Sobre la conducta improcedente de Berni

Como bien lo usted lo sabe, estimado amigo lector, una columna como esta no es ni más ni menos que un espacio de opinión de quienes nos predisponemos a emitirla. Muchas veces, es cierto , mezclamos opinión con información.  La primera siempre es discutible; la segunda, si es profesional y fundada, no es ni buena ni mala, es simplemente eso,  información.

Así por ejemplo la columna de hoy está relacionada con el asesinato del fiscal Nisman.  ¿Como me atrevo a decir sin empacho “asesinato”? Pues… porque mi opinión es que al fiscal lo mataron.  Y muy difícilmente la llegue  a cambiar.

También tengo la plena convicción que el Teniente Coronel cuerpo profesional médico en uso de licencia antirreglamentaria Sergio Berni no ha parado de mentir en todo lo que ha contado a los medios en relación con su participación en los hechos de público conocimiento.

En este segundo caso, al margen de las informaciones que he podido recolectar, el propio relato del secretario de Estado deja más dudas que certezas.  Nos dice que llegó al lugar sin saber bien que pasaba. Bien, habría que preguntarle entonces si no sabía lo que ocurría, qué fue lo que lo motivó a desplazarse desde Zárate a Puerto Madero. Asimismo, asegura que una vez en el lugar nadie intentó entrar al baño donde estaba el cuerpo del fiscal, hasta que la funcionaria actuante lo dispusiera; parece entonces haber olvidado su condición de médico y su obligación de prestar asistencia a un ser humano en peligro.

Podríamos ahondar argumentando que si tal como el Teniente Coronel nos dice nadie sabía que pasaba, para qué se llama a un fiscal. Si el fallecido hubiera tenido un infarto o se hubiera caído en la bañera , lo más urgente era atenderlo con un médico, no abrirle un sumario. El relato de Berni lo deja tan expuesto que, si estuviéramos en un país con gobernantes serios, cuando usted lea esta columna el Teniente Coronel tendría que habar vaciado ya su escritorio.

Ilustrando al Secretario

El real propósito de la columna de hoy no es darle mi opinión sino brindar un poco de información, para dejar en claro que el señor Berni no tiene bien en claro para que está en el cargo que está.

Si hacemos un poco de memoria seguramente recordaremos que para el caso de las Fuerzas Armadas de la nación, durante muchos años sus máximos responsables se denominaban Comandante en Jefe de…. ( La Armada , El Ejército o la Fuerza Aérea). Luego la democracia generó un ligero cambio de denominación pero con trasfondo muy importante y se pasaron a denominar “Jefes de Estado Mayor”  Ya no son Jefes de las Fuerzas sino de los Estados Mayores de estas.

Este cambio dejó en claro que las FFAA tienen un solo jefe y comandante y este es el Presidente de la Nación. No es Milani el comandante del Ejército y no es Rossi el comandante de las tres fuerzas; es en esta caso la presidente Cristina Fernández. Tal es así que en el hipotético caso que el comandante de un buque debiera hacer uso de sus armas, le pedirá autorización a su comandante superior y este a la comandante en jefe a nadie más. Esto significa que el mando efectivo de las fuerzas armadas lo ejerce una persona. Obviamente en la práctica y en el día a día hay rutinas establecidas que son coordinadas con el ministro de Defensa, y que hacen al trabajo diario de las instituciones militares.

Para el caso de las FFSS, las Fuerzas de Seguridad, esto no funciona de la misma manera. La Policía Federal , La Gendarmería y la Prefectura Naval, sí tienen jefes.  Berni no es el jefe de las fuerzas policiales, Berni es el superior jerárquico de los jefes de estas, lo que no es lo mismo

Entre las muchas semejanzas que hay en la organización militar y policial se encuentra la verticalidad, el uso de armamento, el escalafón, etc. Pero hay sensibles diferencias de fondo y  de forma. Entre ellas se encuentra una muy importante: estas fuerzas policiales, si bien dependen administrativamente del Poder Ejecutivo, operacionalmente se encuentran al servicio mayoritariamente del Poder Judicial.  Excepto en la represión del delito in fraganti, por lo general el accionar de las fuerzas, máxime en casos como el que nos ocupa, se hace bajo control de un fiscal o un juez, no de un secretario de Estado.

En los escritos judiciales los magistrados siempre se dirigen al jefe de la fuerza, para ordenar algo y es este administrativamente quien lo deriva al área operativa correspondiente. Uno puede razonablemente suponer que el Jefe de la Policía federal no recibe cada mañana cientos de mandamientos judiciales en su despacho sino que estos ya tienen un recorrido aceitado que los lleva al lugar indicado.  Pero jamás un Juez llamará a un cabo para ordenarle hacer una escucha o una tarea de inteligencia criminal.

Berni repite hasta el cansancio que es el Jefe de las fuerzas policiales. Y que debe velar por el cumplimiento de “los protocolos”,  expresión puesta de moda para tratar de darle un contexto normativo a casi cualquier cosa.

