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Los impostores del #NiUnaMenos

Todos los conocemos. Forman parte de cierto grupo de personas que no teme hacer demostración pública de impudicia. Son impulsores de derrumbes morales cotidianos y perdieron la capacidad del rubor. Estos días están dando vueltas por toda la web. Realizando manifestaciones políticas. Posaron frente a algunas cámaras fotográficas. Sostuvieron carteles manuscritos convocando a una marcha. Pronunciaron entonces la consigna: “Ni una menos”. Mantuvieron los ojos abiertos ante el flash. Luego volvieron a los despachos estatales donde se dan cita los cómplices del femicidio y la represión. Sergio Berni, Aníbal Fernández y la Policía Metropolitana son algunos de los impostores del #NiUnaMenos, quienes de repente no sólo parecen haber adquirido consciencia de los derechos de la mujer, sino que querrían que se los esterilice de las responsabilidades que poseen en este estado de las cosas.

Una mujer en Mendoza denuncia a su marido varias veces por violencia en la comisaría. La Policía cita al marido pero lo deja en libertad. La mujer decide irse de la casa. Mientras realiza la mudanza, el hombre ingresa en el lugar, llega hasta la cocina, ve a la mujer y comienza a apuñalarla. Se retira, pero al irse comprueba que María del Carmen Saldaño sigue respirando, entonces Oscar Rubén Suárez regresa, culmina su tarea, y cuando comprueba que ya no respira, la abraza y dice: “Te amo”. Sucedió el 15 de mayo en el barrio de San José.

“No le sirvió de nada porque ahora salen todos a hablar pero no hizo nada la psiquiatra ni los profesionales que lo atendían, ni el juez, ni el fiscal, nadie hizo nada, se lavaron las manos, simplemente la dejaron sola”. Así caracterizó el rol del Estado en declaraciones a la prensa una amiga de María Eugenia Lanzetti, quien fuera degollada por su ex pareja Mauro Bongiovanni en un jardín de infantes, donde daba clases y delante de los niños, en Córdoba hace pocas semanas.

En el libro “Francesas”, del periodista Jean Charles Chattard y que acaba de ser presentado en Salta, se postula la tesis acerca del encubrimiento judicial -y que fue refrendado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner- en el caso de las turistas francesas asesinadas a tiros en 2011. Una trama estatal de desaparición de pruebas, torturas policiales, deslindamiento de la información de autopsias realizadas en Francia y sospechas sobre la plantación de los cuerpos en el lugar donde fueron encontrados. Una pista indica, según el libro, que las francesas habrían sido asesinadas luego de participar en una fiesta de los hijos del poder salteño. Mientras tanto, la presidenta había ido a Francia y entregado al entonces presidente Sarkozy las supuestas pruebas de un crimen que había sido resuelto. Todo mentira. El Estado era encubridor.

Tal como sucedió en el caso de Paulina Lebbos. Una mujer asesinada y cuyo crimen fue imposible de investigar por siete años debido a la acción del Estado. Inacción que fue comprobada por la Justicia, que ordenó que se cambiara al fiscal Albahaca -que no había avanzado en la investigación, que había desviado pistas, que había omitido pruebas- por otro equipo judicial que, siete años después, debía retomar el camino para resolver el crimen. Una pista sobre el asesinato de Paulina tenía como sujetos matadores a otros hijos del poder tucumano que habrían usado sus vínculos estatales para encubrirse.

Así como sucede en esas cuevas del crimen llamadas “whiskerías” -escudadas también bajo la fachada de boliches más sofisticados- que se nutren de la esclavización de mujeres cuyos cuerpos son convertidos en objetos destinados a la mecanización fordista del sexo pago. Mujeres llevados a los centros urbanos desde pueblos recónditos bajo la promesa de futuros laboriosos pero que se encuentran con el encierro, la retención de documentos, la violación reiterada, la desaparición de la vista de los suyos y hasta la muerte. Un negocio mafioso cuyo mayor impulsor es la policía. Una policía que también es cómplice a la hora de esconder los talleres textiles clandestinos donde familias enteras trabajan sin salidas en jornadas de dieciséis horas, entre otros crímenes policiales.

Y entonces esos representantes del Estado y la represión, de la Policía y sus negocios mafiosos, sonríen frente a cámara o simulan gestos graves mientras sostienen un cartel que dice #NiUnaMenos en una muestra de cómo se pueden traspasar todos los límites de la hipocresía.

