De receso

Justo ahora que el Estado colombiano, según avistamos, va a sufrir la peor humillación desde la dolorosa separación de Panamá. Cuando se prepara, con total cinismo un golpe de Estado por medio del establecimiento de un poder paralelo, o dual, como diría Gramsci o Lenin.

Porque, ¿de qué otra forma llamar a este esperpento, el presidente Juan Manuel Santos, que, en desafortunada declaración, confirmó estar negociando para avalar los “acuerdos de La Habana”? El tal “congresito”, al que le cambian el nombre por “Comisión Legislativa”, el mismo perro con distinta guasca, no es otra cosa que un golpe a nuestra democracia y a la constitución que la sustenta.

En su composición: al incorporar a individuos sub judice y condenados por delitos atroces y a personas no elegidas por el constituyente primario. En sus funciones: porque queda habilitada para renunciar a los tratados internacionales que en materia de justicia ha firmado Colombia y que según la retórica de “expertos” nacionales y extranjeros, como el delegado de la ONU, el exfiscal de la CPI y el presidente de la Corte Suprema, no pueden ser un obstáculo a la paz, para que las guerrillas se autoexculpen. Para inventar cárceles sin barrotes, penas sin cárcel, resarcimiento de víctimas sin reparación material, zonas vedadas a la Fuerza Pública, violar la Constitución Nacional

El presidente Santos ofende la inteligencia de la mayoría de colombianos creyendo que cambiándole de nombre a sus regalos pasarán inadvertidos. Por más que diga y repita que no habrá paz sin impunidad, sí la habrá, pues, penas sin prisión no dejan de ser una burla al sentido común. Continuar leyendo

Deformación tropical del delito político

En entrevista concedida a la CNN hace más de dos años, el 28 de septiembre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que “no se les puede pedir a las Farc que se arrodillen, se rindan y entreguen las armas. No lo harán. Debe existir una salida, y esta salida debe permitirles participar en la arena política“.

Dos años largos después, en medio de una grave crisis del proceso de conversaciones de La Habana, Santos retoma su apreciación de forma más concreta al convocar a la redefinición del delito político de tal forma que se admita la conexidad del narcotráfico y el secuestro. Así, abre la puerta a una solución interna, propia, sin ataduras internacionales, para que los guerrilleros incursos en delitos horrendos, puedan participar en política.

Un cambio de esa envergadura dejaría el derecho penal prácticamente sin objeto ya que una porción muy grande de los delitos penales en el país están relacionados con el secuestro, la extorsión y el narcotráfico (este último toma cuerpo en numerosos hechos de sangre). Emocionada, la presidente del Polo Democrático Clara López, propuso que todos los delitos penales sean vistos como conexos con el delito político.

Esa maniobra impúdica, de salir avante, convertiría a Colombia en un país paria en materia de aplicación del derecho internacional y de observancia de los derechos humanos. Significaría entrar en rebeldía contra la Corte y el Estatuto Penal Internacional e internamente, consolidaría la profunda división en la que, de hecho, estamos sumidos como consecuencia de unas conversaciones adelantadas dentro de la mayor confusión. Continuar leyendo

La paz no es de izquierda ni de derecha

Si uno se detiene a mirar el signo ideológico de quienes han sido distinguidos con el premio Nobel de la Paz encuentra de todo, desde fieros guerreros a nacionalistas extremistas, líderes religiosos, comunistas, personalidades de izquierda y de derecha.

Yasser Arafat, que preconizó el terrorismo contra Israel y los judíos, Menahem Begin un ortodoxo judío y el dictador egipcio Anwar Al-Sadat que firmaron la paz después de varias guerras. Obama por haber pronunciado un discurso conciliador entre Occidente y Oriente en El Cairo. La activista birmana Aung San Suu Kyi por su resistencia contra la dictadura militar. La líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú y hasta un militante comunista, el argentino Adolfo Pérez Esquivel.

La bandera de la paz la esgrimen casi todas las tendencias ideológicas, partidos muy diversos, todas las religiones. Pero no todos los gobernantes pueden hablar en su favor siempre, pues las constituciones les obligan a acudir a la guerra para defenderse ante una agresión.

