Demasiado lejos, presidente Santos, ¡demasiado!

El presidente Santos, abusando de las formalidades de la diplomacia, ha llegado al extremo de pedirle a gobiernos extranjeros que intercedan ante las Naciones Unidas para que la CPI no interfiera la paz de Colombia y, a ofrecer sus servicios para gestionar ante el gobierno americano la suspensión de la extradición de líderes de las FARC comprometidos con el narcotráfico.

Cuando el presidente declara “No creo que ningún guerrillero vaya a entregar las armas para ir a morir a una cárcel norteamericana”, se convierte en emisario de las exigencias de las FARC degradando la dignidad de su cargo.

Para entender el abismo inmoral en el que ha caído el Gobierno Santos habría que reseñar la cadena de ominosas claudicaciones en las que ha incurrido a lo largo de un proceso que de meses es ahora de años. Bástenos en este artículo con apelar al ejercicio de la memoria para recordar con quiénes estamos negociando.

Hay que reiterarles a los colombianos y a los amigos del exterior que no estamos discutiendo si se debe o no negociar con terroristas. Que no abogamos por llevar a la cárcel a todos los guerrilleros ni esperamos una paz perfecta ni una justicia total. Claro que se puede y se debe negociar con organizaciones terroristas. Hay suficientes experiencias al respecto, no seríamos los primeros ni seremos los últimos.

La clave en nuestro caso radica en entender que el Estado colombiano está negociando con una organización calificada de terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá entre otras naciones y que se negocia con el fin humanitario de evitar más sufrimiento y más muertes. Dicha caracterización daría para no concederles estatus de contraparte ni reconocerles un poder superior al que tienen o una representación que no poseen.

Pero Santos se comporta como si estuviera negociando con unos rebeldes con causa. Lo hace con un fastidioso estilo consistente en tirar globos, desinflarlos para volverlos a lanzar. Con el Fiscal Montealegre y el expresidente Gaviria quiere llevar el país a firmar un acuerdo sin respetar los “mínimos de justicia” que exige la comunidad de naciones y la Corte Penal Internacional a la que Colombia pertenece.

Ha ido tan lejos, que solicita a algunos gobiernos hacerse los de la vista gorda respecto de la impunidad a la que le faltan solo detalles. Y que se hagan los de la oreja mocha ante los reclamos de la ONU, la CPI y la ONG Human Rigths Watch. El embajador en España, Fernando Carrillo, explicó a Blu Radio que el canciller español propondrá “en el Consejo de Seguridad de la ONU que se proteja mediante una resolución, un eventual acuerdo de paz… ante la CPI”.

No sabemos ni entendemos porqué Mariano Rajoy cedió tan fácil a tal desatino, allá que lidian con un grupo terrorista del que demandan rendición total, al que no le reconocen estatus para negociar no obstante haber decretado el fin de la lucha armada, algo que las FARC ni siquiera prometen. A Rajoy alguien debe hacerle entender que oficiará no por nuestra paz sino por la impunidad de criminales de guerra y terroristas peores que los etarras.

Al presidente Obama, lo deberían actualizar sobre los hechos de terror que han sufrido sus ciudadanos y empresas y sobre las miles de toneladas de cocaína que han traficado hacia su país. Estados Unidos es el país más amenazado del mundo por fuerzas terroristas, entre las que se encuentran las FARC, cuyos jefes son un resabio de la “guerra fría” que defienden un proyecto narco-comunista basado en el odio de clases.

La idea no es pedirles que se opongan a la negociación o a la rebaja de penas, sino, que le demanden al gobierno colombiano exigir la entrega de armas, imponer penas de cárcel y negar elegibilidad política para jefes guerrilleros condenados por delitos como: el secuestro sistemático de civiles, el reclutamiento de miles de menores, el arrasamiento con armas artesanales y letales de decenas de poblaciones, la voladura de un club social repleto de civiles y de una iglesia con más de cien fieles que huían de un combate, la siembra indiscriminada de minas antipersonal que han dejado miles de muertos y mutilados, el asesinato a sangre fría de los diputados del Valle del Cauca, los concejales de Rivera, del exministro de Defensa y el gobernador de Antioquia. No son, pues, luchadores justicieros ni excelsos demócratas ni perseguidos políticos.

