De Santa Fe de Ralito a La Habana

Los colombianos ya perdimos la cuenta de los sapos que nos hemos tragado, sin derecho a regurgitar, en estos dos largos años de negociaciones de paz.

También tragamos muchos en la negociación del Estado con los grupos paramilitares, es cierto, pero dicho proceso tuvo una entrada engullible, su manifestación de cesar en sus acciones armadas, entregar las armas, desmovilizarse y a concentrarse en un lugar mientras se realizaban las conversaciones.

Fue una paz imperfecta porque individuos culpables de crímenes atroces en vez de pagar 40 o 50 años en prisión, recibieron una pena de 8 años. No han declarado todas las verdades, un porcentaje cercano a un diez por ciento se ha reciclado en las bandas criminales, la Fiscalía ha sido extremadamente lenta y los jueces han proferido pocas sentencias y, la reparación material y la devolución de tierras no se ha dado en la medida esperada.

Sin embargo, vista en perspectiva, esa paz imperfecta significó el fin del paramilitarismo, el retorno del monopolio de las armas al Estado, el cese de la persecución a los dirigentes de izquierda y de movimientos populares, de los magnicidios y de las masacres de civiles por motivos políticos. También tuvo su incidencia en el destape de los nexos que tales grupos establecieron con dirigentes políticos, gobernantes, congresistas, empresarios y miembros de la Fuerza Pública.

Si bien no todas las denuncias concluyeron en cárcel para los acusados y todavía hay investigaciones en curso, no menos cierto es que muchos de los procesados están pagando penas privativas de la libertad y que la infiltración del paramilitarismo en todos los organismos de poder y en las instituciones públicas se revirtió casi en su totalidad.

De manera que hemos consumido sapos y seríamos capaces de seguir la asquerosa dieta en aras de la paz. Pero, a los críticos de aquel proceso les pareció una afrenta a la moral y a la justicia lo que se consagró en la Ley de Justicia y Paz con la que fue refrendado. Fueron implacables, injuriosos y mordaces. Decían que había sido una “negociación de yo con yo” queriendo asimilar el gobierno con esos grupos.

En el proceso de negociaciones que tiene lugar hoy entre el gobierno Santos y las FARC, la mesa de los colombianos se ha visto poblada con gran cantidad de sapos, culebras y sabandijas. A diferencia del anterior, aquí los aperitivos y la entrada tuvieron sabor amargo pues no hubo cese unilateral de hostilidades ni una declaración sobre el desuso de la vía armada y la voluntad de desmovilizarse. No hubo concentración de las guerrillas mientras se conversara. La mesa está en funciones hace no ya meses sino años y va para largo, aunque se ha dicho que “nunca habíamos avanzado tanto con la guerrilla”.

Lo duro y difícil tiene que ver precisamente con aquellos asuntos que, aunque de manera imperfecta, fueron resueltos con los paramilitares aplicando la “Justicia Transicional”. Cabe decir, ¿qué hacer con los responsables de crímenes horrendos: masacres de civiles, reclutamiento de menores, violencia de género, narcotráfico, destrucción de pueblos, secuestro de miles de civiles, asesinatos fuera de combate, etc.? Las FARC han dicho que no quieren saber nada de “Justicia Transicional ni de cárcel ni de entrega de armas”.

Lo que se decida a este respecto es determinante sobre la cuestión de la participación de los jefes guerrilleros, responsables de esos delitos, en la política.

Lo que resulta bien curioso es que quienes se escandalizaron con la impunidad y la imperfección de la negociación con los grupos de autodefensa, ahora se olvidan de su rigor y apego estricto a la ley al plantear que debemos hacernos los ciegos ante a la perentoria obligación del Estado colombiano de respetar la Constitución Política y los compromisos internacionales.

En sus escritos y declaraciones, intelectuales fieles a la causa de la paz habanera, unas belicosas pacifistas, el Presidente, congresistas enmermelados y el Fiscal que habla como presidente, tiran por la borda todo lo relativo a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, llaman a buscar una salida nacional y a pisotear los tratados internacionales al sostener que no debe haber cárcel, que los jefes de las guerrillas podrán hacer política como si no hubieran cometido delitos de lesa humanidad, que se debe redefinir el delito político para que quepa en él el secuestro, el narcotráfico, la violencia de género, el reclutamiento de menores y un largo etcétera.