No es pues razonable la idea de agrupar en la derecha o en la izquierda ni en sus respectivos extremos a quienes hablan y proponen la paz o hacen la guerra. Los comunistas, desde el manifiesto de 1848, por ejemplo, han validado la violencia revolucionaria y la guerra para conquistar y realizar sus ideales. Igual sucedió con los nazis y fascistas. El dictador de la Unión Soviética, José Stalin, instituyó el premio de los Pueblos a la paz como una alternativa al Nobel de Paz, mientras adelantaba su carrera armamentista y patrocinaba la guerra en distintos países. A la guerra y a la paz apeló Estados Unidos en defensa de la libertad y la democracia y por ahí derecho para imponer o deponer gobernantes según sus intereses.

Es decir, ni la guerra ni la paz son categorías absolutas que remiten a una sola tendencia del espectro político. Por eso, resulta insólito clasificar a los colombianos en la derecha o en la izquierda o en sus extremos según se expresen en relación con el curso de las conversaciones que adelantan el gobierno y la guerrilla de las Farc en La Habana.

El presidente Juan Manuel Santos fue quien comenzó a usar el recurso macartista de llamar “extremoderechistas” a los que consideraba “enemigos de la paz”. De esa forma, encasilló a todos los que, con diversos argumentos y desde distintos ángulos, han formulado críticas a la negociación como tal y a los términos con los que el gobierno accedió a sentarse de nuevo con esa guerrilla. Hoy ha convertido en enseña de su reelección la bandera de la paz a pesar de haber invitado a no hacer política electoral con ella.

En la galería política y en los medios abundan los defensores de esta forma de estigmatizar a los críticos y opositores. Pienso que entre los defensores de la negociación hay de todo. No creo, por ejemplo, que el presidente Santos se haya volteado hacia la izquierda, ni siquiera ronda por el centro o por la derecha culta. No es un extremista para ningún lado, es un político capaz de hacer lo que sea con tal de alcanzar la gloria y el pedestal de los inolvidables.

En un alarde de pobreza argumental, el director de la revista El Malpensante, que funge de adverso a todo fundamentalismo y dogmatismo, Andrés Hoyos, en su última columna en El Espectador decidió que los críticos de la paz son de extrema derecha.

Si nos atenemos al método del irreverente Hoyos, entonces los que hablan en favor de la paz son de izquierda o de extrema izquierda. Por tanto, personajes como Juan Fernando Cristo, Ernesto Samper, Roy Barreras, Roberto Gerlein, el iletrado Simón Gaviria o el cardenal Rubén Salazar o el exitoso burócrata Silva Luján y hasta habitantes del barrio El Chicó, son izquierdistas o al menos, “progres”.

Sería muy bueno que los amigos de la paz a cualquier costo, de cualquier tendencia, nos ayuden a disuadir el temor que despiertan las tesis del ideólogo de la paz, el filósofo Sergio Jaramillo: 1. Haber igualado a la guerrilla con el estado colombiano. 2. Haber validado el discurso de las causas objetivas del conflicto y por añadidura que en la base del mismo está el problema de la tenencia de la tierra. 3. Sostener que en La Habana en cosa de meses (no de años) no se firmará la paz, porque esta no es un  acto sino un proceso, no es el cese de hostilidades sino la resolución de los conflictos sociales. 4. En consecuencia con la anterior, ofrecer la apertura de un periodo de transición de diez años durante los cuales se pondrán en marcha los acuerdos. 5. La ocurrencia de crear zonas de reserva campesina con más de un millón de hectáreas donde se refugiará y gobernará la guerrilla sin dejación de armas (bastante parecido a la zona de distensión de El Caguán) y, 6. Proponer la creación de circunscripciones electorales de paz en territorios conflictivos con la ilusa idea de que es para campesinos excluidos.

¿Por qué es extremoderechismo exigir a las guerrillas el cese del vulgar matoneo de policías, de atentados contra la infraestructura nacional, de ataques a civiles con sus bombas artesanales y  de producción de toneladas de coca?