Esos delitos no son, hoy en día, merecedores de indulto o amnistía ni excarcelables, como si fuesen conexos con la rebelión, otro de los adefesios penales y morales que pretende validar el gobierno. La comunidad de naciones, después de agotadoras negociaciones, alcanzó un consenso al crear la CPI, organismo que por fortuna insiste en la obligatoriedad de castigar con prisión a los culpables de delitos atroces, calificar ese logro como un capricho o decir que es una obsesión respetar su estatuto es ofender al mundo civilizado.

Los gobiernos inglés, francés y sueco –este último tolera en su territorio a ANNCOL, portal de las FARC- están obligados a ser consecuentes y coherentes con el deber moral y ético de luchar contra todo tipo de terrorismo y en exigir que toda negociación con esas fuerzas debe estar precedida por la renuncia a la violencia y la intención de someterse a la Justicia Transicional.

El yihadismo y la corrección política

Pensar que en nuestra cultura occidental nada hay por defender es lo mismo que darnos por perdidos ante la declaratoria de guerra de los yihadistas. Algunos sectores de opinión en nombre de “poner las cosas en contexto”, unos sin esguinces, directos, otros taimadamente, nos desarman al invertir la responsabilidad de los atentados en París.

Todos ellos, como si hubiese un lazo causal mecánico entre el pasado y el integrismo, recuerdan que Francia fue una potencia colonial que exprimió a varios pueblos dejándolos en la miseria. Dan por descontado que hay racismo, discriminación e injusticias sociales, etc. Razonamientos similares contra “el imperialismo yanqui”, la sociedad de consumo y el capitalismo, etc., circularon profusamente cuando se produjeron los ataques de Al Qaeda contra los Estados Unidos en septiembre de 2001, en marzo del 2004 en Madrid y el Metro de Londres en julio de 2005.

No creo necesario citar a alguien en particular, basta entender que se trata de una forma de explicar el terrorismo y el fanatismo que termina convirtiendo a las víctimas en victimarios. Un espeluznante ejercicio de inversión de la culpa que concibe la historia como venganza y retaliación.

Es también una manera de analizar el terrorismo islámico como un fenómeno causado por Occidente, el imperialismo y el capitalismo, por la expoliación económica, la marginación social y el racismo, es decir, por factores exógenos y objetivos.

Esta línea de pensamiento, al menos la más culta, está enraizada con el estructuralismo y el materialismo histórico, corrientes para las que todo lo que se da en del orden de la subjetividad, el pensamiento, las ideologías, la experiencia religiosa, constituye la superestructura que depende siempre de una base material, la economía, y todo acontecimiento a un conjunto. Marx lo resumió al decir que las formas de pensar de una sociedad son fruto de las condiciones materiales de existencia, y, se anula, atenúa o diluye la explosividad de un hecho en un amplio campo referencial.

Otra tendencia es, digamos, más ordinaria porque es de las que “menciona la soga en casa del ahorcado” o cínica porque ubica en la víctima la causa del delito “los de Charlie se la buscaron por blasfemos”. Una línea más no se presta para una discusión racional porque hablan dogmáticamente desde una posición pro yihadista o antisemita. Es preferible debatir con aquellos que movidos por un sentimiento de culpa y por una baja autoestima respecto de lo que somos esconden sus vacilaciones diciendo que condenan el terrorismo “pero es que Francia…”

Si bien la blasfemia enerva o molesta a quien la sufre, en este caso a los islamistas, es una ingenuidad pensar que lo políticamente correcto es que no se dibujen ni divulguen caricaturas provocadoras, pues sería aceptar la desaparición de este género, acogido hace siglos, cuya naturaleza es la irreverencia y la mofa de lo sagrado y del poder. Vendrían después, dichosos, los integristas musulmanes y dictadores de todos los pelambres a abatir la libertad de expresión, el teatro, la pintura, la poesía y otros géneros transgresores en los que los seres humanos damos rienda suelta a la creatividad, y hasta querrán que las mujeres se vistan con mayor “decencia”.

