcir, y exigencias fuera de foco como la de convocar una constituyente, reducir el tamaño del ejército, abolición de los TLC y cambio del modelo económico.
Nada conmueve a los delegados de las FARC. Parece que la vieja consigna que señala como máximo objetivo la toma del poder por la vía armada sigue vivita y coleando. En el imaginario colectivo persisten, con toda razón, los malos recuerdos del Caguán. Ni siquiera la benevolencia del Fiscal General y de los jefes políticos de la U y del liberalismo, que les prometen cero prisión y amplias facilidades para la participación en política. Ninguna exigencia como si se tratara de un préstamo bancario para comprar carro.

