La gloria de Santos por sobre todas las cosas

Hay líderes que buscan la gloria defendiendo un ideal de importancia esencial para una sociedad, pero también los hay que por lograrla son capaces de negarse a sí mismos o de cometer graves errores sin guardar miramientos con los perjuicios que pueden ocasionar corriendo riesgos incalculables. Este último es el caso del presidente Juan Manuel Santos.

En nombre de una paz que en 1997 estaba “de un cacho”, según el primer mandatario, y que ahora está “a la mano” porque “nunca antes habíamos avanzado tanto en acuerdos con las FARC”, el presidente estigmatizó a la mitad de la población calificándola de “extremo derechista” y “amiga de la guerra sin fin”, se mostró receptivo con el apoyo electoral de los grupos guerrilleros y los puso del lado de la paz sin que hayan dejado de atacar los bienes y las tropas de la nación.

Demasiada osadía del presidente y sus asesores. Uno no sabe si las ansias de gloria les ha hecho perder de vista el peligro de abrir las puertas de la acción política a quienes se empecinan en la acción violenta, a quienes son defensores de un proyecto continental antidemocrático que en otras latitudes se ha impuesto por vía electoral, sin exigir el abandono de las armas.

El camino que se sigue conlleva el peligro de regalarle espacios al proyecto de la “patria grande” que comparten las guerrillas de las FARC, el ELN, los gobiernos del ALBA y la dictadura castrista. Y no es que se les vaya a hacer la concesión a través de un texto, decreto o capitulación, no. En los hechos y hace años, Colombia está en la mira. Cuba y Venezuela, centros del proyecto rodean y vigilan la negociación. No acompañan por hacernos un favor o prestarnos un servicio, tienen sus intereses. No es un invento de mentes enfermizas decir que en el discurso de las guerrillas colombianas y de los gobernantes de esas dictaduras existe una identidad de palabras mayores. Hablan, por ejemplo, del ideal “bolivariano” del “socialismo del siglo XXI”. No son palabras carentes de sentido. Líderes que piensan igual gobiernan a sus anchas, con reelección indefinida, en Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

No todos tienen el mismo margen de maniobra, lo que explica las diferencias de ritmo en la aplicación de su plan anticapitalista, estatizador, con recorte o supresión de libertades individuales, asfixia a la iniciativa privada, condena al ánimo de lucro, control de los poderes públicos por el Ejecutivo, silenciamiento de la prensa, atropellos a las fuerzas opositoras a las que tratan de enemigas.

En nuestro país existen grupos, movimientos, partidos, tendencias y personalidades partidarios o simpatizantes de ese proyecto. No están “a un cacho” del poder, pero, merodean, hacen bulla, estimulan y azuzan las “luchas populares” y de “clases”, se apropian de banderas que después tiran al pote de la basura.

Los viejos, ortodoxos y dogmáticos comunistas estalinistas poseen la capacidad de seducir con su discurso justiciero a un vasto conglomerado de sectores sociales, intelectuales, académicos y líderes sociales. Por supuesto, esa favorabilidad no se traduce siempre en militancia, en cambio sí en una actitud de desprecio por las instituciones que nos rigen que les da para pensar que es mejor cualquier otra cosa.

Es un sector que no ve ningún problema en que los comandantes responsables de crímenes de lesa humanidad no paguen cárcel por delitos de lesa humanidad, en que no dejen ni entreguen las armas, en que ocupen puestos en el Congreso o en una eventual asamblea constituyente. No creen que haya motivo de preocupación. Peor aún, consideran paranoicos a quienes alertan para que no nos suceda lo de Venezuela.

No es que el “cuco” vaya a venir, es que ya está aquí y bien representado. Son débiles aún, pero hábiles para sortear esa circunstancia. Como buenos discípulos de Stalin, uno de los grandes criminales de la historia, se camuflan, se parapetan, se infiltran, cambian el nombre de su partido, crean organismos con títulos pomposos que defienden principios en los que no creen. Hay comunistas clandestinos y legales, seguidores disciplinados del Movimiento Continental Bolivariano que asisten a sus congresos lo mismo que al Foro de Sao Paulo, eso no es un invento. Hay personas, como el profesor de una universidad pública que, siendo activo guerrillero de las Farc, hizo parte de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín. Un reconocido y otrora dirigente sindical es hoy uno de los cuatro jefes del ELN, hay congresistas de izquierda que han logrado que ideólogos de la combinación de todas las formas de lucha sean consagrados como mártires de la democracia en la que nunca creyeron.

Por el flanco civil, que es hoy día el principal teatro de batalla, uno se pregunta ¿qué hacía el líder comunista Carlos Lozano, director del semanario “Voz” en las listas al Congreso del partido Verde? Y también hay políticos del llamado “establecimiento” que no es que se hayan cambiado de bando sino que carecen de visión, de principios o de escrúpulos, que desconocen la naturaleza de ese peligro, que lo minimizan, que piensan que el problema se resuelve facilitando acceso gratuito a la política a los grupos que abrazan el proyecto de la “patria grande”. Y también hay dirigentes de Estado que, como anotábamos al comienzo, solo piensan en su gloria personal.

Agenda densa, campaña agitada

Formalmente se ha dado comienzo a la campaña por la presidencia de la República, aunque los hechos nos dicen que hace buen rato estamos en ese ajetreo. Los colombianos elegiremos 102 senadores y 166 representantes a la Cámara Baja. Así mismo, elegiremos presidente para el periodo 2014-2018.

