Resistencia civil

Con rayos y centellas, insultos y distorsiones fue recibido el llamado del ex presidente Álvaro Uribe Vélez a la resistencia civil en contra de los acuerdos entre el Gobierno Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Se lo ha tildado de incendiario, belicoso, irresponsable, guerrerista, loco. Se lo acusa de querer prolongar la guerra. Se le enrostra que siendo senador de la república avive la llama de la discordia. En consonancia con el tono, no plantean argumentos de orden político sino que lo conminan a apoyar la paz del Gobierno santista con las FARC o a plegarse. Hasta el presidente Juan Manuel Santos se descompuso amenazando con responder con movilización social; se olvida de que el deber de cualquier mandatario en democracia es garantizar el derecho a la protesta y el ejercicio de la oposición y la crítica.

El sector político liderado por el senador Uribe considera que el Gobierno nacional puso en marcha un golpe de Estado para hacer pasar sin revisiones ni modificaciones los acuerdos de La Habana. El golpe está subsumido en el proyecto que está a punto de ser aprobado en el Congreso, que contempla otorgar poderes especiales al Presidente para implementar los acuerdos con fuerza de ley, y que el Congreso, en una especie de harakiri, se despoje de su función legislativa. Continuar leyendo

Hacia una paz tramposa

Cabalgan, el presidente, sus amigos y aliados, sobre el sofisma de que los críticos de esta negociación somos enemigos de la paz, que nos oponemos a negociar. De ahí su pretensión de presentar los intentos que hizo Uribe como una contradicción y demostración de incoherencia e hipocresía. El ex presidente Uribe no lo niega, confirmó que había realizado cerca de 26 acercamientos y que estos fracasaron porque los irregulares no aceptaron la condición de cesar hostilidades. Sostiene que la política de Seguridad Democrática estaba orientada a devolverles la seguridad a los colombianos y forzar una negociación con los violentos en condiciones impuestas por el Estado, lo contrario a la estrategia santista.

Por eso, la andanada contra el ex presidente y senador Uribe en las dos últimas semanas tiene mucho de argucias y de trama, preparada por varios personajes. No hay que ser agente 007 para ligar hechos y sacar conclusiones. El Gobierno anda empeñado en vender la idea de la cercanía de la paz. Para aclimatar su objetivo ha organizado campañas publicitarias, realizado giras nacionales e internacionales, ha ganado el favor de varios mandatarios, ha pronunciado discursos y conferencias en numerosos escenarios y ante públicos muy diversos. Es como si nos estuvieran preparando para una gran fiesta nacional en la que recibiremos a un invitado muy especial. Ha entregado las banderas éticas y morales del Estado en la lucha contra los terroristas, les ha dado reconocimiento, oxígeno, tiempo suficiente para reparar lazos y reponer energías, y hasta les facilitó reunión cumbre a los números uno de las FARC y el ELN.

Pero el invitado parece querer aguarle la fiesta cuando declara que la paz no está tan cerca, que faltan muchas cosas para discutir. Aprovecha la debilidad de carácter del gobernante y su premura para firmarla y entonces lo chantajea, le exige cosas que no figuran en los acuerdos iniciales, aumentan el número y la complejidad de sus demandas. Una de ellas, indica que hay que doblegar, destruir, arrasar o neutralizar a Uribe, al que consideran su principal enemigo. Ya lograron sacrificar a altos oficiales que les propiciaron fuertes golpes. Las Farc quieren todas las garantías y todas las seguridades para allegarse a una firma. Han pedido leyes y se las han dado o prometido, cambios y los han satisfecho, tiempos y se los han alargado, salvamento de jefes en peligro y los han obtenido. Pero, su presa principal es Uribe. Cazado Uribe, sus seguidores y su partido dejarán de ser una “amenaza” para ellos y para su paz.

Todos los elementos dan para hablar de una especie de confabulación, en curso quizás, desde cuando el presidente Santos, experto en esas mañas, era ministro de Defensa y llevó al filósofo Sergio Jaramillo al viceministerio durante el segundo mandato de Uribe. Entre ambos deben haber preparado las líneas gruesas y delgadas de su proyecto. La amistad que los une les facilitó mantener a buen recaudo su plan y darle tiempo al filósofo de redactar el documento que igualó al Estado con las FARC como apuesta inicial.En el camino han sucedido muchas cosas. Las muertes del “Mono Jojoy” y “Cano” (en operativos planeados por Uribe al final de su gobierno). El atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos del que culparon a la “extrema derecha”. La expedición del Marco Jurídico para la paz, el nombramiento de un Fiscal dedicado a promover la impunidad para criminales de guerra y de lesa humanidad. El presidente, gran relacionista, ha ganado buenos aliados en las altas Cortes con su “mermelada”. En su campaña reeleccionista arrasó con el pudor y la vergüenza al invertir jugosas sumas en publicidad oficial.

