Default y deuda usuraria

¿Es lo mismo un default declarado por Cristina Kirchner – o cualquier otra administración- que el repudio de la deuda usuraria por parte de un gobierno de los trabajadores?

El default es una interrupción de pagos para propiciar una reestructuración o refinanciamiento de la deuda impagable. El repudio de la deuda equivale, en cambio, a una expropiación de los capitalistas que lucran con una deuda usuraria y confiscatoria, aunque deja de lado a los especuladores pequeños que depositan sus ahorros en la deuda externa. El default mantiene sin modificaciones las relaciones y la estructura económica que produjeron la bancarrota. Adolfo Rodríguez Saá, por ejemplo, declaró el default cuando el país había agotado la posibilidad de seguir pagando, y lo hizo con el propósito de generar las condiciones para volver a pagar.

Al mismo tiempo, Eduardo Duhalde inyectó luego una suma multimillonaria de pesos para rescatar a los bancos y AFJP que tenían una cartera de títulos de deuda externa superior a su patrimonio neto. El default se transformó en un gran negocio para los capitalistas que, mientras tanto, habían fugado capitales durante 2001 y luego lograron, en la reestructuración de la deuda por parte de los K, el reconocimiento de los intereses usurarios aplicados a los blindajes y megacanjes realizados por De la Rúa-Frepaso-Cavallo en 2001. Además recibieron los llamados cupones del PBI -40 mil millones de dólares.

El Partido Obrero es preciso con sus consignas: no al default, sí al repudio definitivo de la deuda usuraria. Un default por parte de Cristina Kirchner iría acompañado por un caos económico generalizado en perjuicio de los trabajadores, en primer lugar. Un repudio de la deuda usuraria, que solamente podría ejecutar en forma consecuente un gobierno de trabajadores, iría acompañado con un plan económico obrero y popular financiado con el ahorro nacional salvado del pago de la deuda usuraria. Es un paso hacia la reconstrucción socialista del país.

Nuestro planteo de no pago forma parte de un programa de transformación social integral del país bajo la dirección de los trabajadores. Para eso se impone la nacionalización de la banca y del comercio exterior y la creación de una banca única bajo la dirección de los trabajadores. Los bancos y los pulpos comerciales son los canales principales que confiscan el ahorro nacional y la convierten en deuda pública que expolia a la fuerza de trabajo. Si el gobierno se ve obligado a rechazar el fallo de Griesa y a suspender el pago de la deuda, nos movilizaremos para que este rechazo se convierta en repudio de la deuda y para impulsar la convocatoria a un congreso de trabajadores que aplique los recursos rescatados a un plan obrero y popular.

La lección de Gestamp

El ataque descarado del gobierno y Cristina Fernández de Kirchner contra los despedidos de Gestamp es el resultado político más acabado del acuerdo con el Club de París y los pactos con Repsol y Chevron. A puro grito, la presidenta reclamó desde la Patagonia el desalojo de la planta por cualquier medio. Scioli se encargó de usar el más cínico y miserable: el desconocimiento de una conciliación obligatoria que él mismo había establecido y el trabajo sucio subsiguiente de presionar a la defección de los compañeros cesanteados.

¿Cómo ponerse del bando contrario a la española Gestamp, cuando España acaba de “ayudarnos” en el Club de París? ¿Cómo “atraer inversiones extranjeras”, luego de todos estos arreglos entreguistas, si luego los “inversores” no pueden ejercer “el derecho de propiedad”, disponiendo de la fuerza de trabajo de acuerdo con su conveniencia? La promesa de “crear trabajo” en el futuro empieza por la destrucción de la fuerza de trabajo en el presente. El ingreso de los despedidos, que establecía la conciliación luego derogada, afectaba el “clima de inversiones” que promueven los nacionales y populares. Tolerar un triunfo obrero habría convertido en inútiles todas las agachadas ante el gran capital. Cuando el laburante Pignanelli amenaza con una fuerza de choque contra los trabajadores, simplemente cumple con su oficio de alcahuete del capital extranjero.