Si llegáramos a aceptar tal mutilación ¿creen los amigos de la “contextualización” que desaparecería el yihadismo? A lo que apunto es a pensar que los integristas musulmanes leen y siguen El Corán literalmente y como un mandato divino. Si bien no existen fenómenos puros o totalmente aislados de un conjunto de circunstancias, en la génesis del fanatismo no siempre los factores externos son fundamentales. El motor de su crecimiento exponencial y de su accionar terrorista nace de vivencias y visiones de ulemas e imanes, expertos predicadores, que se erigen en intermediarios o portavoces de alá. Tiene que ver también, con una cosmogonía en la que, como en el Medioevo occidental, lo político está supeditado a lo religioso.

La novela “Me llamo rojo”, del turco Orhan Pamuk, Nobel de Literatura 2006, es una excelente puesta en escena de los mitos y prejuicios de la religión musulmana. ¿Negarán los amigos del “contexto” que la libertad que ellos no aprecian pero utilizan para escribir con toda liberalidad, no tendría la más mínima opción de circular en sociedades cerradas y controladas por los yihadistas o ayatollas ultraconservadores erigidos en la nueva Inquisición?

Que el problema con el fanatismo musulmán no se resuelve aceptando el sacrificio de nuestras libertades ni su inteligibilidad se agota en el “contexto” de causas externas, se puede ver claramente en las cobardes incursiones armadas de los talibanes contra una escuela infantil en Pakistán, en las salvajes acciones acometidas por el grupo Boko Haram en países empobrecidos como Sudán, Malí, Chad, Somalia y en las aberrantes acciones del Estado Islámico en Siria e Irak. ¿Les funciona ahí el “contexto”? ¿Por una blasfemia? ¿Por ocupación colonial?

Es cierto, Francia tiene lastres, como casi todas las potencias. Sin embargo, hay que recalar en la no despreciable riqueza de valores que, por otra parte, nos han legado, como por ejemplo, la supresión de la primacía de la religión sobre la política, vivir la discrepancia y los conflictos, la tolerancia religiosa, las libertades individuales, la democracia y un largo etcétera. Los valores de Occidente aunque han navegado en aguas turbulentas no son cosa de poca monta.

Si uno aprecia estos valores y es consciente que siguen vigentes a pesar de su imperfección o su inacabamiento los debe asumir como un referente para forjar un mundo capaz de convivir en medio de sus diferencias y diversidad en vez de buscar el cielo en la tierra. Los yihadistas son los responsables del terrorismo actual, su víctima no es solo un país o una cultura, es el mundo entero, incluidos sus hermanos, los islamistas moderados. No son el fruto de un irrespeto o maltrato sino de una forma de asumir su religión.

La yihad contra Occidente y el mundo

Esta vez la yihad islámica golpeó el corazón de la Modernidad, uno de los símbolos más fulgurantes de los valores de nuestra civilización, París, la ciudad más abierta y diversa del mundo.

Tras el mortífero ataque se refresca una vieja polémica, afloran las preguntas de ayer: ¿Por qué? ¿Cuál debe ser la reacción? ¿Qué seguirá? De ayer a hoy, y sobre todo después del fin de la “guerra fría”, el yihadismo o guerra santa en nombre de Alá contra los impíos, ha recobrado una fuerza inusitada.

Hoy, una de las muchas tendencias que se han lanzado a una sangrienta cruzada, el Estado Islámico, actúa con fuerzas de choque tipo ejército y control de territorios entre Siria e Iraq y amenaza con extender sus acciones y dominio a otros países musulmanes para imponer su mirada ultraconservadora del Corán. Continuar leyendo

¿En qué queda la monserga antiyanki de los Castro?

El acuerdo USA-CUBA es de esos acontecimientos que tienen y tendrán múltiples lecturas y repercusiones. Aunque Raúl Castro, se aferre a los dogmas de la revolución, claro como la luz del sol es el fracaso total del sistema económico comunista que se pretendió implantar en la isla.