Ahora está tramitando una reforma dizque para el equilibrio de poderes. Entre un artículo y otro hay verdaderos orangutanes como el de que se apruebe un referendo para ratificar la paz y se pase por la faja el control de constitucionalidad que habría que hacer en todo lo que se está cediendo, la eliminación del fuero del Contralor y del Procurador (para completar la captura de todos los poderes). El presidente ha debilitado la Fuerza Pública provocando varias crisis en el Alto Mando que ha dejado por el suelo a los mejores guerreros de la institucionalidad. Una Oposición estigmatizada como enemiga de la paz, un Ejército con sus altos mandos investigados por la Fiscalía, unos magistrados cooptados, otros cebados. Unos medios incondicionales que temen perder la pauta publicitaria oficial. Los partidos de la Unidad Nacional que renunciaron a la defensa del Estado y la democracia y prefieren hacerle la guerra a Uribe y al Centro Democrático. Y unas elites económicas, con honrosas excepciones, carentes de sentido del olfato para descubrir que los están llevando al matadero.

Todo este entramado, a la manera del rodaje de una película, se ha impuesto con el método de los hechos cumplidos. De a pocos, sin librar batallas teóricas o ideológicas, maniobrando con astucia, dando golpes bajos y arteros, diciendo una cosa y haciendo lo contrario, enviando mensajes de reconciliación a Uribe mientras lo ataca por otros lados. Periodistas supuestamente independientes caen de bruces en el lodazal de la mermelada oficial. Por eso dejan de ser creíbles Coronell, Arismendi, Yamit, el cuñado Pombo y el sobrino que dirige la revista Semana.

Cabe pues preguntar ¿hacia dónde nos conduce el presidente al acrecentar las expectativas de una inminente firma de la paz en lo que resta de este año?

Lo que se viene para el país no es nada agradable ni positivo para nuestra imperfecta y débil democracia. Un arreglo que llamarán Paz, concertada a la medida de una guerrilla crecida y arrogante, que poblará la vida nacional de aparatos, comisiones y leyes, sin penas de cárcel ni entrega de armas y con un andamiaje de estímulo de las luchas sociales y de masas en el marco de lo que llaman “democracia directa” que significa agitación y movilización permanente para agudizar las contradicciones del régimen, presionar por el cumplimiento de los acuerdos y exigir más y más y más.

Mientras tanto, instituciones legales y funcionarios públicos perderán poder y capacidad de ejercer y gobernar, expectantes e impotentes ante el espectáculo de un país entregado a las minorías de vanguardia. Lenin no la hubiera tenido tan fácil.
Será el final de una etapa e inicio de la segunda, la “transición”.

Cacería al Senador Uribe

En su cacería contra el ahora senador Álvaro Uribe, Iván Cepeda ha utilizado todo tipo de argucias, hasta la de acercarse a los enemigos históricos del comunismo fariano. Su consigna parece ser llevar a Uribe a la cárcel y ayudar a que Timochenko llegue al Congreso.

En su empeño lo acompaña una jauría de reconocidos escribidores y un variopinto elenco de políticos en el que juega, ya más de frente, el presidente, Juan Manuel Santos, que predican la paz y la reconciliación mientras le declaran la guerra al uribismo.

Su salida más reciente es hacerle un debate al senador Uribe por su responsabilidad en los crímenes del paramilitarismo con el apoyo de Claudia López, la Juana de Arco colombiana. En la bancada del Centro Democrático nadie se asustó y los retaron a realizarlo en un nivel más profundo de tal forma que se consideren todas las variables del fenómeno paramilitar, la parapolítica y por supuesto el de las guerrillas terroristas, sus crímenes de lesa humanidad y su entorno o periferia civil.

Habría que empezar por destapar los amplios nexos que las guerrillas han forjado hace muchísimos años con sectores y personalidades políticas de todas las tendencias, activistas de organizaciones gremiales, cooperativistas, funcionarios públicos, académicos e intelectuales.