Mentiras y estafas

El desalojo de Gestamp con mentiras y estafas es una lección muy valiosa para los trabajadores, que el gobierno y las patronales van a pagar caro. Han destruido la conciliación obligatoria y las mediaciones de los ministerios de Trabajo. Cuando las suspensiones y despidos arrecian, el Estado ha entregado un arma antiobrera importante. La macarteada de la Presidenta al comparar la lucha de Gestamp con la toma del Palacio de Invierno, seguida por las procacidades pedracistas de Pignanelli, han suscitado una reacción democrática que crece. La ciudadanía advierte que la colaboración de la burocracia sindical con la Triple A no quedó en el cajón de los recuerdos. Las patronales y los gobiernos vuelven a recurrir a los servicios de la burocracia.

Esta vez, sin embargo, “no pasarán”. Por lo pronto, la lucha por la reincorporación continúa, en medio de suspensiones y despidos en otras empresas metalmecánicas, en la construcción y en la industria en general. Los planteos de la huelga nacional del 10 de abril pasado siguen vigentes; las suspensiones y despidos están lejos de cerrarse. Honda, por ejemplo, acaba de informar que suspenderá durante un mes a todo su personal. En Cables Lear, las suspensiones alcanzan al 50% de la planta. Iveco ha extendido el plazo de suspensiones que había anunciado inicialmente. General Motors quiere canjear las suspensiones por una rebaja del salario en un 35 por ciento.

Lo que viene

Todavía están pendientes las paritarias de gremios grandes, entre ellos camioneros, Alimentación y Transporte. Los compañeros de la 60 y de Ecotrans ya han empezado con medidas de advertencia; el clima entre los choferes está caliente.

La crisis tienen que pagarla los capitalistas. Ni suspensiones ni despidos: que se reduzca la jornada laboral con el mismo salario de bolsillo actual. Que se abran los libros de las automotrices y autopartistas, y de sus financieras. Ni Cristina Fernández de Kirchner ni Scioli ni Pignanelli van a torcer el brazo de la clase obrera. La lucha por la reincorporación de los compañeros de Gestamp continúa, con acampes, cortes, volanteadas, fondos de huelga y acciones de solidaridad. El alcance que ha tomado la ofensiva capitalista requiere una respuesta de conjunto. Planteamos por ello una campaña por la huelga general.

Postales que dejó el 24 de marzo

La jornada del 24 de marzo puso el punto sobre las íes al “derechohumanismo” kirchnerista. La inmensa movilización del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, denunciando la designación del genocida Milani como Jefe del Ejército, así como las condenas contra los obreros de Las Heras dictadas por una Justicia sometida a los monopolios petroleros y al gobierno, contrastaron con la marcha armada por los punteros oficialistas, claramente minoritaria y carente de entusiasmo y hasta de mística.

Este contraste convirtió a la jornada de 24 de marzo en otro capítulo del ascenso de la izquierda y de la retirada del gobierno kirchnerista. Mención aparte merece Sergio Massa, que decidió pasar el 24 de marzo en Nueva York en compañía de los “inversores” que apadrinaron el golpe genocida hace 38 años.

Impostura

La consigna utilizada por la conmemoración oficialista, “Democracia o corporaciones”, es el colmo de la hipocresía, puesta en boca de un gobierno desesperado por arreglar con todas esas corporaciones en tiempo récord. Salvo, claro, que se quiera presentar a Chevrón, Repsol o el CIADI como garantes de la democracia. CFK ni siquiera se hizo presente para acompañar esta farsa – no sea que arruine el acuerdo con el Club de París. Su acción “militante” se limitó a un tuit sobre su esposo. Horas antes, un tribunal de Santa Cruz digitado por el poder político provincial y nacional dictó prisión preventiva contra obreros petroleros que luchan contra el impuesto al salario y la tercerización.

El faltazo de CFK convirtió al ministro Julio Alak,  un defensor acérrimo del indulto y abogado personal de Carlos Menem, en el orador en la Esma. Así, el Día de la Memoria derivó en una operación de encubrimiento fingiendo un olvido colectivo. El cierre a cargo de Carlos Zannini, sin protagonismo para gobernadores e intendentes, transformó el 24 de marzo en un nuevo capítulo de la crisis del aparato justicialista.

El avance de la izquierda

La movilización del 24 de marzo organizada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia fue realmente popular. Testimonio de ello fue la presencia de los docentes que están en huelga indefinida por su salario, de los petroleros de Las Heras, de los dirigentes Qom, de los centros de estudiantes (que le ganaron a La Cámpora colegio por colegio en votaciones de asamblea la adhesión a la marcha independiente), de los familiares de la masacre de Once y de Cromagnón. Se hicieron presentes dirigentes de los derechos humanos, que en años anteriores organizaban marchas “intermedias” entre el gobierno y la izquierda, y que ahora estrechan filas con ésta para enfrentar a un gobierno en abierto giro a la derecha.

