Por: Eduardo Amadeo
Una de las demandas mas claras de los curas villeros y las organizaciones de padres y madres de adictos de drogas es la falta de contención del Estado para el drama de sus hijos.
En la reciente carta enviada a la Presidente, en ocasión de la propuesta del Secretario de la SEDRONAR de despenalizar el consumo de drogas, los curas decían: “Antes de plantear una ley así ¿no sería mejor que para ese momento hayamos concientizado a la sociedad que no está bueno, ni es saludable consumir drogas? ¿que hayamos tejido una red asistencial? ¿No es una renuncia y un descompromiso la despenalización así de este modo, sin mirar la totalidad del problema?”. En términos similares se manifiestan los familiares, desesperados porque quienes no tienen recursos económicos importantes no encuentran forma de intentar recuperar a sus hijos en centros de calidad.
La reciente sanción del Presupuesto 2015 recién aprobado les da razón a ambos, en cuanto además de la falta de un dispositivo estatal de apoyo, se contempla la atención a menos del 4% de los adictos que requieren internación para su recuperación.
Esto significa que en el próximo año las personas tratadas con fondos nacionales serán 1.500, un número alarmante si se considera que según la última cifra disponible ( año 2009) unos 130.000 argentinos por año experimentan consumo abusivo de drogas ilícitas, y 43.000 de ellos, 117 por día, se deben internar en los 399 centros especializados para tratar de resolver su adicción.
Esta cifra se hace mas grave si consideramos que las personas con dependencia a la droga mas agresiva – el paco- pertenecen masivamente a los estratos más pobres de la población. No poder ser atendido por una adicción es una causa terrible de exclusión social, que – en la mayoría de los casos- no tiene retorno .
Las cifras que hemos mencionado merecen una doble lectura: la media copa llena, es que – después de 10 años- el Gobierno ha decidido prestar atención a la SEDRONAR, duplicando su presupuesto (la cantidad de adictos a tratar pasa de 750 a 1500). La media copa vacía es que esta aún representa una suma ínfima ante la dimensión que el problema tiene en nuestro país. Para tener una idea del bajo compromiso relativo del Estado nacional, baste mencionar que la Ciudad de Buenos Aires- que tiene 2, 9 millones de habitantes- otorga 1300 tratamientos por año. El Gobierno nacional, para 44 millones de habitantes, solo 750 este año y 1500 en el 2015.
Por ello es que la sensación de desprotección que los curas villeros muestran en su documento y viven cotidianamente no es una exageración. Estos montos son una gota de agua en un océano de necesidades.
Pero además, los curas tienen razón cuando dicen que no se puede hablar de despenalización y menos aún de legalización cuando no existe una red de contención sanitaria y social para los adictos. Si por causa de la legalización, el consumo de drogas aumenta, el drama también aumentará.
Lamentablemente, la droga se ha convertido en un compañero de ruta de la exclusión, y no hay posibilidad de pensar una política social coherente e integral que no contemple esta relación y la incluya en sus planes y acciones.
No podemos seguir mirando atrás. Sin embargo , esta enorme ausencia de las instituciones en el pasado reciente, debe servirnos para redoblar nuestro compromiso en el futuro con una estrategia integral para resolver el problema de la droga, que parta de un Estado proactivo, cercano pero a la vez profesional y con muchos recursos, que aproveche y potencie la energía social que existe en nuestra sociedad, como lo muestran los curas villeros, y numerosas ONGs dedicadas y comprometidas.