Violencia política: la pesada herencia cultural del kirchnerismo

La construcción de un enemigo fue siempre condición necesaria para la existencia del kirchnerismo. Así, los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner afianzaron su hegemonía política acompañándose de un dominio cultural. Quienes estaban en el poder eran dueños de la verdad y los demás teníamos que guardar silencio, bajo amenaza de ser denostados o difamados públicamente. Esta política llegó hasta un punto máximo, que marcó un límite en la tolerancia de la sociedad. A fines del año pasado, las urnas le dijeron basta al kirchnerismo y pusieron un freno a la violencia en la cultura política.

Sin embargo, las manifestaciones de intolerancia y autoritarismo siguen siendo marca registrada del “movimiento nacional y popular”. El último turno electoral les quitó la legitimidad popular con la que pretendían justificar su despotismo. A pesar de ello, la consigna paradójica de “El amor vence al odio” se ve contrariada en forma permanente por legisladores y referentes políticos del kirchnerismo, por periodistas y comunicadores que mantienen su alineamiento k y con militantes o adherentes al anterior Gobierno, que hacen uso de la violencia y la descalificación personal como recurso desesperado frente a una realidad que se niegan a aceptar.

Algunas muestras de esto fueron los insultos de la diputada Mayra Mendoza en la apertura de sesiones legislativas del Congreso de la Nación, los exabruptos de Hebe de Bonafini o las intervenciones cotidianas de Diego Brancatelli en Intratables. Los militantes universitarios del kirchnerismo también hacen lo propio y se jactan de “resistir con aguante”, mientras ofenden, injurian y agravian a todo aquel que piense distinto. Muchos miembros de la Franja Morada han sido destinatarios de este accionar, que se intensificó en las últimas semanas, quizás a causa de la desesperación que les produce estar lejos del poder. Continuar leyendo

La Argentina que duele llama a la acción

Una Argentina de ficción no podría habernos entregado capítulos tan asombrosos y estremecedores como los que vivimos en las últimas semanas. Al mundo paralelo de Macondo, imaginado por Gabriel García Márquez para retratar una Colombia signada por la miseria, la violencia y la corrupción, le hubieran faltado muchos elementos para acercarse a nuestra Argentina real. El 1984 ideado por George Orwell para ilustrar las prácticas nefastas del totalitarismo y alertar sobre sus consecuencias parece un cuento inocente frente al accionar del Estado nacional ante los hechos de las últimas semanas.

Las inundaciones, que develaron la falta de planificación y gestión del Gobierno bonaerense, fueron presentadas como catástrofes naturales cuyas consecuencias son imprevisibles e inevitables. Mientras se reclamaban medidas urgentes que permitan paliar el sufrimiento de los afectados por el temporal, se comprobaba que la provincia había subejecutado en un 60 % las partidas presupuestarias destinadas a mitigar los efectos de las inundaciones. A su vez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente por el Frente para la Victoria (FPV) se embarcaba rumbo a Italia junto a su mujer, la embajadora de la sonrisa. La respuesta del Gobierno nacional frente a estos hechos fue atacar a la oposición, acusándola de orquestar la difamación de Daniel Scioli a través de un “ejército de twitteros”. Continuar leyendo

Una polémica inesperada

En la última semana estalló un interesante debate en torno a la vigencia o no del artículo 8 de la ley 1420, el cual está a punto de ser considerado como derogado por la Comisión del Digesto Jurídico Argentino, en su tarea de reorganizar y reordenar el sistema de normas jurídicas. La polémica fue creciendo a medida que se advertían las consecuencias que podría tener la consolidación de esta medida: Aquella ley -llamada “de educación común”- fue aprobada en 1884 y consagró los pilares de nuestro sistema educativo al establecer que el Estado está obligado a garantizar acceso a educación para todos los niños, y que la escuela pública será obligatoria, gratuita y laica. Justamente, es su artículo octavo el que refiere de manera específica a la cuestión de la laicidad, ya que establece: “La enseñanza religiosa solo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos, a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de las horas de clase”.

Según la ley 26.939, el Digesto Jurídico Argentino debe reordenar y clasificar las leyes vigentes, haciendo un detalle de aquella legislación que se encuentra en desuso, fue derogada o “superada” por otra. Esa tarea exige una evaluación que, en este caso, excede lo meramente técnico y la convierte en una decisión política de trascendencia. Eso fue lo que hicieron notar los constitucionalistas Marcelo Alegre y Roberto Gargarella en un proyecto[1] de investigación de la Universidad de Buenos Aires (UBA) titulado “Principio de autonomía, libertad de conciencia y libertad religiosa”, el cual fue remitido a las autoridades de la Comisión Bicameral encargada de confeccionar el digesto. Allí, el único partido que se hizo eco del planteo fue la Unión Cívica Radical, que, a través de un dictamen suscrito por el diputado Manuel Garrido, planteó que el mencionado artículo “debe considerarse vigente y ser incorporado al anexo I del Digesto Jurídico Argentino”. Continuar leyendo

Educación en Argentina: la década perdida

La semana pasada se dieron a conocer los resultados de la “prueba PISA” y con ello se reavivó el debate acerca del estado de la educación en el país. Con estos exámenes se produce un informe comparativo que analiza el rendimiento de estudiantes de 15 años en ciencias, matemáticas y lecto-comprensión. Es llevado adelante cada tres años por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y actualmente evalúa a 65 países entre los cuales Argentina quedó ubicada en el puesto 59.

Lo primero que sale a la luz ante esta situación es la ausencia de debate en torno al sistema educativo. La Nación, las provincias, los partidos políticos y la sociedad civil rehuyen a la discusión sobre el estado de nuestras escuelas y universidades. Cuando surgen hechos incontrastables, como las tomas de los colegios o incluso la publicación de esta prueba PISA, el debate es pobre y generalmente apunta más a deslegitimar lo expresado por algunas voces que a entrar en el análisis profundo de lo que acontece. Discutimos nuestra Educación con anteojeras puestas.

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