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Cacería al Senador Uribe

En su cacería contra el ahora senador Álvaro Uribe, Iván Cepeda ha utilizado todo tipo de argucias, hasta la de acercarse a los enemigos históricos del comunismo fariano. Su consigna parece ser llevar a Uribe a la cárcel y ayudar a que Timochenko llegue al Congreso.

En su empeño lo acompaña una jauría de reconocidos escribidores y un variopinto elenco de políticos en el que juega, ya más de frente, el presidente, Juan Manuel Santos, que predican la paz y la reconciliación mientras le declaran la guerra al uribismo.

Su salida más reciente es hacerle un debate al senador Uribe por su responsabilidad en los crímenes del paramilitarismo con el apoyo de Claudia López, la Juana de Arco colombiana. En la bancada del Centro Democrático nadie se asustó y los retaron a realizarlo en un nivel más profundo de tal forma que se consideren todas las variables del fenómeno paramilitar, la parapolítica y por supuesto el de las guerrillas terroristas, sus crímenes de lesa humanidad y su entorno o periferia civil.

Habría que empezar por destapar los amplios nexos que las guerrillas han forjado hace muchísimos años con sectores y personalidades políticas de todas las tendencias, activistas de organizaciones gremiales, cooperativistas, funcionarios públicos, académicos e intelectuales.

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Justicia asimétrica II

Damos continuidad a las reflexiones plasmadas en la nota anterior sobre la Justicia colombiana.

En el II Congreso Continental Bolivariano realizado en Quito el 27 de febrero de 2008, al que asistieron delegados colombianos, se proclamó: “La necesidad de librar todo los combates necesarios, de emplear todas las formas de lucha para cambiar el sistema: las luchas pacíficas y no pacíficas, las manifestaciones cívicas, las insurgencias de las clases y sectores oprimidos…De ahí el valor extraordinario de las posiciones asumidas por el comandante Chávez y su gobierno bolivariano, y por la digna senadora colombiana Piedad Córdoba, frente a ese conflicto (el colombiano) y específicamente respecto a la política guerrerista de Uribe en su condición de instrumento de la Administración Bush y del poder imperialista estadounidense…”

En un considerando consagran “Que la reactivación desde el régimen fascistoide de Álvaro Uribe y sus narco-paramilitares del proyecto de guerra y subversión contra la revolución bolivariana…” era un obstáculo a sus propósitos. Se trata de una visión del conflicto colombiano consistente en atribuir toda la carga negativa y criminal sobre el Estado, el uribismo y el paramilitarismo mientras las guerrillas son depositarias de la justicia.

Lo más grave de toda esta situación es que la Corte Suprema de Justicia y Magistrados regionales se muestren receptivos de esa concepción ideologizada de los problemas. Compartir el lenguaje citado invalida de entrada la búsqueda de justicia y verdad puesto que significa quitarse la venda y tomar partido. La Corte Suprema ha dado muestras de un alto nivel de politización desde hace buen tiempo. Ahora, togados regionales entran en el juego haciendo afirmaciones francamente sesgadas propias de organizaciones políticas antisistema.

Así por ejemplo, apelando a una retórica simplista y llena de lugares comunes, ajena al espíritu jurídico, dos magistrados del Tribunal Superior de Medellín de la Unidad de Justicia y Paz expresan en la compulsión de copias ante la Suprema para que el ex presidente Uribe sea investigado por promoción y nexos con grupos paramilitares, ese estilo inconfundible de los antiuribistas: deslegitimar el Estado, las instituciones, la libertad, la democracia y la fuerza pública, como se ve en estas líneas: “¿Cómo es posible que el régimen político colombiano haya conservado una apariencia democrática, a pesar de padecer una de las tragedias humanitarias más graves del orbe en los últimos 30 años y sin lugar a dudas la más grave de América Latina en ese período? ¿Y cómo el gobierno ha seguido funcionando con elecciones aparentemente libres, con cambios de Presidente y alternación de los partidos y promulgación y vigencia de las leyes, como cualquier régimen democrático, a pesar de vivir las más graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario?…”. ¿No es este un lenguaje propio de partidos de extrema izquierda?

