Hacia una paz tramposa

Cabalgan, el presidente, sus amigos y aliados, sobre el sofisma de que los críticos de esta negociación somos enemigos de la paz, que nos oponemos a negociar. De ahí su pretensión de presentar los intentos que hizo Uribe como una contradicción y demostración de incoherencia e hipocresía. El ex presidente Uribe no lo niega, confirmó que había realizado cerca de 26 acercamientos y que estos fracasaron porque los irregulares no aceptaron la condición de cesar hostilidades. Sostiene que la política de Seguridad Democrática estaba orientada a devolverles la seguridad a los colombianos y forzar una negociación con los violentos en condiciones impuestas por el Estado, lo contrario a la estrategia santista.

Por eso, la andanada contra el ex presidente y senador Uribe en las dos últimas semanas tiene mucho de argucias y de trama, preparada por varios personajes. No hay que ser agente 007 para ligar hechos y sacar conclusiones. El Gobierno anda empeñado en vender la idea de la cercanía de la paz. Para aclimatar su objetivo ha organizado campañas publicitarias, realizado giras nacionales e internacionales, ha ganado el favor de varios mandatarios, ha pronunciado discursos y conferencias en numerosos escenarios y ante públicos muy diversos. Es como si nos estuvieran preparando para una gran fiesta nacional en la que recibiremos a un invitado muy especial. Ha entregado las banderas éticas y morales del Estado en la lucha contra los terroristas, les ha dado reconocimiento, oxígeno, tiempo suficiente para reparar lazos y reponer energías, y hasta les facilitó reunión cumbre a los números uno de las FARC y el ELN.

Pero el invitado parece querer aguarle la fiesta cuando declara que la paz no está tan cerca, que faltan muchas cosas para discutir. Aprovecha la debilidad de carácter del gobernante y su premura para firmarla y entonces lo chantajea, le exige cosas que no figuran en los acuerdos iniciales, aumentan el número y la complejidad de sus demandas. Una de ellas, indica que hay que doblegar, destruir, arrasar o neutralizar a Uribe, al que consideran su principal enemigo. Ya lograron sacrificar a altos oficiales que les propiciaron fuertes golpes. Las Farc quieren todas las garantías y todas las seguridades para allegarse a una firma. Han pedido leyes y se las han dado o prometido, cambios y los han satisfecho, tiempos y se los han alargado, salvamento de jefes en peligro y los han obtenido. Pero, su presa principal es Uribe. Cazado Uribe, sus seguidores y su partido dejarán de ser una “amenaza” para ellos y para su paz.

Todos los elementos dan para hablar de una especie de confabulación, en curso quizás, desde cuando el presidente Santos, experto en esas mañas, era ministro de Defensa y llevó al filósofo Sergio Jaramillo al viceministerio durante el segundo mandato de Uribe. Entre ambos deben haber preparado las líneas gruesas y delgadas de su proyecto. La amistad que los une les facilitó mantener a buen recaudo su plan y darle tiempo al filósofo de redactar el documento que igualó al Estado con las FARC como apuesta inicial.En el camino han sucedido muchas cosas. Las muertes del “Mono Jojoy” y “Cano” (en operativos planeados por Uribe al final de su gobierno). El atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos del que culparon a la “extrema derecha”. La expedición del Marco Jurídico para la paz, el nombramiento de un Fiscal dedicado a promover la impunidad para criminales de guerra y de lesa humanidad. El presidente, gran relacionista, ha ganado buenos aliados en las altas Cortes con su “mermelada”. En su campaña reeleccionista arrasó con el pudor y la vergüenza al invertir jugosas sumas en publicidad oficial.

