Por: Diego Rojas
Si existiera una entidad tal como la del ser nacional, seguramente tendría entre sus características a la intensidad, hecho comprobable desde que este sábado —un caluroso sábado de un probable (pero no) tranquilo enero— la dirigente social y política del kirchnerismo, Milagro Sala, fue detenida en Jujuy acusada de “instigación al delito y tumulto”, figura que encubre que ha sido penalizada por protestar.
El episodio constituye un hecho gravísimo. Para poder considerar la seriedad de sus posibles consecuencias se debe hacer por un instante abstracción de la figura de Milagro Sala —denunciada innumerable cantidad de veces por sus manejos espurios de fondos públicos, por patoterismo, amenazas con armas y un uso por parte del Estado de su movimiento como fuerza de choque contra organizaciones sociales y políticas opuestas al kirchnerismo.
Si se logra abstraer esa figura no tan sólo polémica, sino ciertamente repudiable, se podrá constatar que la resolución judicial que determina su detención lo hace en torno al acampe de protesta realizada por su organización. Un hecho similar al que realizó durante gran parte de 2015 Félix Díaz en representación del pueblo qom, en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, en la capital argentina. Un método de protesta usado muchas veces por una gran cantidad de movimientos sociales en reclamo por sus derechos. Un derecho a la protesta garantizado por la Constitución.
A Sala no se la detiene por las polémicas denuncias en su contra, sino por manifestarse e interrumpir el tránsito. Un propósito que tiene como fin draconiano actuar como referencia para los sectores de la población que decidan protestar en defensa o en reclamo de derechos. En medio de un año de ajuste, la medida parecería anticipar una respuesta del Estado —represiva— ante el descontento social. Sin embargo, ¿quién es Milagro Sala?
La provincia de Jujuy fue una de las más afectadas por las políticas de los años noventa. Como en muchas otras provincias, durante la década de los ochenta el empleo público había pegado un salto, al mismo tiempo que la mecanización de ciertas industrias (azúcar, tabaco) expulsaba a trabajadores del sector privado. En 1980 había 57,3 asalariados en el sector público por cada cien en el sector privado, mientras que en 1991 la cifra ascendía a 83,7. Hacia finales de los ochenta, el ajuste fiscal estatal y los altos índices de inflación comenzaron a afectar seriamente a los trabajadores estatales. Las privatizaciones, la racionalización del Estado y el cierre de industrias golpearon fuertemente a la población trabajadora de Jujuy. No extraña, entonces, que este sector haya encabezado las luchas populares de la época. Entre 1988 y 1997, el frente de gremios estatales dirigió grandes peleas, que jaquearon a varios gobernadores. Entre las organizaciones más relevantes se encontraban el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), encabezado por el Perro Santillán, en aquella época militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), dirigida por Nando Acosta y donde haría sus primeras armas una joven, Milagro Sala, que pronto llegaría a ser su lugarteniente.
El año 1997 fue el momento culminante del conflicto social. El reguero de puebladas que atravesó el interior del país encontró en Jujuy su expresión más desarrollada. Un corte de ruta de desocupados en Libertador General San Martín fue reprimido por la fuerza pública y provocó una enorme respuesta popular. En pocos días, la provincia se llenó de piquetes y cayó el gobernador Carlos Ferraro, acorralado por la movilización social y la crisis interna en el Partido Justicialista. En esos años, el establecimiento de planes sociales permitió a las organizaciones sociales consolidar su fuerza. La CCC se transformaría en una organización de masas, bastante más grande que la organización barrial Tupac Amaru, fundada a partir del trabajo de barrio que, desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), impulsaba Milagro Sala.
Con la llegada del kirchnerismo al poder, la situación cambiaría radicalmente. La política kirchnerista fue desarrollar un proyecto asistencialista a gran escala para contener a miles de pobres y desocupados y desviar la lucha mediante la cooptación de las organizaciones sociales (y el aislamiento y la criminalización de las que se negasen). En ese marco, la Tupac Amaru entabló una relación directa con el Gobierno nacional, lo que le permitió gestionar un volumen de recursos que la transformó en la principal organización social de Jujuy. Con sesenta mil adherentes y cinco mil trabajadores en sus proyectos y sus cooperativas —principalmente obreros de la construcción—, la organización social liderada por Milagro Sala se convirtió en el principal empleador de la provincia, luego del Estado y casi a la par del Ingenio Ledesma.
