De la “democratización” a la farsa

Si algo faltaba para dejar en ridículo a los que afirmaban que la ley de medios lograría “democratizar los medios de comunicación”, alcanza con ver el plan de adecuación presentado por el grupo Clarín. El multimedio divide las actuales licencias en seis unidades “empresariales independientes“, de forma tal que ninguna de ellas supera los topes puestos por la ley. Los titulares de cada “unidad” aún no fueron designados, pero se descarta que serán los cuatro accionistas históricos del grupo.

Así, en vez de tener un grupo Clarín pasaremos a tener uno dividido en seis, que podrán hacer convenios de asociación, ofrecer paquetes de servicios en común o comprar en conjunto insumos para abaratar costos. La línea editorial de los “6 clarines” seguirá siendo la misma, ya que los contenidos que se emitan no pueden estar sometidos a ninguna regulación. Algunos piensan que mediante esta división el grupo Clarín podrá incrementar su participación en el mercado: al no llegar al límite establecido, las “unidades independientes” tienen margen para acceder a nuevas licencias.

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La Corte Suprema y el post-kirchnerismo

El fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de la elección popular de 12 de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura asegura que la elección popular de consejeros contradice la “independencia del Poder Judicial”. La afirmación es por lo menos curiosa, porque hasta la reforma constitucional del año 1994 los jueces eran nombrados por el Senado, a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo. Con la creación del Consejo de la Magistratura -concebido para ‘despolitizar’, precisamente, esos nombramientos-, las cosas siguieron más o menos igual. El kirchnerismo, de hecho, nombró a centenares de jueces de su riñón político, dado que el Senado y el Poder Ejecutivo siguieron interviniendo en la elección de los jueces.

La decisión de la Corte Suprema se produce en el marco de un cambio de frente de los capitales que acompañaron a los K. A Repsol, Eskenazi, Vale do Rio Doce, El Tejar, el Banco Macro y se le suma la UIA, con la incorporación de De Mendiguren, un vocero de Techint, a la lista de Sergio Massa. En este marco debe entenderse el choque del gobierno con la Corte nombrada por Néstor Kirchner. Alberto Fernández acaba de explicar que eso ocurrió luego de que el gobierno obtuviera el compromiso de los nuevos jueces supremos con la legalización de la pesificación asimétrica establecida en 2002.

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