Es largo y tortuoso el recorrido que ha hecho la humanidad para aceptar como referentes éticos y jurídicos de alcance universal los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La Organización de Naciones Unidas, conformada por países y gobiernos de todas las latitudes, las culturas y los regímenes, ha consagrado la universalidad de normas y principios que llevan a reconocer que los pueblos de la Tierra, sin distinción, los asumen a la manera de una constitución mundial.

Nunca antes como en las últimas décadas su aprobación, su vigencia, su validez, su promoción, su defensa y su cobertura habían obtenido tan elevado reconocimiento y tan notable difusión. Por muchos años se depositó en los Estados miembros la responsabilidad de asegurar su aplicación y su realización. En un mundo plagado de guerras civiles e internacionales, de regímenes dictatoriales y de legislaciones discriminatorias, la bandera de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH) ha sido enarbolada para que se respete el principio de igualdad ante la ley a la población civil y se evite la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y para buscar el restablecimiento de la paz.

Hoy en día la ONU ha trascendido la esfera de responsabilidad exclusiva de los Estados en la responsabilidad de su vigencia y su aseguramiento y a través de organismos como el Consejo Económico y Social y la Corte Penal Internacional (CPI) ha extendido a los individuos imbuidos de algún poder, a los gobernantes y a las organizaciones armadas no estatales que protestan fines políticos los mismos deberes que a los Estados. Continuar leyendo →