Todos recordamos el siniestro de un avión privado frente a las costas de Carmelo. Un típico caso SAR (búsqueda y rescate marítimo). Nuestra ley pone este accionar en cabeza de la Armada Argentina y de la Prefectura Naval subsidiariamente.  A Berni poco le importó: no solo que invadió un área que no le compete sino que además se hizo retar por una jueza uruguaya que le recordó que la nave no estaba en aguas argentinas

Días pasados, la Prefectura Naval rescató exitosamente a una tripulante en riesgo de vida a bordo de un pesquero. Una tarea que exige un gran profesionalismo y que la gente de nuestra policía marítima tiene de sobra.  A la hora de difundir la información, la oficina de prensa de Berni obligó a colocar la leyenda “operativo realizado bajo supervisión del secretario de Seguridad”.

De la misma manera que Berni no puede supervisar ni ese operativo ya que no está capacitado, no tiene estado policial y no es auxiliar de la Justicia, tampoco puede entrar a un domicilio particular a su antojo, exista o no un muerto en su interior. No es esa su función y su mera presencia pone a los funcionarios policiales actuantes en la difícil disyuntiva de atender a sus directrices o ponerse a ordenes de las autoridades judiciales, que es lo que les marca la ley.

Un bochorno incompatible con la democracia

Imagine por un momento, amigo lector, que un incontrolable impulso renovador lo lleva a la redistribuir los espacios de su hogar. Puesto en la tarea, monta su escritorio en la cocina, ocupando las alacenas con libros y papeles; instala la impresora sobre las hornallas, mientras ocupa la bañera con platos, servilletas y víveres. Muda el dormitorio al garage y agranda un poquito el ventanal del living para poder entrar el auto. ¿Quien podría negarle su derecho? Es su casa y en su casa manda usted. Tal vez el sentido común podría indicar que su calidad de vida será peor. Pero el sentido común no es el más común de los sentidos por estos días…

La ley 19.349 sancionada el 25 de noviembre de 1971 dice que “Gendarmería Nacional es una fuerza de seguridad militarizada dependiente del Comando en Jefe del Ejército, estructurada para cumplir las misiones que precisa esta ley en la zona de seguridad de fronteras y demás lugares que se determine al efecto”. También agrega la norma que es misión de la GN satisfacer las necesidades inherentes al servicio de policía que le compete al Comando en Jefe del Ejército en la zona de seguridad de fronteras.

Por su parte, la ley 18.398 de octubre de 1969 determina: “La Prefectura Naval Argentina es la fuerza por el que comando en Jefe de la Armada ejerce el servicio de policía de seguridad de la navegación y el servicio de policía de seguridad y judicial”.

Mucha agua pasó por debajo de los puentes de la patria en estos más de cuarenta años. Estas fuerzas de seguridad ya no dependen de los comandos militares, por otra parte tampoco existen más los comandos en jefe de las fuerzas armadas. Y sus leyes orgánicas han sufrido retoques conforme fueron surgiendo diferentes necesidades.

Lo que nadie aún ha modificado es precisamente la razón de ser de estas prestigiosas fuerzas federales. Su lugar en esta gran casa que se llama República Argentina son las fronteras y las aguas, respectivamente. Se forman, entrenan y especializan en el monte espeso o en las aguas profundas, saben lidiar con el temporal de nieve o con el mar embravecido; sus uniformes, carácter y pensamiento se van moldeando para adaptarlos a las necesidades del medio que frecuentan. Pueden distinguir una “mula” cargada de sustancias ilegales en un paso fronterizo, pueden “olfatear” la tormenta que se avecina sobre la costa y recomendar a los navegantes que refuercen sus amarras. Son, eso sí, un poco torpes para pedir documentos a los automovilistas en la General Paz y ni que hablar a la hora de cumplir la orden de arrojarse de palomita sobre un auto manejado por un manifestante en la Panamericana.

La seguridad es una de las grandes deudas que el modelo saliente dejará sin pagar cuando abandone para siempre el poder en diciembre de 2015. No puedo afirmar que sea la más grande: pobreza, desempleo, mala calidad de salud, crispación social, tergiversación maliciosa de la historia, corrupción en grado superlativo, enriquecimiento exponencial de toda la cadena de mandos de la Nación son, sin lugar a dudas, parte importante de la herencia que el ahora desenmascarado modelo nacional y popular nos deja. Pero duele más que nos maten a un padre, hijo o vecino a ver que nuestro Vicepresidente declara vivir en la cima de un médano o que un juez federal se roba una causa para absolver a los allegados al poder

Coincidirá conmigo, querido amigo lector, a que somos proclives a adaptarnos con rapidez a los cambios, incluso si estos son para peor. Hasta hace muy poco tiempo, ante un la ocurrencia de un delito común o un conflicto de baja intensidad, no solíamos ver al ministro de Seguridad en persona comandando a las fuerzas del orden. Ni tampoco al jefe de la fuerza de seguridad involucrada, ni muchísimo menos. Obviamente la aparición de los mismos era proporcional a la magnitud de los hechos en cuestión.