Y, más adelante expresan: “La promoción, organización y apoyo de las convivir y los paramilitares no fue la conducta de algunos sectores o miembros aislados de las Fuerzas Militares, y en especial del Ejército Nacional…” La sociedad no escapa al señalamiento ideológico, en el que para nada se habla de las guerrillas y sus acciones criminales ni de las decisiones políticas tomadas por grupos políticos colombianos en Cuba (donde recibió entrenamiento el ELN y el M-19) y en congresos internacionales del comunismo: “Los grupos paramilitares fueron fruto de una política de Estado. Su creación y expansión fue un propósito común de amplios sectores de éste, las fuerzas militares y la sociedad civil y fue posible gracias a la financiación de la empresa privada (sic) y el narcotráfico y la alianza entre todos ellos…” De ahí concluyen que: “El nombre del ex presidente Álvaro Uribe Vélez aparece vinculado… a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por éstos”. Que es lo que escuchamos y leemos en declaraciones y panfletos de Colectivos y movimientos antiuribistas.

A la cacería contra el ex presidente Uribe se han sumado varias personalidades de las más exóticas especies: exguerrilleros, poetas, abogados, ex presidentes, columnistas, dirigentes liberales, miembros de la oligarquía capitalina, académicos, intelectuales marxistas y tardomarxistas, y hasta comandantes paramilitares extraditados.

Imposible dar cuenta de todo lo que dicen en espacio tan limitado. Pero, un personaje sobresale entre muchos en su sevicia persecutoria. Se trata del excomandante guerrillero del ELN León Valencia, obseso antiuribista, incansable sectario, que pretende enmascarar lo que afirma con una aureola de academia. Su tesis sobre las votaciones atípicas fue acogida por la Corte Suprema para condenar a políticos que obtuvieron votación inesperada en poblaciones no visitadas y de fuerte presencia paramilitar. Gracias a su tendenciosa teoría, se condena por inferencia y se crea el delito de “nexos”, aplicado sólo para cercanías, amistades, contactos o vecindades con el paramilitarismo, no con las guerrillas.

Valencia ha hecho una carrera de lujo en su afán de figurar como intelectual y académico. No hay duda de que puede ser tenido por lo primero, pero a él lo que más le importa es ser reconocido en la academia a la que no ha podido ingresar por una sencilla razón, allí hay que someter los textos a la evaluación de pares científicos. Su lagartería y arribismo es tan descomunal que intrigó para insertarse en el Informe Internacional de la violencia contra sindicalistas a pesar de su militancia previa con la hipótesis que estaba en cuestión. Figura como coautor del Informe de Memoria Histórica asumiendo, de hecho, la condición de juez y parte, de víctima y victimario.

Desde el punto de vista ético no es coherente que, habiendo sido comandante guerrillero, por tanto corresponsable de ordenar secuestros y otras acciones de terror cuando integró la dirección nacional del ELN, asuma el rol de juez de sus rivales y defensor de la moral y la justicia.

Otro personaje que hace parte del safari, al acecho como las hienas, es el vengador Iván Cepeda que no desmaya en su intento de consagrar a su padre como mártir de una democracia en la que no creía. Por algo es reivindicado por las FARC que bautizaron con su nombre a uno de sus frentes, y que según el famoso libro testimonial de Alvaro Delgado, Todo tiempo pasado fue peor, fue el ideólogo de la fatídica combinación de todas las formas de lucha. Cepeda junior tampoco descansa en su afiebrada persecución contra Uribe y el uribismo. Adopta tácticas extravagantes y provocadoras sin empacho en educorarlas con lenguaje de paz y reconciliación y en presentarse como defensor de derechos humanos.