Con recursos del Programa de Emergencia Habitacional del Ministerio de Planificación de la Nación, la Tupac Amaru llegó a construir alrededor de mil viviendas por año, lo que equivale al 50% de las casas construidas en la provincia por medio de ese programa. Además, recibió bolsones de mercadería del Gobierno provincial y beneficios de otros programas. Ese acceso privilegiado la habilitó para redistribuir recursos entre otras organizaciones sociales de la provincia. Así, obtuvo frente a estas una jerarquía que se manifestó en la creación, en 2007, de la Red de Organizaciones Sociales. Los defensores de Sala destacan su enorme trabajo asistencial. Unas veinte mil personas, en una provincia de setecientos mil habitantes, pudieron acceder a una vivienda gracias a los planes de construcción de la Tupac Amaru. Esto no elimina que los habitantes de las casas no tienen los títulos de propiedad —que son de la organización— y que si abandonan la Tupac Amaru, también dejan de tener el derecho a usar esas viviendas.
Por fondos del Ministerio de Desarrollo Social se establecieron seis fábricas. Hay una textil y una de bloques de construcción, con la que ahorraban parte de los costos de las obras. Los planes de empleo del Ministerio de Obras Públicas que administraban oscilaban entre 35 mil y 80 mil al mes. Por ley provincial de Jujuy, realizaban el mantenimiento de los edificios públicos y escuelas como cooperativa social. De los quince mil cooperativistas de Jujuy, un tercio pertenecía a la Tupac Amaru.
Además de ser cuestionada por no respetar los convenios colectivos de trabajo (los emprendimientos se hacían con trabajo precarizado), la Tupac Amaru es denunciada por distintas organizaciones debido a sus métodos violentos para acallar la protesta social, cuando perturba los intereses del Estado o los suyos como organización. Se han denunciado agresiones a trabajadores del Estado en lucha, amenazas y golpizas a dirigentes y militantes de otras organizaciones. En el aniversario del apagón de 2005, los seguidores de Sala se enfrentaron a palazos con la CCC y con miembros del Movimiento Socialista de los Trabajadores, así como con trabajadores municipales del SEOM. En 2006, Sala agredió a dirigentes del Partido Obrero. Ese mismo año, encabezó el ataque en el que le fisuraron el cráneo a golpes al ex dirigente de la CCC, Lucas Arias, durante una negociación en el Ministerio de Obras Públicas, con el ministro de Infraestructura provincial y la Policía presentes. Y así sigue la lista.
El accionar de las patotas de Milagro Sala (“La banda de la Flaca” es una de las fracciones de la hinchada de Gimnasia de Jujuy) revela un modus operandi habitual durante el kirchnerismo. La costumbre del gobernador y su policía de hacer o dejar hacer en los desalojos de tierras, tercerizando la represión. Así ocurrió en San Pedro, unas tierras del Ingenio La Esperanza, adonde la Tupac Amaru llevó a sus matones para escarmentar a cien familias y dejó un saldo de varios heridos. Lo mismo ocurrió en el barrio Alto Comedero, zona liberada mediante. Luego intervino en decenas de desalojos en Fraile Pintado, San Salvador de Jujuy, San Pedro y El Talar, en nombre de los terratenientes.
No ha sido detenida por ninguna de estas causas, algunas de las cuales ni siquiera constan en un expediente judicial, ya que la Justicia ha rechazado considerarlas siquiera. Lejos del mito que los sectores del derrotado kirchnerismo que la presentan como una heroína de las clases subalternas hostigada por su condición de “india y mujer”, se trata de una persona cooptada por el Estado para tercerizar la represión y regimentar al movimiento social durante la “década ganada”. De cualquiera manera, que esté en prisión por realizar un reclamo marca una advertencia para quienes se planteen defender sus derechos a través de la lucha. Se trata, por lo tanto, de una amenaza que pende sobre los sectores populares y, especialmente, sobre la clase trabajadora. Por eso es una medida que se debe rechazar y repudiar.