El viernes por la noche una patota del gobernador formoseño Gildo Insfrán atacó con machetes, cadenas y palos a miembros de la comunidad wichí de Francisco Javier Muñiz, en Las Lomitas, y a estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que se encontraban realizando unas pasantías sociales en la región. Los universitarios se habían movilizado junto a los aborígenes para reclamar la liberación de seis detenidos durante un desalojo violento en unos campos de esa región del este formoseño y habían podido filmar las manifestaciones, las condiciones de detención de los indígenas presos, a la vez que las paupérrimas condiciones de vida de los pueblos originarios de la provincia. Este era el material reclamado por los patoteros, que les exigían en medio de cadenazos que les entregaran las filmaciones. Antes de retirarse y de quebrar el brazo derecho del dirigente wichí Viviano Luna y de golpear a varios estudiantes, se robaron dos bolsos, en los que no se encontraban las cámaras que habían registrado las imágenes reveladoras.

Hace unas semanas, más precisamente el 16 de julio de este año, uno de los escribas de la propaganda estatal kirchnerista había publicado en Tiempo Argentino un artículo titulado “Formosa del Bicentenario y la cuestión nacional” en el que aseguraba que Gildo Insfrán era el artífice de una “revolución formoseña”. Sin el pudor que lleva a medir el sentido de las palabras, el articulista no sólo atribuía al gobernador -que inició su gobierno en 1995- ser el líder de un proceso transformador, sino que Insfrán habría panificado “paliar los desastres del neoliberalismo cívico-militar tan tempranamente como desde su primer mandato”, intento que se habría traducido en “una mejora sustancial en todos los estratos de la población, con énfasis en los hogares más empobrecidos” y que habría redundado en un “masivo respaldo del pueblo formoseño a la defensa y consolidación del proyecto histórico del pueblo argentino reiniciado en 2003”. El texto, una oda al lamebotismo del poder de los así llamados “intelectuales K”, finalizaba planteando que “la instalación en Formosa de una planta de Conversión de Uranio (Dioxitek) y del reactor CAREM, emblemas del emblemático Plan Nuclear Argentino” serían la prueba concluyente de tal “revolución”. Nada más alejado de la realidad y sólo una muestra más del “relato” kirchnerista. Relato que puede y debe ser refutado con una sencilla enumeración de datos.

Formosa tiene una población de 550.000 habitantes. Cerca de dos tercios de la población activa trabaja para el Estado, alrededor del 80% cobra el salario mínimo y 50 mil subsisten con los planes de empleo. Incluso los datos del INDEC la ubican entre las más pobres de la nación. El censo de 2010 señala que es una de las cuatro provincias con más elevado analfabetismo del país, con departamentos que tienen picos de 13,5 puntos porcentuales (como el departamento Ramón Lista, de alta población aborigen). El 47% de los hogares en Formosa habita en viviendas deficitarias. Es decir que uno de cada dos hogares revisten condición “precaria”. El 41,1% de los habitantes formoseños no tiene instalaciones de agua dentro de sus viviendas y no existe tendido de gas en toda la provincia. El 38,8% no posee instalaciones sanitarias con descarga de agua. La tasa de mortalidad infantil es la más elevada del país, con 21,2 fallecimientos cada mil niños nacidos vivos, cuando el promedio del país es de 11,7. Un 22,4% de los jóvenes está en situación de pobreza según estadísticas oficiales recopiladas por UNICEF. Los pobres entre los pobres son indios. La Encuesta Materno Infantil Pueblos Originarios (EMIPO) del Plan Nacer, de 2010, indican que un 81,3% de las madres de menores de seis años afirmó que sus hijos ingieren solo una comida diaria, un 8,5% afirmó que ingieren dos comidas diarias, y un 6,9% que ingieren tres comidas diarias. Un 23,9% de las mujeres dijo que había perdido uno o más hijos. Para la región NEA ese porcentaje fue de 12,6%, y a nivel nacional aumentó al 13,8%.

