Chile ha estado a la vanguardia de la reforma educativa en América Latina por décadas, y acercándose todos los años a los países más desarrollados. En las pruebas PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Chile obtuvo un promedio de 439 puntos en lectura, matemática y ciencia, el mejor del continente por un importante margen. Entre 2009 y 2012, los puntajes en las pruebas PISA mejoraron a mayor velocidad que el promedio de la OCDE. Las tasas de deserción declinaron, estimándose que el 83% de los estudiantes actuales lograrán graduarse del secundario –una diferencia sensible con el 56% de los adultos entre 55 y 64 años que cuentan con el título-.

En educación superior, Chile ha expandido el acceso. Más del 29% ha completado algún tipo de certificación avanzada –apenas por debajo del promedio del 32% que alcanzo la OCDE. Y en las cohortes más jóvenes, entre los 25 y 34 años de edad, esa cifra asciende al 41% -superando a la OCDE. Cerca del 70% de ellos son la primera generación en su familia en asistir a la universidad.

Sin embargo, aún persisten desafíos. Chile posee la distribución del ingreso más desigual de la OCDE y las desventajas socioeconómicas se reproducen en el sistema educativo, en vez de reducirse. Para cuando los alumnos cumplen 10 años, su desempeño educativo ya evidencia agudos contrastes basados en el ingreso familiar.

El hecho de que el país se haya lanzado al debate en los últimos meses, evidenciado en las marchas estudiantiles y hasta los pasillos del Congreso, es un primer paso que demuestra que la sociedad chilena está en constante búsqueda de progreso. ¿Cómo pueden los países latinoamericanos, dadas las restricciones presupuestarias vigentes, alcanzar la doble meta de crear un sistema educativo de nivel mundial que logre a su vez reducir la desigualdad?

Sin embargo, el debate en la Administración de la Presidente Michelle Bachelet está enviando confusos mensajes: que todas las escuelas primarias deben ser públicas y gratuitas; que la educación superior, que hoy no permite instituciones con fin de lucro, debe ser gratuita para todos; que la selección no debería ocurrir a nivel escolar. Para financiar todo esto, el gobierno está proponiendo una reforma impositiva que según algunas estimaciones tendrá un costo de US$ 8 mil millones.

El acceso en Chile ya es bueno; mejorar la calidad es el principal desafío, especialmente en escuelas con alumnos de menores ingresos. A pesar de ello, las medidas para incrementarla parecen estar más bien ausentes del debate. La falta de claridad en las propuestas pone en riesgo a las partes del sistema que si funcionan mientras se dejan a un lado los asuntos realmente más acuciantes.

Entre estos temas pendientes se cuentan, por ejemplo, el cambio de la matriz de pobreza estructural de Chile. La evidencia señala que las intervenciones en la primera infancia generan efectos positivos en cascada que continúan capitalizándose durante la carrera académica y profesional del estudiante. Las políticas focalizadas para mejorar la enseñanza preescolar, el involucramiento parental y la mejora de oportunidades laborales para los trabajadores de menores ingresos con hijos, pueden generar más beneficios que alterar el financiamiento global del sistema.

Mientras que hay consenso sobre la necesidad de mejores regulaciones de la educación superior, no se está discutiendo el cómo se puede lograr esto aprovechando también las contribuciones de las instituciones privada. Tampoco está claro que una educación universitaria gratuita mejorará la calidad. ¿Y cómo afrontara el gobierno estos costos en el largo plazo? Hoy el sistema chileno cuenta con unas 63 universidades que prácticamente no reciben apoyo financiero del Estado.

En efecto, el sistema primario ha sido un modelo a seguir para el resto de América Latina precisamente por la diversidad de oferta, que incluye escuelas públicas gratuitas, establecimientos privados con y sin fin de lucro, y los subvencionados, que son financiados con aportes subsidiados. Hay poca evidencia de que alguna de estas modalidades brinde una calidad superior a la de otra. Más bien, es probable que la combinación de alternativas, la competencia y las evaluaciones anuales sean la mejor opción para los padres, y para la estructura del sistema educativo.

Como el educador y emprendedor chileno Eugenio Severin argumenta: “Entre una reforma total y el status quo, Chile probablemente seguirá –como es tradición- un camino intermedio definido por el gradualismo y la moderación”. La clave será, según Severin, “introducir reformas fundamentales que refuercen los éxitos de Chile y que a la vez mejoren la equidad y la calidad educativa”.