Pelear por los derechos laborales de todos los argentinos

El Dia del Trabajador es una fecha reivindicativa. Más allá del merecido descanso que esta jornada implica, también es una buena oportunidad para reflexionar sobre la situación actual de los trabajadores en nuestro país.

La política económica del gobierno ignora de forma sistemática la agenda de reclamos de los trabajadores. Todas las centrales sindicales coinciden en la legitimidad de los reclamos y eso es un dato que no se puede soslayar. Hasta el dirigente sindical más “cercano” al gobierno suele interrumpir sus silencios, en busca de algún tipo de respuesta a los problemas que hace más de dos años vienen volcándose sobre los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores.

Al contexto económico que se generó con políticas económicas que favorecieron la fuga de divisas y la caída de las reservas del Banco Central, la respuesta en los primeros meses de este año ha sido la profundización de las medidas de corte ortodoxo con una devaluación de la moneda del 60% en 12 meses y la suba de la tasa de interés que le generaron a los bancos una ganancia de 10 mil millones de pesos en tan solo un mes, y otro tanto para los sectores exportadores. Esta situación provocó un cuello de botella en el sector industrial como en el caso del sector automotriz y la industria de ensamble de Tierra del Fuego. Como en toda devaluación, los únicos perjudicados son los sectores asalariados.

Resulta difícil, si no imposible, cuantificar las consecuencias de la actual situación financiera y por eso es importante comprender las distintas responsabilidades en esta situación. Medidas como el cepo cambiario que dispararon la fuga de divisas por turismo exterior y la compra de autos importados de alta gama solo se revisaron después de la elección, cuando las reservas pasaron de 52 mil millones en 2011 a 28 mil millones de dólares en la actualidad y dejaron a la política cambiaria a merced de la improvisación. En el primer semestre del 2013, según los números del BCRA, el 70% de la caída de las reservas se explicó por el déficit de la balanza del turismo, porque con la doble cotización los extranjeros dejaron de liquidar divisas en el mercado formal. Un dato preocupante es que el próximo año los argentinos tenemos vencimientos de deuda por 13.650 mil millones de dólares ya sin posibilidad de pagarlos con superávit o con las reservas.

Los jubilados ya vieron las consecuencias de esta política en el ajuste de sus haberes. No solo el gobierno nacional les negó el bono de fin de año, sino que la movilidad jubilatoria semestral dio solo un 11% de aumento, que ya se esfumó por la inflación que se desprende del IPC del Indec del primer trimestre. Este 1º de Mayo comienza el ajuste en el bolsillo de todos los jubilados de nuestro país porque hasta junio su pensión correrá por detrás de la inflación. Una pregunta que se desprende de esto y que es importante saber: si la movilidad jubilatoria es un promedio de la recaudación y las negociaciones salariales, ¿por qué ese aumento fue tan bajo? La Ley de movilidad jubilatoria aplica dos fórmulas. El promedio de las paritarias y la recaudación semestral solo se aplica cuando es inferior a la segunda fórmula que depende de la capacidad fiscal anualizada. Por lo tanto de las dos fórmulas siempre se aplica la más baja.

En el universo de trabajadores activos la caída de las reservas también tiene consecuencias, no sólo en el aumento de precios como se puede ver en el caso de la nafta, sino también en muchas de las ramas que dependen de las importaciones. La inflación sumada a las trabas del 20% que impuso el BCRA ha llevado a muchas de esas empresas a comenzar con suspensiones y ofrecer retiros voluntarios.

Es por esto que hemos presentado dos proyectos de Ley que buscan extender la protección frente a la inestabilidad laboral. Por un lado un proyecto preventivo para intentar evitar despidos a través de la doble indemnización, para que los empresarios que estén dispuestos a despedir reconsideren esa situación en función de los costos en una perspectiva menos coyuntural. En este sentido quiero recordar que hace tan solo dos meses la misma Presidenta se refería a los records de la industria automotriz. Teniendo en cuenta el período de fuerte crecimiento que experimentaron en los últimos años con records de ventas, se deben evitar los despidos por un período determinado para volver a analizar el futuro del sector a largo plazo. No es justo que frente a decisiones macroeconómicas que se encuentran por fuera del alcance de los trabajadores y sus organizaciones se opte por cortar por el hilo más delgado.

La otra iniciativa, que es para un segundo momento, consiste en ampliar el seguro de desempleo y llevarlo también a los trabajadores del sector público, agrario y a quienes se desempeñan en servicio de casas particulares que hoy no poseen legislación apropiada. Este proyecto prevé la creación del Instituto Nacional para la Reinserción Laboral y Productiva (INRLP) bajo competencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para promover y auxiliar la formación de trabajadores en situación de desempleo y lograr su reinserción en el ámbito laboral. De esta forma buscamos que el subsidio de desempleo tenga como contraprestación una mayor capacitación que pueda ser acreditada en función de mejorar su reinserción laboral.