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Mi voto por Zuluaga

Óscar Iván Zuluaga ha demostrado, con creces, que brilla con luz propia. Ha demostrado una gran solvencia al deshilvanar y explicar uno por uno los contenidos de su propuesta programática.

Para sorpresa de los incrédulos y malestar de sus críticos y opositores que lo han pintado como un títere a través del cual quien habla de verdad es el expresidente Alvaro Uribe, Zuluaga tiene criterio y estilo propio y ha mostrado ser un gran conocedor de los problemas de la sociedad y del Estado colombiano.

En los debates televisivos ha sorteado con éxito las difíciles y en veces capciosas preguntas de los periodistas y las cáscaras que afanosamente le tira el presidente-candidato. Habla con claridad, es calmado ante las provocaciones, firme y contundente cuando corresponde. No se deja provocar y soporta estoicamente las burlas y las ironías que le arrojan desde todos los ángulos.

No es un líder político de esos que enfrentan una campaña pensando en triquiñuelas, en la trampa que hay que ponerle al oponente que es en lo que se distingue el presidente-candidato quien confunde la praxis política con apuestas de juegos de azar. No es hombre de rodeos ni de promesas demagógicas de última hora.

De su relación con Uribe no reniega ni se apena como Juan Manuel Santos, que no se sonroja al apropiarse de sus éxitos y lavarse las manos de sus supuestos fracasos de los que fue copartícipe en su calidad de ministro de Defensa.

Zuluaga ha forjado con Uribe una amistad alrededor de identidades profundas sobre la manera de pensar y enfrentar los problemas del país. Reconoce que su programa fue estructurado en numerosos talleres democráticos realizados a lo largo y ancho de Colombia, fruto del esfuerzo colectivo de especialistas, líderes populares, gremiales, de activistas, intelectuales y voluntarios que lo estructuraron a la par que daban vida al partido del Centro Democrático.

De llegar a la presidencia, Zuluaga obrará como presidente de todos los colombianos, hará gala de su autonomía y exhibirá su jerarquía, pero será leal al partido, al programa y escuchará la voz del líder natural de ese movimiento, y, por supuesto, trabajará con los demás poderes del Estado, que es lo que debe darse en cualquier democracia que se precie de tal.

Zuluaga inspira seguridad, tiene talante para asumir retos y situaciones complejas y se ha ganado una imagen de hombre serio. No cambia de opinión según el interlocutor ni el escenario, por eso ha crecido de manera espectacular en la intención de voto hasta el punto de que hoy en día, a diferencia de hace dos meses, derrotar a Juan Manuel Santos es posible.

Ya todo está dicho de su parte, la opinión sabe a qué atenerse, sabe que es un líder coherente, franco y predecible.

En cambio, del lado contrario, observamos un líder presa del miedo a la derrota, desesperado, acompañado por un equipo en el que abundan los caciques que hacen declaraciones disonantes, ofensivas y disparatadas. Por ejemplo, Vargas Lleras en actitud cínica les exigió a beneficiarios de casas gratuitas del Estado lealtad con el presidente y los regañó por exhibir en sus ventanas afiches de Zuluaga. Como quien dice, el gobierno les reclama a los ciudadanos su voto como gratitud por los programas sociales que son deber del Estado. Si las gentes aceptaran el chantaje, estaríamos en presencia del voto más costoso de la historia.

La campaña de Santos atropella el sentido de todo pudor con su marejada de cuñas institucionales oficiales en las que se aprecia una indiscutible y no disimulada semejanza con el lenguaje del presidente-candidato. De esa forma, la publicidad oficial, financiada con recursos de la nación, ha sido puesta a su servicio. En el colmo de los colmos, pusieron a Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador en La Habana, a actuar en cuñas claramente al servicio de Santos. En dos años de negociaciones no había hablado tanto como en estas semanas.

Eso nos indica varias cosas preocupantes: el abuso de posición del presidente, la desviación de recursos públicos para fines electorales de carácter privado, la manipulación del proceso de paz. Nos reafirma en la idea de que el presidente Santos es un hombre que actúa guiado por su interés personal, capaz de arrasar con los límites que impone la democracia a las campañas electorales.

