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Un bochorno incompatible con la democracia

Imagine por un momento, amigo lector, que un incontrolable impulso renovador lo lleva a la redistribuir los espacios de su hogar. Puesto en la tarea, monta su escritorio en la cocina, ocupando las alacenas con libros y papeles; instala la impresora sobre las hornallas, mientras ocupa la bañera con platos, servilletas y víveres. Muda el dormitorio al garage y agranda un poquito el ventanal del living para poder entrar el auto. ¿Quien podría negarle su derecho? Es su casa y en su casa manda usted. Tal vez el sentido común podría indicar que su calidad de vida será peor. Pero el sentido común no es el más común de los sentidos por estos días…

La ley 19.349 sancionada el 25 de noviembre de 1971 dice que “Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad militarizada dependiente del Comando en Jefe del Ejército, estructurada para cumplir las misiones que precisa esta ley en la zona de seguridad de fronteras y demás lugares que se determine al efecto”. También agrega la norma que es misión de la GN satisfacer las necesidades inherentes al servicio de policía que le compete al Comando en Jefe del Ejército en la zona de seguridad de fronteras.

Por su parte, la ley 18.398 de octubre de 1969 determina: “La Prefectura Naval Argentina es la fuerza por el que comando en Jefe de la Armada ejerce el servicio de policía de seguridad de la navegación y el servicio de policía de seguridad y judicial”.

Mucha agua pasó por debajo de los puentes de la patria en estos más de cuarenta años. Estas fuerzas de seguridad ya no dependen de los comandos militares, por otra parte tampoco existen más los comandos en jefe de las fuerzas armadas. Y sus leyes orgánicas han sufrido retoques conforme fueron surgiendo diferentes necesidades.

Lo que nadie aún ha modificado es precisamente la razón de ser de estas prestigiosas fuerzas federales. Su lugar en esta gran casa que se llama República Argentina son las fronteras y las aguas, respectivamente. Se forman, entrenan y especializan en el monte espeso o en las aguas profundas, saben lidiar con el temporal de nieve o con el mar embravecido; sus uniformes, carácter y pensamiento se van moldeando para adaptarlos a las necesidades del medio que frecuentan. Pueden distinguir una “mula” cargada de sustancias ilegales en un paso fronterizo, pueden “olfatear” la tormenta que se avecina sobre la costa y recomendar a los navegantes que refuercen sus amarras. Son, eso sí, un poco torpes para pedir documentos a los automovilistas en la General Paz y ni que hablar a la hora de cumplir la orden de arrojarse de palomita sobre un auto manejado por un manifestante en la Panamericana.

La seguridad es una de las grandes deudas que el modelo saliente dejará sin pagar cuando abandone para siempre el poder en diciembre de 2015. No puedo afirmar que sea la más grande: pobreza, desempleo, mala calidad de salud, crispación social, tergiversación maliciosa de la historia, corrupción en grado superlativo, enriquecimiento exponencial de toda la cadena de mandos de la Nación son, sin lugar a dudas, parte importante de la herencia que el ahora desenmascarado modelo nacional y popular nos deja. Pero duele más que nos maten a un padre, hijo o vecino a ver que nuestro Vicepresidente declara vivir en la cima de un médano o que un juez federal se roba una causa para absolver a los allegados al poder

Coincidirá conmigo, querido amigo lector, a que somos proclives a adaptarnos con rapidez a los cambios, incluso si estos son para peor. Hasta hace muy poco tiempo, ante un la ocurrencia de un delito común o un conflicto de baja intensidad, no solíamos ver al ministro de Seguridad en persona comandando a las fuerzas del orden. Ni tampoco al jefe de la fuerza de seguridad involucrada, ni muchísimo menos. Obviamente la aparición de los mismos era proporcional a la magnitud de los hechos en cuestión.