Casi desde la proclamación del comunismo y la ruptura con los Estados Unidos, el régimen dictatorial de los Castro le achacó al “imperialismo yanqui” y al “decadente capitalismo”, la culpa de todas las carencias de su economía planificada. Sonaba curioso, incongruente y hasta inconsecuente declararle la guerra al capitalismo y enseguida acusarlo de los desastres del “nuevo modelo”.

La evidencia histórica nos dice que la dictadura castrista siempre vivió de las ayudas externas. En ese sentido ha sido un régimen parasitario, primero de los soviéticos y luego del petróleo del populismo chavista. Pero, la revolucionaria técnica del fracking utilizada por los norteamericanos para extraer petróleo que ha llevado el precio del combustible a sus niveles más bajos en diez años, y el envejecimiento irremediable de Fidel y Raúl, como señaló acertadamente Moises Naim, despejaron el camino para el acuerdo logrado. El gobierno cubano, ante un panorama económico demasiado incierto y crítico no tenía otra opción que acercarse a Goliat. Continuar leyendo

De Santa Fe de Ralito a La Habana

Los colombianos ya perdimos la cuenta de los sapos que nos hemos tragado, sin derecho a regurgitar, en estos dos largos años de negociaciones de paz.

También tragamos muchos en la negociación del Estado con los grupos paramilitares, es cierto, pero dicho proceso tuvo una entrada engullible, su manifestación de cesar en sus acciones armadas, entregar las armas, desmovilizarse y a concentrarse en un lugar mientras se realizaban las conversaciones.

Fue una paz imperfecta porque individuos culpables de crímenes atroces en vez de pagar 40 o 50 años en prisión, recibieron una pena de 8 años. No han declarado todas las verdades, un porcentaje cercano a un diez por ciento se ha reciclado en las bandas criminales, la Fiscalía ha sido extremadamente lenta y los jueces han proferido pocas sentencias y, la reparación material y la devolución de tierras no se ha dado en la medida esperada.

Sin embargo, vista en perspectiva, esa paz imperfecta significó el fin del paramilitarismo, el retorno del monopolio de las armas al Estado, el cese de la persecución a los dirigentes de izquierda y de movimientos populares, de los magnicidios y de las masacres de civiles por motivos políticos. También tuvo su incidencia en el destape de los nexos que tales grupos establecieron con dirigentes políticos, gobernantes, congresistas, empresarios y miembros de la Fuerza Pública.

Si bien no todas las denuncias concluyeron en cárcel para los acusados y todavía hay investigaciones en curso, no menos cierto es que muchos de los procesados están pagando penas privativas de la libertad y que la infiltración del paramilitarismo en todos los organismos de poder y en las instituciones públicas se revirtió casi en su totalidad.

De manera que hemos consumido sapos y seríamos capaces de seguir la asquerosa dieta en aras de la paz. Pero, a los críticos de aquel proceso les pareció una afrenta a la moral y a la justicia lo que se consagró en la Ley de Justicia y Paz con la que fue refrendado. Fueron implacables, injuriosos y mordaces. Decían que había sido una “negociación de yo con yo” queriendo asimilar el gobierno con esos grupos.

En el proceso de negociaciones que tiene lugar hoy entre el gobierno Santos y las FARC, la mesa de los colombianos se ha visto poblada con gran cantidad de sapos, culebras y sabandijas. A diferencia del anterior, aquí los aperitivos y la entrada tuvieron sabor amargo pues no hubo cese unilateral de hostilidades ni una declaración sobre el desuso de la vía armada y la voluntad de desmovilizarse. No hubo concentración de las guerrillas mientras se conversara. La mesa está en funciones hace no ya meses sino años y va para largo, aunque se ha dicho que “nunca habíamos avanzado tanto con la guerrilla”.

