Cacería al Senador Uribe

En su cacería contra el ahora senador Álvaro Uribe, Iván Cepeda ha utilizado todo tipo de argucias, hasta la de acercarse a los enemigos históricos del comunismo fariano. Su consigna parece ser llevar a Uribe a la cárcel y ayudar a que Timochenko llegue al Congreso.

En su empeño lo acompaña una jauría de reconocidos escribidores y un variopinto elenco de políticos en el que juega, ya más de frente, el presidente, Juan Manuel Santos, que predican la paz y la reconciliación mientras le declaran la guerra al uribismo.

Su salida más reciente es hacerle un debate al senador Uribe por su responsabilidad en los crímenes del paramilitarismo con el apoyo de Claudia López, la Juana de Arco colombiana. En la bancada del Centro Democrático nadie se asustó y los retaron a realizarlo en un nivel más profundo de tal forma que se consideren todas las variables del fenómeno paramilitar, la parapolítica y por supuesto el de las guerrillas terroristas, sus crímenes de lesa humanidad y su entorno o periferia civil.

Habría que empezar por destapar los amplios nexos que las guerrillas han forjado hace muchísimos años con sectores y personalidades políticas de todas las tendencias, activistas de organizaciones gremiales, cooperativistas, funcionarios públicos, académicos e intelectuales.

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Una democracia burlada

Son demasiadas y contundentes las señales de peligro para la democracia colombiana emitidas por el actual gobierno. Pudimos apreciar algunas de ellas durante las elecciones presidenciales con la abrumadora publicidad oficial y la compra de votos a favor del presidente-candidato.

Es evidente que el curso de maniobra del presidente Santos se está expresando cada vez con más claridad hacia la cooptación del Estado. La influencia que tiene el presidente en las altas cortes comenzó con el cambio de la terna para la elección del Fiscal General de la Nación. Tumbar de una patada la que había dejado Uribe, mal-enquistado en especial con la Corte Suprema, le granjeó un acercamiento en asuntos que tienen que ver con la judicialización de funcionarios uribistas. Santos también ganó, y mucho, al nombrar un personaje incondicional que ha preconizado la legitimidad de una paz con impunidad y que además le colaboró a todo vapor en su campaña por la reelección.

A su vez, el Fiscal colocó una de sus fichas en la Corte Constitucional. Los últimos cambios que se han producido en esta corporación le permiten a Santos allanar el camino hacia la aprobación de una paz con elegibilidad política para las guerrillas, muy poca cárcel (¿días, semanas, abonando jardines o cuidando albergues de la tercera edad?), reconocimiento retórico de víctimas y sin dejación de armas, para que experimenten su ingreso a la vida civil.

Tal es el sentido del fallo que tiene entre manos el magistrado Rojas, que apunta a eliminar, por vía constitucional, la obligación de castigar los crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad cometidos por los jefes guerrilleros.

El presidente tiene entre sus manos dos platos de jugosa y abundante mermelada para distribuir entre los partidos de la Unidad Nacional. De una parte la Contraloría por vencimiento del periodo de la actual directora. De otro lado, la Procuraduría General que debe quedar a la orden cuando fructifique la maniobra de declarar nula la reelección del actual director, piedra en el zapato de la impune política de paz de Santos. Se apoyaron en un principio, que no ley, según el cual en el servicio público solo se puede hacer lo que esté expresamente autorizado y como la reelección del Procurador no está reconocida por ley entonces es ilegal la del Procurador Ordoñez. Se les olvida la reelección del anterior procurador, Edgardo Maya. Y si fueran consecuentes con ese principio, pues tendrían que pedir su aplicación a los congresistas reelectos ya que la ley no estipula en parte alguna su reelección.

La verdad monda y lironda es que Santos necesita nombrar un procurador manipulable, títere de su política de paz. Y tiene a su favor a la intelectualidad “liberal” e izquierdista, que vive aterrada con las posiciones conservadoras de Ordoñez y ven ahí la oportunidad de librarse del “oscurantista”, no importa que sea al precio que sea, así sea violando “legalmente” la ley, cosa que ha hecho posible este gobierno que se ha acomodado al criticado “todo se vale”.

Santos está ad portas de controlar directamente y a través de intercambios clientelares a las Cortes, a los organismos de control: Procuraduría, Contraloría y Fiscalía y al legislativo buscando las dos terceras partes del Congreso de la República a costa de reventar el partido conservador. Al paso que lleva, no reconocerá al Centro Democrático como el partido de oposición ni dejará aprobar el Estatuto Orgánico de la Oposición.