Pero este modelo, que todo lo puede, le sacó la policía al ministerio del Interior y al tiempo que le dio el manejo de trenes, colectivos y aviones, y creo el ministerio de Seguridad. A cargo de una ministra desdibujada y recaído en manos del ya conocido Teniente Coronel Berni, quien se encuentra en uso antirreglamentario de licencia (el art. 38 inciso b de la ley 19101 prevé que el personal militar superior convocado por el PEN para cumplir funciones ajenas a la fuerza a la que pertenece podrá hacerlo por un tiempo máximo de seis meses). Como es razonable suponer, a la hora de elegir subordinados, colocó en varios puestos de relevancia dentro de su área de acción a militares retirados y de su confianza; hasta incluso a hijos de camaradas entre los que se encuentran los de un por estos días muy famoso teniente general de la Nación.

Nunca antes un Gobierno había declamado con tanta fuerza la prohibición de actuación a los militares en cuestiones de seguridad interior. Nunca antes esa norma ha sido violada tan reiteradamente como durante esta gestión. Cuando ponemos al ejército en las villas, aunque sea con funciones “sociales” (salvo ante una catástrofe o tragedia), estamos violando la ley orgánica de las fuerzas militares. No importa si el propósito es noble. Importa que no estamos cumpliendo la ley

Si quisiéramos desentrañar las funciones reglamentarias del omnipresente secretario Berni, tropezaríamos con varios interrogantes. Se autodenomina jefe de la seguridad a nivel nacional. Pero es el primero en declarar que la seguridad de las provincias es responsabilidad de los gobernadores de las mismas. Reitera -y con razón- que las fuerzas federales a su mando sirven a la prevención y represión de delitos federales, pero anda con gendarmes y prefectos corriendo rateros de provincia si esto conviene al relato.

Su rol en la Ciudad de Buenos Aires es aún más confuso, ya que por momentos nos explica que al ser Buenos Aires la Capital Federal del país la seguridad es suya, pero al mismo tiempo pretende que la incipiente y aún inexperta Policía Metropolitana sea poco menos que una guardia pretoriana todo terreno. Si se cae un balcón en tribunales, aparece Berni. Si se incendia un buque en Zárate, aparece Berni. Pero si, como algunas semanas atrás, mueren dos tripulantes a bordo de un barco en medio del río y sin cámaras de TV cerca, no es tema de Berni. Sin embargo, si se cae un avión en aguas uruguayas y hay cobertura mediática, el hombre vuelve a aparecer.

Policías, gendarmes y prefectos han sido instruidos para ser reticentes a la hora de dar explicaciones profesionales relacionadas con un hecho determinado. Si lo hicieran previo permiso político, no deberán dejar transcurrir más de tres palabras sin dejar de mencionar que todo lo actuado fue por obra, gracia, inspiración y control del señor secretario. Es por ello que resulta difícil pensar que un oficial superior de la Gendarmería Nacional se proyecte contra un vehículo detenido por propia iniciativa. Tampoco será creíble que la presencia de un Coronel de inteligencia comandando el accionar de una fuerza de seguridad sea casualidad.

Es muy cierto que el modelo se equivocó de medio a medio cuando decretó la descriminalización de la protesta social en cualquiera de sus formas. Aun cuando algunas de estas formas colisionan contra elementales derechos de los demás ciudadanos. Pero pretender remediar el error infiltrando espías en las protestas, y utilizando una versión atenuada de “guerra sucia” obligando a los uniformados a delinquir en pos de los objetivos políticos de un funcionario, es algo que esta democracia no puede darse el lujo de tolerar.

La seguridad, como dijimos, es una de las tantas asignaturas pendientes de la década “ganada”. Es algo demasiado complejo para dejarlo librado a las manos de un funcionario al que nadie le negará su compromiso con la tarea, pero al que es hora de comenzar a pedirle explicaciones por los graves errores que a diario comete. No alcanza con colgarse de un helicóptero, manejar motos en contramano o disfrazarse de bombero. Por estas horas el teniente coronel todo terreno acaba de tener que despedir a uno de los muchos militares de los que supo rodearse; en los próximos días seguramente la gendarmería perderá a un oficial superior que cumplió una orden, sin percatarse de la ilegalidad del acto. Va llegando el momento de indicarle al coronel médico que su uniforme es el delantal blanco y su arma reglamentaria el estetoscopio. Mientras tanto, habrá que comenzar a ordenar todo el tremendo desbarajuste al que han sumido a las fuerzas de seguridad y pasará mucho tiempo hasta que -citando a Raúl Alfonsín- podamos decir: “La casa está en orden”.

