Han concluido las PASO, las fuerzas políticas de la Ciudad de Buenos Aires ya tienen candidatos para la elección con el que se evaluará la gestión del oficialismo en la Ciudad. Seguramente en ese resultado convergerán muchos factores, pero el peso de la coyuntura es siempre crítico en términos políticos.
Sin embargo, hay otra evaluación que excede a la actual gestión, y que el Área Metropolitana de Buenos Aires y dentro de ella especialmente la Ciudad debe hacerse.
Casi sin darnos cuenta, hemos contraído deudas urbanas de larga data y ahora debemos saldarlas, en primer lugar identificándolas y enfrentándolas. Todos los días signan nuestra vida cotidiana, y sin embargo pareciera que hemos decidido no darle el marco institucional que nos permita resolverlas.
He seleccionado 7 problemas urbanos, que requerirán nuestra atención, nuestro compromiso y recursos para darles una respuesta inteligente.
1.- El problema de la gobernabilidad. Ningún área metropolitana del país ha construido adecuadas instancias de gestión, por lo que cada problema de alguna magnitud se transforma en un trapicheo inconducente o en el mejor de los casos en soluciones de compromiso, sin visión inteligente de las dinámicas territoriales.
2.- Un problema asociado a éste, es la baja tasa de profesionalización de los gobiernos locales, que al constituirse con burocracias débiles añaden a la escasa vocación política por coordinar tareas, restricciones de tipo administrativo. Ningún Municipio del GBA, ni la Provincia de Buenos Aires muestra iniciativas consistentes en este sentido; la Ciudad ha hecho esfuerzos que deben ser valorados, solo si se toman como los pasos iniciales de una tarea aún muy dilatada.
3.- Las “zonas económicas especiales”. A la inversa que el proceso chino, en el que el Estado organizó para áreas especiales claramente delimitadas un régimen jurídico y económico especial para promover el desarrollo (según su visión), en Argentina la pérdida de control territorial por parte del Estado, en vastas zonas de nuestras metrópolis, genera “zonas económicas especiales” de promoción del subdesarrollo.
Con el éxito de estas “zonas” se consolida la debilidad estatal (por falta de recaudación), la contratación laboral en condiciones precarias, el deterioro del espacio público, la competencia desleal, la fragmentación social estigmatizante. En estas zonas (La Salada es sólo un caso emblemático, entre cientos), de ausencia o extrema debilidad del control público, rigen otras normas, horarios, condiciones de contratación, sistemas para-fiscales y para-financieros, un régimen propios seguridad e higiene, etc.
Frente a la emergencia de estas zonas, el Estado ha pendulado entre la omisión y la espectacularidad, sin comprender las necesidades de regulación específica y adecuada del emprendedorismo en los sectores vulnerables y en general de los emprendedores de escaso capital.
4.- La privatización informal y forzada del espacio público. Aún por fuera de las “zonas de promoción del subdesarrollo”, el espacio público no solo perdió calidad, sino que se ha transformado en un terreno disputado y por tanto crecientemente alejado de su ideal pacífico y destinado al goce igualitario de los ciudadanos. La tolerancia socio-política con la segmentación de veredas, la apropiación de bulevares y otras manifestaciones de desprecio por lo público, son modos de lesión directa de la calidad de vida y de degradación cívica.
5.- La ausencia de planes de resilencia urbana. Con excepción de la Ciudad de Santa Fe (luego de suceso luctuosos), las ciudades argentinas en general, pero el AMBA en particular carecen de planes públicos serios, coordinados y consistentes de prevención frente a catástrofes y de actuación rápida en caso de las mismas.
6.- El acceso a la vivienda. Lo que hemos visto en materia de toma de tierras es el anticipo de un proceso cada vez más conflictivo, si gobiernos provinciales y municipios metropolitanos no avanzan de lleno, en la generación de suelo urbano. Los sectores populares desean comprar legalmente su tierra (y hoy son víctimas de manejos políticos y estafas de mercado). Para eso se necesita un estado activo que intervenga en el mercado del suelo y genere infraestructura básica.
7.- El financiamiento de la política. Si a escala nacional esto es un problema, a nivel de gobiernos locales es una tragedia. Su pésima resolución altera las condiciones de competencia política, pero sobre todo produce una coptación del poder público en términos cuasi-mafiosos, en la que el presupuesto es la bolsa a conquistar, y las respuestas a las demandas públicas solo se enfrentan frente a situaciones de asedio mediático. Darle una mayor autonomía económica a los actores políticos es condición de posibilidad de gobiernos locales más planificados y menos permeables a la corrupción.
Buenos Aire,s por dimensión y necesidades propias, debe imponer estos temas en agenda, en beneficio de los ciudadanos y del debate urbano en general. Es impensable una sociedad más justa, sin ciudades razonablemente habitables.