De receso

Justo ahora que el Estado colombiano, según avistamos, va a sufrir la peor humillación desde la dolorosa separación de Panamá. Cuando se prepara, con total cinismo un golpe de Estado por medio del establecimiento de un poder paralelo, o dual, como diría Gramsci o Lenin.

Porque, ¿de qué otra forma llamar a este esperpento, el presidente Juan Manuel Santos, que, en desafortunada declaración, confirmó estar negociando para avalar los “acuerdos de La Habana”? El tal “congresito”, al que le cambian el nombre por “Comisión Legislativa”, el mismo perro con distinta guasca, no es otra cosa que un golpe a nuestra democracia y a la constitución que la sustenta.

En su composición: al incorporar a individuos sub judice y condenados por delitos atroces y a personas no elegidas por el constituyente primario. En sus funciones: porque queda habilitada para renunciar a los tratados internacionales que en materia de justicia ha firmado Colombia y que según la retórica de “expertos” nacionales y extranjeros, como el delegado de la ONU, el exfiscal de la CPI y el presidente de la Corte Suprema, no pueden ser un obstáculo a la paz, para que las guerrillas se autoexculpen. Para inventar cárceles sin barrotes, penas sin cárcel, resarcimiento de víctimas sin reparación material, zonas vedadas a la Fuerza Pública, violar la Constitución Nacional

El presidente Santos ofende la inteligencia de la mayoría de colombianos creyendo que cambiándole de nombre a sus regalos pasarán inadvertidos. Por más que diga y repita que no habrá paz sin impunidad, sí la habrá, pues, penas sin prisión no dejan de ser una burla al sentido común. Continuar leyendo

Paz a la medida de las FARC

Un editorial de El Tiempo, una entrevista del asesor jurídico de las FARC en Semana, las del presidente Juan Manuel Santos a Yamid Amat y a Patricia Janiot de CNN y decisiones del alto Gobierno indican algo muy grave, mucho más de lo que nos imaginamos. Avanzamos hacia un pacto con las FARC de carácter entreguista.

En La Habana, los “plenipotenciarios” de las FARC exigen como condición previa a la firma de un acuerdo de paz que se conforme, ya mismo, la Comisión de la Verdad y que esta emita un veredicto acorde con su visión: que Gobiernos, cúpulas castrenses y elites empresariales son tan culpables como ellas de todo lo sucedido en los últimos 50 años. Esto sin contar con que el informe puede tardar años y hasta décadas.

Los jefes farianos le tienen tomado el pulso y medido el aceite al Gobierno nacional y al presidente de la República. Esa es la razón por la que han subido el tono de sus exigencias y sus declaraciones. Sin ir muy atrás y teniendo en cuenta los acontecimientos desde el ataque traicionero a los soldados el pasado 15 de abril en Cauca, queda la sensación de que la guerrilla ha ganado los últimos pulsos.

Recordemos que a raíz de esa masacre, Santos restableció los bombardeos y la Fuerza Aérea, lo que confirmó que es el arma que más daño les hace; les propinó un golpe maestro. A renglón seguido, las FARC desataron su ofensiva terrorista para presionar un cese bilateral. Por lo leído y escuchado el fin de semana anterior, estamos en el mismo punto en que nos encontrábamos antes de la masacre de los soldados en Cauca, es decir, las FARC declaran un cese unilateral y Santos suspende de nuevo los bombardeos. Para evitar las críticas, el pacto se enmascara con la suave denominación de “desescalamiento”. Continuar leyendo

La paz que queremos

Se equivocan de buena o mala fe los que tildan de guerreristas a quienes planteamos discrepancias y críticas sobre la manera como discurren las conversaciones de paz en La Habana.

De Perogrullo es aceptar que la inmensa mayoría de colombianos respondería positivamente la pregunta de si queremos o no la paz. Por tanto, debemos entender que el problema no está en el deseo, sino en los procedimientos, la metodología y los términos que se han empleado para alcanzar el objetivo, los cuales arrojan un amplio margen de descontento y desconfianza.

