Desde que Sergio Massa se fotografió con Gerardo Morales, el candidato de la UCR a la gobernación de Jujuy, el proceso de la desintegración del Unen parece ya irreversible. Morales no es cualquiera. Preside el bloque de senadores de la UCR y fue, hasta no hace mucho, presidente del radicalismo. Por eso, su decisión de pactar con Massa anticipa el camino que seguirán otros candidatos de la UCR en las provincias. El radical Cano, en Tucumán, tiene pensado un acuerdo similar, y lo mismo sucedería en La Rioja. La alianza de los radicales con chances electorales en las provincias con el candidato del Frente Renovador ha dejado colgado de un pincel a los ‘presidenciables’ del Unen. La fuga hacia Massa es la confesión de que ninguno de ellos tiene posibilidades reales y que son considerados salvavidas de plomo por sus punteros provinciales y municipales. No debe sorprender que Cobos y Binner hayan puesto el grito en el cielo contra esos acuerdos, viendo un vaciamiento de sus respectivas candidaturas. Debido a ello, la variante más probable es que ambos terminen desistiendo de sus ambiciones presidenciales para refugiarse en sus propias provincias. Ya se comenta que Cobos iría de candidato a gobernador por Mendoza y que Binner volvería a postularse en Santa Fe, apremiado por la crisis del propio Frente Cívico. Continuar leyendo
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Correa, Macri y la “libertad de prensa”
Jorge Lanata ha denunciado con pelos y señales la política de cercenamiento a la libertad de prensa impuesta por el presidente Correa en Ecuador. Su Ley Orgánica de Comunicación es un verdadero cepo impuesto por el poder para prohibir toda manifestación opositora. Llega al detalle, por ejemplo, de determinar qué títulos de la prensa escrita son admisibles y cuáles no. Crea, además, el delito de “linchamiento mediático”, el mismo subterfugio al que aludió Cristina Kirchner en cadena nacional para responder a las acusaciones contra César Milani por su complicidad con el terrorismo de Estado.
Las perspectivas electorales del Frente de Izquierda
Las primeras encuestas de opinión que se han conocido en los últimos días, a pesar de las diferencias entre sí, arrojan un dato que es común a todas: en Capital y Buenos Aires, el Frente de Izquierda aparece recogiendo una intención de voto, para las primarias de agosto, que se acerca al logrado en octubre de 2011.
En ese caso, lo que fue nuestro techo hace dos años sería ahora el piso para afrontar los desafíos que tenemos por delante. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, son varias las encuestas que indican que la candidatura a diputado de Jorge Altamira tiene una intención de voto superior al 5 %. Como punto de partida es un dato auspicioso. Si bien la conquista de un diputado nacional requiere superar el 6 %, es claro que las posibilidades para lograrlo están más que intactas. Proyectando el voto hacia la Legislatura porteña, ese porcentaje nos coloca peleando no uno, sino dos legisladores. De confirmarse estos resultados en agosto, se abre hacia octubre una perspectiva de crecimiento. Entre otras cuestiones, se habrá superado la interna confusionista del UNEN, que busca atraer a votantes con el argumento de que es la única interna realmente en disputa.
El corso a contramano de Cabandié
Para los que piensan que las campañas electorales son pura demagogia de los partidos patronales, la marcha que realizó el kirchnerismo en la Ciudad a la jefatura de gobierno no hace más que darles la razón. Quienes se ‘movilizaron’ contra Macri fueron los mismos que votaron junto con el bloque del PRO en la Legislatura los proyectos clave que hacen a los grandes negocios armados para favorecer al capital inmobiliario. Al frente de la marcha, Juan Cabandié, cabeza de la lista de diputados K en la Ciudad, fue el mismo que recibió el repudio de sus propios compañeros (“¡traicionaste a tu viejo!”, le dijeron) por defender la entrega de la Isla Demarchi al grupo IRSA. Aníbal Ibarra, el responsable de la masacre de Cromanón, marchaba con carteles que denunciaban la “destrucción de la cultura”. Aquí directamente la demagogia se trucó en cinismo.
La Corte Suprema propina otra derrota al gobierno
En tiempo récord, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley que establece la elección popular de 12 de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura. La resolución no generó sorpresas. Aun antes que la ley sea aprobada en el Congreso se sabía que la corporación judicial rechazaría la ley por inconstitucional, haciendo valer la interpretación que a los jueces, abogados y académicos que integran el Consejo deben elegirlos sus pares y no el voto universal del electorado. De este modo, la Corte Suprema declaró la validez de un principio corporativo en una institución del Estado.
Para rechazar la elección del Consejo de la Magistratura la Corte Suprema argumentó que la Justicia debe ser independiente del poder político. Se trata, sin embargo, de un argumento llamativo, pues hasta la reforma constitucional de 1994 los jueces siempre fueron designados por un acuerdo entre el Senado y el Poder Ejecutivo, o sea, por una rosca política que involucró al peronismo y al radicalismo, e incluso en algunos períodos por los gobiernos militares (una parte del actual Poder Judicial fue designado por la dictadura militar sin que a la “democracia” se le mueva un pelo).