Entre los temas más destacables y polémicos figuran, las conversaciones de paz, la seguridad, la pérdida de mar por el fallo del Tribunal de La Haya, las relaciones internacionales, el ordenamiento constitucional, las drogas ilícitas. Otros temas como la lucha contra la pobreza, la política educativa, la salud, aunque no dejan de ser muy importantes para la población, no generan distancias insalvables ni despiertan tanta urticaria entre los partidos y candidatos.

El asunto de mayor calado es, de lejos, el de las conversaciones entre el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC y el ELN. Descartado un acuerdo definitivo en este semestre por parte del presidente Santos, la discusión se orientará a demandar de los candidatos cuál es su propuesta al respecto: ¿Ruptura de negociaciones? ¿Continuidad? ¿Replanteamiento? Cualquier declaración será clave para los electores si tenemos en cuenta que, aunque incrédula, la gente desea la paz. Dicho deseo choca con reservas justificadas, no sólo sobre la sinceridad de las guerrillas, sino también sobre el castigo por delitos de lesa humanidad, la reparación de sus víctimas y la dejación y entrega de armas. Otros tópicos candentes se refieren a las concesiones que cada candidato va a ofrecer a esos grupos. Sí o no a la convocatoria de una constituyente y en caso afirmativo en qué condiciones y términos, cómo consultar a la población para refrendar o rechazar cualquier acuerdo bien de forma global o punto por punto. Sobre si se incluye o no en la mesa el tamaño de la Fuerza Pública y otros puntos sustanciales de la Agenda Nacional.

Hasta ahora está en zona de penumbra el comportamiento de las guerrillas a lo largo de esta coyuntura. Sin embargo, es predecible saber las consecuencias de su accionar, como por ejemplo, si es agresivo, con atentados en los que resulte lesionada la población civil o asesinato de candidatos, sacarán provecho aquellos que han sido críticos de las gabelas otorgadas por este gobierno a los comandantes guerrilleros a cambio de nada o de muy poco. Por el contrario, un bajo nivel de acción militar podría favorecer la política oficial y a los partidos de la Unidad Nacional.

En ningún caso es justificable que los medios les otorguen, gratuitamente, el rol de árbitros de la contienda, ya que constituye un abultamiento desproporcionado de la fuerza e influencia que tienen en la opinión pública.

En todo caso, cualquiera de las tres opciones, continuidad, ruptura o replanteamiento, tendrá que ser muy bien sustentada y explicitada. Nadie querrá, a estas alturas, echar por la borda o mantener una mesa sin argumentos convincentes. No la tienen fácil los representantes de cada una de ellas.

El discurso que nos divide entre amigos y enemigos de la paz, además de maniqueo y peligroso para los señalados, no es convincente. De igual forma, si los críticos del proceso se dejan matricular en el campo de los enemigos de la paz y en consecuencia no cambian la forma de presentar su posición, pueden perder respaldo entre los electores.

Las conversaciones de paz arrastran, de alguna manera, el tema de la seguridad en el que se observan cifras preocupantes de aumento de la criminalidad común, la extorsión y debilitamiento del control de territorios, auge de las bandas criminales y de grupos, incluidas las guerrillas, dedicadas al narcotráfico en sus dimensiones micro y macro.

También es muy candente la política exterior no obstante ser uno de los asuntos en que las encuestas revelan amplio respaldo al gobierno. Preocupa el acercamiento a los países del ALBA si se tiene en cuenta el silencio ante la dictadura cubana, frente a los atropellos a las libertades en los países bolivarianos, el fraude electoral en las presidenciales de Venezuela, la manipulación de la constitución por parte de los mandatarios para eternizarse en el poder. Todo esto es materia que abre brecha profunda entre los candidatos oficiales y quienes privilegian relaciones más críticas con esos gobiernos y por una mayor cercanía con Estados Unidos y compromiso de defensa de la democracia y las libertades en el seno de la OEA.

La pérdida de mar con Nicaragua también continuará ocupando la atención de los colombianos. El gobierno sabe que en este asunto lleva las de perder en razón de un manejo errático y de la ausencia de alternativas. Esta circunstancia será convertida en bandera por las fuerzas opositoras que abogan por el desconocimiento abierto del fallo y para asumir las consecuencias que de ello se deriven.

Los colombianos nos podremos ver inmersos en un debate inédito y sorpresivo sobre la pertinencia o no de convocar una constituyente con miras a conjurar los graves desajustes existentes entre los poderes públicos y, en particular, la grave crisis de la Justicia. ¿Quiénes, en qué número y bajo qué procedimientos deben ser electos sus miembros, serán los elementos de gran discrepancia.

Oiremos hablar del tamaño y las funciones del Estado colombiano, de impuestos, de empleo y pensiones, de la salud. La pelea es de alquilar balcón como decían las tías solteronas. Mientras la película empieza, es de esperar que el gobierno, que actúa en la trama con actor propio, brinde toda clase de garantías. Aunque ya le podemos anotar una falla: me refiero al llamado del gobierno al general Óscar Naranjo para asumir funciones de negociador en La Habana y acompañamiento en la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Ahí se configura el riesgo de que se confundan los papeles y se termine utilizando indebidamente el interés por ganar las elecciones con arreglos acomodaticios en La Habana.