Un bochorno incompatible con la democracia

Fernando Morales

Imagine por un momento, amigo lector, que un incontrolable impulso renovador lo lleva a la redistribuir los espacios de su hogar. Puesto en la tarea, monta su escritorio en la cocina, ocupando las alacenas con libros y papeles; instala la impresora sobre las hornallas, mientras ocupa la bañera con platos, servilletas y víveres. Muda el dormitorio al garage y agranda un poquito el ventanal del living para poder entrar el auto. ¿Quien podría negarle su derecho? Es su casa y en su casa manda usted. Tal vez el sentido común podría indicar que su calidad de vida será peor. Pero el sentido común no es el más común de los sentidos por estos días…

La ley 19.349 sancionada el 25 de noviembre de 1971 dice que “Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad militarizada dependiente del Comando en Jefe del Ejército, estructurada para cumplir las misiones que precisa esta ley en la zona de seguridad de fronteras y demás lugares que se determine al efecto”. También agrega la norma que es misión de la GN satisfacer las necesidades inherentes al servicio de policía que le compete al Comando en Jefe del Ejército en la zona de seguridad de fronteras.

Por su parte, la ley 18.398 de octubre de 1969 determina: “La Prefectura Naval Argentina es la fuerza por el que comando en Jefe de la Armada ejerce el servicio de policía de seguridad de la navegación y el servicio de policía de seguridad y judicial”.

Mucha agua pasó por debajo de los puentes de la patria en estos más de cuarenta años. Estas fuerzas de seguridad ya no dependen de los comandos militares, por otra parte tampoco existen más los comandos en jefe de las fuerzas armadas. Y sus leyes orgánicas han sufrido retoques conforme fueron surgiendo diferentes necesidades.

Lo que nadie aún ha modificado es precisamente la razón de ser de estas prestigiosas fuerzas federales. Su lugar en esta gran casa que se llama República Argentina son las fronteras y las aguas, respectivamente. Se forman, entrenan y especializan en el monte espeso o en las aguas profundas, saben lidiar con el temporal de nieve o con el mar embravecido; sus uniformes, carácter y pensamiento se van moldeando para adaptarlos a las necesidades del medio que frecuentan. Pueden distinguir una “mula” cargada de sustancias ilegales en un paso fronterizo, pueden “olfatear” la tormenta que se avecina sobre la costa y recomendar a los navegantes que refuercen sus amarras. Son, eso sí, un poco torpes para pedir documentos a los automovilistas en la General Paz y ni que hablar a la hora de cumplir la orden de arrojarse de palomita sobre un auto manejado por un manifestante en la Panamericana.

La seguridad es una de las grandes deudas que el modelo saliente dejará sin pagar cuando abandone para siempre el poder en diciembre de 2015. No puedo afirmar que sea la más grande: pobreza, desempleo, mala calidad de salud, crispación social, tergiversación maliciosa de la historia, corrupción en grado superlativo, enriquecimiento exponencial de toda la cadena de mandos de la Nación son, sin lugar a dudas, parte importante de la herencia que el ahora desenmascarado modelo nacional y popular nos deja. Pero duele más que nos maten a un padre, hijo o vecino a ver que nuestro Vicepresidente declara vivir en la cima de un médano o que un juez federal se roba una causa para absolver a los allegados al poder

Coincidirá conmigo, querido amigo lector, a que somos proclives a adaptarnos con rapidez a los cambios, incluso si estos son para peor. Hasta hace muy poco tiempo, ante un la ocurrencia de un delito común o un conflicto de baja intensidad, no solíamos ver al ministro de Seguridad en persona comandando a las fuerzas del orden. Ni tampoco al jefe de la fuerza de seguridad involucrada, ni muchísimo menos. Obviamente la aparición de los mismos era proporcional a la magnitud de los hechos en cuestión.