El repudio a la designación de Milani fue el eje político de la marcha, lo que refrenda el proyecto de destitución que presentó el Frente de Izquierda en el Congreso. La centroizquierda no tuvo protagonismo. Pino Solanas, que en el pasado solía asomarse por estas marchas, ahora es cuarto violín de los ejecutores de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Todo el bloque UNEN sufrió una derrota política cuando el Encuentro Memoria Verdad y Justicia rechazó que participara en el sorteo de la marcha, considerando que son parte de un bloque político responsable de la impunidad. El UNEN se limitó a realizar un acto en una Iglesia y la UCR a una actividad interna en su local central.

Perspectivas

La Plaza de Mayo, repleta por miles de personas, fue un respaldo a la gran huelga docente, por eso contó con una masiva presencia de los protagonistas de esta lucha histórica. Desde un punto de vista estratégico expresó la fusión de la izquierda con las causas populares.

El 24 de marzo se convirtió, gracias a una lucha decidida, en una jornada de polarización política real, pues opuso a bloques que representan intereses sociales antagónicos y no a punteros del propio partido gobernante. La tarea del momento es desarrollar esa polarización impulsado una fuerte campaña por la huelga general y por una salida política de los trabajadores.

En esa perspectiva trabajan el Partido Obrero y el Frente de Izquierda.

Acuerdo con Repsol: cuando el gobierno renuncia a la soberanía nacional

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo sellado entre Kicillof y Repsol es que el gobierno ha convertido al monopolio petrolero español en un agente de la colocación de la deuda Argentina. El Estado ha renunciado a jugar ese papel, que le es propio, y lo ha tercerizado en un monopolio privado que milita en la oposición política al kirchnerismo.

El mecanismo de esta colocación de deuda es simple. El gobierno le da a Repsol los bonos de la deuda soberana, y éste los venderá en el mercado con un descuento para hacerse de los dólares. Como se prevé que los bonos tendrán una quita al momento de la venta, el gobierno se comprometió a emitir deuda hasta 6.000 millones de dólares, para asegurarle a Repsol un mínimo de 4.760 millones. Es claro aquí que el acuerdo no tiene una lógica interna, o lo que es lo mismo peca de incoherente, pues de venderse los bonos por debajo del 80% de su valor nominal, los 6.000 millones no alcanzarán a cubrir el piso asegurado a Repsol. ¿Qué ocurrirá en ese caso? Ahí entra a jugar la cláusula del acuerdo que establece que la deuda no se dará por cancelada hasta que Repsol no se haga de los dólares billetes. De este modo surge que el techo de deuda anunciado no es tal, y que si llegase a ocurrir una caída de los bonos argentinos el Estado deberá emitir bonos por encima de los 6.000 millones.

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A Repsol todo, a los docentes nada

Las dos noticias que tienen en vilo al país en estos días tienen el valor de ilustrar, con una nitidez que sorprende, los intereses que representa el gobierno kirchnerista y, en especial, el giro que encarna el equipo económico encabezado por Axel Kicillof. Mientras se procede a indemnizar a los vaciadores de Repsol, saludada por toda la clase capitalista, se amenaza a los docentes con un decretazo que imponga una rebaja salarial, ya que en los planes oficiales debe servir para aleccionar a todo el movimiento obrero. Lo más importante, de todos modos, es que la “hoja de ruta” que el gobierno se ha trazado para querer superar su bancarrota económica y política lo pone al arbitrio del capital financiero internacional.