Pero este modelo, que todo lo puede, le sacó la policía al ministerio del Interior y al tiempo que le dio el manejo de trenes, colectivos y aviones, y creo el ministerio de Seguridad. A cargo de una ministra desdibujada y recaído en manos del ya conocido Teniente Coronel Berni, quien se encuentra en uso antirreglamentario de licencia (el art. 38 inciso b de la ley 19101 prevé que el personal militar superior convocado por el PEN para cumplir funciones ajenas a la fuerza a la que pertenece podrá hacerlo por un tiempo máximo de seis meses). Como es razonable suponer, a la hora de elegir subordinados, colocó en varios puestos de relevancia dentro de su área de acción a militares retirados y de su confianza; hasta incluso a hijos de camaradas entre los que se encuentran los de un por estos días muy famoso teniente general de la Nación.

Nunca antes un Gobierno había declamado con tanta fuerza la prohibición de actuación a los militares en cuestiones de seguridad interior. Nunca antes esa norma ha sido violada tan reiteradamente como durante esta gestión. Cuando ponemos al ejército en las villas, aunque sea con funciones “sociales” (salvo ante una catástrofe o tragedia), estamos violando la ley orgánica de las fuerzas militares. No importa si el propósito es noble. Importa que no estamos cumpliendo la ley

Si quisiéramos desentrañar las funciones reglamentarias del omnipresente secretario Berni, tropezaríamos con varios interrogantes. Se autodenomina jefe de la seguridad a nivel nacional. Pero es el primero en declarar que la seguridad de las provincias es responsabilidad de los gobernadores de las mismas. Reitera -y con razón- que las fuerzas federales a su mando sirven a la prevención y represión de delitos federales, pero anda con gendarmes y prefectos corriendo rateros de provincia si esto conviene al relato.

Su rol en la Ciudad de Buenos Aires es aún más confuso, ya que por momentos nos explica que al ser Buenos Aires la Capital Federal del país la seguridad es suya, pero al mismo tiempo pretende que la incipiente y aún inexperta Policía Metropolitana sea poco menos que una guardia pretoriana todo terreno. Si se cae un balcón en tribunales, aparece Berni. Si se incendia un buque en Zárate, aparece Berni. Pero si, como algunas semanas atrás, mueren dos tripulantes a bordo de un barco en medio del río y sin cámaras de TV cerca, no es tema de Berni. Sin embargo, si se cae un avión en aguas uruguayas y hay cobertura mediática, el hombre vuelve a aparecer.

Policías, gendarmes y prefectos han sido instruidos para ser reticentes a la hora de dar explicaciones profesionales relacionadas con un hecho determinado. Si lo hicieran previo permiso político, no deberán dejar transcurrir más de tres palabras sin dejar de mencionar que todo lo actuado fue por obra, gracia, inspiración y control del señor secretario. Es por ello que resulta difícil pensar que un oficial superior de la Gendarmería Nacional se proyecte contra un vehículo detenido por propia iniciativa. Tampoco será creíble que la presencia de un Coronel de inteligencia comandando el accionar de una fuerza de seguridad sea casualidad.

Es muy cierto que el modelo se equivocó de medio a medio cuando decretó la descriminalización de la protesta social en cualquiera de sus formas. Aun cuando algunas de estas formas colisionan contra elementales derechos de los demás ciudadanos. Pero pretender remediar el error infiltrando espías en las protestas, y utilizando una versión atenuada de “guerra sucia” obligando a los uniformados a delinquir en pos de los objetivos políticos de un funcionario, es algo que esta democracia no puede darse el lujo de tolerar.

La seguridad, como dijimos, es una de las tantas asignaturas pendientes de la década “ganada”. Es algo demasiado complejo para dejarlo librado a las manos de un funcionario al que nadie le negará su compromiso con la tarea, pero al que es hora de comenzar a pedirle explicaciones por los graves errores que a diario comete. No alcanza con colgarse de un helicóptero, manejar motos en contramano o disfrazarse de bombero. Por estas horas el teniente coronel todo terreno acaba de tener que despedir a uno de los muchos militares de los que supo rodearse; en los próximos días seguramente la gendarmería perderá a un oficial superior que cumplió una orden, sin percatarse de la ilegalidad del acto. Va llegando el momento de indicarle al coronel médico que su uniforme es el delantal blanco y su arma reglamentaria el estetoscopio. Mientras tanto, habrá que comenzar a ordenar todo el tremendo desbarajuste al que han sumido a las fuerzas de seguridad y pasará mucho tiempo hasta que -citando a Raúl Alfonsín- podamos decir: “La casa está en orden”.