En suma, lo que tenemos es una situación de control y cooptación de los poderes públicos por parte del presidente de la república y eso significa, aquí y en cualquier país, una afrenta a la democracia, casi que un golpe de estado sin disparar un tiro y sin sacar un tanque a las calles, con elegancia y con sutil aprobación de casi todos los poderes de la sociedad.

Santos, ha logrado “amansar” a militares y de policía con mano de hierro. Ya cuenta a su haber con tres cúpulas sacrificadas porque no compartían sus tesis, decenas de generales y oficiales de alto rango, experimentados en el oficio de combatir el terrorismo y muy claros en cuanto a que estas conversaciones de paz igualan el estado y a la Fuerza Pública con los terroristas, fueron llamados a calificar servicios, humillados al cabo de años de sacrificios para darle seguridad a la sociedad.

Pero, la concentración de poderes no se limita a los otros dos poderes ni a las instituciones del Estado. También se observa en la fuerte influencia en los grandes medios nacionales cuya línea editorial está al servicio de las políticas oficiales. Durante la campaña reeleccionista terciaron francamente a su favor, al precio de herir de muerte la independencia y la función crítica de los medios y de los periodistas, tal como se los reclamó en momento oportuno Juan Gossaín, cuya voz no fue escuchada.

Para cerrar el círculo, Santos interviene con su dedo nominador en las decisiones de los gremios, impuso el nuevo director de la ANDI, regañó al de FENALCO, le parece inadmisible que el de FEDEGAN le haga críticas y asustó a los demás con dejarlos por fuera de las políticas públicas.

De modo pues que, hay razones de peso para estar alertas ante la manipulación de los poderes del estado y de la sociedad y el cercenamiento de la democracia. Nos están clavando el puñal con toda la legalidad del caso y no nos damos por enterados.

Salvedades de las FARC para llegar al paraíso

En uno de sus portales, las Farc dieron a conocer un documento que contiene sus “Salvedades” al texto sobre narcotráfico firmado en La Habana días antes de la segunda ronda electoral por la presidencia. Sobre el tema de tierras y de víctimas también formularon salvedades a granel lo que da para pensar que lo que falta por “acordar” es muchísimo más que lo que le hicieron creer a los colombianos con bombos y platillos. Con el pomposo título “Política anti-droga para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo” presentan cincuenta propuestas. Haré mención a algunas de ellas sin pretender, por problemas de espacio, hacer un análisis detenido de las mismas.

Varios de esos puntos nos recuerdan un viejo proceder y un enfoque tradicional de las guerrillas comunistas cuando abordan cualquier tema social, político o económico, consistente en relacionar la parte con el todo de tal forma que quedamos ante un enorme incremento de los problemas.

En el capítulo quinto (salvedades 21 a 24) se exige al Estado el reconocimiento de las víctimas de la política antidrogas y la “suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con agentes químicos y de los programas de erradicación forzada”, que significaría de bulto la paralización de la acción estatal. Las FARC no se consideran victimarias ni responsables del fenómeno. En el capítulo sexto (25 a 28) se plantea la “desmilitarización de la política anti-drogas, no intervención imperialista y descriminalización de los pobres del campo”. Las guerrillas no se mencionan a sí mismas en esa desmilitarización.

El capítulo séptimo (salvedades 29 a 36) contiene aquellas que consideran el problema del consumo y la adicción como un asunto de salud pública. Lo interesante es que no se quedan en esa particularidad sino que plantean algo más de fondo (“reforma estructural al régimen de seguridad social en salud”). Contundente demostración de su habilidad para ampliar los contenidos de la agenda hacia campos que no estaban consignados. De esa forma, los cinco puntos del Acuerdo Inicial se convierten en decenas y hasta centenas, porque lo que ellos pretenden, en realidad, es una transformación “estructural” de la sociedad colombiana para la que se precisa la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

En el capítulo octavo (37 a 42) las FARC exigen que la política antidrogas esté “centrada en el desmonte de las estructuras narcoparamilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado”. Ellas se liberan de responsabilidad en el negocio y de la degradación y la violencia criminal que han propiciado. Proponen una Comisión para la “identificación del poder paramilitar” fieles a su concepción de que la violencia en Colombia ha sido y es propiciada por las clases dominantes, el imperialismo y un Estado aliado con grupos paramilitares. Exigen, además, la “depuración de las ramas del Estado…de los órganos de control y la organización electoral” y, para desmentir al presidente que afirma que el tema no ha sido ni será tocado en La Habana, la “Depuración de las fuerzas militares y de policía y de los servicios de inteligencia”.