Lo duro y difícil tiene que ver precisamente con aquellos asuntos que, aunque de manera imperfecta, fueron resueltos con los paramilitares aplicando la “Justicia Transicional”. Cabe decir, ¿qué hacer con los responsables de crímenes horrendos: masacres de civiles, reclutamiento de menores, violencia de género, narcotráfico, destrucción de pueblos, secuestro de miles de civiles, asesinatos fuera de combate, etc.? Las FARC han dicho que no quieren saber nada de “Justicia Transicional ni de cárcel ni de entrega de armas”.

Lo que se decida a este respecto es determinante sobre la cuestión de la participación de los jefes guerrilleros, responsables de esos delitos, en la política.

Lo que resulta bien curioso es que quienes se escandalizaron con la impunidad y la imperfección de la negociación con los grupos de autodefensa, ahora se olvidan de su rigor y apego estricto a la ley al plantear que debemos hacernos los ciegos ante a la perentoria obligación del Estado colombiano de respetar la Constitución Política y los compromisos internacionales.

En sus escritos y declaraciones, intelectuales fieles a la causa de la paz habanera, unas belicosas pacifistas, el Presidente, congresistas enmermelados y el Fiscal que habla como presidente, tiran por la borda todo lo relativo a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, llaman a buscar una salida nacional y a pisotear los tratados internacionales al sostener que no debe haber cárcel, que los jefes de las guerrillas podrán hacer política como si no hubieran cometido delitos de lesa humanidad, que se debe redefinir el delito político para que quepa en él el secuestro, el narcotráfico, la violencia de género, el reclutamiento de menores y un largo etcétera.

Vistas las cosas en perspectiva comparada, la negociación de Santafé de Ralito no es ni la sombra de lo que nos quieren embutir a la fuerza como si fuéramos patos a los que sobrealimentan para acrecentarles el hígado. Si tan solo aceptaran los términos de aquella negociación, si se mantuvieran firmes en sus postulados éticos y en su verticalidad jurídica, si tan solo fuesen coherentes, a lo mejor habría lugar para discutir una posición consensuada sobre lo que se discute en La Habana.

Pero no, en vez de ofrecer algo más que llamados a apoyar incondicionalmente la entrega de la bandera moral a los criminales, insultan, vituperan, injurian y ofenden. Yo me pregunto, ¿por qué tanto odio y tanta furia con quienes hacemos la crítica desde la institucionalidad y, tanta blandura, cortejo y obsecuencia con los criminales? y se me ocurre una respuesta: ellos creen que la extrema izquierda (las guerrillas) es más limpia, más honrada, de mejor familia y moralmente superior que la extrema derecha (paramilitares). Se les olvida que la vendada Astrea no distingue los crímenes de unos y otros.

Deformación tropical del delito político

En entrevista concedida a la CNN hace más de dos años, el 28 de septiembre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que “no se les puede pedir a las Farc que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas. No lo harán. Debe existir una salida, y esta salida debe permitirles participar en la arena política“.

Dos años largos después, en medio de una grave crisis del proceso de conversaciones de La Habana, Santos retoma su apreciación de forma más concreta al convocar a la redefinición del delito político de tal forma que se admita la conexidad del narcotráfico y el secuestro. Así, abre la puerta a una solución interna, propia, sin ataduras internacionales, para que los guerrilleros incursos en delitos horrendos, puedan participar en política.

Un cambio de esa envergadura dejaría el derecho penal prácticamente sin objeto ya que una porción muy grande de los delitos penales en el país están relacionados con el secuestro, la extorsión y el narcotráfico (este último toma cuerpo en numerosos hechos de sangre). Emocionada, la presidente del Polo Democrático Clara López, propuso que todos los delitos penales sean vistos como conexos con el delito político.

Esa maniobra impúdica, de salir avante, convertiría a Colombia en un país paria en materia de aplicación del derecho internacional y de observancia de los derechos humanos. Significaría entrar en rebeldía contra la Corte y el Estatuto Penal Internacional e internamente, consolidaría la profunda división en la que, de hecho, estamos sumidos como consecuencia de unas conversaciones adelantadas dentro de la mayor confusión. Continuar leyendo