Por: Fernanda Reyes
La reciente actualización del monotributo alivia, temporalmente, la situación de los pequeños contribuyentes inscriptos en este régimen. Una medida lógica, ya que desde diciembre de 2009, fecha de la anterior modificación, a la fecha hubo 120% de inflación. De este contexto podemos extraer tres enseñanzas y una conclusión sobre el actual sistema tributario argentino.
En primer lugar, observamos que la urgencia política es la que arrastró al Gobierno a tomar esta medida. La carga tributaria mal distribuida y desactualizada se transformó en un factor de malestar profundo para la ciudadanía. Echegaray castigó a los monotributistas, dejando que la inflación desvirtúe el sistema durante estos casi tres años de congelamiento de las categorías.
La segunda está relacionada con el sentido que el gobierno otorga al pago y cobro de impuestos. El jefe de la AFIP reiteró en varias ocasiones que el monotributo no se actualizaba porque dentro del régimen existían “enanos fiscales” –contribuyentes que subestiman sus ingresos para acogerse a categorías o regímenes impositivos más beneficiosos-. Escudado en este argumento, el Gobierno perjudicó a miles de jóvenes, profesionales independientes, cuentapropistas y Pyme que tuvieron que pagar más impuestos durante todo este tiempo, por una causa totalmente ajena al incremento de su capacidad contributiva. Lo cierto es que la actualización del monotributo se hizo de forma rápida con miras al 27 de octubre y no porque se acabó con la evasión fiscal.
La última de las enseñanzas está en relación a la toma de decisiones sobre los impuestos. La Constitución establece que es una facultad indelegable del Congreso fijar los tributos, es decir, la decisión sobre cómo se extraen los recursos de la sociedad. Excepcionalmente, el Legislativo puede delegar al Ejecutivo algunos atributos, por ejemplo la actualización de parámetros monetarios, lo que resulta lógico teniendo en cuenta las altas tasas de inflación que condicionan nuestra economía.
El problema es que en 2009, cuando se modificó la ley de monotributo actual, se delegó en la AFIP la facultad para que actualice los parámetros, pero no se la obligó a actualizar todos los años. Simplemente se delegó la facultad, puesto que el objetivo no era mejorar la eficiencia del sistema, sino dejar a discreción del titular de la AFIP esa parte de la política impositiva. Mecanismo que no cambió, dejando en la incertidumbre a los contribuyentes.
La política tributaria es de las principales herramientas de un Estado para lograr cambios sostenibles en la distribución del ingreso y la riqueza. Argentina continúa teniendo casi la misma estructura tributaria que en los años 90, un sistema forjado por una acumulación de parches con una lógica meramente recaudatoria, que no persigue ningún fin de equidad, sino por el contrario, es claramente regresivo, o sea, que hace pagar más al que menos tiene. Si a esta situación injusta le sumamos la inflación sin actualizaciones automáticas, lo que tenemos es un sistema que día a día se va haciendo más perverso.