Pero este modelo, que todo lo puede, le sacó la policía al ministerio del Interior y al tiempo que le dio el manejo de trenes, colectivos y aviones, y creo el ministerio de Seguridad. A cargo de una ministra desdibujada y recaído en manos del ya conocido Teniente Coronel Berni, quien se encuentra en uso antirreglamentario de licencia (el art. 38 inciso b de la ley 19101 prevé que el personal militar superior convocado por el PEN para cumplir funciones ajenas a la fuerza a la que pertenece podrá hacerlo por un tiempo máximo de seis meses). Como es razonable suponer, a la hora de elegir subordinados, colocó en varios puestos de relevancia dentro de su área de acción a militares retirados y de su confianza; hasta incluso a hijos de camaradas entre los que se encuentran los de un por estos días muy famoso teniente general de la Nación.

Nunca antes un Gobierno había declamado con tanta fuerza la prohibición de actuación a los militares en cuestiones de seguridad interior. Nunca antes esa norma ha sido violada tan reiteradamente como durante esta gestión. Cuando ponemos al ejército en las villas, aunque sea con funciones “sociales” (salvo ante una catástrofe o tragedia), estamos violando la ley orgánica de las fuerzas militares. No importa si el propósito es noble. Importa que no estamos cumpliendo la ley

Si quisiéramos desentrañar las funciones reglamentarias del omnipresente secretario Berni, tropezaríamos con varios interrogantes. Se autodenomina jefe de la seguridad a nivel nacional. Pero es el primero en declarar que la seguridad de las provincias es responsabilidad de los gobernadores de las mismas. Reitera -y con razón- que las fuerzas federales a su mando sirven a la prevención y represión de delitos federales, pero anda con gendarmes y prefectos corriendo rateros de provincia si esto conviene al relato.

Su rol en la Ciudad de Buenos Aires es aún más confuso, ya que por momentos nos explica que al ser Buenos Aires la Capital Federal del país la seguridad es suya, pero al mismo tiempo pretende que la incipiente y aún inexperta Policía Metropolitana sea poco menos que una guardia pretoriana todo terreno. Si se cae un balcón en tribunales, aparece Berni. Si se incendia un buque en Zárate, aparece Berni. Pero si, como algunas semanas atrás, mueren dos tripulantes a bordo de un barco en medio del río y sin cámaras de TV cerca, no es tema de Berni. Sin embargo, si se cae un avión en aguas uruguayas y hay cobertura mediática, el hombre vuelve a aparecer.

Policías, gendarmes y prefectos han sido instruidos para ser reticentes a la hora de dar explicaciones profesionales relacionadas con un hecho determinado. Si lo hicieran previo permiso político, no deberán dejar transcurrir más de tres palabras sin dejar de mencionar que todo lo actuado fue por obra, gracia, inspiración y control del señor secretario. Es por ello que resulta difícil pensar que un oficial superior de la Gendarmería Nacional se proyecte contra un vehículo detenido por propia iniciativa. Tampoco será creíble que la presencia de un Coronel de inteligencia comandando el accionar de una fuerza de seguridad sea casualidad.

Es muy cierto que el modelo se equivocó de medio a medio cuando decretó la descriminalización de la protesta social en cualquiera de sus formas. Aun cuando algunas de estas formas colisionan contra elementales derechos de los demás ciudadanos. Pero pretender remediar el error infiltrando espías en las protestas, y utilizando una versión atenuada de “guerra sucia” obligando a los uniformados a delinquir en pos de los objetivos políticos de un funcionario, es algo que esta democracia no puede darse el lujo de tolerar.

La seguridad, como dijimos, es una de las tantas asignaturas pendientes de la década “ganada”. Es algo demasiado complejo para dejarlo librado a las manos de un funcionario al que nadie le negará su compromiso con la tarea, pero al que es hora de comenzar a pedirle explicaciones por los graves errores que a diario comete. No alcanza con colgarse de un helicóptero, manejar motos en contramano o disfrazarse de bombero. Por estas horas el teniente coronel todo terreno acaba de tener que despedir a uno de los muchos militares de los que supo rodearse; en los próximos días seguramente la gendarmería perderá a un oficial superior que cumplió una orden, sin percatarse de la ilegalidad del acto. Va llegando el momento de indicarle al coronel médico que su uniforme es el delantal blanco y su arma reglamentaria el estetoscopio. Mientras tanto, habrá que comenzar a ordenar todo el tremendo desbarajuste al que han sumido a las fuerzas de seguridad y pasará mucho tiempo hasta que -citando a Raúl Alfonsín- podamos decir: “La casa está en orden”.