Ellos no deben estar, y sí debemos estar todo el resto. Quienes abogamos porque cesen los femicidios; porque se realicen estadísticas oficiales y haya un registro de la violencia contra la mujer y los femicidios; porque existan fueros especiales de crímenes contra la mujer en los ámbitos civil y penal de la justicia; porque se reglamente en su totalidad la Ley de Protección Integral a las Mujeres y que se provea de fondos para su implementación; quienes planteamos que deben existir en las currículas educativas contenidos preventivos de la violencia contra la mujer; aquellos que estamos a favor de la legalización del aborto, que debe ser gratuito y, también, quienes pensamos que debe existir un ente autárquico y autónomo en el Estado que sea elegido por votación y que se ocupe de los temas de las mujeres. Debemos marchar, impedir el oportunismo de los cómplices, llenar la plaza de Congreso y todas las plazas del país el 3 de junio, hacer posible el #NiUnaMenos.

Ocaso del relato épico kirchnerista

Ya ninguna persona con cierta honestidad moral e intelectual podría sostener con argumentos el discurso que apuntala a una supuesta epopeya kirchnerista. Atrás y derrumbada por los acontecimientos quedó la construcción del relato que podía hacer sentir heroica una cierta simpatía o militancia proestatal. Esta caracterización no implica que no haya saltimbanquis que intenten seguir advirtiendo sobre el carácter revulsivo para el poder del gobierno de la presidente Cristina Fernández, pero de arribistas y gente que defiende con uñas y dientes (y falsos relatos) su puestito en el Estado está hecha parte importante de la idiosincrasia política argentina.

Tomemos por caso el paro general del jueves 28 de agosto. A pesar de que el poder estatal (a través de su madrugador vocero Jorge Capitanich) llegó a condenarlo como una protesta ejecutada por defensores de los fondos buitres, la medida fue exitosa y mostró un apabullante posicionamiento de la clase trabajadora. Sin la participación activa de la UTA, el ausentismo, la falta de flujo automovilístico y la paralización de actividades en grandes concentraciones industriales mostró el hartazgo de los sectores laboriosos ante un panorama de inflación, recesión, suspensiones, despidos y ajuste generalizado.

Que el máximo “incidente” denunciado por el Gobierno -y rechazado por los acusados- sea haber derramado yerba mate, unos vasos plásticos de café y algunos papeles demuestra taxativamente que fue un paro en el que no se registraron incidentes. En los piquetes instrumentados por la izquierda no se registró ningún inconveniente y en los cortes a los accesos a los parques industriales los trabajadores supuestamente “agredidos en su libertad de decidir trabajar” se sumaban a la medida o felicitaban a los piqueteros o simplemente retornaban a sus hogares con la silenciosa, pero exitosa, excusa necesaria para poder parar. Si quedara un sesgo de simpatía hacia el discurso épico kirchnerista, cuadrillas de obreros se habrían organizado para defenderse de una medida impulsada por los buitres que atentaría contra la dignidad nacional. Nada de esto ocurrió. El paro es un claro ejemplo de la caducidad de esa epopeya. Epopeya que, incluso, es desmentida por los suyos. Horacio Verbitsky despidió al mes de agosto publicando la información que revela que la Gendarmería de Sergio Berni había infiltrado a un experto en inteligencia en los cortes obreros de la Panamericana que luego habían sido reprimidos, violando de este modo la constitución nacional.

Militantes del PTS habían entregado a la Justicia fotos y filmaciones de un hombre canoso y de barba que se paseaba entre los manifestantes para luego señalar a quién había que apresar. El hombre resultó ser el coronel retirado Roberto Galeano, ex camarada de armas del fascista Mohamed Alí Seineldín y hombre de la inteligencia militar -que, como señala la sabiduría popular, es un oxímoron. En la inteligencia militar tuvo que codearse con el ex genocida César Milani, experto en el área, antes de ser pasado a retiro por Nilda Garré y recontratado por Sergio Berni para espiar trabajadores que protestan.

Así se revela todavía más el carácter autoritario de Berni, quien no sólo expresó la tendencia al impulso xenófobo para desviar la atención de la crisis, sino que se asoció a Mauricio Macri para desalojar violentamente villeros, sin que le importe herir con balas de goma hasta a kirchneristas como el legislador Pablo Ferreyra, que se había hecho presente en el asentamiento Papa Francisco para protestar contra la violencia. La épica K se limita, luego de la represión a troche y moche del Gobierno, a la postal de un funcionario con veleidades gestuales hollywoodenses a la hora de bajar de un helicóptero antes de mandar a apalear protestas.