Para coronar, Santos exhibe una gaseosa declaración de principios sobre las víctimas, que las FARC, muy acuciosas, se prestaron a firmar ante la inminencia de una posible derrota. Se repite la maniobra previa a la primera vuelta cuando suscribieron un documento sobre narcotráfico y luego anunciaron cese al fuego, ahora, en documento de corte metodológico del que no se desprende ningún compromiso y cuya concreción podría tomar varios años, las FARC le dan una manito a Santos. Típica jugada de oportunismo electoral. Por eso no es raro el anuncio de una tregua con motivo de la segunda vuelta. No se descartan nuevas picardías de última hora.

 

Un científico barrabrava

Poco a poco, el discurso de personas cercanas al “sistema” o al “régimen” o que han anidado en sus ramas y se han beneficiado pródigamente de su pertenencia a las élites económicas e intelectuales, incorporan en sus planteamientos la fraseología insultante y panfletaria del izquierdismo sobre el ex presidente Uribe y el uribismo.

En días pasados, Gabriel Silva Luján, ex ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez, desplegó en una de sus columnas bocanadas de fuego que sobrepasan los límites de la afrenta y el insulto para caer en el barrizal de la difamación y la injuria al comparar a su ex jefe con el “patrón del mal”, Pablo Escobar. Con toda razón tendrá que responder en los estrados judiciales por ofensa al buen nombre.

En una de sus últimas caricaturas a las que llama “Suma”, Bacteria coloca una foto de Pablo Escobar con sombrero montañero y poncho como un paisa, le suma la frase “20 años después” y el resultado es la foto de Álvaro Uribe trajeado como paisa. Bacteria interpretó gráficamente lo que dijo el señor Silva.

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Justicia asimétrica II

Damos continuidad a las reflexiones plasmadas en la nota anterior sobre la Justicia colombiana.

En el II Congreso Continental Bolivariano realizado en Quito el 27 de febrero de 2008, al que asistieron delegados colombianos, se proclamó: “La necesidad de librar todo los combates necesarios, de emplear todas las formas de lucha para cambiar el sistema: las luchas pacíficas y no pacíficas, las manifestaciones cívicas, las insurgencias de las clases y sectores oprimidos…De ahí el valor extraordinario de las posiciones asumidas por el comandante Chávez y su gobierno bolivariano, y por la digna senadora colombiana Piedad Córdoba, frente a ese conflicto (el colombiano) y específicamente respecto a la política guerrerista de Uribe en su condición de instrumento de la Administración Bush y del poder imperialista estadounidense…”

En un considerando consagran “Que la reactivación desde el régimen fascistoide de Álvaro Uribe y sus narco-paramilitares del proyecto de guerra y subversión contra la revolución bolivariana…” era un obstáculo a sus propósitos. Se trata de una visión del conflicto colombiano consistente en atribuir toda la carga negativa y criminal sobre el Estado, el uribismo y el paramilitarismo mientras las guerrillas son depositarias de la justicia.

Lo más grave de toda esta situación es que la Corte Suprema de Justicia y Magistrados regionales se muestren receptivos de esa concepción ideologizada de los problemas. Compartir el lenguaje citado invalida de entrada la búsqueda de justicia y verdad puesto que significa quitarse la venda y tomar partido. La Corte Suprema ha dado muestras de un alto nivel de politización desde hace buen tiempo. Ahora, togados regionales entran en el juego haciendo afirmaciones francamente sesgadas propias de organizaciones políticas antisistema.

Así por ejemplo, apelando a una retórica simplista y llena de lugares comunes, ajena al espíritu jurídico, dos magistrados del Tribunal Superior de Medellín de la Unidad de Justicia y Paz expresan en la compulsión de copias ante la Suprema para que el ex presidente Uribe sea investigado por promoción y nexos con grupos paramilitares, ese estilo inconfundible de los antiuribistas: deslegitimar el Estado, las instituciones, la libertad, la democracia y la fuerza pública, como se ve en estas líneas: “¿Cómo es posible que el régimen político colombiano haya conservado una apariencia democrática, a pesar de padecer una de las tragedias humanitarias más graves del orbe en los últimos 30 años y sin lugar a dudas la más grave de América Latina en ese período? ¿Y cómo el gobierno ha seguido funcionando con elecciones aparentemente libres, con cambios de Presidente y alternación de los partidos y promulgación y vigencia de las leyes, como cualquier régimen democrático, a pesar de vivir las más graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario?…”. ¿No es este un lenguaje propio de partidos de extrema izquierda?

