El narcotráfico no es un delito más. Como sostuvo esta semana la Conferencia Episcopal Argentina, el narcotráfico acarrea graves consecuencias sociales que van más allá del simple delito de traficar una sustancia prohibida. El narcotráfico, a diferencia de otras modalidades delictivas, tiene un objetivo estratégico, ambicioso y peligroso: disputarle la soberanía al Estado para poder así controlar libremente su mercado. Y el mercado para el narcotráfico son los ciudadanos de nuestro país. Como digo, sus consecuencias no se reducen al mero tráfico como hecho ilegal.

En términos de seguridad, hay una clara relación. Un 29% de la población carcelaria fue atrapada por delitos con algún tipo de vinculación con las drogas y un 10% de ellos delinquió con el objetivo de conseguir fondos para estupefacientes.

El narcotráfico también erosiona seriamente las posibilidades de crecimiento de nuestro país. De acuerdo a informes publicados por Sedronar en 2008 el costo estimado del abuso de drogas ilegales para la Argentina ascendía a 1074 millones de dólares.

Del total de costos asociados al abuso de sustancias ilegales, el 57% corresponde a costos gubernamentales directos que tienen que ver con la reducción de oferta y de demanda. Le siguen los costos laborales asumidos por los sectores públicos y privados, que con un 33% de participación ascienden a 1113 millones. Por ejemplo, el estudio halla una fuerte relación entre desempleo y consumo de drogas, lo que termina ocasionando en la mayoría de los casos un círculo vicioso negativo al ingreso del individuo en el mercado laboral y agrava su marginalización. El 10% restante responde a gastos derivados de la salud, que responden a tratamientos, consultas y emergencias.

Finalmente, pero no menos importante, se detecta un costo social, relacionado con la erosión de la cohesión del núcleo familiar.  El abuso de sustancias ilegales también afecta la educación de los adictos, lo que termina por reducir sus posibilidades de éxito y de ingreso a la vida laboral, y por lo tanto, facilitando las condiciones para que esos individuos vean agravada su condición de adictos.

En definitiva, Argentina se presenta como un mercado en franca expansión para el narcotráfico, donde cada vez hay más consumidores y donde las barreras de ingreso son laxas. Esta Argentina comienza a acusar recibo de los costos asociados al narcotráfico y al abuso de sustancias ilegales, especialmente en lo que respecta a la seguridad ciudadana, la salud, la economía, la educación y la familia.

La solución pasa por atacar esta amenaza allí donde nace, en la frontera. En tal sentido hemos impulsado proyectos legislativos apuntando al control del espacio aéreo, de las fronteras lacustres, el control de puertos y pasos fronterizos. También es necesario dotar al país de capacidad de análisis y respuesta rápida ante estas organizaciones criminales, para lo cual presentamos el proyecto de creación de una Agencia Federal Antidrogas. Pero también es necesario atender la demanda, y para ello hemos presentado un proyecto legislativo apuntando al tratamiento integral de los adictos.

Es hora de lograr el consenso político para que el Poder Ejecutivo Nacional, que tiene a su disposición estos proyectos y posee la mayoría en el recinto y en las comisiones, apruebe definitivamente este programa de lucha contra el narcotráfico.

Ante la reiteración de los hechos de inseguridad que tuvieron lugar los últimos días, el cercenamiento de las libertades que supone la imposición de una tarjeta única para las compras en grandes comercios y el camino propuesto por la presidente Cristina Fernández de Kirchner de “ir por todo”, tenemos la obligación y la necesidad de plantear con más fuerza: Ella o vos.

Lo hacemos porque tenemos dos realidades. Dos países. El de Ella quedó reflejado en su discurso de apertura del período 131º de sesiones ordinarias del Congreso, con un “vamos por todo” que acentúa el autoritarismo de un gobierno que no tiene reparo en castigar a gobernadores e intendentes díscolos, dejándolos sin fondos. Las provincias de Buenos Aires y Córdoba son un claro ejemplo.

En el país de Ella se cajonean los proyectos de los diputados de la oposición y el Congreso de la Nación funciona como una escribanía kirchnerista gracias a una mayoría absoluta, que avaló un vergonzoso acuerdo con Irán a espaldas de los dirigentes no oficialistas, organizaciones civiles y sociales. Irán, que promueve el terrorismo de Estado, la desaparición de Israel y niega el Holocausto, se transformó en un nuevo aliado, y al mismo tiempo el país se aísla del resto del mundo, poniendo en riesgo las inversiones.

En este país, la inflación se dispara, recorta el poder real del salario y se convierte, según numerosos economistas, en el principal problema a resolver por el Estado, pero para Ella no es tan grave; no existe. Prefiere ocultarla tras los datos de un Indec carente de credibilidad, y castigar con impuestos injustos, como IVA y Ganancias, a los más humildes.

Lo mismo hace con la inseguridad: se vive con miedo, se perdieron hábitos como estar en la calle, en las plazas; los delincuentes están libres o no cumplen sus condenas. Pero para la Presidenta la inseguridad sigue siendo una sensación y la culpa siempre es de los demás. El Gobierno nacional niega los problemas, no asume sus responsabilidades.

