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Tres caminos hacia la paz

Al cabo de tanto sufrimiento y de tanta sangre derramada por causa de la violencia amparada en supuestos políticos, todos hemos terminado identificándonos en hablar sobre la importancia de la paz y del diálogo, en que el fin del conflicto sería muy beneficioso para la salud física y mental, para el desarrollo económico y para muchas otras cosas positivas.

Pero, cuando entramos en los detalles, que es donde se encuentra el diablo, caemos en cuenta que tras esa aspiración común nos distancian auténticos abismos. ¿Cuáles son las principales propuestas para alcanzar el tan elusivo fin de la paz? Para responder a esta inquietud y propiciar el debate propongo tres agrupamientos, Aclaremos antes, que a diferencia de la violencia liberal-conservadora en la violencia actual los colombianos no estamos divididos en dos bandos y que la inmensa mayoría queremos la paz.

La primera propuesta sobre paz es la que puso en marcha el gobierno de Juan Manuel Santos. Su punto de partida fue reconocer a las guerrillas en pie de igualdad con el Estado, ofrecer una amplia gama de garantías como el Marco Jurídico para la Paz, negociación en terreno amigo de las FARC, promesas de no penalización con cárcel por delitos de lesa humanidad a comandantes guerrilleros, una agenda de cinco puntos en la que, como hemos observado, la delegación guerrillera ha hecho caber infinidad de propuestas tan vasta como la Agenda Nacional. El gobierno reconoce que para llegar a la paz es indispensable realizar profundas reformas en todos los campos como paso previo para que esta sea una realidad, otorgándole a las FARC la razón histórica y moral de que su “levantamiento” tiene “causas objetivas”. El gobierno no exige ni la dejación ni la entrega de armas ni la desmovilización de la guerrillerada en el acuerdo previo. Ese acuerdo sería sólo el inicio del camino hacia la paz que está calculado en diez años. El gobierno tampoco exigió a las FARC el cese unilateral de las acciones bélicas ni el reconocimiento de que la vía de las armas está totalmente cerrada para sus pretensiones de tomarse el poder. A este camino lo llamaremos el del entreguismo en tanto élites ilusas, de visión corta y voluntaristas, medios impactados, políticos ligeros y dirigentes con conciencia de culpa, creerán en la buena fe de las guerrillas y están dispuestas a conceder toda clase de gabelas.

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Nunca habíamos avanzado tanto

En varias ocasiones, el presidente Santos, miembros del equipo negociador de paz, columnistas y políticos han dicho que nunca habíamos avanzado tanto en una negociación con las FARC. Son palabras para la galería, con las que se pretende oxigenar la esperanza, cada más escasa, de los colombianos de que ahora sí, de verdad, “estamos a un cacho” de la ansiada paz.

Nos las repiten como si ella dependiera de nosotros, de los colombianos pacíficos, trabajadores, honrados y magullados por el enorme dolor causado por grupos que han sobrepasado todos los límites de tolerancia. O como si dependiera de que el Estado colombiano realice el programa de unas guerrillas que nunca fueron acogidas ni seguidas por las mayorías nacionales. Se equivocan de público y de instancias quienes ponen el peso y la responsabilidad en la población, y además, creen que la gente es tan ingenua como para tragarse esa frase envenenada.

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Impunidad indigerible

La justicia transicional es un instrumento jurídico que estipula aplicación de penas menos duras en extensión a miembros de grupos armados ilegales a cambio de su desarticulación, desmovilización, confesión de la verdad, resarcimiento de sus víctimas y compromiso de no repetición. La reducción ostensible del castigo por crímenes que en términos normales no tendrían ningún favorecimiento, se justifica en razón de la búsqueda de un bien colectivo mayor para la sociedad, a saber, la cesación de delitos, el restablecimiento del orden y la seguridad y la recuperación de la tranquilidad ciudadana. Es una ecuación imperfecta si se la mira desde un ángulo riguroso pero legítima si se la valora por sus resultados.

No es aplicable de manera permanente ni en todo tipo de situaciones. Está diseñada para poner fin a enfrentamientos armados de consecuencias políticas en los que la comisión sistemática de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra impide el otorgamiento de indultos o amnistías.

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