En su desbordamiento propositivo, y para no dejar dudas sobre sus intenciones en esta negociación, abundan en exigencias de todo tipo, como la de que se conforme “una Comisión especializada de la verdad sobre la empresa capitalista transnacional del narcotráfico”, una “nueva institucionalidad democrática de la política antidrogas”, y, proporcional a sus sueños delirantes de grandeza la “reforma sustancial al sistema internacional de control de drogas de Naciones Unidas”.

La guerrilla fariana no es, por tanto, un interlocutor que busca la firma de la paz, sino la aprobación de sus programas y de sus propuestas, ya no solo sobre el país sino sobre el mundo. Y como el gobierno colombiano perdió toda autoridad moral para centrarlos y cerrarles la puerta, pues ahí los tenemos, igualados y crecidos ante el Estado colombiano. Intentan cobrar a nuestras elites y negociadores haber reconocido que la paz no es solo el fin de la lucha armada sino la realización del paraíso terrenal.

A pesar de todo lo que se ha dicho y de los textos firmados, un acuerdo de paz se ve en el horizonte si entendemos por tal, ese punto imaginario en el que se juntan el cielo y la tierra y que tiene la particularidad que se aleja de nosotros en la misma medida en que nos acercamos a él.

El presidente Santos nos abruma con su discurso de paz y trata el asunto como si de los colombianos de a pie dependiera su logro. Invita a mandatarios para que nos den lecciones de paz mientras las guerrillas siguen dando demostraciones de insensatez, aunque firman textos farragosos e insustanciales que hasta el demonio firmaría. Felipe González no hizo la paz con ETA y fue acusado de organizar grupos paraestatales para combatirla. Carece de autoridad para darnos lecciones de cómo hacer la paz. Tony Blair, que involucró a Inglaterra en la guerra del Golfo, tampoco tiene méritos para darnos ejemplo. Y un premio Nobel de Paz es invitado por Colciencias a un evento de científicos a hablar de la paz en Irlanda, la que más les gusta a las FARC puesto que no hubo ni cárcel ni entrega de armas.

La gloria de Santos por sobre todas las cosas

Hay líderes que buscan la gloria defendiendo un ideal de importancia esencial para una sociedad, pero también los hay que por lograrla son capaces de negarse a sí mismos o de cometer graves errores sin guardar miramientos con los perjuicios que pueden ocasionar corriendo riesgos incalculables. Este último es el caso del presidente Juan Manuel Santos.

En nombre de una paz que en 1997 estaba “de un cacho”, según el primer mandatario, y que ahora está “a la mano” porque “nunca antes habíamos avanzado tanto en acuerdos con las FARC”, el presidente estigmatizó a la mitad de la población calificándola de “extremo derechista” y “amiga de la guerra sin fin”, se mostró receptivo con el apoyo electoral de los grupos guerrilleros y los puso del lado de la paz sin que hayan dejado de atacar los bienes y las tropas de la nación.

Demasiada osadía del presidente y sus asesores. Uno no sabe si las ansias de gloria les ha hecho perder de vista el peligro de abrir las puertas de la acción política a quienes se empecinan en la acción violenta, a quienes son defensores de un proyecto continental antidemocrático que en otras latitudes se ha impuesto por vía electoral, sin exigir el abandono de las armas.

El camino que se sigue conlleva el peligro de regalarle espacios al proyecto de la “patria grande” que comparten las guerrillas de las FARC, el ELN, los gobiernos del ALBA y la dictadura castrista. Y no es que se les vaya a hacer la concesión a través de un texto, decreto o capitulación, no. En los hechos y hace años, Colombia está en la mira. Cuba y Venezuela, centros del proyecto rodean y vigilan la negociación. No acompañan por hacernos un favor o prestarnos un servicio, tienen sus intereses. No es un invento de mentes enfermizas decir que en el discurso de las guerrillas colombianas y de los gobernantes de esas dictaduras existe una identidad de palabras mayores. Hablan, por ejemplo, del ideal “bolivariano” del “socialismo del siglo XXI”. No son palabras carentes de sentido. Líderes que piensan igual gobiernan a sus anchas, con reelección indefinida, en Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

No todos tienen el mismo margen de maniobra, lo que explica las diferencias de ritmo en la aplicación de su plan anticapitalista, estatizador, con recorte o supresión de libertades individuales, asfixia a la iniciativa privada, condena al ánimo de lucro, control de los poderes públicos por el Ejecutivo, silenciamiento de la prensa, atropellos a las fuerzas opositoras a las que tratan de enemigas.

