Que no se enteren los padres

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, desató la polémica al modificar el sistema de calificaciones de la escuela primaria y retomar los aplazos, cuya eliminación se había hecho pública insólitamente el 11 de septiembre de 2014. Resaltó, además, que el 18 y 19 de octubre se realizarán evaluaciones de lengua y matemática a setecientos mil alumnos, alrededor de un tercio de los matriculados en las escuelas primarias y secundarias del ámbito público y privado en la provincia. Las evaluaciones serán anónimas, lo cual permitirá saber el nivel de conocimiento promedio de cada escuela, preservando la privacidad de los alumnos.

La medida no puede ser más auspiciosa, como bien señala la gobernadora: “Es necesario evaluar para saber qué tenemos que mejorar”. Es claro que no puede tener más razón. Sin embargo, también remarcó: “Para mí, como mamá, la evaluación es orientadora, porque me permite saber cómo está mi hijo en relación con lo que se enseña”, lo cual no es posible en virtud del artículo 97, de la ley 26206 de educación nacional, sancionada en 2006. El mencionado artículo establece: “El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia”.

¿Quiénes pueden tener más derechos que los padres a conocer el nivel educativo de las instituciones a las que concurren sus hijos? Continuar leyendo

¿Revolución educativa?

Días atrás, el presidente Mauricio Macri, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, realizó un claro diagnóstico: “La educación pública tiene severos problemas de calidad y hoy no garantiza la igualdad de oportunidades”. Nadie puede dudar lo acertado de esta foto. El Presidente expresó: “Para insertar a la Argentina en el siglo XXI todo empieza con la educación, ahí es donde se gesta el futuro del futuro. Por eso, hace unas semanas, en Jujuy, el ministro [Esteban] Bullrich, junto a todos los ministros de Educación de las provincias, fijaron un acuerdo llamado Declaración de Purmamarca que traza los ejes de la revolución educativa que queremos afianzar”.

¿Cuáles son dichos ejes? Como sintetiza Infobae en su edición del 12 de febrero pasado, acompañando la transcripción completa del documento firmado en Purmamarca: “Entre los puntos salientes se encuentra la obligatoriedad del nivel inicial a partir de los tres años de edad; el desafío de incorporar progresivamente la jornada extendida a través de actividades escolares, artísticas y deportivas; y el compromiso de crear el Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa, cuyo propósito será promover los procesos de evaluación a nivel nacional y obtener datos precisos que permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes”.

Es claro que cada uno de estos ejes habría de mejorar nuestra realidad educativa, no tengo duda alguna de ello. Pero de ninguna manera constituyen la revolución educativa que nuestro país requiere, sino una evolución hacia una mejor educación, adecuada para un país que enfrenta una situación mucho menos crítica que la que sufrimos. Continuar leyendo

Tabú educativo

La Real Academia Española define el término tabú como la “condición de las personas, instituciones y cosas a las que no es lícito censurar o mencionar”. En educación es posible ilustrarlo mediante los vouchers educativos. El potencial costo de mencionarlos es ilustrado por la comedia de enredos que cerró días atrás la campaña electoral uruguaya.

Por años la coalición de izquierda del Frente Amplio se ha opuesto a un sistema educativo que permita a los padres elegir la escuela a la que concurrirán sus hijos, independientemente de sus posibilidades económicas, argumentando que el mismo subvencionaría la educación privada en perjuicio de la educación pública.

El pasado 21 de octubre Tabaré Vázquez resaltó en una entrevista la posibilidad de otorgar vouchers a estudiantes para asistir a instituciones privadas. Afirmó que accederían al beneficio quienes quieran y lo merezcan, tras una evaluación del Ministerio de Educación. Aclaró que no había una cantidad estimada de beneficiarios. Continuar leyendo