Rescatando a los vaciadores

El acuerdo sellado con Repsol equivale a una entregada nacional de proporciones inmensas. Es que la letra del convenio sorprende por la minuciosidad con la que se le asegura a Repsol el cobro de la indemnización acordada. Los 5.000 millones de dólares establecidos como indemnización entre el gobierno y Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF contarán con garantías especiales. Como los bonos que se emitirán cotizan aproximadamente al 80% del valor nominal, el gobierno se compromete a emitir un adicional de 1.000 millones de dólares más, hasta un máximo de 6.000 millones. En cualquier caso, Repsol no podrá recibir nunca menos de 4.760 millones de dólares, incluso aunque decida vender los bonos ni bien los reciba. Y la deuda se considerará cancelada no al momento de la entrega de los bonos, sino sólo cuando éstos hayan sido transformados en dólares. Así la operación adquiere todas las garantías de un pago en efectivo, dado que el cobro de los bonos no estará sometido a los vaivenes del mercado. El texto del acuerdo lo dice con todas las letras: “el acuerdo comprende las garantías para su pago efectivo”.

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La Celac le dio la espalda a Puerto Rico

Finalmente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) rechazó la propuesta, formulada por Venezuela, de incorporar a las organizaciones de Puerto Rico que luchan por su independencia de los Estados Unidos como miembros del organismo creado en 2011, el cual reúne a todos los países del continente con la excepción de Estados Unidos y Canadá.

La propuesta del presidente Nicolás Maduro se había convertido en uno de los ejes de la reunión. Si la Celac se formó como contrapeso al “ministerio de colonias” de la OEA, debía tomar posición sobre la condición colonial de Puerto Rico, anexada por Estados Unidos desde su ocupación militar a fines del siglo XIX. Maduro no había llegado tan lejos como para reivindicar la independencia de la isla, pero proponía integrar a las organizaciones portorriqueñas que luchan por esa independencia. Con excepción de Cuba y Venezuela, el resto de los Estados latinoamericanos integran la fuerza de ocupación de la ONU en Haití. Al final, los ocupantes de Haití simplemente se han negado a reclamar el fin de la ocupación de Puerto Rico. Puerto Rico atraviesa en este momento una crisis social extraordinaria, como consecuencia de una fuga masiva del capital norteamericano. Hay despidos masivos y una desocupación del 50 %.

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Los desafíos de 2014

El año que comienza reúne características para muchos impensadas hace sólo 12 meses atrás. En aquella oportunidad, muchos conjeturaban que Cristina Kirchner se valdría de un triunfo electoral similar al del 2011 para modificar la Constitución y establecer la re-reelección. Hoy, en cambio, esa variante no sólo ha sido archivada para siempre, sino que asistimos a un derrumbe económico y político de enormes proporciones.

 

Bancarrota económica

Los cortes de luz que se han extendido como hongos después de la lluvia en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y varias ciudades del interior, han puesto de manifiesto a qué punto llegó el vaciamiento energético consumado durante el menemismo primero, y bajo la década kirchnerista después. Los subsidios millonarios a las empresas de energía, que durante el 2013 superaron los 60.000 millones de pesos, engrosaron los bolsillos de las empresas privatizadas sin que se les exija realizar la menor inversión. Los resultados están a la vista. Bastó con que la temperatura supere los 32° para que la infraestructura eléctrica salte por los aires.

La factura de subsidios que no deja de crecer explica, junto con el pago de la deuda externa usuraria, la bancarrota fiscal del Estado. La intención de hacer frente a éste déficit superior a los 100.000 millones de pesos a costa de emitir moneda está llevando a una inflación que ya supera, en el rubro de los productos de mayor necesidad, holgadamente el 30% anual. Mientras quiere distraer a la opinión pública con el recurso gastado de los acuerdos de precios, el gobierno acelera los aumentos de los combustibles, del transporte y de los peajes. Pero hay más. La devaluación del peso, que ronda ya el 50% anual, es otro factor de acicate a la inflación. Este crecimiento de la devaluación, sin embargo, no ha servido para evitar la caída de las reservas de BCRA. Durante el 2013 se han reducido en más de 12.000 millones de dólares.

 

El precipicio del Rodrigazo

Toda la política diseñada por el “soviético” Kicillof se reduce a intentar que la tasa de devaluación sea superior a la de inflación, para lograr de este modo la devaluación real del tipo de cambio que reclama al unísono toda la clase capitalista. Y mediante esta devaluación, lograr el levantamiento del cepo cambiario, para permitir el giro de utilidades y lograr un financiamiento internacional (nueva deuda) para pagar la deuda anterior. Pero este intento equivale a caminar por una cornisa delgada, con el riesgo cierto de caerse al precipicio. Es que el gobierno tiene en carpeta un tarifazo generalizado de los servicios públicos, que lo hará él mismo o se lo hará hacer a Macri y Scioli, trasnfiriendo la operatoria de la distribución del servicio eléctrico a esos distritos. Pero el impacto inflacionario del tarifazo llevará a acelerar el ritmo devaluatorio. Están jugando con fuego y la posibilidad de quemarse son elevadísimas.