En nuestro país existen grupos, movimientos, partidos, tendencias y personalidades partidarios o simpatizantes de ese proyecto. No están “a un cacho” del poder, pero, merodean, hacen bulla, estimulan y azuzan las “luchas populares” y de “clases”, se apropian de banderas que después tiran al pote de la basura.

Los viejos, ortodoxos y dogmáticos comunistas estalinistas poseen la capacidad de seducir con su discurso justiciero a un vasto conglomerado de sectores sociales, intelectuales, académicos y líderes sociales. Por supuesto, esa favorabilidad no se traduce siempre en militancia, en cambio sí en una actitud de desprecio por las instituciones que nos rigen que les da para pensar que es mejor cualquier otra cosa.

Es un sector que no ve ningún problema en que los comandantes responsables de crímenes de lesa humanidad no paguen cárcel por delitos de lesa humanidad, en que no dejen ni entreguen las armas, en que ocupen puestos en el Congreso o en una eventual asamblea constituyente. No creen que haya motivo de preocupación. Peor aún, consideran paranoicos a quienes alertan para que no nos suceda lo de Venezuela.

No es que el “cuco” vaya a venir, es que ya está aquí y bien representado. Son débiles aún, pero hábiles para sortear esa circunstancia. Como buenos discípulos de Stalin, uno de los grandes criminales de la historia, se camuflan, se parapetan, se infiltran, cambian el nombre de su partido, crean organismos con títulos pomposos que defienden principios en los que no creen. Hay comunistas clandestinos y legales, seguidores disciplinados del Movimiento Continental Bolivariano que asisten a sus congresos lo mismo que al Foro de Sao Paulo, eso no es un invento. Hay personas, como el profesor de una universidad pública que, siendo activo guerrillero de las Farc, hizo parte de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín. Un reconocido y otrora dirigente sindical es hoy uno de los cuatro jefes del ELN, hay congresistas de izquierda que han logrado que ideólogos de la combinación de todas las formas de lucha sean consagrados como mártires de la democracia en la que nunca creyeron.

Por el flanco civil, que es hoy día el principal teatro de batalla, uno se pregunta ¿qué hacía el líder comunista Carlos Lozano, director del semanario “Voz” en las listas al Congreso del partido Verde? Y también hay políticos del llamado “establecimiento” que no es que se hayan cambiado de bando sino que carecen de visión, de principios o de escrúpulos, que desconocen la naturaleza de ese peligro, que lo minimizan, que piensan que el problema se resuelve facilitando acceso gratuito a la política a los grupos que abrazan el proyecto de la “patria grande”. Y también hay dirigentes de Estado que, como anotábamos al comienzo, solo piensan en su gloria personal.

¿Alcanzará la torta?

Concluyó una de las más reñidas, intensas, debatidas y mañosas campañas presidenciales de la vida reciente de Colombia con triunfo de Juan Manuel Santos.

Para la situación tiene validez el dicho de que la victoria tiene muchas madres y en cambio la derrota es huérfana. Sin embargo, me atrevo a darle créditos superlativos a la izquierda de todos los matices en el resultado, por lo que cabe esperar que le den una porción grande de la torta.

Intentemos explicarnos las razones que influyeron en la victoria del presidente-candidato más que enredarnos en especulaciones sobre las cifras. En mi parecer fueron muchas, unas muy propias de la dinámica y la publicidad electoral y otras no tan santas que permiten apreciar que a pesar del discurso contra “el todo vale” se hicieron cosas en esa dirección.

He aquí las que considero razones más importantes. Sin duda, la campaña santista fue exitosa con la retórica del miedo para dividir el país, astutamente, en amigos de la paz y partidarios de la guerra o extrema derecha. Una apuesta que graduó de pacifistas a las FARC. A la lista de partidos de la Unidad Nacional –Liberal, de la U y Cambio Radical, se sumó el comunismo ortodoxo de la Unión y la Marcha Patrióticas, la dirigencia más dogmática del Polo Democrático, los Verdes, los Progresistas y un importante sector de los conservadores liderados por el muy “progresista” Roberto Gerlein. Un abanico de extrema a extrema.