La opinión pública letrada y no letrada tiene, a estas alturas, suficientes elementos de juicio para procesar mental y políticamente todo lo que ha salido a flote en estos ya casi tres años de conversaciones.

Intentaré plasmar en una breve síntesis el punto de vista de quienes criticamos el proceso de La Habana, pero asumo yo mismo la responsabilidad por cualquier olvido, error o incongruencia y en el entendido de que no escribo en nombre de nadie ni en representación de alguien. Continuar leyendo

El fin justifica los medios también para las FARC

A propósito del llamado del presidente Santos a “desescalar” el lenguaje, vale la pena reflexionar sobre la relación entre comunismo y terrorismo. En teoría, el dogma comunista condena el uso del terror como medio para alcanzar sus fines. Sin embargo, los hechos históricos muestran una sistemática recurrencia al terror sin darle ese calificativo.

Desde Lenin, pasando por Stalin, Mao, hasta Fidel, Kim y otros déspotas, los comunistas cometieron y justificaron crímenes horrendos antes de la toma del poder y luego, siendo ya gobernantes omnipotentes.

Parece un contrasentido que para alcanzar una meta tan encomiable como la igualdad entre los hombres se causen tantos desastres. Tiene validez preguntarnos si la doctrina es ajena a tales atrocidades, si estas son el fruto de conductas desviadas o “consecuencias desagradables” de la lucha revolucionaria o si esta justifica todo tipo de medios y métodos, por crueles que sean. O, como suelen despachar algunos dogmáticos, se trata de campañas infames del enemigo de clase para desacreditar la lucha revolucionaria.

Para responder acertadamente a estas inquietudes, es menester recordar que la doctrina comunista es de naturaleza mística, sus seguidores creen estar cumpliendo una misión sagrada, salvar a la humanidad de las cadenas de la explotación capitalista y realizar el destino señalado: la sociedad sin clases. A dichos objetivos supeditan su accionar, que puede incluir el sacrificio de la propia vida. Continuar leyendo

Los beneficios de abandonar el dogma comunista

Abundan en el mundo entero los casos de personas que, habiendo militado con el credo y en organizaciones comunistas, enfrentan, a la hora de renunciar o renegar de tales experiencias, una tormenta de insultos, anatemas y descalificaciones morales.

La doctrina marxista en la medida en que se cristalizó en programas de partidos se asimiló cada vez con mayor fuerza a una vivencia religiosa o, si se quiere, a una religión civil. Por eso, abandonar el dogma era considerado un acto de traición y el mayor pecado. El marxismo se vendió como un pensamiento científico o una ciencia, pero, a diferencia de esta, no toleraba la duda, la incertidumbre ni los cuestionamientos a las altas directivas o al gran líder.

De manera que dejar de ser o cambiar de ideas, algo normal en todo sistema de pensamiento crítico, siempre ha sido objeto de punzantes comentarios y agravios en las esferas comunistas y en las de otras ideologías de corte fundamentalista. Continuar leyendo

Demasiado lejos, presidente Santos, ¡demasiado!

El presidente Santos, abusando de las formalidades de la diplomacia, ha llegado al extremo de pedirle a gobiernos extranjeros que intercedan ante las Naciones Unidas para que la CPI no interfiera la paz de Colombia y, a ofrecer sus servicios para gestionar ante el gobierno americano la suspensión de la extradición de líderes de las FARC comprometidos con el narcotráfico.

Cuando el presidente declara “No creo que ningún guerrillero vaya a entregar las armas para ir a morir a una cárcel norteamericana”, se convierte en emisario de las exigencias de las FARC degradando la dignidad de su cargo.

Para entender el abismo inmoral en el que ha caído el Gobierno Santos habría que reseñar la cadena de ominosas claudicaciones en las que ha incurrido a lo largo de un proceso que de meses es ahora de años. Bástenos en este artículo con apelar al ejercicio de la memoria para recordar con quiénes estamos negociando.