Colegios porteños y buques rusos

Es absolutamente cierto que para un cincuentón forjado en la rígida estructura educativa de un instituto de formación de marinos  dependiente de la Armada, allá por inicios de los 80, imaginar tan sólo el acto por el cual un grupo de adolescentes se apodera de las instalaciones del colegio en el que estudia para reclamar que se les cambie  el menú del bar, los equipos de aire acondicionado o el plan de estudios (lo mismo da) es algo difícil de digerir.  Hasta hace un par de años estaba orgulloso de que ello fuera así; pero ahora viendo a mis contemporáneos (los padres de los adolescentes) apoyar fervientemente la degradación educativa nacional y popular y siendo los garantes de la impunidad púber, comienzo a avergonzarme por no haber evolucionado conforme lo dictaminan los nuevos paradigmas socio culturales.  Pido perdón por no poder hacer la metamorfosis requerida en tiempo y forma y prometo intentarlo con más énfasis.

Claro que cuando veo (en mi medio) a jóvenes cadetes planteando sus inquietudes, reclamos, sugerencias y -por qué no- exigencias, con absoluta naturalidad y firmeza en sus convicciones, siento una sana envidia por ellos y recuerdo con pesar las  –muchas veces-  innecesarias  “humillaciones de todo tipo”  a las que mis poco académicos oficiales superiores y profesores me sometieron  y que  siempre eran amparadas en la necesidad de templar el carácter para soportar la dura vida del marino  a bordo de los buques de nuestra flota.

También recuerdo -claro está- los malabares que aquellos improvisados docentes debieron hacer para transformar a un perito mercantil que no diferenciaba una arandela de un transistor, en un marino profesional especializado en electricidad y propulsión marina.  Siendo lo más milagroso  de este “retrógrado” sistema de enseñanza, que aún quien quedaba en el fondo de la tabla en el promedio de egreso, salía de la escuela en condiciones óptimas para ejercer la primer jerarquía de la profesión naval.  Algo que lamentablemente no se aprecia con la misma calidad en la actualidad,  pero me rindo ante las actuales corrientes educativas las que están adecuadas a los nuevos tiempos y sobre las que carezco de autoridad académica para cuestionar.

Aunque por momentos  se apodera de mí una irresistible tentación de alzar la pluma para alertar sobre la peligrosa degradación que en mi humilde opinión se está produciendo en varios institutos de formación dependientes de los ministerios de Defensa y Seguridad. Pero por estos días las sensibilidades de algunas áreas ministeriales parecen poco dispuestas a soportar la opinión de un columnista uniformado. Por lo que prefiero reservar este análisis para cuando “ la tempestad amaine “ no quisiera que algún otro “justo” con galones pague por este infame pecador…

Dejemos por un momento a los marinos y al agua y pasemos brevemente revista a dos hechos que son noticia por estos días y que tal vez no tengan nada que ver entre sí (aunque no me animaría a afirmarlo).

Una vez más y van….. la geografía citadina se ve “engalanada” por las ya habituales  tomas de colegios secundarios ( primarios y jardines maternales por ahora no se pliegan) realizadas por “referentes” estudiantiles que como dijimos en el inicio de esta columna, utilizan este “democrático” método de coerción para reclamar por las más variadas causas; siempre pretendiendo ser dueños absolutos de la verdad y exigiendo sin miramientos ser atendidos en sus reclamos no por un mísero rector sino cuando menos por el ministro de educación de la comuna.

Ciertamente, los otros cincuentones no marinos que lean esta columna, coincidirán conmigo que sin ser obligados a raparse el pelo ni a saludar militarmente a la bandera cada mañana, sus adolescencias fueron un tanto más pobres en derechos que la que viven los jóvenes de hoy.

Nuestra sociedad, tan castigada durante décadas por abruptos y trágicos cercenamientos de derechos, que incluían  desde la libertad de expresión , pasando por la libre elección de que libros leer, qué películas ver o qué ropa vestir y llegando a situaciones dramáticas por todos conocidas, parece ahora haber desarrollado anticuerpos en exceso para contrarrestar todo tipo de límites. Los ya naturalmente inaceptables, pero también los otros, los que provienen de elementales cuestiones emanadas de reglas básicas de convivencia, de elementales normas de autoridad, de orden y de respeto por el otro.

