Por: Diego Rojas
Los datos son contundentes. Unas empresas de transporte que cobran contratos millonarios del ente estatal ENARSA -compañía estatal de energía que les adjudica contratos de transporte de combustible de manera directa- cuyos miembros del directorio son funcionarios públicos -algo que riñe con la legalidad- y de comprobados vínculos personales, comerciales y políticos con el ex piquetero Luis D’Elía. Cada una de estas afirmaciones está respaldada por documentos oficiales y es el fruto de la investigación realizada por Marina Dragonetti y Gabriel Levinas para plazademayo.com, que fuera editada por este cronista y que fuera expuesta el domingo en el programa Periodismo para Todos. Sin embargo, la contundencia de las afirmaciones -a las que se debería añadir que los mentados empresarios no tenían patrimonios personales previos como para constituir compañías que le facturan de la noche a la mañana millones de pesos por mes- fue desplazada por el impacto que provocó la infiltración en el informe de un “arrepentido” en una jugada realizada por D’Elía. Un episodio que debería promocionar algunas reflexiones sobre el estado actual del periodismo y la relación con el estado actual de la política. Sin embargo, antes de intentarlo, repasemos lo inapelable de la investigación.
La empresa Transportadora de Combustible Atalaya SRL tiene en su directorio a Lucía Andrea Paione, quien obra como funcionaria pública ya que es vocal en la estatal Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat, un ente dependiente de Jefatura de Gabinete y cuyo titular es Rubén Pascolini, segundo dirigente en importancia de la Federación de Tierra y Vivienda, que responde a D’Elía. Este hecho ya marca una incompatibilidad de los deberes de funcionario público, ya que Paione, al ostentar tal título, no podría tener relaciones contractuales con el Estado. Sin embargo, la empresa de Paione en abril de 2011 cobró $2,262,138.05 a ENARSA; en mayo de ese mismo año $3.406.962,86 y en junio $ 2,816,857.10, según datos del ente estatal. Además, Paione figura en los registros de Jefatura de Gabinete como la persona designada por Luis D’Elía para cobrar la pauta oficial para su programa matutino radial.
Paione es titular de otras dos empresas de transporte: Transporte El Millo Sociedad Anónima y Proveedora Comercial del Sur Sociedad Anónima. La constitución de estas empresas fue certificada por otra funcionaria pública, miembro de la Comisión de Tierras y columnista del programa radial de Luis D’Elía, la escribana Luciana Botte.
Antes de Paione, en el directorio de la empresa Atalaya figuraban Mario Silvano Coradín, que también fuera el encargado de cobrar pauta oficial para el programa radial de Luis D’Elía y también funcionario público en su momento, y Rosa Antonia Arias, también vocal en la Comisión Nacional de Tierras y ligada a la Federación de Tierra y Vivienda de Luis D’Elía. Ninguna de estas personas tenía patrimonio personal previo como para constituir empresas que a su vez contrataban decenas de camiones para trasladar gas oil a usinas de energía nacionales. Todas están o estuvieron ligadas comercial, personal y políticamente a Luis D’Elía. La pregunta razonable es si no actuaban como testaferros del ex piquetero devenido dirigente ultrakirchnerista y si las contrataciones directas con el Estado no servían para financiar su parte de la famosa “Kaja” de la política.
Todos estos datos, cuya documentación puede revisarse en plazademayo.com quedaron desplazados debido al impacto que produjo que un testigo principal del informe periodístico fuera el “arrepentido” Mario Silvano Coradín, que ratificó cada información pero que luego fue presentado como “plantado” a Lanata por Luis D’Elía.
Los arrepentidos, los despechados y los traidores son una fuente de información invalorable para el periodismo, pero no se debe perder de vista que se trata de eso: arrepentidos de un delito, despechados de otros delincuentes o traidores a personas de esa misma laya. Son fuentes de datos que deben ser entonces corroborados y chequeados con la máxima rigurosidad. Sobre todo en la actual coyuntura política en la que el Estado considera al periodismo como a un enemigo y cuyos representantes pueden llegar a realizar operaciones inéditas, tales como la manipulación de testigos o la “implantación” de falsas fuentes. En el caso de Codarín, su testimonio ratificaba cada dato que estaba respaldado por documentación oficial, sin embargo, fue puesto en el lugar central del informe periodístico olvidando que, según todo indica, habría sido testaferro de D’Elía y participado de negocios con el Estado reñidos con la ética y con la ley. Ese es el rango moral al que esta persona adscribía y no debía habersele otorgado, en función de esta apreciación, un rol central en la información.
Conversaba con mi amiga Adriana Amado sobre las implicancias de este episodio de la vida periodística. Amado, que es una de las personas que estudia con más énfasis y dedicación la comunicación pública, señalaba que la recepción de la noticia hoy se juega en el campo de la creencia. Que el público no internaliza las “verdades” (hechos) que el periodismo pueda ofrecerle sino a través de la emoción y que por eso “la influencia del periodismo no es inmediata sino trabajosa y a largo plazo, porque las creencias sociales no se modifican con una tapa, ni con diez”, tal como señala en una columna reciente en la revista Noticias. El incidente del “infiltrado” de D’Elía le ganó la batalla a la información. Es un episodio menor en tanto y en cuanto el periodismo saque las conclusiones pertinentes de este hecho. Porque los datos quedan, los documentos están y el periodismo seguirá realizando su tarea, que es la de desnudar los que el Estado y los poderes (y sus lacayos) quisieran ocultar.