Desde el martes 11 de junio, cuando fue hallado en el Ceamse de José León Suárez el cuerpo sin vida de la menor Ángeles Rawson, la sociedad se vio conmovida y revolucionada por un caso con una trama macabra, que se investigaba desde el lunes 10 de junio en horas de la noche, cuando su madre denunció la desaparición de la joven y pidió una averiguación de paradero en la Comisaría 31 de la Policía Federal, correspondiente a su domicilio (Ravignani 2360). Tomaron intervención en la causa, por los turnos judiciales habituales, la fiscal de Instrucción Ana Paula Asaro, subrogante de la Fiscalía Nº 35, y el juez nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 17 Javier Feliciano Ríos, quien en ese momento se encontraba de licencia y era subrogado por su colega Roberto Ponce.
En una intensa semana de investigación, en la que se trabajaron todas las hipótesis habituales de un homicidio, la fiscalía, por las consideraciones y elementos probatorios que son de dominio público, solicitó al juez subrogante la detención del encargado del edificio donde vivía Ángeles, Jorge Mangeri, quien defendido entonces por el defensor oficial de turno Carlos Garay -un experimentado funcionario judicial- se negó en dos oportunidades a prestar declaración indagatoria, haciendo uso de su derecho a hacerlo, pero desaprovechando ciertamente dos momentos procesales ante el juez para efectuar su defensa, evacuar citas para ser trabajadas, denunciar formalmente las lesiones de las fue supuestamente víctima, etc..