El juego de la deuda

Desde la crisis del 2008 hasta la fecha, la deuda de los países centrales ha crecido a un ritmo desproporcionado. La crisis justificó soportar déficits fiscales y políticas monetarias laxas, todo en pos de evitar que el mundo entrara en recesión.

El viejo dogma de que la deuda sustentable no debería superar el 60% del PBI y el déficit no podría estar por encima del 3% anual tuvo su baño de realidad. Queda claro que ante el aumento del déficit más allá de lo que sugieren los organismos multilaterales, no redujeron gastos, sino que, por el contrario, los aumentaron.

El crecimiento mundial también cayó a partir de la crisis. Previo a 2008 el mundo crecía cerca del 5% anual, lo que permitía duplicar el PBI mundial cada 15 años. A partir de entonces, crece apenas cerca de 3 por ciento.

La realidad es que con los niveles de deuda actuales, pero principalmente con las bajas tasas de interés, consecuencia de las políticas monetarias de los países del G7, la carga financiera sobre el PBI sigue siendo manejable. Continuar leyendo

Pagar o no pagar, ¿ésa es la cuestión?

Antes de comenzar con el artículo, quiero dar mi posición frente a este tema: creo que Argentina debe honrar el fallo de la justicia de EEUU; por supuesto que si puede negociar mejores condiciones sería muy bueno.

Dicho esto, debo señalar que no parece lógico, el 93 % de los afectados aceptó los canjes propuestos (2005 y 2010), y en un país (EEUU) donde el principio que rige en los casos de concursos y quiebras es el de favorecer la continuidad de la empresa en marcha, se perjudique a esta inmensa mayoría para favorecer a tenedores que, con menos del 1% de la deuda con sentencia en firme, han logrado poner en riesgo la reestructuración de la deuda y por consiguiente los derechos del 93% que aceptó el canje en forma voluntaria.

No obstante, Argentina emitió deuda en el pasado y para conseguir mejores condiciones (plazo, tasa y montos) renunció voluntariamente a la Jurisdicción Argentina para la resolución de conflictos y aceptó la de Nueva York. Convengamos también que es una práctica estándar que utilizan la mayoría de los países del mundo cuando quieren acceder a fondos en los mercados de capitales internacionales. Pero nadie ha exigido o forzado a Argentina a aceptar el cambio de Jurisdicción. Esto ha sido totalmente voluntario.

Es cierto que este Gobierno (a través de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez de Kirchner) asumió en 2003 y no fue quien emitió la deuda en cuestión. Pero también es cierto que, al postularse para la Presidencia de la República, conocían claramente la situación y el escenario que deberían enfrentar.

Nos encontramos con un caso donde no existe normativa, esto es, no hay regulación que indique cómo tratar con un default soberano. De hecho, recuerdo que en los 90, cuando el FMI quiso establecer una agenda para intentar regular este tema, tuvo tanta resistencia que terminó en la nada.

Intentar cambiar la Ley aplicable de la deuda restructurada, existiendo sentencia firme en contra, equivale a cerrar las puertas del financiamiento por muchos años, para el país y sus empresas. Argentina se sometió en forma voluntaria al cambio de legislación y cambiar las reglas de juego cuando el resultado no nos favorece nos alejaría del mundo en forma inmediata.

Por otro lado cumplir con el fallo, sería el corolario de un proceso que incluyó los acuerdos con el CIADI, el Club de Paris, Repsol y hasta ordenar los índices del INDEC. Nos daría acceso a los mercados financieros en forma total.

Es cierto que los fondos buitres habrán realizado grandes ganancias. Y es cierto que este fallo podría costar hasta 15.000 millones de dólares, si el resto de la deuda que no entró al canje se presentara a cobrar. Es un sapo difícil de tragar, pero es lo que nos toca.

Nos han hecho un gol y estamos 1-0 abajo. No perdamos el partido.

Nota: No asesoro a ninguna de las partes en conflicto. No tengo bonos de la República Argentina en ninguna de sus formas. No tengo intereses financieros atados en forma directa a la decisión que vaya a tomar el Gobierno Argentino