Ahora está tramitando una reforma dizque para el equilibrio de poderes. Entre un artículo y otro hay verdaderos orangutanes como el de que se apruebe un referendo para ratificar la paz y se pase por la faja el control de constitucionalidad que habría que hacer en todo lo que se está cediendo, la eliminación del fuero del Contralor y del Procurador (para completar la captura de todos los poderes). El presidente ha debilitado la Fuerza Pública provocando varias crisis en el Alto Mando que ha dejado por el suelo a los mejores guerreros de la institucionalidad. Una Oposición estigmatizada como enemiga de la paz, un Ejército con sus altos mandos investigados por la Fiscalía, unos magistrados cooptados, otros cebados. Unos medios incondicionales que temen perder la pauta publicitaria oficial. Los partidos de la Unidad Nacional que renunciaron a la defensa del Estado y la democracia y prefieren hacerle la guerra a Uribe y al Centro Democrático. Y unas elites económicas, con honrosas excepciones, carentes de sentido del olfato para descubrir que los están llevando al matadero.

Todo este entramado, a la manera del rodaje de una película, se ha impuesto con el método de los hechos cumplidos. De a pocos, sin librar batallas teóricas o ideológicas, maniobrando con astucia, dando golpes bajos y arteros, diciendo una cosa y haciendo lo contrario, enviando mensajes de reconciliación a Uribe mientras lo ataca por otros lados. Periodistas supuestamente independientes caen de bruces en el lodazal de la mermelada oficial. Por eso dejan de ser creíbles Coronell, Arismendi, Yamit, el cuñado Pombo y el sobrino que dirige la revista Semana.

Cabe pues preguntar ¿hacia dónde nos conduce el presidente al acrecentar las expectativas de una inminente firma de la paz en lo que resta de este año?

Lo que se viene para el país no es nada agradable ni positivo para nuestra imperfecta y débil democracia. Un arreglo que llamarán Paz, concertada a la medida de una guerrilla crecida y arrogante, que poblará la vida nacional de aparatos, comisiones y leyes, sin penas de cárcel ni entrega de armas y con un andamiaje de estímulo de las luchas sociales y de masas en el marco de lo que llaman “democracia directa” que significa agitación y movilización permanente para agudizar las contradicciones del régimen, presionar por el cumplimiento de los acuerdos y exigir más y más y más.

Mientras tanto, instituciones legales y funcionarios públicos perderán poder y capacidad de ejercer y gobernar, expectantes e impotentes ante el espectáculo de un país entregado a las minorías de vanguardia. Lenin no la hubiera tenido tan fácil.
Será el final de una etapa e inicio de la segunda, la “transición”.

Comisiones de paz: no hay un solo relato

Las comisiones de la verdad en el marco de situaciones de extrema violencia estatal o de enfrentamientos asimétricos entre fuerzas estatales y grupos subversivos, conformadas bajo el criterio de víctimas y victimarios o culpables e inocentes, no siempre han arrojado resultados satisfactorios e incluso, se han dado casos en los que en vez de conducir al perdón y a la reconciliación han generado cadenas de venganza, reclamos sin fin y odios incrementados.

Lo primero que se puede decir a este respecto es que no existe una fórmula universal aplicable a todos los casos. No todos los conflictos sociales o políticos o guerras civiles que concluyen con la firma de la paz han acordado la formación de comisiones de la verdad y no siempre las que se han establecido han alcanzado sus objetivos.

¿Por qué es tan difícil lograr una visión consensuada sobre este asunto? Podemos ensayar varias respuestas. Una tiene que ver con el juego de roles e intereses de quienes han sido protagonistas de una confrontación violenta. Nadie quiere correr el riesgo de ser señalado culpable y algunos quieren figurar como víctimas. Otra alude a la falta de rigurosidad y claridad sobre lo que significa la verdad histórica y la verdad jurídica. Continuar leyendo

Hay capitulación en los acuerdos de La Habana

Con la publicación de los “Acuerdos de La Habana” el gobierno quiere hacernos creer que se trata de un acto de transparencia, para que se vea que no hay nada oculto, que no se ha negociado la propiedad privada ni la Constitución ni la Fuerza Pública y que lo hace para disipar rumores, desinformación y campaña negra. En realidad lo hizo, si nos atenemos a la versión del periodista Álvaro Sierra (ET 26/09/2014), para no quedarse atrás de las FARC que ya los habían publicado.

