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Traspaso policial: autonomía porteña y fortalecimiento federal

El traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires comienza a resolver una de las deudas más significativas ante la incompleta autonomía porteña. Autonomía que nada tiene que ver con un partido o una parcialidad política, sino que refiere a la creación y consolidación del Estado de la Ciudad, que nos involucra y comprende a todos los porteños.

En 1994, la reforma de la Constitución Nacional confirió autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, y el traspaso de la Policía Federal se enmarca en la necesidad de completar ese proceso que manda el artículo 129 de la Carta Magna: «la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción».

Esta decisión es de vital importancia para la vida de los porteños, porque es definitorio para un Estado el manejo de la fuerza pública a través de la policía y la resolución de conflictos a través de la administración de justicia. En este sentido, el traspaso de la Policía coloca las decisiones sobre la seguridad ciudadana bajo la órbita de la representación política autónoma de la Ciudad.

Avanzamos en un proceso de autonomía que progresa también en la cercanía con el vecino y fomenta la participación ciudadana, gracias a una dinámica descentralización de funciones del Gobierno y a la generación de ámbitos de representación política en los barrios y las Comunas.

Tanto el Presidente de la República como el Jefe de Gobierno han planteado históricamente esta necesidad de autonomía, por lo que más que la consecución de una promesa de campaña, hoy sobresale la decisión política, que permitirá inexorablemente una mejor coordinación de esfuerzos en pos de una estrategia de seguridad integral. La eficiencia en conseguir mayores márgenes de seguridad requiere de un liderazgo político enérgico y responsable.

Más de 20 mil hombres, 54 comisarías y dependencias de la Policía Federal responderán ahora al Gobierno de la Ciudad, que se compromete a respetar antigüedad, obra social, retribución y jerarquía de sus agentes, así como sus valores y su sentido de pertenencia. El traspaso “con recursos” es también una muestra de esfuerzo y responsabilidad: comenzamos a dejar atrás aquel federalismo “torcido” que concentraba recursos en la caja nacional, mientras se deshacía en la responsabilidad de cumplir con el vecino.

Fortalecer la autonomía de la Ciudad es, en definitiva, fortalecer el sistema federal.

La molesta Justicia

Justicia para todos. Algo que pareciera no existir dentro de los planes y las políticas de este Gobierno nacional.

Hace años que vemos cómo a la Justicia se le intenta recortar su independencia. Es una molestia para muchos funcionarios nacionales, que buscan nuevas formas de atacar a uno de los tres poderes del Estado, según nuestra Constitución Nacional.

Cuando a la Presidente y a aquellos que están en el poder junto a ella les excede el control que pueden tener sobre las investigaciones judiciales, van por quienes se interponen en sus caminos. Ejemplos lamentablemente sobran: desde el apartamiento de Claudio Bonadio por querer investigar a Máximo, el hijo presidencial y ahora candidato, hasta el caso del fiscal José María Campagnoli, que resonó en las calles de todo el país, uniendo a los argentinos en un reclamo por una Justicia independiente.

Convertido el Congreso en una escribanía, ahora van por la Justicia. Sancionaron varias leyes que apuntan a reformar el sistema judicial, pero no se pueden sacar el sabor amargo de la declaración de inconstitucionalidad de varias de ellas.

El kirchnerismo continúa planteando excusas y supuestos tecnicismos sin fundamento, pero lo que los argentinos queremos es la verdad. Continuar leyendo →

Por una Justicia al servicio de la gente

Al pensar en el Poder Judicial, se vienen a la mente imágenes de edificios laberínticos, oficinas colapsadas, papelerío, la necesidad de un traductor para entender qué hacer y disponer de plata y mucho tiempo -años tal vez-, para tener una respuesta. En pocas palabras, surge la idea de que la Justicia no es para todos. Esta percepción se confirma cuando vemos los resultados de la encuesta de Latinobarómetro de 2011: el 95,6% de los argentinos tiene algo, poca o ninguna confianza en la Justicia, siendo en este punto, el poder público menos exitoso. Entonces, las preguntas que naturalmente surgen son: si la Justicia está para garantizar los derechos constitucionales, actuar como contralor del Congreso y Ejecutivo, ayudar a resolver los problemas cotidianos, y todo esto para mejorar la vida de la gente, que es el fundamento de su existencia, ¿En qué está fallando? ¿Para quién es la Justicia?

Estoy convencido de que la Justicia es y tiene que ser no sólo un garante de la república haciendo equilibrio con los demás poderes, sino también un servicio para todos. Y es esta última tarea la que está incumpliendo. Nuestra Justicia, a nivel nacional, parece la del 1800, es arcaica. Es, en otras palabras, el único poder público que no se reformó a lo largo de los años –y eso que tuvo oportunidades- en ninguno de los dos planos claves: en la organización interna y en la gestión de los procesos. Esto, en la era de la tecnología de la información y la comunicación, parece impensado.

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