El terremoto de 8,3 en la escala de Richter ocurrido en el norte de Chile el martes por la noche nos debe hacer reflexionar sobre lo que ocurre en nuestro país en materia de respuesta ante catástrofes naturales. Los recientes desastres naturales del volcán Puyehue en 2011 y la inundación ocurrida el año pasado en La Plata marcan a las claras una deficiencia notable tanto en la prevención como en el tratamiento y posterior evaluación del fenómeno. Respecto de la prevención, el tema de las emergencias no escapa a la generalidad de lo que ocurre en otros ámbitos. La prevención es todavía una materia casi inexistente en las políticas públicas cuyas consecuencias resultan gravísimas en términos de vidas humanas y daños materiales.

A raíz de las inundaciones ocurridas en el año 1998, se creó el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM), cuya estructura es similar al sistema de emergencias de los Estados Unidos. El SIFEM coordina en teoría 40 reparticiones públicas y originalmente funcionaba en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, decisión acertada teniendo en cuenta la importancia de una coordinación lo más abarcativa y eficiente posible. Sin embargo, por causas que se desconocen, el SIFEM nunca fue implementado en forma total y pasó de repartición en repartición hasta terminar dependiendo orgánicamente de la Secretaría de Seguridad.

La falta de un sistema federal de emergencias que funcione en forma permanente para capacitar a los especialistas en emergencias, mantener informada e instruida a la población y que coordine todos los recursos públicos y privados de forma eficiente, es el fiel reflejo de la incapacidad e improvisación que muchas veces nos caracteriza a los argentinos. Especial importancia tiene, en temas de desastres, la necesaria evaluación de lo actuado para no repetir errores y mejorar los aciertos. En este punto también estamos en falta.

Los habitantes de Villa la Angostura debieron enfrentar tarde, mal y casi en soledad las consecuencias de la erupción del volcán Puyehue en el 2011. Faltaron una alerta temprana, una coordinación eficiente entre organismos y jurisdicciones y recursos materiales suficientes a tiempo. A un año de lo ocurrido en La Plata todavía se discute la cantidad de fallecidos y las obras para mitigar nuevas inundaciones se ejecutan a un ritmo muy lentamente. No vale la pena detallar la visible falta de coordinación, la que fue parcialmente subsanada con la solidaridad de la población.

Chile nos lleva un avance muy importante en esta materia. Luego del gravísimo terremoto del año 2010, el gobierno se comprometió a que en un mes todos los alumnos estuvieran nuevamente estudiando. La promesa se cumplió. Esto fue posible por una decisión política del gobierno pero también de todos los sectores, al comprender que organizarse bien antes de que ocurran las catástrofes es una inversión y no un gasto. El terremoto de hace unas horas que afectó a 6 ciudades y por el que hubo que evacuar a 900.000 personas solo se llevó la vida de 6 personas. Esto no fue casualidad. La capacitación y coordinación entre los organismos dedicados a las emergencias permitió que el saldo no fuera mayor en vidas humanas.

La prevención de los desastres, ya sean provocados por el hombre o por causas naturales, debe ser una política de estado que reúna a los mejores especialistas con los recursos técnicos suficientes para minimizar al máximo sus consecuencias negativas. La coordinación del estado nacional con el resto de las jurisdicciones provinciales y locales junto a una población bien instruída en como actuar frente a la emergencia, son la clave para no tener que lamentar más pérdidas humanas y cuantiosos daños materiales.