En conclusión, y pudiendo demostrarse con más evidencias documentales, es un hecho que existe una profunda coincidencia de organismos, magistrados y funcionarios judiciales con fuerzas, líderes de la izquierda, la extrema izquierda y algunos intelectuales liberales progres, en el diagnóstico sobre la violencia colombiana. Y que esa coincidencia se extiende a la esfera de la lucha política en la pretensión de judicializar a como dé lugar al ex presidente Uribe y a su círculo más cercano. Son los mismos que hablan de paz y reconciliación, pero, les preguntamos: ¿Con quiénes? ¿Quieren eliminar el 65% de la opinión?

Justicia asimétrica

Nunca me he opuesto ni he criticado que la justicia colombiana investigue y castigue a todos aquellos que desde posiciones de jerarquía en el Estado o en ámbitos civiles han sido llevados a los estrados acusados de pertenecer o haber realizado tratos y acciones con grupos al margen de la ley, trátese de guerrillas, paramilitares o mafias. Las abundantes manifestaciones de dicho fenómeno ameritan la intervención de las autoridades judiciales.

Pero, a raíz de mandatos recientes de magistrados de distintos tribunales en contra de algunos dirigentes uribistas y el propio ex presidente Uribe Vélez, considero válido y necesario formular las reflexiones que a continuación quiero compartir con mis lectores. No tengo la pretensión de escribir un tratado, mucho menos el de darle un carácter académico. Tampoco intentaré defender a quienes tienen argumentos y abogados para hacerlo. Son opiniones derivadas de la observación atenta del discurrir nacional.

Lo primero que se debe tener en cuenta cuando se habla de alianzas entre dirigentes políticos y grupos paramilitares es que la inmensa mayoría de los judicializados militaban en los partidos liberal y conservador o en fracciones de ellos. Esos dirigentes migraron hacia el llamado uribismo sólo después de 2002, llevados, en buena parte, por su instinto y olfato clientelar. Al gobierno Uribe se le acercó, con excepción del Polo Democrático, todo el espectro político y las elites económicas, a sabiendas de los rumores que los enemigos de Uribe habían puesto a circular.

El Pacto de Ralito, de un contenido similar a la reciente declaración de las FARC en La Habana, que llamaba a la refundación del Estado, por el cual fueron juzgados los “parapolíticos” por la Corte Suprema de Justicia, fue firmado en 2001 cuando Álvaro Uribe ni siquiera era candidato a la presidencia.

Si la Justicia nacional fuese equilibrada, si se mantuviera vendada y usara correctamente la balanza, como simboliza la diosa Astrea y manda la constitución política, no miraría para un solo lado del problema de violencia que azota a nuestra sociedad. No solo abandonó la venda sino que sufre de estrabismo, es bizcorneta, pues si aplicara los mismos criterios con los que condenó a varias decenas de políticos y mantiene en salmuera a otros tantos, por uribistas y por comprometer su fuero de altos funcionarios de Estado, tendrían que estar en la cárcel o en juicio una cantidad apreciable de dirigentes de izquierda. Al menos el Comité Central de los comunistas que gestó y estructuró la tenebrosa política leninista de la combinación de todas las formas de lucha bajo la inspiración ideológica de Manuel Cepeda, según el testimonio de Álvaro Delgado, ex miembro de ese organismo. De igual forma, algunos congresistas liberales y dirigentes de ese partido que, como en el caso de Piedad Córdoba, han realizado acuerdos con las FARC, según computadores decomisados en campos de batalla. También periodistas, columnistas, profesores universitarios, dirigentes sindicales y un largo etcétera.

Pero no lo están ni lo van a estar. ¿Cuál es la razón? Son varias, aludiré a la que considero seminal, madre de todas las demás. Los comunistas, las guerrillas, la extrema izquierda y gran parte de la izquierda democrática, uno que otro liberal y godo despistado, académicos y activistas de ONG, piensan que las guerrillas tienen un estatus moral y ético más edificante que los paramilitares y sus amigos y aliados. Las guerrillas, dicen, nacieron como producto de la inconformidad social, de la exclusión política, de la ausencia de libertades y democracia. En cambio, el paramilitarismo es una política de Estado, producto de imposiciones de la doctrina de la seguridad nacional, del imperialismo yanqui y la oligarquía criolla que apelan a la guerra sucia para derrotar a las fuerzas populares.

