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La visita de Obama y los cuarenta años del golpe militar

El anuncio de la visita del presidente norteamericano Barack Obama a la Argentina, que coincide con el 40.° aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976, generó críticas entre referentes de las organizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, señaló que los Estados Unidos “fueron los gestores de las dictaduras en el Cono Sur, en la América Latina. Además, es un país que vive entrometiéndose en otros países, provocando el horror”.

No es ninguna novedad que en el contexto de la Guerra Fría los Estados Unidos tuvieron participación en algunos golpes militares en la región y apoyaron dictaduras. En el caso del golpe militar de 1976 en la Argentina, acusar de gestor a los Estados Unidos es francamente ignorar la responsabilidad principal de los actores políticos locales de la época. Asimismo, implica una desmemoria en materia de la posterior solidaridad democrática internacional brindada por los Estados Unidos en esos años de plomo.

En efecto, ya en el primer año de la dictadura de la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla, el Congreso de los Estados Unidos recibió testimonios sobre la violación de los derechos humanos en la Argentina. El abogado Lucio Garzón Maceda fue uno de los dos juristas que brindó testimonio entre los días 28 y 29 de septiembre de 1976 ante la Subcomisión de Organismos Internacionales y calificó los resultados de esas presentaciones en el Congreso estadounidense como la primera derrota de la dictadura militar en el campo internacional. Continuar leyendo →

Cuba sigue sin democracia

El intercambio de detenidos entre Cuba y Estados Unidos, junto al anuncio del restablecimiento en las relaciones diplomáticas, han despertado expectativas demasiado exageradas.

Un aspecto fundamental de la relación bilateral no cambiará mientras esté Raúl Castro en el poder y su hermano Fidel siga vivo: la apertura democrática en Cuba. A su vez, en un país como Estados Unidos, respetuoso del estado de derecho y la división de poderes, el fin del embargo norteamericano a Cuba necesitaría de la aprobación de su Congreso y ello es muy poco probable que suceda.

En el caso de Cuba, además de la falta de incentivos para una apertura política por parte de la gerontocracia militar revolucionaria de los Castro, ellos siempre han enfatizado que su régimen jurídico e institucional de partido y pensamiento único es inamovible.

Al respecto, en su reciente alocución sobre las relaciones de Cuba con Estados Unidos publicada por Prensa Latina, Raúl Castro afirmó: “Tenemos profundas diferencias, fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior”.

Lo anterior significa que el régimen cubano no reconoce los derechos humanos de primera generación – las libertades civiles y políticas – e incluso las considera un delito. Un cambio en la política interna de Cuba es precisamente lo que reclama Estados Unidos y apoya a través de su cooperación internacional.

A su vez, luego de conocido el diálogo iniciado por ambos países gracias a la intermediación de Canadá y el Vaticano, Raúl Castro aclaró en su discurso que “Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar”.

Es decir, para Estados Unidos el problema de Cuba es su sistema político y para Cuba sus problemas se deben al embargo impuesto por los Estados Unidos.

Este conflicto se podría haber solucionado a inicio de los noventa si muchos más países, especialmente los de América Latina, hubiesen cuestionado el régimen de partido único de Cuba y reclamado la apertura democrática en la dictadura remanente de la región. Lo cierto es que hasta hoy en día, los gobiernos de América Latina y los organismos regionales e internacionales le piden a Estados Unidos el levantamiento del embargo norteamericano – en muchos casos denominándolo erróneamente como “bloqueo” – y al mismo tiempo no le plantean a Cuba que realice cambios hacia una apertura política o, al menos, que no reprima y encarcele a sus opositores pacíficos por ejercer derechos fundamentales.

Asimismo, un coro de académicos, periodistas y analistas poco sensibles frente a la prohibición y represión de las libertades democráticas en Cuba – sobre lo cual nunca, nunca, se pronuncian – comparten con Raúl Castro que lo más importante es poner fin al embargo comercial de Estados Unidos, como si esta cuestionable medida de política exterior fuera la causa del establecimiento de una dictadura de partido único.

En cualquier caso, si detrás de esta decisión de Obama se llega al levantamiento del embargo a Cuba, esto no implicará que la dictadura de los Castro inicie una apertura política hacia la democracia. No hay más que leer 1984 de George Orwell para comprenderlo.

Finalmente, hay que recordar que los Castro van a cumplir nada más y nada menos que 56 años en el poder. ¡Cuando Obama nació ya estaban en el poder en Cuba! Por eso, ya sea desde la defensa universal de los derechos humanos como desde la memoria sobre los cómplices internacionales que tuvo la dictadura militar argentina, es mucho lo que se le puede criticar a la revolución cubana. Pero ello no implica desconocer la habilidad que han tenido para sobrevivir tanto tiempo impunemente y, por tal motivo, hay que ser prudentes sobre cualquier anuncio de cambios en Cuba. Si hay algo en lo que son expertos los Castro es en perpetuarse ilegítimamente en el poder, gracias a una exitosa fórmula que combina una implacable represión interna junto a una preocupante complicidad internacional.

Cuba: la posición común europea y el compromiso con los derechos humanos

La posición común sobre Cuba, adoptada el 2 de diciembre de 1996 por la Unión Europea, es un antecedente muy valioso de política exterior en materia de derechos humanos al que sin embargo algunos analistas lo califican como “contraproducente”.

En palabras de Susanne Gratius, investigadora senior de Fride, “la práctica política señala que el condicionamiento y la presión no son instrumentos idóneos para promover la democracia”. Aunque ejemplos como las incesantes presiones internacionales a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile o al régimen del apartheid en Sudáfrica que incluía un amplio embargo, refutan lo expresado por la analista del prestigioso think tank español.

Pero aunque la denuncia internacional y los reclamos de apertura política a una dictadura efectivamente no logren sus objetivos, desde la perspectiva democrática es inadmisible aceptar que autoridades ilegítimas, como en este caso las de Cuba, hagan prevalecer sus condiciones y mucho menos ante la Unión Europea, cuyos estados miembro deben garantizar internamente la vigencia de las libertades civiles y políticas.

En el caso de la posición común de la UE hacia Cuba el problema ha sido su incumplimiento y la falta de compromiso internacional con los derechos humanos por parte de muchos de los países -Italia y Francia, por ejemplo- o, en el caso de España, no haber sido adoptada como política de estado de los distintos gobiernos.

En realidad, el único cuestionamiento serio a la Posición Común de la UE sobre Cuba es respecto al punto 3 inciso d, referido a evaluar “la evolución de la política interior y exterior cubana según las mismas normas que aplica la Unión Europea a sus relaciones con otros países, en particular la ratificación y cumplimiento de los convenios internacionales sobre los derechos humanos”. Esto es, la inconsecuencia en no adoptar con otras dictaduras, como China, Arabia Saudita o Bahrein, la misma firmeza que impulsan respecto a Cuba. En todo caso, en lugar de dejar sin efecto la Posición Común de la UE hacia Cuba, sería deseable para la promoción internacional de los derechos humanos, extenderla a países igualmente represivos.

Salvo el mencionado cuestionamiento, cuesta entender la idea de dar marcha atrás frente a una posición comprometidamente progresista que, por ejemplo, establece: “La Unión Europea considera que una plena cooperación con Cuba dependerá de las mejoras en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. ¿Acaso puede ser otra la política exterior democrática frente a una dictadura?