Una epopeya que podría definirse como “de papel”, en referencia a aquella comparación de Mao Tse Tung, que así definía el carácter reaccionario: es un “tigre de papel. Un tigre por fuera, hecho de papel, incapaz de resistirse al viento y la lluvia”. Viento y lluvia expresados en la actual crisis que muestra el verdadero rostro del kirchnerismo, atravesado por la entrega y el descargo de sus consecuencias sobre los trabajadores argentinos. Un viento y una lluvia corrosivos que desmontan ladrillo a ladrillo el falso discurso épico, en el final de ciclo, de los K.

Las patotas de Insfrán y el relato kirchnerista

El viernes por la noche una patota del gobernador formoseño Gildo Insfrán atacó con machetes, cadenas y palos a miembros de la comunidad wichí de Francisco Javier Muñiz, en Las Lomitas, y a estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que se encontraban realizando unas pasantías sociales en la región. Los universitarios se habían movilizado junto a los aborígenes para reclamar la liberación de seis detenidos durante un desalojo violento en unos campos de esa región del este formoseño y habían podido filmar las manifestaciones, las condiciones de detención de los indígenas presos, a la vez que las paupérrimas condiciones de vida de los pueblos originarios de la provincia. Este era el material reclamado por los patoteros, que les exigían en medio de cadenazos que les entregaran las filmaciones. Antes de retirarse y de quebrar el brazo derecho del dirigente wichí Viviano Luna y de golpear a varios estudiantes, se robaron dos bolsos, en los que no se encontraban las cámaras que habían registrado las imágenes reveladoras.

Hace unas semanas, más precisamente el 16 de julio de este año, uno de los escribas de la propaganda estatal kirchnerista había publicado en Tiempo Argentino un artículo titulado “Formosa del Bicentenario y la cuestión nacional” en el que aseguraba que Gildo Insfrán era el artífice de una “revolución formoseña”. Sin el pudor que lleva a medir el sentido de las palabras, el articulista no sólo atribuía al gobernador -que inició su gobierno en 1995- ser el líder de un proceso transformador, sino que Insfrán habría panificado “paliar los desastres del neoliberalismo cívico-militar tan tempranamente como desde su primer mandato”, intento que se habría traducido en “una mejora sustancial en todos los estratos de la población, con énfasis en los hogares más empobrecidos” y que habría redundado en un “masivo respaldo del pueblo formoseño a la defensa y consolidación del proyecto histórico del pueblo argentino reiniciado en 2003”. El texto, una oda al lamebotismo del poder de los así llamados “intelectuales K”, finalizaba planteando que “la instalación en Formosa de una planta de Conversión de Uranio (Dioxitek) y del reactor CAREM, emblemas del emblemático Plan Nuclear Argentino” serían la prueba concluyente de tal “revolución”. Nada más alejado de la realidad y sólo una muestra más del “relato” kirchnerista. Relato que puede y debe ser refutado con una sencilla enumeración de datos.

Formosa tiene una población de 550.000 habitantes. Cerca de dos tercios de la población activa trabaja para el Estado, alrededor del 80% cobra el salario mínimo y 50 mil subsisten con los planes de empleo. Incluso los datos del INDEC la ubican entre las más pobres de la nación. El censo de 2010 señala que es una de las cuatro provincias con más elevado analfabetismo del país, con departamentos que tienen picos de 13,5 puntos porcentuales (como el departamento Ramón Lista, de alta población aborigen). El 47% de los hogares en Formosa habita en viviendas deficitarias. Es decir que uno de cada dos hogares revisten condición “precaria”. El 41,1% de los habitantes formoseños no tiene instalaciones de agua dentro de sus viviendas y no existe tendido de gas en toda la provincia. El 38,8% no posee instalaciones sanitarias con descarga de agua. La tasa de mortalidad infantil es la más elevada del país, con 21,2 fallecimientos cada mil niños nacidos vivos, cuando el promedio del país es de 11,7. Un 22,4% de los jóvenes está en situación de pobreza según estadísticas oficiales recopiladas por UNICEF. Los pobres entre los pobres son indios. La Encuesta Materno Infantil Pueblos Originarios (EMIPO) del Plan Nacer, de 2010, indican que un 81,3% de las madres de menores de seis años afirmó que sus hijos ingieren solo una comida diaria, un 8,5% afirmó que ingieren dos comidas diarias, y un 6,9% que ingieren tres comidas diarias. Un 23,9% de las mujeres dijo que había perdido uno o más hijos. Para la región NEA ese porcentaje fue de 12,6%, y a nivel nacional aumentó al 13,8%.

