Amigos son los amigos. Fieles a esta máxima popular y dispuestos a ayudar al amigo caído en desgracia, los máximos líderes del “modelo” le procuraron al eterno derrotado Daniel Filmus un conchabo en la Cancillería. Como todos los cargos estaban ocupados, optaron por crearle uno relacionado con las cuestiones inherentes a nuestras Islas Malvinas. No fueron pocos los problemas que esta “ayudita” al amigo crearon en la consejería legal y en otras dependencias diplomáticas del país, ya que hubo literalmente que inventar algunas tareas para delegarle al nuevo secretario de Estado. Tareas, claro está, que sean tan sonoras como inútiles ya que aun para este “modelo” el tema Malvinas es algo delicado.
Así fue que dispuesto a honrar a quienes lo ungieron en el cargo, el nuevo secretario ya nos ha comunicado su primera gestión en procura de poner en jaque a la mismísima corona Británica, anunciando urbi et orbi que “serán sancionados civil y penalmente quienes realicen tareas de pesca en las adyacencias de nuestras islas sin el correspondiente permiso de pesca emitido por nuestro país”. Ya alguna vez le he comentado -amigo lector- que la porción sumergida de la patria se divide en tres partes: mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva. Esta última es la porción que se extiende desde la línea de más bajas mareas hasta las 200 millas mar adentro y en la cual, como estado ribereño, Argentina ejerce plenos derechos de explotación de sus recursos pesqueros y riquezas provenientes del lecho y subsuelo marinos.
Brevemente acotemos que a efectos de organizar la explotación racional de la pesca, nuestro país cuenta con un Régimen Federal de Pesca establecido por ley, que dispone el funcionamiento de un Consejo Federal Pesquero en el que representantes de todas las provincias con litoral marítimo y la Nación fijan los cupos de extracción de cada especie, las zonas de pesca y de veda, y el otorgamiento de permisos de pesca a buques tanto argentinos como extranjeros (que abonan el respectivo canon). Las decisiones de este consejo tienen en cuenta los dictámenes técnicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), que es el organismo independiente que realiza el estudio del la población ictícola en las distintas pesquerías del país.
En este contexto, todas las embarcaciones pesqueras que operan en la zona económica exclusiva circundante a Malvinas con permisos entregados por las autoridades kelper, lo están haciendo en realidad en aguas argentinas, lo que ha merituado la severa advertencia de nuestro flamante secretario de estado. Obviamente, la amenaza deviene abstracta en tanto y en cuanto esa porción de nuestro territorio no está bajo nuestro control tal como lo reconoce la propia AFIP cuando nos cobra el 35% de recargo para viajar a Puerto Argentino y cuando incluye a Malvinas como “territorios vinculados al Reino Unido”.
Anticipándose a nuestra sana crítica, la resolución indica que las sanciones apuntan a aquellas empresas pesqueras que operen en ambos mares (el usurpado por Inglaterra y el sujeto a nuestra soberanía efectiva), para lo cual se iniciarán “investigaciones” para ver cuáles son esas empresas y aplicar sobre ellas “todo el rigor de la ley”. A todo esto, claro está, primero habrá que modificar la ley, ya que la actual nada indica de aplicar ninguna sanción o prohibición a quienes operen en Malvinas y en el litoral marítimo continental en forma simultánea. Una vez que hagamos nuestros propios deberes, las empresas pesqueras internacionales harán los suyos, creando empresas paralelas sobre las que no ejerceremos el menor control y que serán las que operen en Malvinas, con alegres tripulantes saludando a nuestros buques de patrulla desde sus popas cargadas de pescado argentino.
Hablando de patrullas, la advertencia generalizada se complementa con la indicación expresa de un aumento sustancial de las actividades de patrullaje en nuestra zona económica exclusiva, algo sin lugar a dudas muy plausible, pero ya no para los ilegales pescadores malvinenses, sino para los cientos de buques que pescan en forma ilegal en nuestro propio mar soberano y que son muchísimos más que los que preocupan al secretario Filmus. Claro que habría que avisarle al funcionario que hace años que venimos descuidando por falta de medios (lease, barcos y aviones) nuestros 2.800.000 km2 de mar continental.
Con todo, justo es reconocer que todo lo que se haga (aun a título declamativo) para reafirmar nuestros derechos sobre Malvinas es bueno. El mundo debe recordar cada mañana que aquí en el lejano sur hay un pueblo dispuesto a no resignar lo que por derecho le corresponde. Si alguien pesca, extrae petróleo o explota de modo alguno nuestro mar hoy en poder del usurpador, que sepa al menos que está cometiendo un delito.
Ahora, sería mucho más auspicioso que el Estado argentino (algo más perenne que un determinado gobierno) ofrezca un discurso sin dobleces a la hora de pergeñar una estrategia sobre el tema Malvinas. La ya comentada torpeza de considerarlas fiscalmente extranjeras, so pretexto que no existe modo de implementar una excepción para los pocos argentinos que una vez al año viajan a honrar a sus muertos, es un despropósito mayúsculo.
Pero no es menos desafortunada (en este contexto) la decisión que hemos tomado respecto a impedir la llegada de cargas procedentes de nuestro país al puerto de Montevideo para ser luego reembarcadas con destino a otros mares, lo que ha producido un daño económico de proporciones mayúsculas a la mencionada terminal. Usted se preguntará amigo lector que tendrá que ver una cosa con la otra; mucho, muchísimo le diría. Una de las mayores dificultades que afronta cualquier estructura naviera que quiera operar en las lejanísimas islas Malvinas es el apoyo logístico. Dónde reaprovisionarse, dónde cargar combustible y fundamentalmente dónde reparar los buques. Siendo impensable hacerlo en puertos argentinos, el puerto de Montevideo aparece como la opción natural para hacerlo. ¿Cómo hará nuestro canciller para pretender lealtad charrúa a la hora de no aceptar en sus instalaciones portuarias a barcos procedentes o con destino a Malvinas, cuando le acabamos de quitar a ese mismo puerto el 50% de su operatividad? ¿Cómo declamar unidad “mercosuriana” si cuando nos conviene ignorar que somos un bloque político y comercial, lo ignoramos?
Tal vez la respuesta a este interrogante no la tenga ningún economista famoso, ningún brillante diplomático ni siquiera un estadista con mayúsculas, quizás sea más simple y se trate sencillamente de algo que por estos días parece ser uno de los bienes más escasos del mercado gubernamental. Me refiero al sentido común.