Entre los allegados a la gran alianza por la paz llegaron las FARC con su nueva tregua y el documento de “reconocimento” de las víctimas, y el ELN que aceptó jugar a favor de Santos al aceptar “conversaciones exploratorias”.

Con tirios y troyanos Santos adquirió una deuda enorme. Como ya agotó hasta el pegado de la mermelada, ahora le corresponde repartir la torta de la gobernabilidad. Hay demasiados mendigos con ponchera pidiendo algo a cambio. Todos reclamarán ser parte del festín para que la gratitud del reelecto presidente, que le dedicó más de la mitad de su flaca intervención de la victoria a darles gracias, se traduzca en porciones reales de poder.

En el triunfo jugaron un rol fundamental los grandes empresarios del país, desde Sarmiento Angulo hasta el Sindicato Paisa. La gran prensa hablada, escrita y vista fue clara y vergonzosamente, como señaló Juan Gosaín, inclinada a favor de Santos. Eso, al menos, indica que no habrá nuevos canales privados de televisión. Como vemos el “todo se vale” tiene espacio en las toldas oficiales aunque no siempre podamos decir que eso es “ilegal”.

El factor más descarado y delictuoso en la estrategia de la campaña reeleccionista se dio en el abuso de poder y de autoridad del presidente, concretado en las cuñas y pautas publicitarias costosísimas de institutos y organismos del Estado y del Gobierno que salieron a dar cuenta de su gestión, precisamente en época electoral. Esa publicidad coincidía con la de la campaña en el tema de paz como valor central de tal forma que el presidente gozó espuriamente  de la coincidencia adrede de las dos publicidades. Alcaldes y gobernadores fueron conminados a apoyar a Santos a cambio de partidas y obras en sus territorios y comunidades. Si hubiese independencia plena de poderes en Colombia, algún organismo debería estar investigando este hecho que no indica solo una falla ética sino una conducta delictiva por la utilización de recursos públicos para fines particulares. En el colmo del cinismo, hasta Humberto de la Calle se prestó para actuar en esas cuñas sobre la paz y las negociaciones en La Habana.

El Centro Democrático denunció la irrigación de miles de millones de pesos, en varias partes del país destinados a la compra de votos. Obsérvese el aumento de más del cien por cien de la votación a favor de Santos en varios departamentos y capitales. Con seguridad no fue a causa de una intensa labor programática de los ñoños, los musas, los Benedetti, los Cristo y los Barrera.

Toda o casi toda la intelectualidad de izquierda, semiizquierda, de los “progres”, de los liberales cultos, modernos y decentes, los independientes, los anarquistas tipo Caballero, francotiradores como Bejarano y linchadores de todo pelambre se lucieron con el insulto, el macartismo, el simplismo y el sectarismo, contra el candidato Zuluaga y contra izquierdistas como William Ospina y Robledo a quienes les hicieron matoneo de corte estalinista. Hasta Carlos Gaviria, desde su otoñal retiro, perdió la memoria de cuando afirmó que “a Juan Manuel Santos nunca lo han pillado diciendo una verdad”. Quedan muchas anomalías por relatar.

Pero, en momentos de efervescencia bien vale la pena hacer un llamado a los vencedores para que no se dejen obnubilar, a que cesen en su miserable cacería contra el expresidente Uribe y sus seguidores si es que de verdad están comprometidos con la paz. Esa paz no es sensata si conlleva a borrar del mapa o burlarse, atropellar o pisotear a quienes forman parte de ese honroso 45% que votó por Zuluaga. Esos siete millones de votos son el respaldo legítimo a la que será la nueva Oposición política, para la que, no por generosidad ni gracia del gobierno, tiene que haber plenas garantías como corresponde en democracia. La tristeza que sentimos es momentánea pues será reemplazada por el sentimiento de preocupación con la suerte de la Nación. El gobierno ecuatoriano, que había declarado muy peligroso un traspié de Santos y la paz para la seguridad de su país, puede dormir tranquilo. Maduro seguirá con la solidaridad de su mejor “amiguis”, Ortega ejercerá soberanía sobre nuestro archipiélago, y la dictadura castrista contará con el voto de Colombia para tapar sus violaciones a los derechos humanos.

Mi voto por Zuluaga

Óscar Iván Zuluaga ha demostrado, con creces, que brilla con luz propia. Ha demostrado una gran solvencia al deshilvanar y explicar uno por uno los contenidos de su propuesta programática.