Hay que reiterarles a los colombianos y a los amigos del exterior que no estamos discutiendo si se debe o no negociar con terroristas. Que no abogamos por llevar a la cárcel a todos los guerrilleros ni esperamos una paz perfecta ni una justicia total. Claro que se puede y se debe negociar con organizaciones terroristas. Hay suficientes experiencias al respecto, no seríamos los primeros ni seremos los últimos.

La clave en nuestro caso radica en entender que el Estado colombiano está negociando con una organización calificada de terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá entre otras naciones y que se negocia con el fin humanitario de evitar más sufrimiento y más muertes. Dicha caracterización daría para no concederles estatus de contraparte ni reconocerles un poder superior al que tienen o una representación que no poseen.

Pero Santos se comporta como si estuviera negociando con unos rebeldes con causa. Lo hace con un fastidioso estilo consistente en tirar globos, desinflarlos para volverlos a lanzar. Con el Fiscal Montealegre y el expresidente Gaviria quiere llevar el país a firmar un acuerdo sin respetar los “mínimos de justicia” que exige la comunidad de naciones y la Corte Penal Internacional a la que Colombia pertenece.

Ha ido tan lejos, que solicita a algunos gobiernos hacerse los de la vista gorda respecto de la impunidad a la que le faltan solo detalles. Y que se hagan los de la oreja mocha ante los reclamos de la ONU, la CPI y la ONG Human Rigths Watch. El embajador en España, Fernando Carrillo, explicó a Blu Radio que el canciller español propondrá “en el Consejo de Seguridad de la ONU que se proteja mediante una resolución, un eventual acuerdo de paz… ante la CPI”.

No sabemos ni entendemos porqué Mariano Rajoy cedió tan fácil a tal desatino, allá que lidian con un grupo terrorista del que demandan rendición total, al que no le reconocen estatus para negociar no obstante haber decretado el fin de la lucha armada, algo que las FARC ni siquiera prometen. A Rajoy alguien debe hacerle entender que oficiará no por nuestra paz sino por la impunidad de criminales de guerra y terroristas peores que los etarras.

Al presidente Obama, lo deberían actualizar sobre los hechos de terror que han sufrido sus ciudadanos y empresas y sobre las miles de toneladas de cocaína que han traficado hacia su país. Estados Unidos es el país más amenazado del mundo por fuerzas terroristas, entre las que se encuentran las FARC, cuyos jefes son un resabio de la “guerra fría” que defienden un proyecto narco-comunista basado en el odio de clases.

La idea no es pedirles que se opongan a la negociación o a la rebaja de penas, sino, que le demanden al gobierno colombiano exigir la entrega de armas, imponer penas de cárcel y negar elegibilidad política para jefes guerrilleros condenados por delitos como: el secuestro sistemático de civiles, el reclutamiento de miles de menores, el arrasamiento con armas artesanales y letales de decenas de poblaciones, la voladura de un club social repleto de civiles y de una iglesia con más de cien fieles que huían de un combate, la siembra indiscriminada de minas antipersonal que han dejado miles de muertos y mutilados, el asesinato a sangre fría de los diputados del Valle del Cauca, los concejales de Rivera, del exministro de Defensa y el gobernador de Antioquia. No son, pues, luchadores justicieros ni excelsos demócratas ni perseguidos políticos.

Esos delitos no son, hoy en día, merecedores de indulto o amnistía ni excarcelables, como si fuesen conexos con la rebelión, otro de los adefesios penales y morales que pretende validar el gobierno. La comunidad de naciones, después de agotadoras negociaciones, alcanzó un consenso al crear la CPI, organismo que por fortuna insiste en la obligatoriedad de castigar con prisión a los culpables de delitos atroces, calificar ese logro como un capricho o decir que es una obsesión respetar su estatuto es ofender al mundo civilizado.

Los gobiernos inglés, francés y sueco –este último tolera en su territorio a ANNCOL, portal de las FARC- están obligados a ser consecuentes y coherentes con el deber moral y ético de luchar contra todo tipo de terrorismo y en exigir que toda negociación con esas fuerzas debe estar precedida por la renuncia a la violencia y la intención de someterse a la Justicia Transicional.