Cómo medir el buen uso de los recursos del Estado

Franco Moccia

Es muy frecuente que quienes tienen a su cargo el desarrollo de políticas públicas consideren que evaluación y monitoreo son la misma cosa, cuando definitivamente no es así.

Un programa de política pública tiene dos componentes básicos fundamentales. Un objetivo, que define el impacto positivo que se busca generar en la gente. Y un plan de trabajo, en el que se especifica cuáles son las actividades a realizar, los recursos que se necesitan, los tiempos de ejecución y el presupuesto.

El monitoreo está relacionado directamente con el plan de trabajo y lo que nos permite es comprobar que, efectivamente, las actividades que deben realizarse se están llevando a cabo, que se cuenta con los recursos previstos, que los tiempos de ejecución se están cumpliendo y que el dinero que se está invirtiendo es el que se había asignado a ello.

La evaluación, en cambio, está relacionada al objetivo del proyecto y lo que nos permite es saber si el trabajo que se está desarrollando genera el impacto que se buscaba, es decir si estamos o no haciendo algo que mejora las condiciones de vida de una persona o de una población.

Pongamos como ejemplo un programa para mejorar la enseñanza de la materia Lengua en los colegios primarios. El plan de acción consiste en entregar a cada alumno que esté cursando la materia, un manual teórico práctico sin cargo. Monitorear el proyecto es verificar que se haga la licitación para adquirir los manuales, se los compre, se los reciba, se distribuyan a los colegios, se entrene a los maestros para enseñar a los chicos a usarlos y se asigne una determinada cantidad de horas a trabajar con el nuevo libro. La evaluación, en cambio, consiste en analizar si las notas que los alumnos que recibieron los manuales mejoraron o no respecto de las notas de los alumnos de años anteriores, ya que el objetivo del programa sólo se habrá cumplido si eso pasa. Si no pasa, habrá que reformular el proyecto, más allá de que el plan de trabajo, es decir de la logística, se haya desarrollado de manera impecable. 

La evaluación es entonces un aspecto esencial de lo que se entiende como buena administración. Permite conocer la eficacia las políticas públicas y, consecuentemente, saber qué tan buen uso se hace de los recursos del Estado. Le da transparencia a una gestión.

La práctica de evaluar los programas de políticas públicas no era algo habitual en los países latinoamericanos hasta hace algunos años. Con el paso del tiempo la necesidad de evaluación se hizo cada vez más evidente. Y de manera más o menos reciente, Chile, México y Colombia lideraron un cambio en esta materia, creando organismos especializados en evaluar el impacto de las políticas públicas, como una forma de mejorar la toma de decisiones a la hora de definir los rumbos de una gestión de gobierno.

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires hizo lo propio hace algunos años, creando una “Unidad de Evaluación”, en el ámbito de la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión, que depende de la Jefatura de Gabinete. 

Desde su creación, esta unidad ha desarrollado herramientas de evaluación que nos permitan entender el impacto de los programas que implementamos, es decir saber no sólo qué se hizo y cómo se hizo, sino concretamente cómo le cambió la vida a las personas.

Hoy podemos, por ejemplo, no sólo informar sobre la cantidad de alumnos que recibieron computadoras a través del Plan Sarmiento, sino también de qué modo el uso de nuevas tecnologías se tradujo en mejoras en el aprendizaje de esos chicos. O podemos decir no sólo cuánta gente participó de Academia Buenos Aires Emprende, cuántos de los participantes avanzaron en proyectos y cómo mejoraron los ingresos económicos de los que implementaron esos proyectos.

Evaluar los resultados de las políticas públicas es ir más allá del qué se hizo y cómo se hizo, para enfocarse en cómo le cambió la vida a la gente, lo cual permite que las decisiones se tomen en función del impacto, que debe ser la guía a la hora de gobernar.