Las rebeliones indígenas incendian cada cierto tiempo el interior de la provincia. En 2010, el reclamo mediante el corte de ruta de la Comunidad La Primavera -a una hora y media de la capital- en reclamo de derechos básicos -agua, posta sanitaria y documentos y títulos de tierras- culminó con la represión ejercida por la policía de Insfrán, que usó armas de fuego y terminó con la vida de Roberto López y postró de por vida a Samuel Garcete. Durante el ataque, perdió la vida el policía Eber Falcón. El episodio se extendió al punto de que las viviendas de los qom fueron quemadas por las fuerzas del orden. En abril de 2013, el este formoseño fue escenario de una rebelión inusitada de las poblaciones originarias, que incluyó toma de municipalidades y hasta de comisarías. Durante tres semanas álgidas, el gobernador Insfrán se negó a negociar con las comunidades indígenas. La cuestión de la tierra es uno de los problemas fundamentales de la región. Tal es el motivo del reciente desalojo violento de los wichís de Las Lomitas que terminó este viernes con la patota atacándolos a ellos y a los estudiantes, en mayor parte militantes del Partido Obrero.

La represión e intimidación a los opositores no se limita a la disidencia indígena. En 2010, Insfrán llegó al extremo de reprimir con agentes encubiertos y la policía una protesta de estudiantes secundarios del colegio nacional. Los adolescentes habían ocupado por primera vez el edificio educativo, al que ingresó personal policial de civil y policías que los reprimieron con una inusitada violencia. Más tarde, la infantería atacó a padres y estudiantes en la plaza que queda enfrente del edificio.

La corrupción en Formosa es endémica. La obra pública es realizada por empresas de funcionarios del gobierno y sus familiares -como consta en la causa iniciada para que se investiguen los hechos de corrupción protagonizados por la secretaria de obra pública Stela Maris Manzur. Un sobrino arrepentido del vicegobernador Floro Bogado contó el sistema de ñoquis que impera en el Congreso provincial, donde se cobran sueldos por trabajadores inexistentes. Una corrupción que no sólo se limita a la provincia: la causa Ciccone no sólo involucra directamente al vicepresidente Amado Boudou, sino que tiene un capítulo fundamental en la Formosa, cuyo ministerio de Economía pagó 7 millones de pesos a The Old Found -que sería la empresa vitrina de los negocios de Amado- por una asesoría realizada para esa cartera. La causa que investiga el hecho se encuentra bloqueada por la Justicia de Insfrán.

La última tropelía del gobernador eterno intenta convertir a la provincia en un depositario de peligrosos elementos radioactivos rechazados en todo el país -y prohibidos por la propia legislación local. La instalación de plantas de esta naturaleza está prohibida en zonas urbanas por ley debido a su alta toxicidad y contaminación. La planta Dioxitex, que el gobierno gildista anunció se instalará en la provincia, fue denunciada por contaminar el suelo, las aguas subterráneas y el aire en el barrio cordobés de Alta Gracia, donde se encontraba ubicada. A esto se agrega la existencia de metales cancerígenos debajo de los residuos radioactivos. En 2012 la planta fue clausurada debido a la falta de habilitación y de autorización de las redes sanitarias para arrojar efluentes, falencias de seguridad sanitaria y la carencia de un certificado de bomberos. Se intentó trasladar a otras localidades cordobesas y a La Rioja, pero la población lo rechazó. En la época de Fukushima, la energía limpia es la opción estratégica para un desarrollo estratégico. Aún así, Insfrán plantea la instalación en la provincia. Gildo quiere convertir a la provincia en un basurero nuclear.

Para ciertos constructores del “relato” kirchnerista -que tienen cobijo en los órganos de propaganda paraestatal del Gobierno-, Gildo Insfrán es el líder de una “revolución” en Formosa. En realidad, su gobierno es una manifestación autocrática en la ya imperfecta democracia argentina. La oposición radical comparte intereses con el insfranismo, ya que sus representantes forman parte del negocio de la tierra y son grandes terratenientes beneficiados por Gildo -él mismo poseedor de grandes haciendas en Formosa y Paraguay. Su gobierno es conocido entre la población de la provincia como “la dictadura”. La necesidad de construir una alternativa política a este estado de las cosas es imperiosa. El incremento de las movilizaciones sindicales y el crecimiento de la izquierda, representada en el Partido Obrero, no son ajenos a esta perspectiva estratégica.

