No pasó una semana desde el tour con almuerzo incluido que llevó adelante la comitiva gubernamental en el Vaticano -encabezada por la presidenta Cristina Fernández- hasta que el oficialismo anunció el tratamiento en el parlamento de la reforma del Código Civil, sin que el proyecto pase por comisiones. A veces, y en muchos campos de la existencia, la velocidad es signo de eficiencia. Este no es el caso. A continuación, algunos de los motivos que revelan, sin embargo, razones más oscuras para el aceleramiento de la aprobación -se da por da contada por la mayoría oficialista- de esta reforma que rige el funcionamiento social.
La reforma fue rechazada por todos los ámbitos relacionados con los sectores laboriosos debido a su carácter marcadamente antiobrero. El corpus del edificio legislativo promueve la precarización de los trabajadores, elimina categorías laborales, impulsa la tercerización mediante nuevas figuras de asociación empresaria que quitan responsabilidad a las empresas “madre”, tiende a equipar a las partes dejando de lado la noción de que la parte laboriosa es la más débil y quita responsabilidad a los funcionarios del Estado, que sólo deberían responder al Código Administrativo. El desarrollo técnico de este armado que precariza las condiciones jurídicas de los trabajadores puede consultarse en el texto elaborado por la Asociación de Abogados Laboralistas, que se pronuncia en contra de estas reformas que, señalan, “precarizan las condiciones laborales” y que se puede consultar aquí.
El último punto enumerado en el párrafo anterior no sólo obra en el campo de las relaciones obrero-patronales, ya que la exclusividad de pertenencia de los funcionarios estatales al ámbito del Código Administrativo los hace inmunes a otro tipo de demandas. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la tragedia de Once -que costó 51 vidas- los funcionarios que hoy están sentados en el banquillo de los acusados no pasarían por los tribunales penales ni civiles, ya que toda su responsabilidad debería ser juzgada en el estricto ámbito de la legislación estatal. Tal norma es un reaseguro de la impunidad.
El gran logro del lobby clerical es la inserción en el Código Civil del concepto de que “la vida se inicia en la concepción”, obturando de este modo aún más las posibilidades de la legalización del aborto -un derecho de la mujer cuya prohibición sólo encubre las diferencias de clase: las mujeres de recursos los pueden realizar en clínicas privadas, las mujeres de los sectores postergados mueren en abortos mal realizados y clandestinos. El Vaticano logró, además, que se eliminara un párrafo que señalaba que en el caso de reproducción asistida la existencia de la persona comenzaba desde “la implantación del embrión”, obstruyendo la posibilidad de discutir el concepto de acuerdo a las circunstancias. Por otro lado, eliminó toda referencia a la “fecundación post mortem”, al alquiler de vientres y a cualquier posibilidad de concepción que esté en contra de la doxa católica.
De cualquiera manera, la premura en el tratamiento de la ley es una pasaje de facturas del papa Bergoglio al gobierno kirchnerista y una demostración de fuerza. La Iglesia, no contenta con la disposición de un código civil a su medida, exigió que sea aprobado apenas una semana después de la visita de la presidenta Fernández a la Santa Sede. El precio del “cuiden a Cristina” y de la foto de la mandataria vestida de negro junto al monarca vaticano vestido de blanco se cobra en contantes y sonantes a los pocos días. Una demostración de la orbitación papal en la política argentina y en el peso que se guarda para sí mismo Francisco en una transición complicada en este fin de ciclo kirchnerista.