El único “ancla” a la inflación, según el libreto oficial, es el salario. De acuerdo a ello, los acuerdos que se establezcan en las paritarias deberían ser menores a la inflación y -sobre todo- a la devaluación. El kirchnerismo y la burocracia sindical deberán probar su capacidad para imponerles a los trabajadores paritarias del 20% cuando a la Policía se le otorgaron porcentajes que duplican y hasta quintuplican la pauta prevista por el oficialismo. Sabiendo que se trata de una tarea casi imposible es que varios gobernadores quieren desconocer parcialmente lo pactado con la Policía, para desalentar una lucha obrera generalizada por el salario. En la misma onda actúa la oposición patronal, que desde el PRO a Lozano firmaron un documento contra los amotinamientos policiales, no porque rechacen a la Policía que ellos han prohijado, sino porque lo concibieron como un tiro por elevación a la clase obrera.

¿Y si este plan fracasa? La UIA, a través de sus voceros, estableció una amenaza pública contra el movimiento obrero: “si los aumentos llegasen a superar el techo establecido vamos directamente a un Rodrigazo”. Esto prueba una decisión de fondo: si los trabajadores no están dispuestos a permitir un empeoramiento progresivo de sus condiciones de vida y la caída del nivel adquisitivo de su salario, ese proceso se hará de golpe mediante una devaluación aún más brusca y de una sola vez. Lavagna, el economista jefe de Massa, ya declaró que el “Rodrigazo en cuotas” que está aplicando el gobierno va camino del fracaso.

 

Default político

El gobierno quiere cumplir el “petitorio” de la clase capitalista. Sólo teme que un Rodrigazo clásico lo saque definitivamente de la cancha. Como se dice habitualmente, “comparte los reclamos pero no los métodos”. Por eso, está jugando las últimas cartas de un ajuste en “cuotas”. De no ser así, Kicillof-Capitanich habrán ocupado el papel que Cavallo jugó en el gobierno de la Alianza en el 2001; o sea, el preludio de la bancarrota final.

El kirchnerismo atraviesa esta fase final en la mayor de sus debilidades. Cristina Kirchner ha elegido el retiro en Calafate. El manejo diario del gobierno ha sido delegado en Capitanich, un representante del PJ ajeno a la camarilla que ha monopolizado el poder en esta década. Los que avizoraban una salida por esta vía han sido refutados con la velocidad de la luz. La crisis policial y los cortes de electricidad han transformado a Capitanich en parte del problema y no de la solución. El kirchnerismo ya no es más el pivote del poder. En el Congreso del PJ de la provincia de Buenos Aires, La Cámpora fue apartada por los intendentes pejotistas. Hasta el jefe del bloque de senadores del PJ está a punto de saltar el charco. Pichetto pidió “recuperar la calle”, es decir que reclama una política represiva en regla.

 

Un programa frente a la crisis

El 2014 será un año decisivo. La clase capitalista está decidida a descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Pero el gobierno que debe hacer el trabajo sucio está en un cuadro de debilidad extrema. La bancarrota económica y política van de la mano y se retroalimentan.

Las paritarias que se vienen serán claves, porque plantearán una ruta para la intervención de los trabajadores en la crisis. El reclamo de un salario mínimo de $ 8.500 es una consigna que ganó popularidad en las últimas semanas. Y en esa dirección, el reclamo de un aumento salarial que supere la inflación y que sea actualizado mensualmente para evitar que por la vía de los precios los capitalistas descarguen esos aumentos contra los trabajadores. La intervención en las paritarias debe ser preparada desde ahora, mediante la agitación de un programa que enfrente la política oficial. Esto es: rechazar el pago de la deuda externa y la devaluación de la moneda, y oponerle al tarifazo que se prepara la nacionalización integral de las empresas privatizadas y del petróleo y el gas, para organizar un plan de desarrollo económico, que debe ser financiado mediante la nacionalización del sistema financiero para evitar la fuga de capitales y concentrar el ahorro nacional.