Vistas las cosas en perspectiva comparada, la negociación de Santafé de Ralito no es ni la sombra de lo que nos quieren embutir a la fuerza como si fuéramos patos a los que sobrealimentan para acrecentarles el hígado. Si tan solo aceptaran los términos de aquella negociación, si se mantuvieran firmes en sus postulados éticos y en su verticalidad jurídica, si tan solo fuesen coherentes, a lo mejor habría lugar para discutir una posición consensuada sobre lo que se discute en La Habana.

Pero no, en vez de ofrecer algo más que llamados a apoyar incondicionalmente la entrega de la bandera moral a los criminales, insultan, vituperan, injurian y ofenden. Yo me pregunto, ¿por qué tanto odio y tanta furia con quienes hacemos la crítica desde la institucionalidad y, tanta blandura, cortejo y obsecuencia con los criminales? y se me ocurre una respuesta: ellos creen que la extrema izquierda (las guerrillas) es más limpia, más honrada, de mejor familia y moralmente superior que la extrema derecha (paramilitares). Se les olvida que la vendada Astrea no distingue los crímenes de unos y otros.

Deformación tropical del delito político

En entrevista concedida a la CNN hace más de dos años, el 28 de septiembre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que “no se les puede pedir a las Farc que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas. No lo harán. Debe existir una salida, y esta salida debe permitirles participar en la arena política“.

Dos años largos después, en medio de una grave crisis del proceso de conversaciones de La Habana, Santos retoma su apreciación de forma más concreta al convocar a la redefinición del delito político de tal forma que se admita la conexidad del narcotráfico y el secuestro. Así, abre la puerta a una solución interna, propia, sin ataduras internacionales, para que los guerrilleros incursos en delitos horrendos, puedan participar en política.

Un cambio de esa envergadura dejaría el derecho penal prácticamente sin objeto ya que una porción muy grande de los delitos penales en el país están relacionados con el secuestro, la extorsión y el narcotráfico (este último toma cuerpo en numerosos hechos de sangre). Emocionada, la presidente del Polo Democrático Clara López, propuso que todos los delitos penales sean vistos como conexos con el delito político.

Esa maniobra impúdica, de salir avante, convertiría a Colombia en un país paria en materia de aplicación del derecho internacional y de observancia de los derechos humanos. Significaría entrar en rebeldía contra la Corte y el Estatuto Penal Internacional e internamente, consolidaría la profunda división en la que, de hecho, estamos sumidos como consecuencia de unas conversaciones adelantadas dentro de la mayor confusión. Continuar leyendo

La chispa que no encendió la pradera (I)

Poca atención, por no decir nula, es la que se presta a algunos acontecimientos internos y externos que tuvieron incidencia importante en la génesis de las guerrillas marxistas en Colombia y en Latinoamérica. Entre las tesis puestas a consideración, la gran mayoría da por sentada la plena validez de aquella que las explica como consecuencia directa de un cuadro social de profunda miseria, injusticias sociales, persecución y exclusión política. En el lenguaje político se expresa en la fórmula, aceptada casi inercialmente, de “las causas objetivas del conflicto social y armado”.

Sobre este asunto queda aún mucho por despejar tanto en sentido académico como en la retórica de las fuerzas políticas. Asumo que el problema es complejo, que no está saldado y que no tendremos un relato único a este respecto. La década de los sesenta merecen ser revisitadas en términos críticos, lo más lejano posible de posiciones militantes. Es difícil hacerlo porque sobreviven, a pesar del derrumbe del proyecto comunista, esquemas, clichés y rigideces.