Las rebeliones indígenas incendian cada cierto tiempo el interior de la provincia. En 2010, el reclamo mediante el corte de ruta de la Comunidad La Primavera -a una hora y media de la capital- en reclamo de derechos básicos -agua, posta sanitaria y documentos y títulos de tierras- culminó con la represión ejercida por la policía de Insfrán, que usó armas de fuego y terminó con la vida de Roberto López y postró de por vida a Samuel Garcete. Durante el ataque, perdió la vida el policía Eber Falcón. El episodio se extendió al punto de que las viviendas de los qom fueron quemadas por las fuerzas del orden. En abril de 2013, el este formoseño fue escenario de una rebelión inusitada de las poblaciones originarias, que incluyó toma de municipalidades y hasta de comisarías. Durante tres semanas álgidas, el gobernador Insfrán se negó a negociar con las comunidades indígenas. La cuestión de la tierra es uno de los problemas fundamentales de la región. Tal es el motivo del reciente desalojo violento de los wichís de Las Lomitas que terminó este viernes con la patota atacándolos a ellos y a los estudiantes, en mayor parte militantes del Partido Obrero.

La represión e intimidación a los opositores no se limita a la disidencia indígena. En 2010, Insfrán llegó al extremo de reprimir con agentes encubiertos y la policía una protesta de estudiantes secundarios del colegio nacional. Los adolescentes habían ocupado por primera vez el edificio educativo, al que ingresó personal policial de civil y policías que los reprimieron con una inusitada violencia. Más tarde, la infantería atacó a padres y estudiantes en la plaza que queda enfrente del edificio.

La corrupción en Formosa es endémica. La obra pública es realizada por empresas de funcionarios del gobierno y sus familiares -como consta en la causa iniciada para que se investiguen los hechos de corrupción protagonizados por la secretaria de obra pública Stela Maris Manzur. Un sobrino arrepentido del vicegobernador Floro Bogado contó el sistema de ñoquis que impera en el Congreso provincial, donde se cobran sueldos por trabajadores inexistentes. Una corrupción que no sólo se limita a la provincia: la causa Ciccone no sólo involucra directamente al vicepresidente Amado Boudou, sino que tiene un capítulo fundamental en la Formosa, cuyo ministerio de Economía pagó 7 millones de pesos a The Old Found -que sería la empresa vitrina de los negocios de Amado- por una asesoría realizada para esa cartera. La causa que investiga el hecho se encuentra bloqueada por la Justicia de Insfrán.

La última tropelía del gobernador eterno intenta convertir a la provincia en un depositario de peligrosos elementos radioactivos rechazados en todo el país -y prohibidos por la propia legislación local. La instalación de plantas de esta naturaleza está prohibida en zonas urbanas por ley debido a su alta toxicidad y contaminación. La planta Dioxitex, que el gobierno gildista anunció se instalará en la provincia, fue denunciada por contaminar el suelo, las aguas subterráneas y el aire en el barrio cordobés de Alta Gracia, donde se encontraba ubicada. A esto se agrega la existencia de metales cancerígenos debajo de los residuos radioactivos. En 2012 la planta fue clausurada debido a la falta de habilitación y de autorización de las redes sanitarias para arrojar efluentes, falencias de seguridad sanitaria y la carencia de un certificado de bomberos. Se intentó trasladar a otras localidades cordobesas y a La Rioja, pero la población lo rechazó. En la época de Fukushima, la energía limpia es la opción estratégica para un desarrollo estratégico. Aún así, Insfrán plantea la instalación en la provincia. Gildo quiere convertir a la provincia en un basurero nuclear.

Para ciertos constructores del “relato” kirchnerista -que tienen cobijo en los órganos de propaganda paraestatal del Gobierno-, Gildo Insfrán es el líder de una “revolución” en Formosa. En realidad, su gobierno es una manifestación autocrática en la ya imperfecta democracia argentina. La oposición radical comparte intereses con el insfranismo, ya que sus representantes forman parte del negocio de la tierra y son grandes terratenientes beneficiados por Gildo -él mismo poseedor de grandes haciendas en Formosa y Paraguay. Su gobierno es conocido entre la población de la provincia como “la dictadura”. La necesidad de construir una alternativa política a este estado de las cosas es imperiosa. El incremento de las movilizaciones sindicales y el crecimiento de la izquierda, representada en el Partido Obrero, no son ajenos a esta perspectiva estratégica.