Jujuy: prisión para mujeres por un aborto

El edificio que alberga las leyes argentinas está construido con ladrillos de opresión. Este concepto es experimentado ahora mismo por tres mujeres jujeñas, oriundas de la localidad de Calilegua, presas en una comisaría de la capital provincial por haber realizado un aborto. Los hechos remiten al caso de Romina Tejerina, quien permaneció nueve años presa en la misma provincia debido a la carencia del derecho al aborto legal en la Argentina y, por el contrario, la criminalización de tal práctica.

Susana D., una mujer de 37 años cuyo apellido preserva el secreto de sumario, concurrió a una posta sanitaria en su norteño pueblo debido a fuertes dolores abdominales, pero ante la gravedad de su estado, los médicos decidieron trasladarla al hospital Oscar Arias, de Libertador General San Martín. Allí, la ginecóloga que la atendió constató un cuadro de septicemia aguda que podía haber sido provocado por la realización de un aborto en condiciones precarias.

La profesional llamó entonces a la policía, que dio parte a la Justicia. La fiscal Silvia del Valle Farral tomó cartas en el asunto y decidió poner custodia en la puerta del cuarto. Apenas estabilizado su estado de salud, Susana D. fue trasladada a una dependencia policial, donde se quebró y confesó entre llantos que se había realizado un aborto con la ayuda de dos amigas, que el embarazo era fruto de una violación y que le habían dado sepultura a los restos del feto en el cementerio de Calilegua. La fiscal Del Valle Farral ordenó la detención de las otras dos mujeres, María C. y María G., y las acusó por “homicidio”. En el caso de Susana D., la acusación es de “homicidio agravado por el vínculo”, que podría ser penado hasta con prisión perpetua. Las tres mujeres permanecen encerradas en una celda de la comisaría 24 del Barrio Ledesma.

El caso muestra, una vez más, el sometimiento sobre las mujeres que comete el aparato legislativo y represivo del Estado. Sólo en la provincia de Jujuy se atiende diariamente a seis mujeres en los hospitales por abortos clandestinos mal realizados. En abril de este año, una joven de 19 años falleció en el hospital Pablo Soria de San Salvador debido a las consecuencias de una intervención quirúrgica mal realizada. Las complicaciones por aborto constituyen la principal causa de muertes maternas en la Argentina y, según cifras oficiales, las mujeres fallecidas por esta causa alcanzan a 100 por año, aunque otros estudios elevan esa cifra. Una guía editada por el ministerio de Salud de la Nación cita el estudio de las doctoras Silvia Mario y Edith Pantelides que estima que se realizan 460 mil abortos clandestinos por año en el país.

La magnitud del problema plantea no sólo la inutilidad de la prohibición del aborto, sino el rol criminal del Estado, que al obligar a las mujeres que determinan realizarlo a hacerlo en condiciones clandestinas, plantea diferencias definitorias de acuerdo a su rol de clase. Los abortos realizados en clínicas o consultorios ginecológicos con condiciones seguras cuestan entre 20 mil y 35 mil pesos. Cifras imposibles para las mujeres de los sectores populares que recurren a los métodos más precarios para ejercer el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

El aparato del Estado impide ese derecho a las mujeres. La Iglesia católica, sostenida por el Estado, es un agente activo de esta posición. Y su influencia es enorme y fatídica. La misma presidenta Cristina Fernández se opone ferréamente al aborto. La oposición de derecha -y la de centroizquierda encabezada por la clerical Elisa Carrió- también. Un signo de la hipocresía generalizada, porque las amigas con las que la Presidente y Carrió toman el té pueden realizarse abortos en clínicas asépticas. No así la mayoría de la población femenina, que no sólo se ve enfrentada a consecuencias físicas de diverso tipo por someterse a estas intervenciones clandestinas, sino también a la muerte. Sólo la izquierda apoya firmemente el reclamo de la legalización del aborto. Incluso algunos sectores del oficialismo y de la oposición de centroizquierda también lo harían, pero prefieren la cautela a los principios.

Hay tres mujeres presas -tres mujeres, como toda mujer perseguida por abortar, pertenecientes a los sectores postergados de la población- encerradas en una celda, porque una de ellas -Susana D- decidió legítimamente sobre su cuerpo y sobre su vida que no podía traer y sostener un nuevo hijo en este mundo. Este es su crimen, para la ley argentina. Esta es la triste postal de nuestra era.