Sobre la coyuntura internacional de aquellos años, marcada por la división del mundo en áreas de influencia entre las grandes superpotencias USA y la URSS, conocida como la “guerra fría”, es aconsejable observar de qué manera fue afectada Latinoamérica. Es recomendable remontar la mirada al vigésimo congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) de 1956 ya que en él se aprobó el “Informe Secreto” presentado por una comisión del partido que denunciaba los crímenes del régimen estalinista y el inicio del desmonte del mismo y del “culto a la personalidad” con el que se había elevado al “padrecito Stalin” a la categoría de un dios. También se aprobó la tesis sobre la posibilidad de la transición pacífica hacia el socialismo en los países democráticos utilizando los medios electorales. Ambas resoluciones dieron lugar a la más grande división del comunismo internacional en el siglo XX. Los comunistas chinos, en el poder desde 1949 y liderados por Mao Tze Dong, se opusieron a ambas y las calificaron de traición al marxismo-leninismo. Ellos se empecinaban en defender la obra de Stalin y en que la vía al socialismo tenía que ser a través de la lucha armada. Consecuencia inmediata y dramática, los partidos comunistas se dividieron en muchos países. El de Colombia, que surgía de nuevo a la legalidad y a la acción pública, gracias al Frente Nacional, tuvo su fraccionamiento interno. Una importante sección configuró el partido comunista marxista-leninista línea Beijing.

Un segundo acontecimiento que es preciso tener en cuenta fue el triunfo de la revolución de corte nacionalista liderada por Fidel Castro, el primero de enero de 1959. En poco tiempo la revolución se declaró comunista, enemiga del imperialismo yanqui, preconizó a nivel continental su ejemplo, agrupó a todos los movimientos de izquierda en un solo partido que abrazó la doctrina comunista y se alió con la Unión Soviética. En el seno del Comité Central se formó una sección llamada el Comité América, cuya función consistía en apoyar en todo sentido la revolución en el continente. El Ché Guevara fue el encargado de animar el ecumenismo de la revolución cubana con su teoría del “foco revolucionario”, que en pocas palabras quería decir que bastaba la formación de un núcleo de guerrilleros que se lanzaran intrépidamente a las armas y se pusieran al frente de las masas oprimidas y explotadas. Se pensaba que como las “condiciones objetivas” estaban dadas, tras el grupo de vanguardia (la chispa) que incendiaría la pradera, se levantarían las masas. Guevara la puso a prueba en Bolivia, pero fracasó estruendosamente. Algunos excomunistas afirman que fue víctima de una traición de los comunistas bolivianos prosoviéticos, pues el PCUS no miraba con buenos ojos esa teoría que calificaban de “foquista” y aventurera, además, estaba interesado en tener relaciones diplomáticas con los gobiernos del continente.

En 1958 se inició en Colombia el régimen del Frente Nacional que restableció la paz entre liberales y conservadores y las elecciones para presidente y corporaciones públicas pero, limitadas a los dos partidos tradicionales. No obstante ese carácter excluyente, el partido comunista línea Moscú retornó a la legalidad, el sindicalismo y otros movimientos sociales retomaron nuevos aires, surgieron varios grupos de izquierda y populistas y hasta disidencias de los partidos tradicionales. Al inicio del mandato del primer presidente, Alberto Lleras Camargo, este recibió una carta de apoyo a sus políticas de pacificación, restablecimiento de la democracia y a sus promesas orientadas a redimir la situación del campesinado, firmada por el líder guerrillero Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, más tarde apodado “Tirofijo”, que para entonces, ya militaba en las filas del partido Comunista línea soviética. Marulanda integraba un pequeño sector de células campesinas en armas de orientación comunista que se acogieron a la paz frentenacionalista y se dedicaron al trabajo de adoctrinamiento en unas regiones en las que no permitían la presencia de otros partidos. Ese experimento no supuso la entrega de sus armas pero sí su silenciamiento. Sus dirigentes llamaron a esos grupos “Autodefensas campesinas” cuya política consistía en impulsar la lucha de las masas campesinas por la tierra para el que la trabaja.

¿Qué llevó a “Tirofijo” a enviar tal misiva? ¿Recibió acaso una orden del Comité Central de su partido para ratificar su adhesión a la tesis de la transición pacífica al socialismo? Espere la segunda parte en la próxima columna.