El Frente de Izquierda tiene la responsabilidad de tomar en sus manos la lucha por este programa, desde la agitación política general que incluirá la acción de las bancadas legislativas conquistadas en el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los Concejos Deliberantes. En esta lucha para que la crisis la paguen los capitalistas aspiramos a levantar una alternativa de poder frente al derrumbe irreversible del kirchnerismo.

El Código Civil y Comercial de un Estado en bancarrota: el estatuto del derrumbe kirchnerista

El proyecto de unificación del Código Civil y Comercial que el gobierno ha elaborado en acuerdo con los miembros de la Corte se inspira en el elaborado por el menemismo en 1998. Según el decreto presidencial de 1995, éste apuntaba a “acompañar el proceso de modernización que ha emprendido el país”. ‘Modernización’ es la contraseña que utilizan el FMI y el Banco mundial para desarmar las reglamentaciones que protegen el conjunto de conquistas obreras que ponen un cierto límite a la explotación capitalista. La ausencia de ‘modernización’ de las relaciones laborales es el reproche principal que la Comisión Europea imputa a ciertos países de su jurisdicción.

Impunidad para el Estado y los funcionarios

Una de las modificaciones establece que “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria” y que “la sanción pecuniaria disuasiva (como multas) es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”. El artículo 6 dice que “el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos”. ¿Cómo justifican los K estas disposiciones que equivalen darle al Estado y los funcionarios un certificado de impunidad por adelantado? Según los guionistas del relato estas medidas son progresivas porque impiden la proliferación de la industria del juicio, y más aún, protegen al Estado de la acción de los monopolios. Pero la impostura salta a la vista cuando vemos que son ellos mismos quienes acaban de sellar un acuerdo con Chevron, que aún mantiene su carácter confidencial siendo sin embargo YPF una empresa “pública”.

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De la “democratización” a la farsa

Si algo faltaba para dejar en ridículo a los que afirmaban que la ley de medios lograría “democratizar los medios de comunicación”, alcanza con ver el plan de adecuación presentado por el grupo Clarín. El multimedio divide las actuales licencias en seis unidades “empresariales independientes“, de forma tal que ninguna de ellas supera los topes puestos por la ley. Los titulares de cada “unidad” aún no fueron designados, pero se descarta que serán los cuatro accionistas históricos del grupo.

Así, en vez de tener un grupo Clarín pasaremos a tener uno dividido en seis, que podrán hacer convenios de asociación, ofrecer paquetes de servicios en común o comprar en conjunto insumos para abaratar costos. La línea editorial de los “6 clarines” seguirá siendo la misma, ya que los contenidos que se emitan no pueden estar sometidos a ninguna regulación. Algunos piensan que mediante esta división el grupo Clarín podrá incrementar su participación en el mercado: al no llegar al límite establecido, las “unidades independientes” tienen margen para acceder a nuevas licencias.

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Conservadurismo, autoritarismo e inmovilismo en la UBA

La columna de opinión que publicaron los decanos entrantes y salientes de tres facultades de la UBA es un manifiesto del hundimiento político de lo que alguna vez pretendió ser una alternativa a la casta radical-peronista que dirige la universidad. Ahora asumen alegremente la defensa de esta camarilla, sin ahorrarse el recurso clásico del macartismo.

Los columnistas recurren a la mentira cuando dicen que el movimiento estudiantil que reclama la democratización de la universidad representa una “minoría”. ¿No saben acaso que esta ‘minoría’ ha ganado con gran amplitud, tanto las elecciones de Centro de Estudiantes como las de Consejo Directivo (obligatorias)? En realidad, aún no han logrado digerir la conquista por esa ‘minoría’ de ocho de trece centros de estudiantes, así como la mayoría del Claustro Estudiantil del Consejo Superior (cuatro sobre cinco representantes). Las listas kirchneristas que ellos apoyaron no lograron siquiera un registro testimonial.

Las eminencias que suscriben la columna de opinión representan a un claustro de dos mil profesores; el padrón del claustro estudiantil reúne a 300.000 personas. La “democracia universitaria”, sin embargo, le otorga a los primeros una representación institucional que más que duplica a la de los estudiantes. Mientras la reforma del 18 consideraba a los estudiantes como “el demos universitario”, el Estatuto actual - elaborado por los gobiernos de la Fusiladora- los trata directamente como kelpers.

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