¿Es que no tenemos derecho, sin ser espetados de extremistas, como hizo Hoyos con el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, de hacer reparos ante la perplejidad de nuestros negociadores con el envalentonamiento de los líderes farianos?

Las recientes declaraciones del presidente Santos, comandante supremo de las Fuerzas Militares en el sentido de que “pensaría dos veces” ordenar un ataque contra el jefe guerrillero Timochenko, refrendadas por su ex ministro consejero, Lucho Garzón, persona clave en la campaña de reelección que dijo, sin pestañear ni titubear: “No toquen a Timochenko ni toquen la reelección del presidente Santos”, ¿no son como para tener los pelos de punta?

Ni con insultos ni con amenazas de imposición lograrán acallar las voces críticas.

Darío Acevedo Carmona, Medellín 14 de abril de 2014

Es sofista el dilema de paz o guerra

¿Qué es lo que lleva a un círculo de las élites dominantes a justificar conversaciones con las FARC en términos tan humillantes para la población y para el estado? No podemos darnos por satisfechos con la respuesta simple de que, de pronto, en un arranque de lucidez, se dieron cuenta que la máxima de los hippies sigue vigente, o que se tragaron el cuento de que, esta vez, sí, las FARC quieren la paz. Intentemos, entonces, algunas hipótesis.

En el pensamiento de exponentes de esas élites se detecta una especie de sentimiento de culpa respecto de lo que dejaron de hacer en el pasado. Hablan de una deuda histórica, en particular con las comunidades campesinas. Ceden a la tesis política de la reforma agraria a la usanza de buena parte del siglo XX sintetizada en la consigna “la tierra para el que la trabaja”, como si en una economía globalizada, altamente competitiva e industrializada extendida a la producción agrícola, pecuaria y alimentaria, la pequeña explotación de campesinos individuales tuviese perspectivas de éxito. El cerebro de las negociaciones de paz, Sergio Jaramillo, considera que los procesos anteriores de han fracasado en erradicar la violencia porque el Estado no impulsó políticas de desarrollo territorial autónomo. En tal sentido se da validez a la tesis de las “causas objetivas” de la violencia. Se evidencia en ese discurso un tufillo moralista, que pasa por alto que un católico pecador no se confiesa con el diablo.

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Referendo sin paz

El presidente Santos continúa ensillando sin traer las bestias. Su mayoría parlamentaria acaba de aprobar la convocatoria de un referendo que tendría por objeto someter a consideración de la ciudadanía los probables acuerdos de paz que se firmen en La Habana. El Marco Jurídico para la Paz fue expedido para ser aplicado a las guerrillas en un eventual acuerdo de paz. Quiere decir esto que el Estado colombiano se atiene a legislar ante una probabilidad, un albur, que, cada día que pasa, se hace más inviable.

A las FARC nada de lo que ha hecho y concedido este gobierno les ha llamado la atención. No le hacen buena atmósfera a leyes que contemplen algún castigo penal o una consulta a la población. Piensan que en una negociación de iguales, el otro igual, el Estado, no puede imponerles penas. Y de votos, ¡ni locos que estuvieran! pues saben que llevan las de perder. Tampoco las llena la actitud regalona e incondicional consagrada en la política de paz que echó a caminar el presidente y su Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo.

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Nunca habíamos avanzado tanto

En varias ocasiones, el presidente Santos, miembros del equipo negociador de paz, columnistas y políticos han dicho que nunca habíamos avanzado tanto en una negociación con las FARC. Son palabras para la galería, con las que se pretende oxigenar la esperanza, cada más escasa, de los colombianos de que ahora sí, de verdad, “estamos a un cacho” de la ansiada paz.

Nos las repiten como si ella dependiera de nosotros, de los colombianos pacíficos, trabajadores, honrados y magullados por el enorme dolor causado por grupos que han sobrepasado todos los límites de tolerancia. O como si dependiera de que el Estado colombiano realice el programa de unas guerrillas que nunca fueron acogidas ni seguidas por las mayorías nacionales. Se equivocan de público y de instancias quienes ponen el peso y la responsabilidad en la población, y además, creen que la gente es tan ingenua como para tragarse esa frase envenenada.

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