Hacia una paz tramposa

Cabalgan, el presidente, sus amigos y aliados, sobre el sofisma de que los críticos de esta negociación somos enemigos de la paz, que nos oponemos a negociar. De ahí su pretensión de presentar los intentos que hizo Uribe como una contradicción y demostración de incoherencia e hipocresía. El ex presidente Uribe no lo niega, confirmó que había realizado cerca de 26 acercamientos y que estos fracasaron porque los irregulares no aceptaron la condición de cesar hostilidades. Sostiene que la política de Seguridad Democrática estaba orientada a devolverles la seguridad a los colombianos y forzar una negociación con los violentos en condiciones impuestas por el Estado, lo contrario a la estrategia santista.

Por eso, la andanada contra el ex presidente y senador Uribe en las dos últimas semanas tiene mucho de argucias y de trama, preparada por varios personajes. No hay que ser agente 007 para ligar hechos y sacar conclusiones. El Gobierno anda empeñado en vender la idea de la cercanía de la paz. Para aclimatar su objetivo ha organizado campañas publicitarias, realizado giras nacionales e internacionales, ha ganado el favor de varios mandatarios, ha pronunciado discursos y conferencias en numerosos escenarios y ante públicos muy diversos. Es como si nos estuvieran preparando para una gran fiesta nacional en la que recibiremos a un invitado muy especial. Ha entregado las banderas éticas y morales del Estado en la lucha contra los terroristas, les ha dado reconocimiento, oxígeno, tiempo suficiente para reparar lazos y reponer energías, y hasta les facilitó reunión cumbre a los números uno de las FARC y el ELN.

Pero el invitado parece querer aguarle la fiesta cuando declara que la paz no está tan cerca, que faltan muchas cosas para discutir. Aprovecha la debilidad de carácter del gobernante y su premura para firmarla y entonces lo chantajea, le exige cosas que no figuran en los acuerdos iniciales, aumentan el número y la complejidad de sus demandas. Una de ellas, indica que hay que doblegar, destruir, arrasar o neutralizar a Uribe, al que consideran su principal enemigo. Ya lograron sacrificar a altos oficiales que les propiciaron fuertes golpes. Las Farc quieren todas las garantías y todas las seguridades para allegarse a una firma. Han pedido leyes y se las han dado o prometido, cambios y los han satisfecho, tiempos y se los han alargado, salvamento de jefes en peligro y los han obtenido. Pero, su presa principal es Uribe. Cazado Uribe, sus seguidores y su partido dejarán de ser una “amenaza” para ellos y para su paz.

Todos los elementos dan para hablar de una especie de confabulación, en curso quizás, desde cuando el presidente Santos, experto en esas mañas, era ministro de Defensa y llevó al filósofo Sergio Jaramillo al viceministerio durante el segundo mandato de Uribe. Entre ambos deben haber preparado las líneas gruesas y delgadas de su proyecto. La amistad que los une les facilitó mantener a buen recaudo su plan y darle tiempo al filósofo de redactar el documento que igualó al Estado con las FARC como apuesta inicial.En el camino han sucedido muchas cosas. Las muertes del “Mono Jojoy” y “Cano” (en operativos planeados por Uribe al final de su gobierno). El atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos del que culparon a la “extrema derecha”. La expedición del Marco Jurídico para la paz, el nombramiento de un Fiscal dedicado a promover la impunidad para criminales de guerra y de lesa humanidad. El presidente, gran relacionista, ha ganado buenos aliados en las altas Cortes con su “mermelada”. En su campaña reeleccionista arrasó con el pudor y la vergüenza al invertir jugosas sumas en publicidad oficial.

Ahora está tramitando una reforma dizque para el equilibrio de poderes. Entre un artículo y otro hay verdaderos orangutanes como el de que se apruebe un referendo para ratificar la paz y se pase por la faja el control de constitucionalidad que habría que hacer en todo lo que se está cediendo, la eliminación del fuero del Contralor y del Procurador (para completar la captura de todos los poderes). El presidente ha debilitado la Fuerza Pública provocando varias crisis en el Alto Mando que ha dejado por el suelo a los mejores guerreros de la institucionalidad. Una Oposición estigmatizada como enemiga de la paz, un Ejército con sus altos mandos investigados por la Fiscalía, unos magistrados cooptados, otros cebados. Unos medios incondicionales que temen perder la pauta publicitaria oficial. Los partidos de la Unidad Nacional que renunciaron a la defensa del Estado y la democracia y prefieren hacerle la guerra a Uribe y al Centro Democrático. Y unas elites económicas, con honrosas excepciones, carentes de sentido del olfato para descubrir que los están llevando al matadero.