Para sorpresa de los incrédulos y malestar de sus críticos y opositores que lo han pintado como un títere a través del cual quien habla de verdad es el expresidente Alvaro Uribe, Zuluaga tiene criterio y estilo propio y ha mostrado ser un gran conocedor de los problemas de la sociedad y del Estado colombiano.

En los debates televisivos ha sorteado con éxito las difíciles y en veces capciosas preguntas de los periodistas y las cáscaras que afanosamente le tira el presidente-candidato. Habla con claridad, es calmado ante las provocaciones, firme y contundente cuando corresponde. No se deja provocar y soporta estoicamente las burlas y las ironías que le arrojan desde todos los ángulos.

No es un líder político de esos que enfrentan una campaña pensando en triquiñuelas, en la trampa que hay que ponerle al oponente que es en lo que se distingue el presidente-candidato quien confunde la praxis política con apuestas de juegos de azar. No es hombre de rodeos ni de promesas demagógicas de última hora.

De su relación con Uribe no reniega ni se apena como Juan Manuel Santos, que no se sonroja al apropiarse de sus éxitos y lavarse las manos de sus supuestos fracasos de los que fue copartícipe en su calidad de ministro de Defensa.

Zuluaga ha forjado con Uribe una amistad alrededor de identidades profundas sobre la manera de pensar y enfrentar los problemas del país. Reconoce que su programa fue estructurado en numerosos talleres democráticos realizados a lo largo y ancho de Colombia, fruto del esfuerzo colectivo de especialistas, líderes populares, gremiales, de activistas, intelectuales y voluntarios que lo estructuraron a la par que daban vida al partido del Centro Democrático.

De llegar a la presidencia, Zuluaga obrará como presidente de todos los colombianos, hará gala de su autonomía y exhibirá su jerarquía, pero será leal al partido, al programa y escuchará la voz del líder natural de ese movimiento, y, por supuesto, trabajará con los demás poderes del Estado, que es lo que debe darse en cualquier democracia que se precie de tal.

Zuluaga inspira seguridad, tiene talante para asumir retos y situaciones complejas y se ha ganado una imagen de hombre serio. No cambia de opinión según el interlocutor ni el escenario, por eso ha crecido de manera espectacular en la intención de voto hasta el punto de que hoy en día, a diferencia de hace dos meses, derrotar a Juan Manuel Santos es posible.

Ya todo está dicho de su parte, la opinión sabe a qué atenerse, sabe que es un líder coherente, franco y predecible.

En cambio, del lado contrario, observamos un líder presa del miedo a la derrota, desesperado, acompañado por un equipo en el que abundan los caciques que hacen declaraciones disonantes, ofensivas y disparatadas. Por ejemplo, Vargas Lleras en actitud cínica les exigió a beneficiarios de casas gratuitas del Estado lealtad con el presidente y los regañó por exhibir en sus ventanas afiches de Zuluaga. Como quien dice, el gobierno les reclama a los ciudadanos su voto como gratitud por los programas sociales que son deber del Estado. Si las gentes aceptaran el chantaje, estaríamos en presencia del voto más costoso de la historia.

La campaña de Santos atropella el sentido de todo pudor con su marejada de cuñas institucionales oficiales en las que se aprecia una indiscutible y no disimulada semejanza con el lenguaje del presidente-candidato. De esa forma, la publicidad oficial, financiada con recursos de la nación, ha sido puesta a su servicio. En el colmo de los colmos, pusieron a Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador en La Habana, a actuar en cuñas claramente al servicio de Santos. En dos años de negociaciones no había hablado tanto como en estas semanas.

Eso nos indica varias cosas preocupantes: el abuso de posición del presidente, la desviación de recursos públicos para fines electorales de carácter privado, la manipulación del proceso de paz. Nos reafirma en la idea de que el presidente Santos es un hombre que actúa guiado por su interés personal, capaz de arrasar con los límites que impone la democracia a las campañas electorales.

Para coronar, Santos exhibe una gaseosa declaración de principios sobre las víctimas, que las FARC, muy acuciosas, se prestaron a firmar ante la inminencia de una posible derrota. Se repite la maniobra previa a la primera vuelta cuando suscribieron un documento sobre narcotráfico y luego anunciaron cese al fuego, ahora, en documento de corte metodológico del que no se desprende ningún compromiso y cuya concreción podría tomar varios años, las FARC le dan una manito a Santos. Típica jugada de oportunismo electoral. Por eso no es raro el anuncio de una tregua con motivo de la segunda vuelta. No se descartan nuevas picardías de última hora.