Por último quiero saludar a todos los trabajadores en este día y en particular a aquellos que se encuentran suspendidos y con la incertidumbre instalada en sus hogares. Los que llegamos a la política desde la militancia gremial, tenemos el compromiso de pelear por el salario y los derechos laborales de todos los argentinos para que no nos quiten lo que hemos conseguido con esfuerzo.

Un impuesto que se ha vuelto regresivo

Resulta fundamental aclarar que la discusión sobre el mínimo no imponible ha sido instalada en la agenda política por la CGT que encabeza Hugo Moyano como un reclamo gremial. Pero por la realidad e incidencia que éste tiene se ha transformado en parte de la agenda política en la discusión de la matriz impositiva de nuestro país. Este impuesto que fue pensado para cargos gerenciales, hoy alcanza a un importante sector de los trabajadores formales que incluyen docentes rurales, metalúrgicos, jubilados, peajistas y camioneros entre otros. Cuando Machinea implementó su tablita tributaban unos 400 mil asalariados, hoy son más de dos millones, como lo ha dicho la misma presidenta.

En ese sentido he presentado varios proyectos, entre los que se incluyen una reforma integral del mismo. Pero también en función de que en los últimos días han aparecido muchas voces que parecen remarcar su carácter “progresivo”, he presentado una sencilla modificación de la que dudo que alguien pueda estar en contra. Se trata de incorporar los alquileres de vivienda única a las deducciones. Mientras que pueden deducirse el “servicio doméstico”, los “intereses de un crédito hipotecario” o la “rentabilidad de un plazo fijo”, la cuarta categoría castiga a quien debe alquilar una vivienda, sin contemplar a este gasto como necesario en un contexto donde el acceso a la vivienda es un problema que tiene gran parte de los trabajadores asalariados que habitan en los grandes centros urbanos.

Aporto al debate una propuesta que presenté en el parlamento y que atañe a un universo concreto de trabajadores. Se trata de la modificación del artículo 81, “sobre deducción por alquiler de inmueble destinado a casa-habitación”, de la ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias.

La vivienda es una necesidad humana universal, que constituye un derecho humano fundamental, reconocido por la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, incorporados con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994. Esta letra pesa especialmente sobre las espaldas del Estado, quien tiene la obligación de reconocer en la vivienda un derecho humano y asegurar que no se adopten medidas que puedan menoscabar su condición jurídica.

¿Cuál es la realidad? Una enorme porción de nuestra población no posee vivienda propia y alquila. El alquiler es un gasto vital que hace al mantenimiento de niveles de vida dignos. En tanto, debido al carácter constitucional del derecho y a la vulnerabilidad de muchos compatriotas que viven sin el acceso por diversas razones es que creemos que el alquiler de la vivienda única familiar y de ocupación permanente debe incorporarse al conjunto de deducciones reconocidas al impuesto a las ganancias, del mismo modo que las cargas familiares y la cobertura médica. Construir justicia social es contribuir a que más familias y personas sean dueñas de sus casas.

Hoy, quienes alquilan y quienes son propietarios reciben el mismo tratamiento impositivo. Y sabemos que para cualquier familia el sueño de la casa propia guía sus recursos, sus estrategias, su “economía familiar”, y que la frustración de no acceder y tener que alquilar (por años) es un déficit de políticas públicas de vivienda tanto como de la ausencia de líneas de crédito accesibles. Los alquileres llegan a significar el 40% del salario. ¿No manifiesta esta omisión otro carácter regresivo del impuesto a las ganancias en su actual reglamentación?

De esta forma, creemos en la posibilidad de deducir el alquiler hasta montos máximos variables de manera que impida la deducción de alquileres de viviendas suntuosas. No se trata de generar nuevos privilegios sino de reducir injusticias. También esta medida estimulará la regularización de contratos de locación informales, reparando la situación legal de los inquilinos. El ahorro que esto puede generar o irá al consumo o al ahorro, dándole mayor volumen al mercado interno.

A su vez, la regularización de los alquileres incrementará la recaudación en la primera categoría, reduciendo los efectos que esta ley podría tener en términos de recaudación fiscal y contribuyendo a recuperar la progresividad que el impuesto a las ganancias fue perdiendo desde mediados de la década de 1970, que se ha profundizado con la desactualización del Mínimo No Imponible en estos años.