Por: Diego Rojas
En enero, el edificio del Congreso es un edificio vacío. Incluso en medio de una crisis de Estado lo que impera es el vacío y el silencio -como si nadie se hiciera cargo del murmullo inquieto que atraviesa a la nación. La crisis iniciada luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman mostró iniciativas legislativas por parte del Gobierno y denuncias por parte de la oposición. Pero nadie podría afirmar que tales iniciativas ayuden positivamente a encausar la deliberación ocasionada por tal acontecimiento ni señalen las causas profundas de la crisis. Quizás porque todos, la oposición que gobernó y el oficialismo que gobierna, están hundidos en el sistema de complicidades que prohijó el estado actual de las cosas: una guerra intestina de servicios de inteligencia, el operativo estatal de encubrimiento de la causa AMIA, la indolencia y desorientación ante la muerte del fiscal Nisman.
Durante la tarde del jueves el silencio de los pasillos del parlamento se rompió. Se rompió por los pasos de los periodistas que asistieron a la conferencia del Partido Obrero (PO), que había convocado a esa reunión con la presencia de sus diputados y dirigentes y cuyo objetivo era sentar una posición y dar a conocer una caracterización y un plan de acción frente a la crisis política que vive la nación.
“Consideramos el llamado a sesiones extraordinarias para tratar el proyecto de una nueva ley inteligencia del oficialismo como una mera maniobra distraccionista, para cerrar la crisis con un autoencubrimiento y con una autoamnistía por las responsabilidades que llevaron a 20 años de impunidad en la causa AMIA, a la descomposición de los aparatos de inteligencia y a las circunstancias en las que murió el fiscal Nisman”, disparó el diputado Néstor Pitrola ni bien comenzó la conferencia. La fuerte declaración implica caracterizar a la iniciativa del gobierno como un canto de sirenas en medio de un estado generalizado de conmoción política. En cambio, anunció la presentación de su proyecto de resolución para que se llame a interpelación a todo el gabinete nacional y eventualmente a la presidenta Cristina Fernández para desarrollar un debate que clarifique las posiciones ante la crisis. También anunció una movilización de rechazo para el día que se debata en el Senado la iniciativa presidencial. No por nada la tapa del periódico del PO titula con letras molde: “El pueblo debe saber”.
“Hay un operativo de encubrimiento”, señaló Jorge Altamira, candidato a presidente del Frente de Izquierda. “Ante la crisis desatada el gobierno responde con una postulación de un candidato a la Corte Suprema y con un proyecto, desconocido todavía, de nueva ley de inteligencia. Esto es patear la pelota para afuera. Se necesita clarificar políticamente un crimen de Estado, porque está vinculado a una crisis del poder judicial, a una crisis de los aparatos de inteligencia y que implica una verdadera crisis política. Es una crisis que involucra a todos los partidos tradicionales. Sergio Massa fue jefe de gabinete de este gobierno y responsable él mismo de los servicios de seguridad, porque tiene gente vinculada a los asesinatos de Kosteki y Santillán en su equipo de trabajo. Macri está acusado por espionaje en el ámbito de la ciudad. Está en cuestión todo el régimen política. Nuestro proyecto de interpelación interpelaría también a toda esta oposición trucha que ha colaborado en distintos momentos y distintos gobiernos y que ha formado parte de este mismo gobierno”. Altamira fustigó a los opositores que piden la anulación del Memorándum con Irán como salida a la crisis, ya que ese pacto está muerto de toda muerte.
“¿Por qué se excluye al servicio de inteligencia del ejército? -se preguntó el candidato presidencial de la izquierda-. Es una herencia de la dictadura como todos los demás. Si hubiera coherencia en la coherencia oficial debería también ser disuelto y renovado. Sin embargo, un oficial acusado por crímenes de lesa humanidad como César Milani lo dirige. Si ese aparato de inteligencia está excluido del espionaje interior, que lo demuestre”.
En un pasaje intenso de su intervención, Altamira dio una definición sobre el rol de los servicios de inteligencia para la izquierda. “Son un órgano absolutamente vital del Estado y responden a la orientación y los intereses de ese Estado. El Estado en la Argentina defiende a los monopolios, a la superexplotación de los trabajadores y el trabajo precario. Los servicios se orientan en función de preservar esos intereses. No necesitamos un nuevo servicio de inteligencia, sino que necesitamos otro gobierno, un gobierno de trabajadores”.
-¿Pero un gobierno del Frente de Izquierda disolvería los servicios de inteligencia? -preguntó una periodista.
-Si nosotros fuéramos gobierno, tendríamos un excelente servicio de inteligencia. Trabajaría para favorecer los intereses de los trabajadores, la autonomía nacional de la República Argentina, su independencia política y económica y que no estaría al servicio de la CIA ni el M15 británico ni de la Mossad, sino sólo a favor de los intereses de los trabajadores y los jóvenes de la Argentina y de los mejores intereses de los trabajadores de los otros países. El servicio de inteligencia es el sistema nervioso del Estado y debe responder a los intereses del cerebro en el que se ha alojado ese sistema nervioso.
Se ha abierto una crisis política de carácter gigantesco. La presidenta Fernández insiste en jugar a ser Sherlock Holmes -y a atribuir de modo surreal a Clarín la muerte del fiscal Nisman- y a esbozar proyectos altisonantes y distraccionistas, como en otras oportunidades -sólo basta recordar la supuestamente transformadora, y fracasada, Ley de Medios. El jueves por la tarde en el Congreso se señalaron definiciones políticas. Planteos que deben ser realizados por todo el arco partidario para debatir una crisis elefantiásica de esas características.