Vivimos  en una exaltación de nuestros todopoderosos derechos, olvidando la mayoría de las veces lo que emana de un concepto que ha prácticamente caído en desuso: nuestras obligaciones.  Sin ser esto de ninguna manera patrimonio exclusivo de los jóvenes o adolescentes, cada mañana al ejercer el  derecho a conducir nuestros vehículos, olvidamos nuestra obligación de hacerlo obedeciendo elementales normas de tránsito. Abusando “in extremis” de la laxitud de las autoridades públicas a las que se les prohíbe desde el relato “criminalizar” cualquier cosa; alcanzando el concepto muchas veces hasta al propio accionar de la delincuencia

Y si bien todo está “joya” fronteras adentro, en el resto del mundo estas modernas corrientes sociales no parecen diseminarse con la misma rapidez o profundidad, así por ejemplo intentar abordar una plataforma estatal  de extracción petrolera rusa en pleno mar Ártico desde un ex buque pesquero de bandera holandesa transformado en rompehielos ecologista de Greenpeace, puede ser considerado por las autoridades locales,  como algo poco divertido; más bien ilegal y por ende penalmente reprimible; debiendo los responsables  del hecho afrontar las consecuencias.

Y créame, amigo lector: ni remotamente pienso que nuestros dos compatriotas hoy detenidos por las autoridades rusas sean piratas marinos ni mucho menos. El problema es que no importa lo que usted o yo creamos; el tema está es como interpreten la supuesta ofensa criminal, las autoridades locales.

Por un lado una joven argentina voluntaria de la organización internacional  Greenpeace deberá dar las explicaciones que le sean requeridas; por otro lado, Hernán Pérez Orsi  a quien recuerdo como a un entusiasta cadete de la promoción 97 de la Escuela Nacional de Náutica, que finalizó sus estudios allá por 1995, deberá además cargar con su responsabilidad como oficial del buque holandés que “prima facie” violó la ley rusa junto al resto de la tripulación náutica de la nave. Todo marino profesional es plenamente consciente por estos días de que los hechos del 11S impactaron radicalmente en la actividad marítima y naval y que una plataforma petrolera es un objetivo estratégico sensible para cualquier potencia marítima sea cual fuere el sesgo ideológico de su gobierno.

Al margen de lo cada uno de nosotros pueda pensar acerca de los métodos y finalidades de la mundialmente famosa organización ecologista , y sobre la paradoja resultante de repudiar la extracción de hidrocarburos desde un buque que  utiliza  combustibles y aceites derivados de petróleo que  tal vez sea  extraído de una plataforma similar a la que intentaron abordar , hay dos hechos sobre los que desearía redondear la columna de hoy.

Por un lado sumarme al deseo de las familias de nuestros compatriotas, para que lo más rápido posible puedan regresar a sus hogares y que un manto de misericordia y de sentido común haga que las autoridades judiciales rusas no consideren  el irresponsable abordaje a su plataforma como un acto formal de piratería sino como un hecho ilegal pero de menor gravedad.

Pero por otro, viendo una y mil veces las imágenes de los papás de Camila mostrando con orgullo la foto de la “nena” y relatando la nobleza de su causa; como así también escuchando a la familia de mi colega oficial de la Marina Mercante Argentina y como tal conocedor profundo de la legislación marítima internacional, me falta oír aún alguna voz que deje suficientemente en claro que nuestros compatriotas violaron la ley de un país extranjero. Es más que probable que el talento de nuestros diplomáticos (me refiero a los de carrera claro está) minimice la gravedad de los cargos por los que potencialmente podrán ser condenados, pero por favor a todos los papás de todas las  Camilas  que se embarcan en éstas y otras aventuras por el estilo, sería bueno recordarles que al menos en los temas relacionados con la observancia de la ley, la teoría garantista del relato local no aplica en el resto del mundo. Tal vez  como una solución intermedia, podamos al menos  inculcar a nuestra juventud que la protesta no debe criminalizarse siempre y cuando no se cometa un crimen para protestar.