Recursos, profesionalismo y una intensa acción social

Soy consciente que voy a tocar un tema delicado, por la sensibilidad que ha despertado en los últimos tiempos y por su asociación con la cuestión que mas afecta a la sociedad: la inseguridad.

Se trata de la remuneración del trabajo de los presos. El “peculio” es una institución aplicada en muchísimos lugares del mundo, como una forma de generar -a través del trabajo- ingresos para los reclusos, con diversos objetivos. En algunos países se asigna una parte a pagar los gastos de la reclusión, y/o para reparar el daño generado por el delito, y/o para que el condenado tenga un pequeño capital para entregar a su familia y utilizarlo como “colchón” al día de su salida. Además- idealmente- el peculio debería ser la contrapartida de la resocialización del preso por medio del trabajo.

Entre las causas mas habituales de reincidencia figuran la desaparición del ámbito familiar, la imposibilidad de  conseguir un trabajo y la consecuente desesperación por dinero.

El delincuente es visto como un enemigo público que debe ser encerrado, calificación en la que predomina la comprensible idea de la pena como castigo y como forma de aislamiento del resto de la sociedad. Pero ello no significa que deba olvidarse la obligación constitucional de trabajar para su recuperación.

Las ridículas demandas sindicales planteadas por un grupo de presos solo han logrado que la bronca desborde a la racionalidad; y han hecho perder de vista como debe funcionar un Estado proactivo en este terreno. Mas aún, este episodio ha vuelto a mostrar las peores aristas de la irresponsabilidad de funcionarios que con tal de ocultar cuestiones estructurales que deberían priorizar, prefieren la demagogia fácil, como la de excitar sentimientos xenófobos.

Así, por ejemplo, esconden el desorden en la política penitenciaria, que abarca desde el escándalo del “Vatayón Militante”, hasta la actual sub-ejecución de los escasos recursos presupuestarios que recibe el área. Como muestra, basta mencionar que a la fecha se haya ejecutado solo el 19% del programa Política e Infraestructura Penitenciaria, dependiente del Ministerio de Justicia.

Recuperar a los presos no es imposible, como lo demuestra la experiencia de unidades carcelarias en las que hay voluntarios religiosos y de organizaciones sociales que consiguen verdaderas maravillas.

Pero para recuperar presos y evitar reincidencias, se requiere una acción múltiple, que combine recursos, profesionalismo, control, honestidad y seguimiento. Y también hay que desarrollar una intensa acción social sobre los presos y sus hogares, de modo de evitar el colapso de las familias que empeora la situación de todos.

Baste mirar las cifras sobre el nivel educativo de los presos, para entender la intensidad del trabajo que se necesita: en 2011, sobre 50.100 presos solo 2594 habían completado su educación secundaria, 24500 solo tenían primaria completa y casi 3000 no tenían instrucción alguna

Podemos sacar el cuerpo al problema y proclamar un pensamiento mágico que asuma que se tienen que quedar en la cárcel de por vida.

Pero como la prisión perpetua no existe en la Argentina, y por tanto algún día van a salir , es inevitable y necesario hacer todo lo posible para que se recuperen, baje la tasa de reincidencia, hoy en niveles altísimos, y por tanto se reduzca el delito en sus variadas formas.

El pensamiento mágico es mediáticamente muy atractivo, pero no mejora la vida de los ciudadanos comunes.

Por eso es que hay que poner este tema en el nivel de responsabilidad que exige y salir de las justificadas broncas o de las injustificadas declaraciones demagógicas.

Los curas villeros tienen razón

Una de las demandas mas claras de los curas villeros y las organizaciones de padres y madres de adictos de drogas es la falta de contención del Estado para el drama de sus hijos.

En la reciente carta enviada a la Presidente, en ocasión de la propuesta del Secretario de la SEDRONAR de despenalizar el consumo de drogas, los curas decían: “Antes de plantear una ley así ¿no sería mejor que para ese momento hayamos concientizado a la sociedad que no está bueno, ni es saludable consumir drogas? ¿que hayamos tejido una red asistencial? ¿No es una renuncia y un descompromiso la despenalización así de este modo, sin mirar la totalidad del problema?”. En términos similares se manifiestan los familiares, desesperados porque quienes no tienen recursos económicos importantes no encuentran forma de intentar recuperar a sus hijos en centros de calidad.

La reciente sanción del Presupuesto 2015 recién aprobado les da razón a ambos, en cuanto además de la falta de un dispositivo estatal de apoyo, se contempla la atención a menos del 4% de los adictos que requieren internación para su recuperación.

Esto significa que en el próximo año las personas tratadas con fondos nacionales serán 1.500, un número alarmante si se considera que según la última cifra disponible ( año 2009) unos 130.000 argentinos por año experimentan consumo abusivo de drogas ilícitas, y 43.000 de ellos, 117 por día, se deben internar en los 399 centros especializados para tratar de resolver  su adicción.

Esta cifra se hace mas grave si consideramos que las personas con dependencia a la droga mas agresiva – el paco- pertenecen masivamente a los estratos más pobres de la población. No poder ser atendido por una adicción es una causa terrible de exclusión social, que – en la mayoría de los casos- no tiene retorno .

Las cifras que hemos mencionado merecen una doble lectura: la media copa llena, es que – después de 10 años- el Gobierno ha decidido prestar atención a la SEDRONAR, duplicando su presupuesto (la cantidad de adictos a tratar pasa de 750 a 1500). La media copa vacía es que esta aún representa una suma ínfima ante la dimensión que el problema tiene en nuestro país. Para tener una idea del bajo compromiso relativo del Estado nacional, baste mencionar que la Ciudad de Buenos Aires- que tiene 2, 9 millones de habitantes- otorga 1300 tratamientos por año. El Gobierno nacional, para 44 millones de habitantes, solo 750 este año y 1500 en el 2015.

Por ello es que la sensación de desprotección que los curas villeros muestran en su documento y viven cotidianamente no es una exageración. Estos montos son una gota de agua en un océano de necesidades.

Pero además, los curas tienen razón cuando dicen que no se puede hablar de despenalización y menos aún de legalización cuando no existe una red de contención sanitaria y social para los adictos. Si por causa de la legalización, el consumo de drogas aumenta, el drama también aumentará.

Lamentablemente, la droga se ha convertido en un compañero de ruta de la exclusión,  y no hay posibilidad de pensar una política social coherente e integral que no contemple esta relación y la incluya en sus planes y acciones.

No podemos seguir mirando atrás. Sin embargo , esta enorme ausencia de las instituciones en el pasado reciente, debe servirnos para redoblar nuestro compromiso en el futuro con una estrategia integral para resolver el problema de la droga, que parta de un Estado proactivo, cercano pero a la vez profesional y con muchos recursos, que aproveche y potencie la energía social que existe en nuestra sociedad, como lo muestran los curas villeros, y numerosas ONGs dedicadas y comprometidas.