Y, más adelante expresan: “La promoción, organización y apoyo de las convivir y los paramilitares no fue la conducta de algunos sectores o miembros aislados de las Fuerzas Militares, y en especial del Ejército Nacional…” La sociedad no escapa al señalamiento ideológico, en el que para nada se habla de las guerrillas y sus acciones criminales ni de las decisiones políticas tomadas por grupos políticos colombianos en Cuba (donde recibió entrenamiento el ELN y el M-19) y en congresos internacionales del comunismo: “Los grupos paramilitares fueron fruto de una política de Estado. Su creación y expansión fue un propósito común de amplios sectores de éste, las fuerzas militares y la sociedad civil y fue posible gracias a la financiación de la empresa privada (sic) y el narcotráfico y la alianza entre todos ellos…” De ahí concluyen que: “El nombre del ex presidente Álvaro Uribe Vélez aparece vinculado… a muchos pasajes y eventos relacionados con el origen y la expansión de los grupos paramilitares y los graves hechos cometidos por éstos”. Que es lo que escuchamos y leemos en declaraciones y panfletos de Colectivos y movimientos antiuribistas.

A la cacería contra el ex presidente Uribe se han sumado varias personalidades de las más exóticas especies: exguerrilleros, poetas, abogados, ex presidentes, columnistas, dirigentes liberales, miembros de la oligarquía capitalina, académicos, intelectuales marxistas y tardomarxistas, y hasta comandantes paramilitares extraditados.

Imposible dar cuenta de todo lo que dicen en espacio tan limitado. Pero, un personaje sobresale entre muchos en su sevicia persecutoria. Se trata del excomandante guerrillero del ELN León Valencia, obseso antiuribista, incansable sectario, que pretende enmascarar lo que afirma con una aureola de academia. Su tesis sobre las votaciones atípicas fue acogida por la Corte Suprema para condenar a políticos que obtuvieron votación inesperada en poblaciones no visitadas y de fuerte presencia paramilitar. Gracias a su tendenciosa teoría, se condena por inferencia y se crea el delito de “nexos”, aplicado sólo para cercanías, amistades, contactos o vecindades con el paramilitarismo, no con las guerrillas.

Valencia ha hecho una carrera de lujo en su afán de figurar como intelectual y académico. No hay duda de que puede ser tenido por lo primero, pero a él lo que más le importa es ser reconocido en la academia a la que no ha podido ingresar por una sencilla razón, allí hay que someter los textos a la evaluación de pares científicos. Su lagartería y arribismo es tan descomunal que intrigó para insertarse en el Informe Internacional de la violencia contra sindicalistas a pesar de su militancia previa con la hipótesis que estaba en cuestión. Figura como coautor del Informe de Memoria Histórica asumiendo, de hecho, la condición de juez y parte, de víctima y victimario.

Desde el punto de vista ético no es coherente que, habiendo sido comandante guerrillero, por tanto corresponsable de ordenar secuestros y otras acciones de terror cuando integró la dirección nacional del ELN, asuma el rol de juez de sus rivales y defensor de la moral y la justicia.

Otro personaje que hace parte del safari, al acecho como las hienas, es el vengador Iván Cepeda que no desmaya en su intento de consagrar a su padre como mártir de una democracia en la que no creía. Por algo es reivindicado por las FARC que bautizaron con su nombre a uno de sus frentes, y que según el famoso libro testimonial de Alvaro Delgado, Todo tiempo pasado fue peor, fue el ideólogo de la fatídica combinación de todas las formas de lucha. Cepeda junior tampoco descansa en su afiebrada persecución contra Uribe y el uribismo. Adopta tácticas extravagantes y provocadoras sin empacho en educorarlas con lenguaje de paz y reconciliación y en presentarse como defensor de derechos humanos.

En conclusión, y pudiendo demostrarse con más evidencias documentales, es un hecho que existe una profunda coincidencia de organismos, magistrados y funcionarios judiciales con fuerzas, líderes de la izquierda, la extrema izquierda y algunos intelectuales liberales progres, en el diagnóstico sobre la violencia colombiana. Y que esa coincidencia se extiende a la esfera de la lucha política en la pretensión de judicializar a como dé lugar al ex presidente Uribe y a su círculo más cercano. Son los mismos que hablan de paz y reconciliación, pero, les preguntamos: ¿Con quiénes? ¿Quieren eliminar el 65% de la opinión?