El ministro del Interior quiere reducir todas las voces críticas a una operación de “campaña negra” de los guerreristas, negando en los hechos el derecho al disenso. Piensa el señor Cristo, cuota del samperismo en el Ejecutivo, que basta con decir que no hay nada grave ni comprometedor en los acuerdos para que todos vayamos a dormir tranquilos. Continuar leyendo

Reconciliación sí, pero con condiciones

Tan socorrida como la paz circula ahora la palabra “reconciliación”. El jurista Rodrigo Uprimny invita a pensar y debatir el significado de esta noción clave en la resolución de numerosos conflictos en la historia mundial.

Parte el columnista de una pregunta bastante controversial: “¿Podremos los colombianos reconciliarnos después de décadas de Guerra, polarización y atrocidades?” Su pregunta da por sentado que el país está en Guerra hace muchos años, caracterización compartida en amplios círculos académicos de izquierda y liberales “progres”. Que hemos sufrido arbitrariedades y atrocidades no genera gran polémica, pero, usar la categoría de guerra para referirse a unas “partes” tan disímiles como un estado y un gobierno legítimos de un lado y un grupo de criminales de Guerra, sí que amerita un buen debate.

Uprimny otorga, sin presentar un debido y mínimo soporte, a un proyecto de revolución comunista fracasado nacido en el apogeo de la Guerra Fría en la America Latina de los años sesenta, una calificación que tiene más de ideológico que de histórico y político. No se puede negar que hay un conflicto armado, porque las guerrillas no disparan flores ni divulgan ideales democráticos. Tampoco se puede desconocer que su pretensión de levantar al pueblo colombiano contra la “dictadura oligárquica” no tuvo eco, las cifras de favorabilidad para ellas nunca han superado el 3 o 4 por ciento. Los movimientos sociales y políticos de corte revolucionario y reformista se han visto más perjudicados que favorecidos por el accionar de las guerrillas.

Ahora bien, es válido preguntarnos ¿por qué los defensores del proceso entreguista de paz del gobierno Santos, en contravía de la rigurosidad que se requiere en el lenguaje político, utilizan esa retórica generalizadora sobre la violencia, las víctimas y las atrocidades que nos convierte a todos, por igual en victimarios y violentos? ¿Por qué plantean el problema como un asunto de reconciliacion?  Nos tendrían que demostrar que las FARC, el ELN y otros grupos ilegales, igual de terroristas, crueles e irrepresentativos han surgido como fruto de la persecución, la discriminación y la represión política y no de proyectos ideológicos revolucionarios comunistas.

Ahora bien, las guerras y los conflictos armados no terminan todos de la misma manera. Quiero decir que la idea de reconciliación no siempre es pertinente ni siempre significa lo mismo. Me imagino que nadie les enrostraría a los Aliados el no haber buscado la reconciliación con los Nazis, o a los pueblos que sufrieron el yugo soviético estalinista que no se reconciliaran con los invasores o a los que sufrieron a dictadores estilo Ferdinand Marcos, Anastasio Somoza o Nicolae Ceasescu que no los hubiesen perdonado. Y no es solo por un asunto de la correlación de fuerzas, de que en esas experiencias hubo un final de derrota, sino también por la existencia de unas abismales diferencias y heridas tan profundas que la única opción era la derrota o abatimiento del opresor o la expulsión del invasor.  Con esas ideologías y regímenes la humanidad democrática no podía desear la reconciliación. Agresores de esa clase fueron condenados a reparar a sus víctimas a pagar multas enormes a pedir perdón y a expiar sus crímenes en la cárcel y en algunos casos hasta con sus vidas.

La lucha contra el fascismo el nazismo y el comunismo, teorías y sistemas totalitarios, antidemocráticos y criminales que exterminaron y oprimieron a millones de personas en nombre de una raza, clase o nación superior, no clasifica como conflicto de exclusión o discriminación en los que sí se justifica pensar en términos de reconciliación. Más allá, la historia mundial registra casos de reconciliación después de guerras devastadoras como la de secesión norteamericana o la que se registró entre negros y blancos en Surafrica con el derrumbamiento del Apartheid.