Para Ella, para su país, es más importante mantener un gigantesco aparato de propaganda que opere para sostener el modelo y el relato que ocuparse de los problemas reales. Por eso el uso discrecional y coercitivo de la pauta publicitaria oficial, la proliferación de medios de comunicación controlados por “amigos” o “aliados” al Gobierno nacional, y todo aquel que pregunta o cuestiona es declarado enemigo público nacional. El objetivo es avalar la corrupción y garantizar la impunidad de sus funcionarios.

Y ahora va por la Justicia. El ex presidente Néstor Kirchner cambió la Corte menemista por una Corte Suprema de Justicia independiente, demasiado para la Presidenta, que aspira a una nueva mayoría automática. Por eso busca someter y dominar al Consejo de la Magistratura a través de una elección mediante el voto popular, que terminará siendo por Ella. En su país, la Justicia no puede ser independiente, sobre todo cuando la Ley de Medios no logró avanzar como se esperaba.

En el país de Ella, si la dejamos avanzar más, no habrá más libertades: libertad para elegir; para pensar y decir; para comprar y vender; para viajar. El país de Ella no es nuestro país, el tuyo, el que querés, un lugar donde se cumple con la Constitución como pilar fundamental, se respeta la Justicia como un poder independiente, se aceptan las opiniones diferentes, con la certeza de que cuando uno va por todo puede quedarse sin nada.

En nuestro país, los delincuentes están presos y cumpliendo sus condenas; el sueldo llega a fin de mes  y hasta sobra un poco; los problemas reales se conocen y se solucionan. Es una cuestión de responsabilidad. Es un lugar donde la corrupción se castiga de manera ejemplar, sobre todo cuando la genere un funcionario público, ¡sea quién sea! En nuestro país trabajamos todos los días construyendo el futuro, progresando. Aprendemos de la historia para no repetir los errores del pasado; y los derechos a la educación, la salud, la seguridad y la justicia están garantizados y son universales para todos por igual, y las obligaciones también.

En tu país, nos reconectamos con el mundo y generamos más inversiones; creamos más fábricas y, así, más empleo genuino y de calidad para disminuir los planes que generan dependencia política. ¡El derecho al trabajo no se negocia! En nuestro país inauguramos más escuelas, universidades, hospitales y modernas cárceles. Hay más trabajo, más viviendas. Hay futuro para todos. Ya no será el país de Ella, será nuestra Nación. La Nación Argentina.

Ya lo dijo Néstor Kirchner el 15 de septiembre de 2008: “Hay que hacer una nueva Ley de Coparticipación para devolverle a la provincia de Buenos Aires esos 6 puntos que le fueron quitados”. Fue el propio fundador del proyecto político que gobierna la nación quien admitió, hace cuatro años, la validez del reclamo que nos une a los bonaerenses.

Sin embargo, desde el cristinismo se empecinan en ningunear el pedido de la provincia de rediscutir la Ley de Coparticipación Federal y eliminar el tope del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano bonaerense. Debemos recuperar los recursos de la provincia, ya que estos representarían para los vecinos mejoras en seguridad, empleo, escuelas, hospitales, caminos y viviendas.

Desde 2007 hemos presentado en el Congreso Nacional numerosos proyectos para que los bonaerenses logremos recuperar lo que es nuestro. Para eso es necesario discutir un reordenamiento de la relación fiscal entre la Nación y las provincias y la sanción de un nuevo régimen de coparticipación. Nuestra Constitución Nacional así lo estipula. Por lo que antes de pretender reformarla debemos comenzar a cumplirla.

Nuestro distrito aporta 4 de cada 10 pesos que se distribuyen entre las provincias, pero recibe menos de 2. Buenos Aires aparece muy relegada al recibir 2.200 pesos por habitante contra otros distritos, como por ejemplo Tierra del Fuego, que recibe casi 8 veces más ($17.434), Santa Cruz con casi 5 veces más ($10.496) o Corrientes que recibe 3 veces más ($6.770). Si se excluye a la Ciudad de Buenos Aires, que no es una provincia, Buenos Aires es la jurisdicción que menos recursos per cápita recauda y la tendencia tiende a acentuarse año tras año.

Tenemos que ser solidarios con las jurisdicciones más chicas, pero no en la proporción actual. No podemos seguir sometiendo a la provincia al Gobierno nacional porque si no Buenos Aires seguirá siendo rehén del humor o la decisión, en este caso, de la Presidente que cree que aprieta al Gobernador pero lo hace sobre 16 millones de bonaerenses.

La licuación del dinero cedido a la provincia de Buenos Aires en concepto del denominado Fondo del Conurbano, cuyo tope desde 1996 es de 650 millones de pesos, ha sido y es alarmante. De transferirse inicialmente el 10 por ciento del impuesto a las ganancias se pasó a recibir el año pasado apenas el 0,47 por ciento.

A lo largo de 2012, siete provincias han percibido más plata que Buenos Aires de los recursos obtenidos de la recaudación por el impuesto a las ganancias. En este año se estima que, de no haber reforma alguna, al menos otros cinco distritos también estarán por encima de lo que reciban los bonaerenses. En el año anterior, por lo que originalmente fuera el “Fondo del Conurbano”, Córdoba y Santa Fe han cobrado per cápita diez veces más que nuestra jurisdicción.

Ante los atropellos del kirchnerismo, aquellos que queremos una Argentina y una Buenos Aires segura, con trabajo, educación y salud, debemos confluir para que nos devuelvan a los bonaerenses los recursos que nos pertenecen. Porque separados permitiremos que ellos sigan siendo la primera minoría. Pero unidos seremos mayoría.