Todo este entramado, a la manera del rodaje de una película, se ha impuesto con el método de los hechos cumplidos. De a pocos, sin librar batallas teóricas o ideológicas, maniobrando con astucia, dando golpes bajos y arteros, diciendo una cosa y haciendo lo contrario, enviando mensajes de reconciliación a Uribe mientras lo ataca por otros lados. Periodistas supuestamente independientes caen de bruces en el lodazal de la mermelada oficial. Por eso dejan de ser creíbles Coronell, Arismendi, Yamit, el cuñado Pombo y el sobrino que dirige la revista Semana.

Cabe pues preguntar ¿hacia dónde nos conduce el presidente al acrecentar las expectativas de una inminente firma de la paz en lo que resta de este año?

Lo que se viene para el país no es nada agradable ni positivo para nuestra imperfecta y débil democracia. Un arreglo que llamarán Paz, concertada a la medida de una guerrilla crecida y arrogante, que poblará la vida nacional de aparatos, comisiones y leyes, sin penas de cárcel ni entrega de armas y con un andamiaje de estímulo de las luchas sociales y de masas en el marco de lo que llaman “democracia directa” que significa agitación y movilización permanente para agudizar las contradicciones del régimen, presionar por el cumplimiento de los acuerdos y exigir más y más y más.

Mientras tanto, instituciones legales y funcionarios públicos perderán poder y capacidad de ejercer y gobernar, expectantes e impotentes ante el espectáculo de un país entregado a las minorías de vanguardia. Lenin no la hubiera tenido tan fácil.
Será el final de una etapa e inicio de la segunda, la “transición”.

Comisiones de paz: no hay un solo relato

Las comisiones de la verdad en el marco de situaciones de extrema violencia estatal o de enfrentamientos asimétricos entre fuerzas estatales y grupos subversivos, conformadas bajo el criterio de víctimas y victimarios o culpables e inocentes, no siempre han arrojado resultados satisfactorios e incluso, se han dado casos en los que en vez de conducir al perdón y a la reconciliación han generado cadenas de venganza, reclamos sin fin y odios incrementados.

Lo primero que se puede decir a este respecto es que no existe una fórmula universal aplicable a todos los casos. No todos los conflictos sociales o políticos o guerras civiles que concluyen con la firma de la paz han acordado la formación de comisiones de la verdad y no siempre las que se han establecido han alcanzado sus objetivos.

¿Por qué es tan difícil lograr una visión consensuada sobre este asunto? Podemos ensayar varias respuestas. Una tiene que ver con el juego de roles e intereses de quienes han sido protagonistas de una confrontación violenta. Nadie quiere correr el riesgo de ser señalado culpable y algunos quieren figurar como víctimas. Otra alude a la falta de rigurosidad y claridad sobre lo que significa la verdad histórica y la verdad jurídica. Continuar leyendo

Hay capitulación en los acuerdos de La Habana

Con la publicación de los “Acuerdos de La Habana” el gobierno quiere hacernos creer que se trata de un acto de transparencia, para que se vea que no hay nada oculto, que no se ha negociado la propiedad privada ni la Constitución ni la Fuerza Pública y que lo hace para disipar rumores, desinformación y campaña negra. En realidad lo hizo, si nos atenemos a la versión del periodista Álvaro Sierra (ET 26/09/2014), para no quedarse atrás de las FARC que ya los habían publicado.

El ministro del Interior quiere reducir todas las voces críticas a una operación de “campaña negra” de los guerreristas, negando en los hechos el derecho al disenso. Piensa el señor Cristo, cuota del samperismo en el Ejecutivo, que basta con decir que no hay nada grave ni comprometedor en los acuerdos para que todos vayamos a dormir tranquilos. Continuar leyendo