En el caso colombiano la idea de reconciliación de sentido religioso que supone el retorno a un ideal mundo fraterno, no aplica, como bien lo reconoce Uprimny. Pero, de allí no se desprende que solo queden dos alternativas, la negación de su posibilidad alegando diferencias insalvables como ocurrió con el nazismo, el fascismo y el comunismo en algunos países, que supone la derrota total, el arrasamiento sin piedad de los enemigos del estado y de la institucionalidad, que algunos atribuyen perversamente, como la opción que propone el uribismo. Ni tampoco la de la impunidad que impulsa el gobierno Santos y sus adláteres en la academia, que significa pensar a los criminales de guerra y a genocidas como iguales al estado, que no expiarían sus culpas en prisión y que podrían ocupar cargos públicos y en organismos de representación popular.

Hay un camino realista que no se ubica en ninguna de las anteriores. Me refiero a una opción que atraviesa casi todos los discursos, pero, sobre la que hace falta observar mayor constancia, precisión y decisión. Se trata de la consabida justicia transicional que conlleva al reconocimiento y reparación de las víctimas por parte de las guerrillas, el estado ya lo está haciendo, a la petición pública de perdón, a la refrendación del compromiso de no repetición y de contribuir al esclarecimiento de verdades judiciales y a la entrega de las armas por parte de quienes, infructuosamente, pretendieron cambiar el orden de cosas a través de la lucha armada. Sería como tragar sapos en vez de los cocodrilos que pretende Santos.

Cacería al Senador Uribe

En su cacería contra el ahora senador Álvaro Uribe, Iván Cepeda ha utilizado todo tipo de argucias, hasta la de acercarse a los enemigos históricos del comunismo fariano. Su consigna parece ser llevar a Uribe a la cárcel y ayudar a que Timochenko llegue al Congreso.

En su empeño lo acompaña una jauría de reconocidos escribidores y un variopinto elenco de políticos en el que juega, ya más de frente, el presidente, Juan Manuel Santos, que predican la paz y la reconciliación mientras le declaran la guerra al uribismo.

Su salida más reciente es hacerle un debate al senador Uribe por su responsabilidad en los crímenes del paramilitarismo con el apoyo de Claudia López, la Juana de Arco colombiana. En la bancada del Centro Democrático nadie se asustó y los retaron a realizarlo en un nivel más profundo de tal forma que se consideren todas las variables del fenómeno paramilitar, la parapolítica y por supuesto el de las guerrillas terroristas, sus crímenes de lesa humanidad y su entorno o periferia civil.

Habría que empezar por destapar los amplios nexos que las guerrillas han forjado hace muchísimos años con sectores y personalidades políticas de todas las tendencias, activistas de organizaciones gremiales, cooperativistas, funcionarios públicos, académicos e intelectuales.

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Una democracia burlada

Son demasiadas y contundentes las señales de peligro para la democracia colombiana emitidas por el actual gobierno. Pudimos apreciar algunas de ellas durante las elecciones presidenciales con la abrumadora publicidad oficial y la compra de votos a favor del presidente-candidato.

Es evidente que el curso de maniobra del presidente Santos se está expresando cada vez con más claridad hacia la cooptación del Estado. La influencia que tiene el presidente en las altas cortes comenzó con el cambio de la terna para la elección del Fiscal General de la Nación. Tumbar de una patada la que había dejado Uribe, mal-enquistado en especial con la Corte Suprema, le granjeó un acercamiento en asuntos que tienen que ver con la judicialización de funcionarios uribistas. Santos también ganó, y mucho, al nombrar un personaje incondicional que ha preconizado la legitimidad de una paz con impunidad y que además le colaboró a todo vapor en su campaña por la reelección.