De tal consideración se deriva, en los hechos, una política judicial asimétrica. Se dice, por ejemplo, que con los paramilitares en el proceso de paz hubo impunidad, aunque sus mandos medios y altos están en las cárceles, pero agregan que a los jefes guerrilleros máximos responsables de delitos de lesa humanidad no se les puede enviar a la cárcel. Lo afirma el presidente, el fiscal general, los congresistas gobiernistas, magistrados y todos los que justifican la lucha guerrillera desde los grandes medios.

Traigo a colación contenidos de algunos documentos que nos ayudan a comprender la grave asimetría de la Justicia colombiana. Empecemos por el texto “Nunca Más” de autoría del famoso Colectivo José Alvear, la Congregación de Justicia y Paz de jesuitas radicales de izquierda, y otras organizaciones sociales y ONG. Allí se expresa la idea de que las guerrillas no pueden ser juzgadas con el mismo rasero con que se juzga a militares y paramilitares, ni siquiera se les puede aplicar el DIH porque, ¡oh injusticia!, ese estatuto es para guerras regulares: “la guerra de guerrillas se funda en una primera realidad: que debe enfrentar una estructura estatal, detentora de medios muy poderosos de Guerra… La racionalidad de ese tipo de guerra implica, entonces, adoptar métodos de camuflaje entre la población civil y de acciones ofensivas de sorpresa, y jamás de acciones defensivas, pues estas últimas conllevarían a una desventaja militar evidente frente al enemigo. Este elemento… entra en contradicción con uno de los principios básicos del DIH, como es la distinción neta entre combatientes y no combatientes.” Y más adelante añaden “Se nos ha presentado como principio rector que debe orientar nuestro trabajo, el de “Condenar toda violencia, venga de donde viniere”. Muchas veces nos hemos preguntado si tal tipo de neutralidad es éticamente sustentable… La política de las simetrías busca inmovilizar a la sociedad, convenciéndola de que “todos los actores son igualmente perversos””. De donde se deduce que la violencia insurgente es legítima y por tanto impune.

Interesante es la declaración de Carlos Lozano, jefe comunista y dirigente de la Marcha Patriótica cuando en entrevista reciente afirmó, ante varias preguntas:

“¿Cómo llega usted a la conclusión de que las FARC están en serio?

-Llego a la conclusión porque tengo intercambios de mensajes con Timoleón (nótese el aire de confianza) una vez él asume después de la muerte de Cano y me doy cuenta de que tienen ya una decisión tomada… Hubo debate en el Secretariado y en el Estado Mayor. Pero al final se logró adoptar la decisión de ir todos juntos.

¿Y cómo es la relación entre él (Timochenko) e Iván Márquez?

-De respeto, de cariño, le pregunté off the record, por todos esos rumores. Él me decía: ‘Yo con Márquez me converso mucho, porque somos los dos dirigentes más antiguos.”

Es decir, Lozano debió tener una información de contacto directo, de primera mano antes del inicio de negociaciones. ¿No es todo esto una confesión de parte? Por actuaciones similares se ha enjuiciado a más de un parapolítico.

Un gran relato para exculpar a las FARC

Retomamos el texto Todo tiempo pasado fue peor en uno de los asuntos más críticos. Según Alvaro Delgado (1), las FARC tuvieron mucha responsabilidad en hechos de violencia, no sólo por haber impulsado un proyecto de participación en política legal sin haber renunciado a la combinación de todas las formas de lucha, sino porque propiciaron acciones de retaliación violenta contra dirigentes de la UP (Unión Patriótica) y del Partido Comunista que eran críticos de la lucha armada y de la supeditación de la lucha legal a la lucha armada como ya se había impuesto desde comienzos de la década de los ochenta.

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