A su vez, el Fiscal colocó una de sus fichas en la Corte Constitucional. Los últimos cambios que se han producido en esta corporación le permiten a Santos allanar el camino hacia la aprobación de una paz con elegibilidad política para las guerrillas, muy poca cárcel (¿días, semanas, abonando jardines o cuidando albergues de la tercera edad?), reconocimiento retórico de víctimas y sin dejación de armas, para que experimenten su ingreso a la vida civil.

Tal es el sentido del fallo que tiene entre manos el magistrado Rojas, que apunta a eliminar, por vía constitucional, la obligación de castigar los crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad cometidos por los jefes guerrilleros.

El presidente tiene entre sus manos dos platos de jugosa y abundante mermelada para distribuir entre los partidos de la Unidad Nacional. De una parte la Contraloría por vencimiento del periodo de la actual directora. De otro lado, la Procuraduría General que debe quedar a la orden cuando fructifique la maniobra de declarar nula la reelección del actual director, piedra en el zapato de la impune política de paz de Santos. Se apoyaron en un principio, que no ley, según el cual en el servicio público solo se puede hacer lo que esté expresamente autorizado y como la reelección del Procurador no está reconocida por ley entonces es ilegal la del Procurador Ordoñez. Se les olvida la reelección del anterior procurador, Edgardo Maya. Y si fueran consecuentes con ese principio, pues tendrían que pedir su aplicación a los congresistas reelectos ya que la ley no estipula en parte alguna su reelección.

La verdad monda y lironda es que Santos necesita nombrar un procurador manipulable, títere de su política de paz. Y tiene a su favor a la intelectualidad “liberal” e izquierdista, que vive aterrada con las posiciones conservadoras de Ordoñez y ven ahí la oportunidad de librarse del “oscurantista”, no importa que sea al precio que sea, así sea violando “legalmente” la ley, cosa que ha hecho posible este gobierno que se ha acomodado al criticado “todo se vale”.

Santos está ad portas de controlar directamente y a través de intercambios clientelares a las Cortes, a los organismos de control: Procuraduría, Contraloría y Fiscalía y al legislativo buscando las dos terceras partes del Congreso de la República a costa de reventar el partido conservador. Al paso que lleva, no reconocerá al Centro Democrático como el partido de oposición ni dejará aprobar el Estatuto Orgánico de la Oposición.

En suma, lo que tenemos es una situación de control y cooptación de los poderes públicos por parte del presidente de la república y eso significa, aquí y en cualquier país, una afrenta a la democracia, casi que un golpe de estado sin disparar un tiro y sin sacar un tanque a las calles, con elegancia y con sutil aprobación de casi todos los poderes de la sociedad.

Santos, ha logrado “amansar” a militares y de policía con mano de hierro. Ya cuenta a su haber con tres cúpulas sacrificadas porque no compartían sus tesis, decenas de generales y oficiales de alto rango, experimentados en el oficio de combatir el terrorismo y muy claros en cuanto a que estas conversaciones de paz igualan el estado y a la Fuerza Pública con los terroristas, fueron llamados a calificar servicios, humillados al cabo de años de sacrificios para darle seguridad a la sociedad.

Pero, la concentración de poderes no se limita a los otros dos poderes ni a las instituciones del Estado. También se observa en la fuerte influencia en los grandes medios nacionales cuya línea editorial está al servicio de las políticas oficiales. Durante la campaña reeleccionista terciaron francamente a su favor, al precio de herir de muerte la independencia y la función crítica de los medios y de los periodistas, tal como se los reclamó en momento oportuno Juan Gossaín, cuya voz no fue escuchada.

Para cerrar el círculo, Santos interviene con su dedo nominador en las decisiones de los gremios, impuso el nuevo director de la ANDI, regañó al de FENALCO, le parece inadmisible que el de FEDEGAN le haga críticas y asustó a los demás con dejarlos por fuera de las políticas públicas.

De modo pues que, hay razones de peso para estar alertas ante la manipulación de los poderes del estado y de la sociedad y el cercenamiento de la democracia. Nos están clavando el puñal con toda la legalidad del caso y no nos damos por enterados.